La administración del presidente Donald Trump admitió en la corte que la deportación a un CECOT en El Salvador de Kilmar Armando Abrego García fue un “error administrativo”.
La administración del presidente Donald Trump admitió en la corte este lunes que la deportación a un Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador de Kilmar Armando Abrego García fue un “error administrativo” y argumentó que no podía traerlo de vuelta porque, ahora, estaba en custodia de país Centroamericano.
Originario de El Salvador, Armando de 29 años, había recibido en 2019 un estatus de protección (TPS) por parte de un juez de inmigración que prohibía al gobierno federal deportarlo.
“El 15 de marzo, a pesar de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sabía del estatus de protección contra la deportación a El Salvador, Abrego Garcia fue removido debido a un error administrativo”, fueron las declaraciones de la administración Trump.
El abogado de Armando ha comentado que salió de El Salvador hace más de una década huyendo de la violencia de las pandillas.
Su abogado y familiares están preocupados por lo que le pueda suceder en una de estas prisiones a donde Armando fue enviado.
Diferentes organizaciones han cuestionado la efectividad y parámetros de ICE para hacer detenciones pero sobre todo, se cuestiona la decisión de la dirección de esta agencia para remover a una persona con estatus de protección emitido por un juez de migración.
La población en Estados Unidos se enfrenta a tensión, incertidumbre y división en temas de inmigración, generando ansiedad en comunidades inmigrantes, especialmente entre aquellos que alimentan el país, sin embargo, los trabajadores agrícolas no deben vivir con miedo, lo que llevó al Condado de San Mateo a del 25 al 31 de marzo como la Semana del Trabajador Agrícola. Foto: Manuel Ortiz P360P
Actualmente, la gente en Estados Unidos se enfrenta a mucha tensión, incertidumbre y división en relación con los temas de inmigración. Esto ha generado ansiedad para los que tienen o no documentos, especialmente aquellos que alimentan al país, trabajadores agrícolas que viven con miedo a un futuro que no parece prometedor.
A pesar de la incertidumbre y la división, la junta de supervisores del condado de San Mateo votó por unanimidad el declarar la semana del 25 al 31 de marzo como la Semana del Trabajador Agrícola, ello como una forma de reconocer y celebrar a estos héroes y heroínas invisibilizados pese al difícil trabajo que realizan para poner alimentos en las mesas de estadounidenses y de muchos en el mundo.
“Este año es más importante que nunca, muchos de nuestros trabajadores agrícolas viven con miedo debido a la retórica nacional. ¡Es un error! Así que este año queríamos tomarnos un tiempo para celebrar (a los trabajadores agrícolas)”, señaló el supervisor Ray Muller, que representa al distrito 3.
En la reunión de supervisores del martes 25 de marzo, Anna Delgado, nieta de César Chávez, que vive en el condado de San Mateo, acudió para hablar con los supervisores en nombre de su familia y mostrar su gratitud por honrar a su abuelo.
“Esto no fue solo una convocatoria para una fiesta o un día libre. Fue un llamado a la acción, un recordatorio de que incluso en medio de la lucha, debemos celebrar nuestra humanidad, nuestra resiliencia y nuestras victorias, sin importar cuán pequeñas sean”, dijo Delgado.
Ello, señaló, “es una forma de infundir esperanza en los momentos más oscuros, de recordarnos por qué luchamos e inspirar a otros a unirse a nuestra causa. Él (César Chávez) sabía que la canción y la celebración podían unir a las comunidades y recordarnos la belleza que existe incluso frente a la adversidad. Fue una forma de honrar”.
Entre los eventos llevados a cabo en esta semana para honrar a los trabajadores agrícolas se llevó a cabo una proyección especial de Campesinos: America’s Unsung Heroes (Campesinos: los héroes olvidados de Estados Unidos) del director Joe Poni y el productor Alex Ontiveros en el campus de Coastside de la Universidad de San Mateo.
El filme se centra en los trabajadores agrícolas durante la pandemia de COVID-19 y ofrece una visión de primera mano de las dificultades a las que se enfrentan a nivel local y nacional, recorriendo California para documentar la difícil labor que realizan para proveer a Estados Unidos, con especial atención a Half Moon Bay.
Tras la proyección hubo un panel en el que participaron múltiples organizaciones, educadores, abogados y trabajadores del condado, tal es el caso de ALAS; Puente de la Costa Sur; y el doctor Enrique López Lira, director del Programa de Trabajo de Bajos Salarios del Centro Laboral de la Universidad de California en Berkeley, que investiga cuestiones salariales para los trabajadores con ingresos bajos.
Izquierda: El director Joe Poni y el productor Alex Ontiveros del documental CAMPESINOS: AMERICA’S UNSUNG HEROES Derecha: Sandy de ALAS y la última persona es el trabajador agrícola que aparece en la película. Foto: Emma Garcia P360P
Además de Shireen Malekafzali, directora de Equidad de San Mateo; Carolina Babbidge, abogada de la Oficina del Consejo del Condado de San Mateo; y Robert Anderson, miembro de la comisión de Atención Sanitaria para Trabajadores Agrícolas del Condado de San Mateo.
Algunas de las principales conclusiones del panel fueron que, a pesar de todas las leyes que California tiene para proteger a los empleados, el departamento que supervisa y hace cumplir las regulaciones tiene una grave falta de personal, lo que dificulta la investigación de las violaciones laborales.
Algunas de las principales conclusiones del panel fueron que, a pesar de todas las leyes que California tiene para proteger a los empleados, el departamento que supervisa y hace cumplir las regulaciones tiene una grave falta de personal, lo que dificulta la investigación de las violaciones laborales. Foto: Emma Garcia P360P
Según el doctor López Lira, sabiendo esto, el condado de San Mateo está creando un programa en el que se asociará con la Fiscalía del Distrito, la Fiscalía del Condado y las oficinas de los ejecutivos del condado para garantizar que se apliquen prácticas laborales justas, especialmente en lo que respecta a los salarios.
El programa comenzará a finales de primavera, principios de verano, y habrá una línea de asesoramiento donde la gente podrá presentar reclamaciones para solicitar una investigación.
El programa se pondrá en marcha primero en zonas no incorporadas y, finalmente, se extenderá a otras ciudades, además de que contará con traducción en español, inglés, chino, tagalo y vietnamita.
