Por René Estrada/Centro de Estudios para la Democracia (Cespad)
A menos de 40 días para que se realicen las elecciones generales en Honduras, los hondureños se aprestan a escoger al nuevo presidente o presidenta de la República, a las y los diputados del nuevo congreso nacional y los integrantes de las próximas corporaciones municipales. Sin embargo, hay muchos y diversos temas que tiene relevancia y peso a nivel nacional e internacional, que son claves para comprender el contexto en el cual se está desarrollando un proceso electoral que definirá el futuro de esta nación.
Con tres candidatos presidenciales liderando las encuestas de percepción popular, pareciese que la contienda se definirá entre el candidato Nasry Asfura, del Partido Nacional, una institución que ha sido nombrada en múltiples ocasiones en las cortes de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Asimismo, Xiomara Castro, de Libertad y Refundación (LIBRE), partido político que ahora forma parte de una alianza con el partido Salvador de Honduras (PSH), y el candidato por el Partido Liberal (PL), Yani Rosenthal, quien hace unos meses regresó al país luego de afrontar una condena por lavado de activos en Estados Unidos.
Estos tres personajes van a una contienda electoral, en medio de una variedad de problemas en los que sobresalen la lucha anticorrupción, contra el narcotráfico, la necesidad de la generación de empleos y un conjunto de problemas sociales serios como la migración irregular, la pobreza y la desigualdad, y el continuo atropello a los derechos humanos.
Un proceso electoral manchado por la violencia
Una característica lamentable de este ciclo electoral, son los constantes actos violentos hacia diferentes candidatos y simpatizantes de los partidos en contienda. Hasta la fecha se registran más de 20 asesinatos a personas vinculadas directamente con las instituciones políticas registradas en el proceso electoral.
Pero, aparte de la violencia interpartidaria, Honduras se encuentra en una crisis de violencia social debido a las políticas extractivistas y las concesiones otorgadas por el gobierno de Juan Orlando Hernández, las que han generado una permanente lucha socio territorial en diversas regiones, que se agudizó a partir del golpe de estado militar del año 2009.
Un ejemplo claro de cómo la violencia hacia los grupos históricamente excluidos ha incrementado en los 12 años de gobiernos nacionalistas, es la aprobación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), un proyecto de “ciudades modelo” o “estados dentro de un Estado” que vulnera directamente la soberanía del país y que, además, intensifica los despojos territoriales, el racismo, y agrava la pobreza de las comunidades indígenas y campesinas del país.
Muchos sectores consideran que estas elecciones pueden ser la ruptura o la continuidad de estos proyectos que funcionan con lógica de enclaves, tomando como ejemplo los enclaves mineros y bananeros que prometen desarrollo económico a las comunidades pero que, en realidad, dejan a los indígenas y campesinos sin tierras, con violencia y con ninguna generación de empleos.
Pobreza y Migración
En los últimos 10 años, Honduras ha reportado índices de pobreza que rodean el 60%, sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19 y al paso de las tormentas tropicales Eta y Iota, el país ha empeorado económica y financieramente hablando, y en la actualidad 7 de cada 10 hondureños viven en situación de pobreza.
Como resultado a la desigualdad y a la falta de oportunidades, la migración irregular ha incrementado de manera paralela con la pobreza. Un ejemplo de esto lo constituyen las múltiples caravanas de migrantes que salen desde Honduras con destino a Estados Unidos. Este fenómeno social ha ocasionado que más de un millón de hondureños residan en el país del norte y que alrededor de 500 mil se ubiquen en países como México, España y en la región Centroamericana.
Los votos asistencialistas
Dentro de las estrategias de campaña del Partido Nacional, la política asistencialista de la actual administración, ha funcionado como maquinaria para “la compra de votos”. Programas como la Plataforma Vida Mejor, permiten que el partido de gobierno haga uso de las arcas del Estado y del erario público para posicionarse en las zonas más vulnerables del país.
Prácticas como la entrega de bolsas solidarias, láminas para la construcción de techos y hasta la instalación de pisos, han creado una cierta dependencia en el electo; en época de elecciones esas prácticas se acrecientan y condicionan en gran medida el voto.
Manuel Ortiz, de www.peninsula360Press, y Lucía Vijil, del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), resumen de esta manera el contexto en el cual se están desarrollando las elecciones generales del 2021. Su análisis, transmitido en el programa de radio estadounidense “Hecho en California”, cerró con la frase “Honduras ha recibido muy poca atención de la prensa internacional, de organizaciones y en especial de distintos grupos de interés en los Estados Unidos a pesar de lo alarmante de la situación”.
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