La Junta de Supervisores del Condado de San Mateo prometió 1 millón de dólares para mantener las armas de fuego fuera del alcance de personas a quienes se les prohíbe poseerlas.
Tal es el caso de los condenados por un delito grave o sujetos a una orden de restricción por violencia doméstica o en el lugar de trabajo.
El anuncio, que se dio este martes, también detalla que la Junta comprometió 4 millones de dólares para terminar a fin de año con la falta de vivienda.
Los fondos subsidiarán el alquiler y brindarán servicios en el lugar para garantizar que las personas y las familias con bajos ingresos puedan permanecer en sus hogares, destacó el condado.
El financiamiento para ambos esfuerzos proviene de la Medida K, un impuesto a las ventas de medio centavo aprobado por los votantes, mismo que busca proporcionar fondos para las necesidades locales.
En cuanto a la preocupación por mantener las armas de fuego fuera del alcance de personas que tienen prohibido poseerlas ha aumentado luego de los recientes tiroteos masivos en Sacramento y San José.
En un foro sobre la prevención de la violencia armada, organizado por el presidente de la junta, Don Horsley, y el vicepresidente, Dave Pine, en asociación con el Giffords Law Center, y con la presencia de Rob Bonta, fiscal general del estado, el discurso se centró en mantener las armas de fuego fuera del alcance de personas sujetas a violencia doméstica y otras órdenes de restricción o condenadas, así como de aquellos pendientes de juicio por delitos graves.
«Este es un problema de seguridad razonable y bien respaldado, y estoy agradecido con mis compañeros miembros de la Junta por apoyar su financiamiento a través del dinero de la Medida K», dijo Horsley.
«La presencia del fiscal general de California fue sumamente útil para impulsar el perfil de los esfuerzos del condado, lo que dio como resultado la financiación y la implementación de remedios cuidadosamente pensados para los difíciles problemas que presenta el uso de armas prohibidas», abundó.
Por su parte, Pine refirió que cuando alguien es condenado por un delito grave o está sujeto a ciertas órdenes de restricción, existen una serie de políticas y leyes que permiten a las fuerzas del orden garantizar que los propietarios entreguen sus armas de fuego.
Cabe destacar que California tiene leyes que brindan a las autoridades estatales y locales los medios legales para retirar las armas de fuego de las personas que han perdido la capacidad de poseerlas legalmente debido a delitos violentos, enfermedades mentales graves, órdenes de restricción activas y otras causas.
«Este financiamiento aprobado por la Junta ayudará a nuestros oficiales locales encargados de hacer cumplir la ley a hacer lograrlo en lo que puede ser una misión larga y peligrosa para sacar las armas de las manos de estas personas», explicó Mike Callagy, administrador del condado.
El voto de 5-0 de la Junta para ambas iniciativas de financiamiento se produjo durante la aprobación del presupuesto de los fondos de la Medida K para el año fiscal 2022-23.
Por otra parte, los 4 millones de dólares para subsidios de alquiler y servicios de apoyo ayudarán a garantizar que las personas y las familias más necesitadas puedan continuar viviendo en lugares asequibles con el apoyo que necesitan.
«Estoy orgulloso de que nuestra Junta haya continuado con la asistencia financiera para los vales de vivienda, lo que hace posible que el condado de San Mateo continúe con su buen trabajo para ayudar a algunos de los residentes más vulnerables», expresó Horsley.
El programa de subsidio de alquiler que utiliza fondos locales se basará en los programas estatales y federales actuales que proporcionan la diferencia entre el alquiler mensual y el 30 por ciento de los ingresos mensuales de un hogar.
Se espera que los 3 millones de dólares proporcionen un subsidio de alquiler local para 100 unidades de vivienda ‒a un costo de 2 mil 500 dólares por mes para 100 unidades‒ durante un año, mientras que 1 millón de dólares se destinará a la gestión de casos y otros servicios.
El condado se ha fijado el objetivo de lograr el «desamparo funcional cero» para fin de año.
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