La línea de asesoramiento también pondrá en contacto a las personas con abogados sin ánimo de lucro para garantizar la confidencialidad, de modo que ningún funcionario del gobierno, especialmente a nivel federal, pueda obtener información de quienes presenten una reclamación sin importar su estatus migratorio.
“Soy inmigrante, así que lo entiendo. No somos diferentes, solo tenemos trabajos diferentes. Como Shireen, estoy emocionada de empezar a colaborar. Queremos asegurarnos de que los inmigrantes del condado de San Mateo puedan obtener salarios justos y puedan luchar contra los empleadores que no pagan”, dijo a los trabajadores agrícolas presentes en la audiencia la abogada Carolina Babbidge, quien que ayudará en las investigaciones sobre el cumplimiento de los salarios.
El viernes 28 de marzo de 2025, ALAS, en colaboración con Behavioral Health & Recovery Services, Voices of Recovery San Mateo County y Silicon Valley Latino, organizó una fiesta en Half Moon Bay, cerca del centro de la ciudad, para clausurar la semana oficial de los trabajadores agrícolas del condado de San Mateo y homenajearlos, al igual que a sus familias.
Vestidos de gala, los trabajadores agrícolas acudieron al evento con sus familias para una cena con catering, barra de postres, baile y actuación de mariachis en directo.
ALAS, en colaboración con Behavioral Health & Recovery Services, Voices of Recovery San Mateo County y Silicon Valley Latino, organizó una fiesta en Half Moon Bay, cerca del centro de la ciudad, para clausurar la semana oficial de los trabajadores agrícolas del condado de San Mateo y homenajearlos, al igual que a sus familias. Foto: Emma Garcia P360P
Para cerrar la semana oficial de los trabajadores agrícolas del condado de San Mateo, este lunes 31 de marzo, los residentes de los condados de San Mateo y Santa Clara se levantaron temprano para subirse a autobuses alrededor de las 6:00 horas y dirigirse a Delano, California, para marchar en honor al día de César Chávez, un día festivo estatal y federal.
En 2014, el Día de César Chávez fue proclamado como festivo federal oficial por el expresidente Barack Obama como un día para que los estadounidenses recuerden el trabajo que Chávez hizo junto a Dolores Huerta para proteger a los agricultores, unos que hoy siguen en las sombras pese a su gran labor, una que permita que todos podamos seguir disfrutando de alimentos en nuestras mesas.
Esta semana en “Por la Libre” nuestro programa de radio comunitaria rodante, Hans Leguízamo y Manuel Ortiz nos presentaron una mesa de diálogo sobre masculinidades, en compañía de Luis Enrique Bazan, educador y trabajador comunitario, Joaquín Jiménez ex alcalde de Half Moon Bay y la socióloga Anna Lee Mraz.
En esta emisión se abrieron los micrófonos para darle voz principalmente a los hombres, cada uno desde su perspectiva habló sobre el papel actual del hombre en la sociedad, como han cambiado los roles masculinos a través del tiempo y la manera de expresarse para este género.
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Ante las redadas de inmigración las familias tienen demasiado miedo de recoger a sus hijos de la escuela. Tienen demasiado miedo de ir a comprar alimentos.
La verdad es que hay muchos camiones blancos en Modesto.
Dodge Rams blancas, GMC Sierra blancas, F-150 blancas, furgonetas Ford Transit blancas, Suburban blancas, Silverado blancas, Chevy Colorado blancas. Tantas camionetas blancas, todas de fabricación estadounidense: una clara señal de peligro para quienes leyeron sobre una redada de inmigración en enero a 209 kilómetros al sur y pasaron los dos meses siguientes atentos a las señales de la siguiente.
Independientemente de quién esté dentro, esos grandes camiones blancos se han convertido en un símbolo de la aplicación de las leyes federales de inmigración en el corazón de la zona agrícola de California.
“Suelen aparecer en camionetas blancas; esa es la primera señal”, señaló Lorena Lara, directora de organización de Valley Watch Network, una coalición de despachadores voluntarios y observadores legales que responden a los reportes de redadas de inmigración en el Valle Central.
“Luego buscamos las placas; dicen DHS, o no hay placa. Las camionetas tienen antenas grandes, enormes, siempre de fabricación estadounidense. A veces se puede ver un divisor entre la parte delantera y trasera”.
Nunca se sabe qué camión será de inmigración. Y nuestros despachadores reciben llamadas diciendo que hay camiones en la zona, incluso si resultan ser de trabajadores de la construcción o algo similar. Las familias tienen demasiado miedo de recoger a sus hijos de la escuela. Tienen demasiado miedo de ir a comprar alimentos.
Los voluntarios de New Valley Watch aprenden a estar atentos a los camiones y furgonetas blancos como parte de su entrenamiento. Estos voluntarios dijeron que el efecto persiste: cuando conducen al supermercado o se estacionan en el cine, no pueden evitar notarlos. Y por un momento, sienten miedo.
Ésta es la intención declarada del plan de la administración Trump para abordar la inmigración ilegal, parte de lo que el presidente promete que será el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos.
“Si estás aquí ilegalmente, te encontraremos y te deportaremos”, declaró la directora de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a principios de este mes. “Nunca regresarás. Pero si te vas ahora, podrías tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”.
Mientras los agentes de control de inmigración continúan deteniendo a personas individuales afuera de sus hogares o en la entrada de un Walmart, la mayor esperanza del programa de deportación es alentar a las personas que están aquí ilegalmente a auto deportarse creando suficiente miedo y desconfianza entre las comunidades inmigrantes en lugares como el Valle Central.
Queda por ver si el plan de auto deportación está funcionando.
En cuanto a si está creando miedo, esa parte está funcionando bien.
“Se siente como si estuvieras en vilo todo el tiempo”, refirió Blanca Ojeda, voluntaria de la Red de Respuesta del Valle y beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un programa de 2012 que permite aplazar la deportación cada dos años a quienes llegaron al país sin documentos siendo niños. “Es constante”.
La asistencia a las misas católicas ha disminuido en la Diócesis de Fresno, que abarca la mayor parte del Valle de San Joaquín. Quienes llaman a la línea directa de Respuesta del Valle han reportado que los trabajadores agrícolas no están yendo a los campos de cítricos. Han escuchado informes de padres que mantienen a sus hijos en casa sin asistir a la escuela, una tendencia documentada en las cifras de asistencia en comunidades similares de California. El mercado de pulgas de Fresno se ha vaciado.
