A partir del inicio de este 2023 y en los últimos meses del 2022, expertos han analizado la importancia de garantizar igualdad de acceso a la educación en EE. UU.
Y es que las demandas de estudiantes de color a la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte —UNC, por sus siglas en inglés—han abierto la conversación en torno a lo que se debería hacer sobre las políticas de admisión de las escuelas y el ambiente estudiantil.
«Todos los estudiantes merecen una oportunidad justa de tener una educación de calidad, sin importar su origen, donde crecieron o su raza, pero desafortunadamente mientras el talento está por todas partes en nuestro país, las oportunidades no», declaró Michaele N. Turnage Young, consejera principal del Fondo de Defensa Legal, en una rueda de prensa organizada por Ethnic Media Services en la que expertos se reunieron para discutir acerca de la política educativa para el 2023.
Young refirió que los estudiantes de color han tenido que lidiar con el «racismo interpersonal sistémico» que diariamente afecta sus oportunidades educativas.
Tal es el caso de la demanda de Students for Fair Admissions –SFFA, por sus siglas en inglés— contra Harvard y la UNC, la cual tuvo como origen el que estas universidades tomaran en consideración aspectos como la raza en los procesos de solicitud y admisión, lo que los estudiantes y la misma organización señalaron que viola la Ley de Derechos Civiles de 1964.
«No estamos hablando de cuotas, de lo que estamos hablando es de la consideración limitada de la raza como uno de los 40 factores en el caso de la UNC y uno de los más de 100 factores en el caso de Harvard», puntualizó al tiempo que denunció que el racismo afectó los procesos de admisión de muchos afroamericanos, latinos, nativos y asiático-americanos que son trabajadores y talentosos.
Necesario tener políticas inclusivas en las escuelas
AJ Link, analista político del Autistic Self Advocacy Network —ASAN, por sus siglas en inglés—, señaló la importancia de tener entornos saludables escolares, pues de no ser así, los estudiantes discapacitados, de color o no binarios pueden correr riesgo.
En ese sentido, Liz King, directora Senior del Programa de Equidad Educativa de The Leadership Conference Education Fund, denunció que a las personas de color, nativos, mientras de la comunidad LGBTQ+ o con discapacidades, les ha negado la oportunidad de asistir a una escuela que cálida, acogedora y que los prepare para el pleno ejercicio de sus derechos sociales, políticos y económicos.
Link puntualizó que se debe buscar la manera de asegurar los derechos de los estudiantes, motivar a las escuelas a implementar prácticas de disciplina comprensivas y de apoyo, abordar el trauma infantil, implementar protección en contra de la discriminación y acoso en las escuelas, garantizar la rendición de cuentas a través de datos precisos, invertir en la infraestructura de las escuelas, eliminar la «aplicación de la ley» en las escuelas —refiriéndose a las tácticas de restricción y aislamiento utilizadas como castigo para los estudiantes— y eliminar las amenazas para la salud y seguridad de los mismos.
«Todos los estudiantes merecen entornos seguros, saludables e inclusivos», señaló.
En su oportunidad, Morgan Craven, director Nacional de Política, Defensa y Participación Comunitaria de Intercultural Development Research Association —IDRA, por sus siglas en inglés—, señaló que existen estudios y pruebas que demuestran que las escuelas de apoyo cultural son la clave para éxito estudiantil, pues un entorno saludable y seguro en los que los estudiantes se sientan bienvenidos favorece la educación y el aprendizaje, a comparación de un ambiente en el que los estudiantes se sientan discriminados o atacados por su raza, condiciones de salud o preferencias.
La economía: un obstáculo para millones de estudiantes
Whitney Pesek, directora de Política Federal de Atención a la Infancia del National Women’s Law Center, señaló que en ocasiones la educación temprana es mucho más cara que la universidad pública.
«En más de la mitad de los estados del país, el cuidado de los niños y la educación temprana, cuesta más que la matrícula en una universidad pública. Además, un estudio señaló que las familias gastan más en la educación temprana de sus hijos que en una renta», puntualizó.
De igual manera señaló que aunque existen subsidios y apoyos, no son suficientes para las comunidades menos favorecidas.
Por su parte, Genevieve «Genzie» Bonadies Torres, directora asociada del Proyecto de Oportunidades Educativas, señaló que los estudiantes afroamericanos y latinos son quienes más tienden a pedir préstamos estudiantiles para continuar sus estudios.
A partir de la pandemia por COVID-19, el gobierno de Biden puso en marcha el plan de condonación de la deuda estudiantil al cual los prestatarios pueden calificar si tienen un ingreso total de menos de 125 mil dólares si son solteros o 250 si son casados y la condonación total de la deuda puede ser de hasta 20 mil dólares. Además, el plan también busca la accesibilidad en los pagos, reduciendo hasta un 50 por ciento los pagos mensuales.
«Sin este alivio, millones de prestatarios se verían empujados más allá del borde financiero cuando se reanuden los reembolsos de los préstamos estudiantiles», puntualizó.
Finalmente, Torres también señaló que estudios han demostrado que después de largas pausas en los pagos —como la que se está viviendo después de la pandemia por COVID-19– hay picos de delincuencia, por lo que el plan está diseñado para evitar esos picos a través de la reducción de deudas y mejores ingresos.
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