El gobernador Gavin Newsom dijo que se asegurará de que, en California, las mujeres sigan teniendo acceso a servicios de atención médica crítica, incluido el aborto. Ello luego de que la Suprema Corte de EE. UU. aprobara la ley de Texas que prohíbe realizar la mayoría de los abortos después de seis semanas.
«Estoy indignado de que la Corte Suprema de los Estados Unidos haya permitido que entre en vigencia la prohibición de la mayoría de los abortos en Texas. En silencio, en la oscuridad de la noche, la Corte Suprema ha “destripado” la protección fundamental del derecho de la mujer a elegir que ‒la decisión‒ Roe v. Wade ha protegido durante los últimos 50 años».
Así lo declaró el gobernador el mismo día que la Suprema Corte tomó la decisión.
De igual manera, detalló que California seguirá liderando a la nación en la expansión del acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva.
«Continuaré nombrando jueces y magistrados que seguirán fielmente la Constitución y el precedente para defender los derechos de las personas, a diferencia de esta decepcionante inacción del tribunal superior», sentenció.
En 2019, el gobernador Newsom firmó una Proclamación sobre Libertad Reproductiva, la cual reafirmaba el compromiso de California de proteger las opciones reproductivas de las mujeres.
Además, adelantó inversiones para ampliar el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva y firmó varios proyectos de ley que protegen la libertad reproductiva, incluidos SB 374 a principios de este año y SB 24 y AB 1264 en 2019.
¿Qué pasó con el aborto en Texas?
La Corte Suprema de EE. UU. votó 5-4 para denegar una apelación de emergencia de los proveedores de servicios de aborto y otros que buscaban bloquear la aplicación de la ley que entró en vigencia este miércoles, con lo cual, la ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos después de seis semanas se mantenga en vigor.
Y es que, la ley de Texas, firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en mayo, prohíbe los abortos una vez que los profesionales médicos pueden detectar la actividad cardíaca, generalmente alrededor de las seis semanas y antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas.
La ley de Abbot es la más estricta en materia de aborto en todo el país, desde Roe v. Wade en 1973, la cual fue una decisión histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos cuando dictaminó que la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de una mujer embarazada de elegir tener un aborto sin una restricción excesiva del gobierno.
Si bien al menos otros 12 estados han promulgado prohibiciones del aborto al principio del embarazo, se ha impedido que todos entren en vigencia. Y en este caso aún puede haber apelaciones.
Revocación en puerta
La situación se da en medio de unas elecciones para revocación en California, impulsadas por el ala republicana, que decidirá si Gavin Newson sigue al frente del estado o es sustituido por alguno de los 46 candidatos, en su mayoría republicanos.
Y sí, al igual que en el estado de Texas, se corre el riesgo de que los avances en materia de salud reproductiva, entre otras, se vean frenadas.
Cabe destacar que la decisión de la Suprema Corte para la salud reproductiva de Texas también se da en un contexto de salud complejo, pues el segundo estado más grande del país vive un alza de hospitalizaciones por coronavirus.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés) reportó más de 14 mil texanos hospitalizados por COVID-19, lo que se traduce en que los nosocomios están al tope de su capacidad.
En mayo, el gobernador Abbott emitió una orden prohibiendo que en el estado se ordene aplicar la vacuna contra COVID-19 para uso de emergencia, que en ese momento incluía a las Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.
La orden del gobernador Abbot estipula que las ciudades, condados, distritos escolares, universidades públicas y hospitales públicos tienen prohibido exigir las vacunas.
Además, cualquier entidad pública o privada que reciba o vaya a recibir recursos públicos a través de subvenciones, contratos, préstamos o dinero de los contribuyentes tienen prohibido exigir comprobante de vacunación.
Asimismo, si las entidades privadas reciben o recibirán dinero de los contribuyentes, no pueden limitar la asistencia o servicios solo a personas que tengan tarjeta de vacunación.
A ello, se suma que una prohibición de los llamados «pasaportes de vacunación» que han solicitado algunos negocios para brindar servicio solamente a los que están inmunizados.
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