Las misas católicas comenzaron a disminuir después de las redadas de inmigración en Bakersfield en enero, dijo el portavoz de la Diócesis de Fresno, Chandler Márquez, y la caída de la asistencia ha sido especialmente pronunciada “en las parroquias que se encuentran dentro de las áreas rurales de nuestra diócesis”.
Un factor clave para que las personas se auto deporten es facilitarlo, en este caso con una aplicación que permite informar que abandonan el país. Pero igual de importante es que quienes residen ilegalmente en el país se preocupen por lo que sucederá si se quedan.
Ahí es donde entran los rumores. La mayoría se propagan de forma natural, a través de personas honestas pero cautelosas que confunden una camioneta blanca estacionada con un vehículo de inmigración. A veces, dijo Ojeda, los voluntarios acuden a un reporte de redada, solo para descubrir que los rumores eran llamadas de broma.
El efecto es el mismo: el miedo se apodera de las comunidades inmigrantes del Valle Central. Ojeda afirmó que algunas familias se han negado a salir de casa por temor a ser detenidas por agentes de inmigración.
Los voluntarios de Valley Response han estado recopilando sus historias. Un estudiante de primaria se quejó en clase en febrero de no tener comida en casa. Tras la investigación, según Ojeda, los voluntarios de Valley Response descubrieron que los adultos de la familia no habían salido de casa desde la redada de inmigración de enero en el condado de Kern y pedían a los vecinos que recogieran a sus hijos de la escuela.
“Los conectamos con servicios, les llevamos cajas de comida, pero ¿cuántos otros niños hay ahí afuera que no dijeron nada?”, dijo.
Ojeda comentó que dio una charla sobre sus derechos en una iglesia católica de Merced y notó que todos los bancos estaban vacíos, incluso después de la misa dominical. Comentó que el sacerdote le comentó que su asistencia ha disminuido entre un 60% y un 70%, especialmente después de que la administración Trump emitiera una orden ejecutiva que permite redadas migratorias en lugares que tenían estatus de protección bajo la administración Biden, como iglesias, escuelas y hospitales.
Han circulado informes entre los voluntarios de que imitadores de Inmigraciones y Control de Aduanas están poniendo luces azules y rojas en sus autos y deteniendo a la gente, algo que está sucediendo en todo el país.
“Le preguntamos al sheriff del condado de Stanislaus qué debíamos hacer”, destacó Ojeda. “Nos dijo que hay que detenerse si se ven luces azules y rojas, pero llamar al 911 inmediatamente. Si la persona se acerca a la ventana, hay que llamar a la central de policía inmediatamente y preguntar su nombre. Les informaremos si es un agente o no”.
La Oficina del Sheriff de Stanislaus no respondió a las llamadas ni a los correos electrónicos de CalMatters. El sheriff ha insistido previamente en un mensaje de video que su oficina no aplica la ley federal de inmigración. Si bien la ley de California sobre el estado santuario dicta lo que la policía puede hacer con las personas indocumentadas, esta ley no influye en las acciones de los agentes federales.
Personas temerosas han recurrido al sistema legal en busca de consuelo, pero incluso ese camino es peligroso. La Fiscalía General de California advirtió que familias han reportado haber entregado miles de dólares a “consultores de inmigración”, solo para descubrir que nunca tuvieron legitimidad legal para argumentar a favor de quedarse en el país o, peor aún, que la persona que les quitó el dinero ni siquiera había derivado su caso a un abogado.
También está notando el silencio. Ojeda dijo que no ha escuchado mucho de sus representantes en Sacramento ni en Washington, D.C.
“Sé que nuestros legisladores estatales han dicho públicamente algunas cosas, pero todavía parece que no es suficiente”, dijo Ojeda.
Eso ha dejado a los grupos de voluntarios y organizaciones religiosas como la protesta más fuerte en el Valle Central contra el programa de deportación de la administración Trump, incluido Valley Watch, que se fundó durante la primera administración Trump.
Normalmente, su trabajo consiste en educar a la gente sobre sus derechos, pero a veces, el juego del gato y el ratón se vuelve completamente inverso. El mes pasado, Ojeda y otro voluntario avistaron una camioneta blanca en la Ruta Estatal 99 de California y la siguieron hacia el norte, desde Modesto hasta Stockton.
Tenía todas las características de un vehículo de control de inmigración: una antena alta, hombres grandes en el vehículo y una especie de divisor que separaba los asientos delanteros de los traseros.
“Creo que se dieron cuenta de que los estábamos grabando, así que empezaron a ir más rápido y finalmente los perdimos, pero vimos por qué salida se bajaron”, subrayó Ojeda.
Era la misma salida de un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas de Stockton.
En el camino de regreso a Modesto, Ojeda todavía estaba observando la carretera en busca de camiones blancos.
Mentiras piadosas a mamá
Cuando la directora de Valley Watch Network, Lorena Lara, le miente a su madre, intenta hacer que las mentiras parezcan creíbles. Claro, la cosa pinta mal, dice, pero pronto mejorará. No pueden seguir atacando a la gente; no hay suficientes agentes. Y aunque los hubiera, este gobierno no tiene un plan para deshacerse de los aproximadamente 11 millones de indocumentados que hay en este país.
Ella no se lo cree. La situación es desalentadora, y es probable que no mejore para quienes están aquí sin documentos. La administración Trump sí tiene un plan; está publicado en el sitio web de la Casa Blanca. Se llama “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”.
La madre de Lara es una inmigrante indocumentada que la trajo a este país desde México. Lara le miente porque, según ella, la verdad sería peor.
“Le digo que, bueno, todo está bien por ahora”, dijo desde su oficina en Fresno. “Estoy mintiendo por omisión”.
Es un cambio de roles para Lara y su madre.
“Recuerdo que, al crecer sin papeles, después de cierto punto, mi mamá decía: ‘Todo va a salir bien, todo va a estar bien, este año algo va a pasar con nuestro estatus migratorio'”, dijo Lara. “En más de 30 años, no ha pasado nada. Nada está bien”.
“Y ahora tenemos esto.”
No le cuenta a su madre que los informes sobre la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se acumulan a diario. Un sitio web público que recopila información sobre redadas de inmigración publica las alertas.
