Pamela Cruz. Península 360 Press [P360P].
La administración de Joe Biden y Kamala Harris tiene la oportunidad de tomar medidas audaces para promulgar órdenes ejecutivas y rescindir las acciones dañinas que ha tomado la administración de Donald Trump en contra de los trabajadores inmigrantes, de acuerdo con la organización Migration that Works.
Los primeros 100 días de la administración entrante llegarán en un momento de graves riesgos para la salud pública, debido a la pandemia por COVID-19 y la temporada de influenza, así como a regulaciones que han sido perjudiciales para los trabajadores migrantes.
Migration that Works señala en el informe denominado «Prevención de abusos de trabajadores contratados internacionalmente», que cada año se registran entre 700 mil y 900 mil trabajadores inmigrantes que ingresan a EE. UU. con una visa de trabajo temporal.
Sin embargo, una gran parte está sujeto a un sistema de visas de trabajo temporal plagado de abusos laborales, incluido fraude, discriminación y trabajo forzoso, e incluso pueden encontrarse en situaciones difíciles cuando deciden presentar una queja, debido a que su fuente de ingresos depende de ello.
Y es que, durante los últimos cinco años y medio, se reportaron más de cuatro mil 315 víctimas de trata laboral que tenían visas de trabajo temporales a la Línea Directa Nacional de Trata de Personas –NHTH– de los Estados Unidos, aunque podrían ser muchas más.
Por lo que se debe asegurar la protección de esta fuerza laboral vital, proporcionando recomendaciones específicas para la acción administrativa y legislativa, así como un retroceso inmediato de las reglas y políticas xenófobas, racistas y anti inmigrantes que ha implementado la administración Trump.
Entre algunas de ellas, Migration that Works recomienda rescindir todas las órdenes ejecutivas que suspenden la inmigración o prohíben la entrada a trabajadores de países específicos, así como las limitaciones impuestas a las certificaciones del Departamento de Trabajo de la cooperación de los solicitantes de visas U y T con las fuerzas del orden.
Asimismo, se deben dejar sin efecto las normas y formularios de carga pública que imponen una prueba de riqueza para inmigrantes y no inmigrantes, así como la regla que publicó el Departamento del Trabajo, la cual congela los salarios de los trabajadores del campo extranjeros que se encuentran amparados bajo el programa de visas H2A.
De igual forma, se debe desistir de las redadas de inmigración en los lugares de trabajo, la recopilación de datos en las redes sociales para solicitantes de visas de inmigrantes y no inmigrantes y de la emisión de cartas del Seguro Social de «no coincidencia» a los empleadores.
Además, se deben revisar las reglas del USCIS que otorgan temporalmente a los empleadores más flexibilidad en la contratación de H-2A y H-2B para determinar si se justifica la continuación del empleo, y la regla del Departamento de Trabajo que aumenta los salarios vigentes para proteger a la fuerza laboral actual H-1B y evitar la clasificación errónea.
Finalmente, se debe restaurar la encuesta de trabajo agrícola del Departamento de Agricultura para establecer tasas salariales H-2A25, así como las adjudicaciones de Aduanas y Protección de Fronteras para personas transferidas dentro de la empresa con conocimientos especializados.
