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Por Brandon Pho. San José Spotlight vía Bay City News.

El ex alcalde de San José, Sam Liccardo, y el asambleísta de California, Evan Low, intercambiaron duras críticas sobre los antecedentes de cada uno en materia de clima, seguridad pública y vivienda en un tenso debate de una hora para la carrera al Congreso más candente de Silicon Valley.

Los candidatos al Distrito Congresional 16 inicialmente estaban muy contentos en el estudio de NBC Bay Area en San José el viernes. Pero se quitaron los guantes cuando los moderadores preguntaron a Liccardo y Low si estaban llevando a cabo campañas éticas en medio de un recuento muy polémico, maniobras para conseguir respaldos y quejas enfrentadas sobre la transparencia electoral.

Ambos sostuvieron que sus intentos de llegar al Congreso han sido éticos. Liccardo, acusado de coordinar en secreto el recuento tras las primarias de marzo y que lo ha negado, dijo que la falta de una disposición de recuento automático en la ley electoral estatal abrió la puerta al teatro político.

“Evan Low y sus abogados intentaron detener el recuento dos veces”, dijo Liccardo. “(Low) admitió en un foro público el 14 de junio en Los Altos que lo hizo porque pensó que podría perder si se hacía un recuento completo. Asegurémonos de contar todos los votos. Debería ser financiado por el Registro (de Votantes), y en este caso, no se pudo debido a cuestiones legales”.

Low dijo que su campaña se rige “por los estándares más éticos” y convirtió su respuesta en un ataque al historial de seguridad pública de Liccardo.

“Cuando era alcalde de San José y formaba parte del Concejo Municipal, implementó un plan que desmanteló a los empleados públicos y la seguridad pública”, dijo Low. “De hecho, 500 agentes de policía se fueron porque él instituyó su plan de seguridad pública. Como resultado, tuvo que declarar el estado de emergencia debido al aumento de los índices de delincuencia”.

El estado de emergencia se debió a la escasez de personal policial. Como miembro del consejo, Liccardo impulsó en 2012 la aprobación de la Medida B, cuyo objetivo era reducir la creciente deuda de pensiones de la ciudad. Pero recortó drásticamente los beneficios y las pensiones de la policía y los bomberos de la ciudad.

Liccardo respondió que estaba siendo “inteligente en materia de delincuencia” e insistió en que el Departamento de Policía de San José agregó 200 oficiales durante su mandato al frente de la ciudad. Criticó a Low por ser demasiado cercano a los sindicatos policiales y oponerse a leyes como el Proyecto de Ley Senatorial 1421, que en 2018 permitió una mayor divulgación de los registros de mala conducta policial, agresión sexual y uso excesivo de la fuerza.

Los moderadores preguntaron a ambos candidatos por sus posiciones sobre la Propuesta 36, ​​una medida de votación estatal que, de ser aprobada por los votantes, aumentaría el castigo penal por el robo en comercios y los delitos relacionados con drogas. Liccardo dijo que la apoya. Low dijo que no.

“Me niego a volver a la era del encarcelamiento masivo”, dijo Low.

Liccardo dijo que el arresto no significa encarcelamiento.

“Es interesante que Evan Low haya mencionado el encarcelamiento, porque su apoyo a las prisiones privadas ha sido notable”, dijo Liccardo.

Los candidatos respondieron a preguntas sobre sus planes para construir viviendas asequibles. Liccardo dijo que apoyaba un programa de crédito fiscal ampliado para transformar edificios de oficinas y comercios vacíos en viviendas. También pidió que se eximieran las viviendas antiguas de los impuestos sobre las ganancias de capital para incentivar a los propietarios a vender.

“Tenemos un problema fundamental de oferta y necesitamos reducir el costo y el precio produciendo más viviendas”, dijo Liccardo.

Low volvió a convertir su respuesta a la pregunta en un ataque al historial de Liccardo, responsabilizando al ex alcalde del aumento de la falta de vivienda y de la falta de resultados mensurables en materia de vivienda. Liccardo respondió que una auditoría estatal realizada este año concluyó que los legisladores de California no habían contabilizado miles de millones de dólares en gastos para programas de ayuda a las personas sin hogar.

Low prometió asociarse en materia de vivienda con la candidata presidencial Kamala Harris si es elegida.

“En el Congreso, me asociaré con Kamala Harris en la lista del Partido Demócrata para implementar la construcción de 3 millones de nuevas viviendas, incluidos créditos fiscales de 25 mil dólares para quienes compren su primera vivienda”, dijo Low.