“Vi a un oficial vestido de verde y con un chaleco negro que decía ‘POLICÍA'”, se leía en una alerta.
“El FBI y el ICE estaban realizando redadas en Madera. Los vieron detrás de Lowe’s. Hay muchos camiones”, decía otro.
“Camioneta negra con vidrios polarizados y placas del Gobierno, 100% seguro que era un encubierto”, se leía en un tercero.
Además del Valle Central, hay grupos de respuesta a la inmigración que cubren todos los condados, desde Los Ángeles y el Inland Empire hasta el Área de la Bahía y los confines del norte del estado.
Además de responder al teléfono de atención, los grupos están organizando reuniones con funcionarios públicos, realizando seminarios sobre cómo conocer sus derechos en comunidades predominantemente inmigrantes y repartiendo pequeñas tarjetas rojas que explican los derechos de las personas en inglés y español.
Sus esfuerzos por conseguir la atención de los políticos electos, especialmente de los alguaciles, han sido difíciles. E incluso cuando consiguen una reunión, como la que tuvieron con el alguacil del condado de Stanislaus, los resultados han sido insatisfactorios.
Las fuerzas del orden en el Valle Central parecen estar divididas sobre cómo equilibrar su necesidad de cooperación de las comunidades inmigrantes con la presencia de agentes de inmigración en sus ciudades y condados, y permanecer dentro de los límites de la ley del estado santuario de California.
En el condado de Amador, una comunidad al pie de la montaña en el lado este del valle, el sheriff ha proclamado que violará deliberadamente la ley de santuario contactando a las autoridades de inmigración tan pronto como tenga bajo custodia a alguien que crea que está en el país ilegalmente.
Más al sur, en el Departamento de Policía de Fresno, el subjefe Mark Salazar está trabajando para asegurar a los inmigrantes que pueden compartir información y comunicarse con los oficiales de manera segura.
“El departamento de policía se asegura de contar con la cooperación de las comunidades hispanohablantes”, dijo Salazar. “La DEA, (Investigaciones de Seguridad Nacional), todos ellos saben que no nos metemos con la inmigración. No nos metemos con la Patrulla Fronteriza, no estamos aquí para hacer redadas. Así que, cuando sus socios federales hacen cosas así, la comunidad debe saber que no somos nosotros”.
Salazar dijo que el riesgo de violar ese entendimiento es grave.
“No podemos romper eso, porque si lo hacemos, creo que volveremos a tener crímenes sin resolver”, dijo Salazar. “Volveremos a que la comunidad desconfíe de nosotros”.
Para Lara, disolver esa confianza es parte del plan de la administración Trump.
“Oh, mil por ciento, mil por ciento eso es parte de su objetivo”, dijo Lara.
¿Esta funcionando?
“Sí.”
Entonces le dice a su madre cosas que no son del todo ciertas, porque es más fácil.
“Me siento protectora”, dijo. “Siento que es lo correcto en este momento porque estoy tratando de mantener un equilibrio entre educar a mi madre y evitar que entre en una espiral de depresión”.
En una pequeña sala de conferencias en Fresno, ella comienza a llorar.
“Lo que pasa entre ella y yo es que no se habla de ello”, dijo. “Es como: ‘Mamá, las cosas no van bien. Están peor. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quieres quedarte aquí? ¿Quieres volver?’ Y esa es una pregunta que personalmente no me he atrevido a hacerle”.
Una llamada entra a la línea directa.
“Hola, soy Elizabeth. No he tenido noticias de mi esposo”, dijo la voz al teléfono. “Estoy muy preocupada porque ya pasó otro día. El abogado no me ha devuelto la llamada. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo que me dé un poco de esperanza?”
Dentro del centro de detención de ICE
Elizabeth Chávez está sentada en una mesa para cuatro en el Golden State Annex, un centro de detención migratoria a las afueras de Bakersfield. A su derecha está su esposo, Alfredo Naranjo, de 31 años, vestido con un overol rojo. Sus tres hijos esperan en su camioneta en el estacionamiento con los padres de Chávez.
“Les decimos a los niños que está trabajando”, dijo Chávez.
El hijo mayor tiene 5 años. Chávez teme estar empezando a darse cuenta de su artimaña.
Tras el miedo en el Valle Central, tras las clases más reducidas y los bancos vacíos de las iglesias, se esconde la realidad de la detención migratoria. Junto con las alarmas, falsas y reales, sobre camiones blancos estacionados detrás de un supermercado, están las personas sentadas en lugares como este, esperando conocer su destino.
En la entrada del patio del centro de detención, en una fría mañana de fin de semana de marzo, una docena de personas se arremolinaban bajo alambres de púas, esperando a que el empleado de la empresa de prisiones privadas Geo Group, que administra la puerta principal, les permitiera entrar.
Cada puerta de estas instalaciones es operada a distancia por guardias invisibles. Las familias pasan por el detector de metales y siguen las instrucciones del guardia hasta la zona de reunión. Cada seis metros hay otro pasillo, otra puerta, otro timbre.
Un último giro y la sala de día del centro de detención aparece a la vista: unas veinte mesas repartidas en un espacio del tamaño aproximado de la cafetería de una escuela secundaria pública. En cada mesa hay una persona con un mono naranja o rojo, sentada en pequeños grupos con las personas que vinieron a verla.
Chávez se ha teñido el pelo de un morado oscuro. Es habladora, vivaz y temerosa. Su marido es callado. Juntos, intentan explicar cómo se despertó un martes por la mañana listo para llevar a Chávez a una visita al hospital y, en cambio, llegó aquí.
Todo empezó con el gato.
Al salir de su casa en Patterson, Chávez vio una minivan blanca estacionada afuera. Su esposo vio un pequeño gato blanco en el suelo, poniendo sus patas en las puertas del lado del pasajero.
“Él me dijo: ‘Mira, el gato está intentando entrar en la camioneta’, y yo pensé: ‘Sí, qué gracioso'”, dijo Chávez, de 25 años. “Nunca se nos pasó por la cabeza que hubiera gente ahí dentro”.
Se sentaron en su auto. Entonces vieron que el conductor de la minivan encendía las luces rojas y azules, sin sirena.
“De repente, alguien tocó la ventana, como si la golpearan, muy fuerte”, dijo Chávez. “Entonces dijeron el nombre de Naranjo, lo cual nos desconcertó tanto que ni siquiera se nos pasó por la cabeza que fuera ICE”.
Naranjo salió del auto. Chávez dijo que los agentes empezaron a gritar y luego le pusieron las esposas. Chávez les pidió una orden judicial, pero le dijeron que no la necesitaban.
Los agentes le dijeron a Chávez que México estaba “preguntando” a Naranjo. Ella le preguntó al agente de qué se acusaba a Naranjo y este le indicó que le preguntara a su esposo. Naranjo negó saber de qué hablaban.
Los agentes sabían el nombre de Chávez. Aunque tenía estatus legal en este país, temió de inmediato que también estuvieran a punto de llevársela.
Sus amigos la dirigieron a la línea directa de Valley Response, que la conectó con un abogado de inmigración. Hasta el momento, el gobierno de México no ha proporcionado ninguna documentación que indique que solicitó la detención de Naranjo.
“No sabemos específicamente por qué ICE podría haberlo estado buscando”, dijo la abogada Katie Kavanagh, de la Colaborativa de California para la Justicia de los Inmigrantes. “Esto coincide con lo que hemos estado observando en las acciones de cumplimiento de la ley en el norte y centro de California. Estamos viendo que muchas personas, incluso con poco o ningún historial de arrestos penales, son blanco de ataques simplemente por tener antecedentes migratorios”.
Naranjo afirmó haber cruzado la frontera solo una vez, en 2016, y no tiene otros cargos penales en su contra, pero en una ocasión recibió una multa por exceso de velocidad. CalMatters no pudo encontrar antecedentes penales en México ni determinar si los tenía.
“Cuando hablaba con los niños, se derrumbó”, dijo Chávez sobre la primera llamada de Naranjo tras su detención. “Los niños le preguntaban: ‘¿Cuándo regresas? ¿Cómo vas con la tarea? ¿No vas a volver a casa?'”.
La hija mayor empezó a llorar, dijo, y su hija mediana estaba empezando a sollozar cuando decidió mentir. Por ahora, los niños siguen creyendo que está trabajando.
Ahora, a Chávez le preocupa que Naranjo no coma. A veces, le dijo, las comidas se retrasan varias horas, y si te las pierdes, te quedas con hambre hasta la siguiente. Pero sobre todo, intenta asegurarle que está bien y que todo esto le parecerá una pesadilla.
“Claro que dirá que todo está bien, porque no quiere que me preocupe”, dijo Chávez. “Pero la verdad es que no sé si él está bien”.
Kavanagh, el abogado que ayudó con la respuesta inmediata, no puede hacerse cargo del caso. Por ahora, están solos.
Así que Chávez hace estas peregrinaciones semanales a Bakersfield, un viaje de tres horas de ida y tres de vuelta. En el estacionamiento, los niños no saben que su padre está a solo unos cientos de metros de distancia.
Más allá del estacionamiento está la Ruta Estatal 99, la principal arteria norte-sur que conecta el Valle Central, donde los voluntarios de Valley Response a veces persiguen camiones blancos.
Más al este, apenas visible en un día claro, está la cordillera de Sierra Nevada, azul y cubierta de nieve e inmóvil, y más allá un complejo de apartamentos en Denver, un tribunal federal en Chicago y un lavadero de autos en Filadelfia, donde recién está comenzando el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos.
El gobernador Gavin Newsom anunció la publicación del Plan Maestro para los Servicios de Desarrollo. Foto: Canva
El gobernador Gavin Newsom anunció la publicación del Plan Maestro para los Servicios de Desarrollo: Una Visión Impulsada por la Comunidad, el cual formula recomendaciones para mejorar el sistema de servicios, incluyendo la reducción de las barreras de acceso a los servicios en todo el estado para la creciente comunidad de personas con discapacidades del desarrollo.
El Plan busca apoyar en materia de empleo, educación, transporte, salud, salud conductual, servicios de desarrollo y otros programas para esta comunidad en California.
“California triunfa cuando todas las comunidades triunfan. Nuestra Administración ha priorizado la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en los apoyos que marcan la diferencia en la vida de las personas con discapacidad. Nos enorgullece recibir este Plan Maestro de las personas más afectadas por nuestros servicios y esperamos con ansias empezar a trabajar”, dijo Newsom.
El Comité responsable del desarrollo del Plan fue designado por el secretario de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California (CalHHS) a principios de 2024 e incluyó cinco grupos de trabajo, todos ellos integrados por un grupo diverso de personas con discapacidad, familiares, defensores, proveedores de servicios, profesionales de apoyo directo y representantes de los 21 centros regionales del estado.
El equipo se reunió para desarrollar las recomendaciones con la participación del público mediante un proceso estatal de un año de duración, donde además se realizaron más de 45 sesiones de consulta con diversas comunidades, proveedores de servicios, expertos en políticas, defensores, personas y familias.
Entre las recomendaciones del Plan están la de garantizar que las personas reciban un trato justo, mediante el abordaje de las disparidades en la prestación de servicios para las comunidades marginadas estandarizando los servicios en todo el estado y eliminando las barreras lingüísticas, culturales y de ubicación.
A su vez, permitir que las personas tomen sus propias decisiones de vida al proporcionar herramientas y recursos necesarios para apoyarles en la toma de decisiones; además de brindar a las personas los servicios que necesitan y eligen, al agilizar y simplificar los procesos para reducir los tiempos de espera y brindar acceso oportuno a servicios críticos, además de construir puentes más fuertes entre los sistemas de servicios estatales.
De igual manera se recomienda asegurar que las personas formen parte de una fuerza laboral sólida y reciban servicios de ella, invirtiendo en capacitación, compensación y contratación de profesionales de apoyo directo.
Por otro lado, sugiere que la rendición de cuentas y la transparencia deben guiar todos los sistemas que sirven a las personas, tal es el caso de equipar a las personas, las familias, los defensores y los profesionales con los recursos y la información necesarios para comprender cómo el estado está brindando servicios a las personas y las familias.
El Plan también sugiere que los datos deben guiar el futuro del sistema de servicios de desarrollo, al establecer e implementar métricas claras para evaluar si las necesidades se están satisfaciendo de manera efectiva y dónde se necesitan mejoras.