Los moderadores también preguntaron a los candidatos sobre la crisis climática. Liccardo criticó el fuerte apoyo que recibió Low de las compañías de petróleo y gas, así como de PG&E. Low respondió, criticando el apoyo que recibió Liccardo de los filántropos de Texas que trabajaban en el negocio del petróleo.

Liccardo pidió financiamiento con respaldo federal para ayudar a los propietarios a proteger sus hogares de las inclemencias del clima. Un ejemplo que mencionó fue ayudar a las personas en áreas propensas a incendios forestales a reemplazar techos de tejas de madera e instalar rociadores en el techo.

Sus esfuerzos por explorar servicios energéticos de elección comunitaria y combatir a PG&E le han valido un amplio apoyo entre los activistas climáticos.

“Sierra Club me ha apoyado. La Liga de Votantes por la Conservación me ha apoyado”, dijo Liccardo. “Todas las organizaciones ambientales que participan en esta contienda me han apoyado”.

Low se basó en su historial.

“En la Legislatura he liderado esfuerzos para asegurar que en California tengamos vehículos con cero emisiones para el año 2035 y una red eléctrica limpia para el año 2045”, dijo Low. “De hecho, acabo de salir de la sesión especial de la Legislatura estatal de California en la que se responsabiliza a las compañías petroleras por la especulación con los precios, por lo que estoy profundamente comprometido”.

Las elecciones serán el 5 de noviembre.

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La venta de citas en los consulados mexicanos en California para diversos trámites se ha vuelto un negocio, pues es muy complicado encontrar fechas disponibles, por lo que la gente opta por pagar para obtener un espacio disponible.

Y es que, la gente se encuentra muy descontenta por dicha situación, por lo que han solicitado a las autoridades mexicanas se investigue y de un seguimiento para detener esta problemática.

“Se tiene el conocimiento de que existen lugares donde pagas 80 dólares, aproximadamente, por una cita para el consulado, hablando del norte de California, por lo menos”, dijo Marcos Gutiérrez, locutor y conductor del programa Hecho en California, durante el programa de radio Península 360 Press.

Gutierrez comentó que una persona de la audiencia se comunicó para exponer su caso y aseguró que la venta de citas es real y esta dispuesto a iniciar un movimiento para que sean escuchadas las peticiones.

“Vamos a tener que buscar una manera de que seamos nosotros los que movamos esto, pues se tiene aproximadamente 15 años con la misma queja de que las citas son imposibles de obtener, pero si pagas por ellas es muy fácil y hasta van por ti en una camioneta”, subrayó Marcos Gutiérrez.

El pasado mes de agosto, se informó desde Palacio Nacional en México, que muchas de esas citas se obtienen vía WhatsApp, sitios web apócrifos o por teléfono a través del robo de identidad, haciéndose pasar  funcionarios de los consulados que tramitan documentos. 

Ante esta problemática, Península 360 Press se compromete a buscar un espacio para ser escuchados durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum para obtener una pronta solución. 

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Residentes de East Palo Alto tendrán la tarea de decidir este próximo 5 de noviembre si dan luz verde o no a una iniciativa ciudadana para modificar la ordenanza al impuesto a las parcelas (Medida JJ), la cual limitaría el uso del dinero generado por un gravamen existente del 2.5 por ciento sobre ciertas unidades de alquiler y evitar que el dinero se utilice para fines gubernamentales generales.

De obtener un sí mayoritario, la medida exigiría que los fondos generados por el impuesto del 2.5 por ciento sobre los ingresos brutos provenientes del alquiler de ciertos tipos de unidades residenciales se utilicen únicamente para asistencia de alquiler para inquilinos, gastos administrativos y otros fines específicos de vivienda.

Esta medida de iniciativa que aparece en la boleta electoral fue elaborada por los ciudadanos mediante revisión y recolección de firmas.

Y es que, el código actual impone un impuesto del 2.5 por ciento sobre los ingresos brutos de las unidades residenciales de alquiler, con ciertas excepciones, entre ellas, los propietarios que demuestren dificultades económicas, los apartamentos alquilados a personas con vales de asistencia federal, las habitaciones alquiladas en viviendas unifamiliares, las nuevas construcciones de alquiler durante los primeros tres años y las unidades de vivienda auxiliares.

Si bien la enmienda no cambia la tasa impositiva, asegura que el dinero no se utilizará para fines gubernamentales generales.

Al menos 30 por ciento de los fondos deben utilizarse para la asistencia de alquiler para inquilinos, mientras que no más del 20 por ciento de los fondos puede utilizarse para gastos de personal y generales para administrar el impuesto.