“Esto no habría sido posible sin la colaboración de los miembros de la comunidad, comprometidos con hacer de California un lugar donde todos sean valorados y puedan prosperar. Agradecemos profundamente sus contribuciones. Estas recomendaciones orientarán el futuro de nuestro estado, que satisfaga las necesidades y objetivos de cada persona con discapacidad intelectual y del desarrollo, sus familias y el personal que las apoya”, dijo Kim Johnson, secretaria de CalHHS.
La red de deportación pone a residentes legales, personas con visa, turistas e incluso solicitantes de asilo, en peligro de ser detenidos de manera injusta.
El presidente Donald Trump ha fomentado las deportaciones masivas como una manera de hacer al país un lugar más seguro, eliminando a los inmigrantes criminales, pero la aplicación de la ley ha afectado a residentes legales, personas con visa, turistas e incluso solicitantes de asilo.
Bajo el discurso de detener y deportar a criminales o personas que dañan la nación se han detenido cientos de personas sin darles la oportunidad de defenderse, se han revocado protecciones humanitarias como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la libertad condicional, con lo que muchas personas corren el riesgo de ser deportadas a sus países de origen de los que huyeron para salvar sus vidas.
Así, cientos de personas han sido trasladadas en secreto a terceros países como El Salvador y Panamá, lo que los expertos denominan “entregas ilegales”, que han provocado batallas legales y abusos de derechos humanos, señalaron expertos durante una sesión informativa realizada por Ethnic Media Services.
Zenobia Lai, directora ejecutiva de Houston Immigration Legal Services Collaborative, explicó que las políticas migratorias se encuentran operando con tres principios fundamentales: no dejar adentro a nadie, echar a todo el mundo y cerrar la puerta.
Durante el primer día de la Administración Trump, hubo 26 órdenes ejecutivas que se deben llevar a cabo, por lo menos 7 de ellas se enfocan en la inmigración; todo esto se justifica en una emergencia nacional por un incremento en el número de inmigrantes, comentó Lai.
Por la parte de echar a todo el mundo fuera, la abogada indicó que, se están reuniendo a varias personas en algunos centros de detención para regresarlas a sus países, también se lleva a cabo detenciones y movilizaciones rápidas de algunas personas sin darles oportunidad de demostrar su residencia o estatus migratorio.
Ahora hasta los lugares llamados de fe, como funerales, bodas o eventos son utilizados para realizar detenciones.
Sumado a esto, se tiene una suspensión de apoyos para estudiantes, además de que espera un ataque contra el buffets de abogados de inmigración, ello como parte de sacar a más gente del país, comentó la directora ejecutiva de Houston Immigration Legal Services Collaborative.
Zenobia Lai expresó que, en este mismo marco, se pretende despedir a cientos de empleados que brindan servicios humanitarios y apoyos legales, además de negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos; en conjunto son una serie de medidas que se están utilizando para sembrar miedo.
Todd Schulte, presidente de la organización FWD.us, que aboga por la inmigración y justicia penal, habló de aquellos que cuentan con un documento que avala su residencia legal, pero que hoy no les asegura nada, pues se están obstruyendo las opciones legales y alargando los trámites burocráticos con el fin de cerrar fronteras.
“Este tema de la criminación es una trampa, lo que tenemos que hacer para volver a nuestro sistema migratorio es mostrarle a la gente un camino que funcione, el público no estaba contento con este desorden en la frontera, entonces tenemos que asegurar el sistema migratorio”, aseguró Schulte.
David Leopold, ex presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, habló de la Ley de Enemigos Extranjeros, la cual fue utilizada por última vez en la segunda guerra mundial. En ese momento hizo que se detuvieran personas que contaban con ciudadanía legal en el país.
“Se está usando esta ley, pues hicieron una promesa. El presidente dijo que iba a remover a los venezolanos criminales, deportarlos porque eran pandilleros y lo único que se está haciendo es ignorar el proceso judicial del país”, expresó el abogado.
Leopold indicó que muchas personas son deportadas y llevadas a una cárcel, solo porque se les acusa de pertenecer a una pandilla delictiva, pero “no se les da el derecho de defenderse, entonces es una manera unilateral por parte del presidente, solo busca ejercer su rechazo a los grupos que no quiere, sacándolos”.
Finalmente comentó que, “se están utilizando estos términos como maras, pandillas, delincuentes, para privar a la gente de sus derechos, nadie quiere que las personas delictivas estén en este país, pero la gente tiene derecho a defenderse y tiene el derecho de garantías legales y judiciales”.
La inclusividad será el eje rector de este Tianguis Turístico de México, en el cual todas y todos serán parte de la máxima fiesta del turismo en América. Foto: Gobierno de México / MxPA
A diferencia de sus ediciones anteriores, la inclusividad será el eje rector de este Tianguis Turístico de México, en el cual todas y todos serán parte de la máxima fiesta del turismo en América.
Así lo señaló la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien precisó que, en esta edición del evento, la sociedad civil está invitada a ser parte de todas las activaciones a llevarse a cabo.
“Es un tianguis para todos, hoy la sociedad se puede involucrar, porque hoy va más allá de ser un turoperador, que todas y todos puedan ingresar a las activaciones dentro y fuera del centro de convenciones y que lo compartimos con otro país”, declaró la funcionaria.
Al presentar los detalles del Tianguis Turístico, detalló que las actividades no se limitarán al centro de convenciones, toda vez que se llevarán a cabo activaciones en distintas partes del estado y San Diego, California.
Como parte de la celebración de la primera edición de un Tianguis en ciudades de dos países, enalteció la realización de un evento gastronómico y cultural en Liberty Station, “La Ventana de México en San Diego”, mismo que será gratuito y abierto al público los días 26 y 27 de abril de 2025, donde las y los asistes podrán conocer más de la oferta turística de nuestro país.
Añadió que, para promover la gastronomía urbana como atractivo turístico y cultural, se realizará el “Gran Taco de México”, los días 1 y 2 de mayo, en la Explanada del Centro Cultural Tijuana, sin costo alguno.
En este festival gastronómico urbano se darán cita 32 cocinas representativas de los estados de México en un formato circular, con un escenario central con espectáculos y exhibiciones tradicionales, muestras y venta de tacos de todo México, así como música en vivo y presentaciones culturales.
Rodríguez Zamora destacó que esta edición también será la primera en realizar el Diálogo de Capitanes, donde gobernadores, secretarios de Turismo estatales, líderes del sector, asociaciones, cámaras, compradores internacionales y patrocinadores efectuarán diálogos estratégicos en dos paneles sobre temas clave como la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el turismo comunitario.
En este sentido, adelantó que, como parte del impulso a este último, Baja California formará parte de uno de los 13 polígonos de Turismo Comunitario, por lo que, autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajarán de manera conjunta para impulsar la conectividad y la infraestructura para involucrar a las comunidades locales en el desarrollo y la gestión de actividades turísticas.
Adelantó algunas de las conferencias y talleres que se realizarán en el Baja California Center como: “Big Data: análisis de datos para crear oportunidades”, “Comunidades mayas en acción: ecoturismo en la Reserva Sian Ka’an”, “Turismo Comunitario: viajes con comunidades indígenas”, “Gestión de redes sociales: máximo aprovechamiento para personalizar experiencias turísticas”, entre otras.
Ante ello, invitó a todas y todos los interesados a visitar la página oficial del Tianguis Turístico 2025, donde podrán encontrar el programa, las sedes en las que se llevarán a cabo activaciones, el registro para compradores y expositores, hoteles sugeridos, rutas de transportación, y más información.
En su oportunidad, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, explicó este Tianguis es único, “porque nos une con todo el mundo, hemos logrado la confirmación de 775 empresas y 1159 compradores inscritos de 35 países”.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, explicó este Tianguis es único, “porque nos une con todo el mundo, hemos logrado la confirmación de 775 empresas y 1159 compradores inscritos de 35 países”. Foto: Gobierno de México / MxPA
“En Playas de Rosarito, en el Baja California Center, recibiremos a visitantes de todo el mundo, y al mismo tiempo, San Diego será nuestra ventana a México, con eventos gastronómicos y culturales en Liberty Station los días 26 y 27 de abril, y el cierre del evento en nuestra avenida Revolución, con Nortec y la Orquesta de Baja California”, mencionó.
La Junta de Supervisores del condado de San Mateo llevará a cabo una reunión especial este viernes para considerar el proporcionar a BART 10 millones 321 mil 678 dólares para instalar 82 puertas de tarifa de última generación en cinco estaciones. Foto: bart.gov
La Junta de Supervisores del condado de San Mateo llevará a cabo una reunión especial este viernes para considerar el proporcionar a BART 10 millones 321 mil 678 dólares para instalar 82 puertas de tarifa de última generación en cinco estaciones.
La obra propuesta forma parte de un proyecto de 90 millones de dólares para reemplazar las puertas de acceso antiguas y existentes del BART. Las autoridades de transporte de los condados de Alameda, Contra Costa, San Francisco y Santa Clara han aportado sus cuotas de financiación.
A nivel local, la Agencia de Tránsito del Condado de San Mateo (SMCTA) es responsable de supervisar y asignar fondos para proyectos de transporte en el Condado de San Mateo.
BART planea solicitar una subvención del Programa de Conexión de Tránsito Regional Medida W de la SMCTA para cubrir el costo del proyecto en las estaciones de Colma, Daly City, Millbrae, San Bruno y South San Francisco, pero no sabrá si recibirá la subvención hasta mediados o finales del verano de 2025.
Sin embargo, BART debe notificar a su contratista antes del 31 de marzo de 2025 si las estaciones del Condado de San Mateo se incluirán en el proyecto. Por lo tanto, la Junta considerará hoy proporcionar a BART los fondos necesarios en caso de que no reciba la subvención.
De no recibir la subvención, o de ser un monto insuficiente, el condado solicitará a las ciudades que presenten una propuesta de plan de pago a sus ayuntamientos.
A cambio de que el condado acepte proporcionar los fondos, BART aceptaría mantener las puertas de seguridad mejoradas después de su instalación y coordinar con las jurisdicciones afectadas sobre formas de aumentar el control de las tarifas, así como presencia policial en las cinco estaciones de BART del condado de San Mateo.
Además, permitiría coordinar con las jurisdicciones afectadas para mejorar el mantenimiento en cada una de las cinco estaciones BART del condado de San Mateo, incluida la limpieza, la eliminación de grafitis, las reparaciones de techos y el reemplazo de redes para pájaros, así como el apoyo a las operaciones minoristas, incluidas aquellas lideradas por las ciudades y el condado, en las áreas apropiadas.
La Junta de Supervisores se reúne a las 16:00 horas de este viernes 28 de marzo en la Sala de la Junta, ubicada en el 500 de County Center, Redwood City. La reunión se realizará virtual y presencialmente.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ordenó una investigación federal sobre las políticas de admisión de la Universidad de Stanford y la Universidad de California en Berkeley, particularmente sus iniciativas DEI. Foto: Visitantes caminan por Benjamin Ide Wheeler Hall en el campus de la Universidad de California, Berkeley, California, el 21 de julio de 2021. (Harika Maddala/ Bay City News)
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ordenó este jueves una investigación federal sobre las políticas de admisión de la Universidad de Stanford y la Universidad de California en Berkeley, particularmente sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
En un comunicado, el Departamento de Justicia de EE. UU. exigió el cumplimiento al iniciar una investigación de revisión en ambas escuelas, junto con UC Los Ángeles y UC Irvine, señalando que “los colegios y universidades tienen prohibido utilizar la discriminación DEI al seleccionar estudiantes para la admisión”.
“El presidente Trump y yo nos dedicamos a acabar con la discriminación ilegal y a restaurar las oportunidades basadas en el mérito en todo el país”, declaró Bondi. “Todo estudiante estadounidense merece ser juzgado únicamente por su esfuerzo, intelecto y carácter, no por el color de su piel”.
El Departamento de Justicia afirmó que las universidades de élite de Estados Unidos “priorizaron las cuotas raciales por sobre la igualdad de oportunidades, dividiendo a los estadounidenses y discriminando a grupos enteros de solicitantes, todo en nombre de la DEI”.
La agencia federal culpó a la administración del expresidente Joe Biden de promover la “ideología detrás de esta práctica ilegal”, acusándola de no haber hecho nada para proteger los derechos civiles de los estudiantes estadounidenses.
“El Departamento de Justicia pondrá fin a un sistema vergonzoso en el que la raza de una persona importa más que su capacidad”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Chad Mizelle. “Todas las universidades deben saber que la discriminación ilegal en las admisiones será investigada y eliminada”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que la investigación a las universidades es sólo el comienzo de su objetivo de eliminar la “DEI ilegal y proteger la igualdad ante la ley”.