Los ingresos restantes pueden utilizarse, a discreción de la ciudad, para apoyar la propiedad de viviendas asequibles, preservar la vivienda asequible, proporcionar asistencia de alquiler para inquilinos o proteger a los residentes del desplazamiento o la falta de vivienda.

A su vez, se ha agregado una nueva subsección, 5.08.125.H., para garantizar que el consejo revise periódicamente la política de vivienda, los programas de vivienda y las cuestiones relacionadas para determinar cómo y en qué medida la ciudad debe financiar dichos programas.

La pregunta que expresa que viene en la boleta electoral es:

Para financiar la asistencia para el alquiler de inquilinos y otros fines de vivienda específicos, como la propiedad de vivienda asequible, la preservación de vivienda asequible, la protección de los residentes contra el desplazamiento o la falta de vivienda y los gastos administrativos, ¿debería adoptarse la medida de iniciativa que exige fondos recaudados mediante el impuesto existente del 2,5 % sobre los ingresos brutos (que no se puede trasladar a los inquilinos) al alquilar ciertos tipos de unidades de alquiler, hasta que sea derogado por los votantes, que recauda aproximadamente $1,45 millones al año?

Votar “Sí” significaría que los fondos del Ayuntamiento generados por el impuesto sólo podrían utilizarse para los siguientes fines: ayuda al alquiler de los inquilinos, otros fines de vivienda que especifique el Ayuntamiento y gastos de administración del impuesto, sujetos a las limitaciones de gasto de la medida. 

Mientras que votar “No” significaría que los fondos generados por el impuesto pueden ser utilizados por el Ayuntamiento para cualquier fin que se considere necesario y apropiado en beneficio de los residentes de la ciudad.

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Residentes de Redwood City decidirán si avanza o no una nueva medida fiscal sobre licencias comerciales (Medida BB), la cual busca ajustar las tasas impositivas en función de la categoría de la empresa, donde la tasa más alta corresponda a las industrias y empresas más grandes.

Ello significa que las grandes empresas pagan una cantidad proporcional más alta de impuestos comerciales, mientras que las pequeñas empresas minoristas y comerciales tendrían una tasa impositiva por empleado más baja.

La medida que está en la boleta electoral para este 5 de noviembre, propone así, modernizar la estructura impositiva actual de las licencias comerciales de la Ciudad, con impuestos que podrían ir desde los 10 hasta los 250 dólares de tarifa por empleado, proporcionando aproximadamente 7 millones de dólares anualmente.

Los siete millones de dólares estimados que se generarían anualmente se destinarían al Fondo General de la ciudad, que se puede utilizar para reparaciones de calles, servicios de policía y bomberos y otros servicios de la ciudad.

Y es que, actualmente, las pequeñas empresas locales pagan un impuesto proporcionalmente más alto en comparación con las grandes empresas. 

Si se aprueba la Medida BB, las pequeñas empresas minoristas y comerciales tendrían una tasa impositiva por empleado más baja, y todos los proveedores de cuidado infantil estarían exentos del impuesto de licencia comercial.  

Además, esta Medida BB proporcionaría fondos controlados localmente de las empresas más grandes de la ciudad para brindar servicios locales. 

En una encuesta comunitaria de 2024 y esfuerzos de divulgación posteriores, los residentes identificaron como prioridades comunitarias: mantener los tiempos de respuesta de emergencia del 911, las patrullas policiales del vecindario, la prevención del delito y los bomberos, paramédicos y oficiales de policía de servicio; arreglar baches y reparar calles y aceras; mantener los desagües pluviales para prevenir inundaciones y contaminación del agua; y mantener parques, espacios abiertos y campos deportivos, para lo cual serviría la Medida BB.

Cabe señalar que la ciudad sería fiscalmente responsable, pues todos los fondos de Redwood City están sujetos a requisitos de rendición de cuentas financieras, que incluyen auditorías financieras independientes e informes anuales a la comunidad sobre los gastos de la ciudad. 

Con respecto a la Medida BB específicamente, todos los fondos de la Medida BB deben gastarse para los residentes de Redwood City y Sacramento no puede tomarlos.

La pregunta que aparece en la boleta electoral es la siguiente: 

Los votantes de Redwood City en los distritos 1, 3, 4 y 7 del Ayuntamiento también tendrán la oportunidad de elegir a un miembro del Ayuntamiento. 

Los votantes de Redwood City que viven en el Distrito Escolar Belmont-Redwood Shores, además, también votarán sobre la Medida P del Distrito. En tanto que los votantes de los distritos escolares de Redwood City en las áreas 1 y 4 pueden elegir a los miembros de la Junta Directiva.

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