Desde que Trump regresó al poder este año, su administración ha redoblado sus esfuerzos para eliminar las iniciativas de DEI en las agencias federales. Ha amenazado con recortar la financiación federal a las escuelas que no cumplan la orden de la administración de eliminar sus programas de diversidad y equidad.
A fines de febrero, el Departamento de Educación de EE. UU. lanzó un portal en línea donde los padres y otros miembros de la comunidad pueden denunciar a los educadores y las escuelas que utilizan programas DEI.
“El Departamento de Educación de Estados Unidos se compromete a garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a un aprendizaje significativo libre de ideologías divisivas y adoctrinamiento”, se lee en un comunicado del sitio web de la agencia federal.
Los líderes de distritos escolares y de universidades de California se han comprometido a no ceder ante la ofensiva de la administración Trump contra los programas de DEI.
Los dos sindicatos docentes más grandes del país —la Federación Estadounidense de Maestros y la Asociación Nacional de Educación, junto con la Asociación Estadounidense de Sociología y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles— han presentado una demanda contra el Departamento de Educación por una carta de la agencia federal publicada en febrero que indicaba que las universidades deberían eliminar las preferencias raciales en sus operaciones, incluyendo la admisión, los procedimientos de contratación y la concesión de becas, entre otros.
La Junta de Supervisores del Condado de San Mateo aprobó una resolución que afirma el compromiso del condado de prevenir el acoso juvenil en las escuelas. Foto: Estudiantes caminan por un pasillo durante la hora del almuerzo en Stagg High School en Stockton, California, el 10 de mayo de 2023. (Harika Maddala/Bay City News/CatchLight Local)
La Junta de Supervisores del Condado de San Mateo aprobó el martes una resolución que afirma el compromiso del condado de prevenir el acoso escolar entre los jóvenes, en medio de acciones a nivel federal dirigidas a inmigrantes indocumentados y miembros de la comunidad LGBTQ+.
“Las tácticas de intimidación de Trump se han extendido por nuestras escuelas, provocando que los niños inmigrantes teman ser deportados y que los niños LGBTQ+ teman que se pisoteen sus derechos, por los que han luchado durante tanto tiempo”, señaló el presidente de la Junta, David Canepa, en un comunicado publicado por su oficina el lunes por la noche.
Canepa patrocinó la resolución, que ordena a cada departamento y empleado del condado participar en esfuerzos para prevenir el acoso, brindar educación e intervenir si ocurre.
Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, algunos expertos dicen que los niños de grupos marginados, especialmente inmigrantes y jóvenes LGBTQ+, han sentido una mayor ansiedad a medida que las políticas antiinmigrantes y anti LGBTQ+ aumentan a nivel nacional.
En Texas, Jocelynn Rojo Carranza, de 11 años, murió por suicidio el mes pasado después de aparentemente enfrentar acoso y burlas sobre el estatus migratorio de su familia, según la madre de la niña.
El día después de las elecciones del pasado noviembre, el Proyecto Trevor (una organización de prevención del suicidio que apoya a los jóvenes LGBTQ+) recibió un 700 por ciento más de contactos en su línea directa de crisis de salud mental en comparación con las semanas anteriores, según el grupo.
Si bien es demasiado pronto para cuantificar adecuadamente las tasas de acoso escolar basado en prejuicios desde la victoria de Trump, los datos de la época de las elecciones de 2016 brindan una idea de los posibles cambios en torno a las tasas de acoso escolar entre los niños durante la actual administración Trump.
Durante el primer mandato presidencial de Trump, los estudiantes de los condados de California que votaron por Trump en mayor número tenían probabilidades ligeramente mayores de sufrir acoso basado en la identidad, según un estudio de 2023 del Instituto Nacional de Salud.
Un estudio que encuestó a más de 150 mil estudiantes en Virginia encontró que el acoso escolar entre estudiantes de secundaria aumentó al 18 por ciento en áreas donde una mayor proporción del electorado votó por Trump en comparación con años anteriores a la candidatura de Trump.
Ahora la Junta está tratando de tomar medidas que mitiguen la proliferación del acoso escolar en correlación con la llegada de Trump al poder, lo que se conoce como el “Efecto Trump”.
“Trump está fomentando conflictos que generan hostilidad, lo que provoca que muchos de nuestros jóvenes sufran acoso, intimidación y más”, destacó Canepa. “Nuestros hijos deben saber que el mal comportamiento empieza desde arriba, y en el mundo actual eso significa el presidente Donald J. Trump”.
La aprobación de la resolución coincide con la reafirmación por parte del condado de su dedicación a la promoción de los derechos LGBTQ+.
El martes, la Junta reconoció oficialmente el 31 de marzo como el Día de la Visibilidad Transgénero y izará la Bandera Transgénero afuera del ayuntamiento el miércoles.
“Esta es la primera vez en nuestro condado que izamos una bandera para celebrar el Día de la Visibilidad Transgénero”, declaró la supervisora del Distrito 2, Noelia Corzo, durante la reunión del martes. “En un momento en que sabemos que las personas transgénero y no conformes con su género y sus derechos están siendo atacados directamente por nuestro gobierno federal, nos unimos para expresar en este condado que valoramos a nuestra comunidad transgénero”.
La arborista del condado, Natalie Krug, una mujer trans, aceptó la proclamación. Destacó la importancia de que el condado reconociera por primera vez el Día de la Visibilidad Transgénero.
“En los últimos 64 días, las políticas, leyes y retórica hiriente que se han difundido a nivel nacional provienen de la ignorancia y la virulencia, no del conocimiento, la educación ni la comprensión”, dijo Krug. “La verdadera visibilidad solo puede manifestarse en ausencia de insultos, discursos de odio y el uso de caricaturas escandalosas para definir a un grupo de personas”.
También señaló que, en medio de un aumento de la atención negativa hacia las comunidades marginadas, no solo la comunidad LGBTQ+, es imperativo que el condado tome medidas para fomentar un entorno de aceptación para todas las personas.
“Este alarmismo no solo se ha dirigido a las personas transgénero y no binarias, sino también a los inmigrantes”, dijo Krug. “Todas las comunidades marginadas han experimentado el efecto de poner de relieve nuestra difícil situación al público”.
