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La Junta de Supervisores votó este martes 5-0 para otorgar un contrato de casi 11.5 millones de dólares para nivelación y otros trabajos de preparación del terreno en el sitio de Half Moon Bay donde se planean docenas de casas prefabricadas para trabajadores agrícolas de bajos ingresos y sus familias.

El acuerdo con Interstate Grading & Paving, Inc permitiría que los trabajos en el Proyecto de Vivienda para Trabajadores Agrícolas Stone Pine Cove comiencen esta misma semana.

El proyecto propuesto se ubicará en cinco acres en 880 Stone Pine Road, aproximadamente a una milla del centro de Half Moon Bay, justo al sur de la autopista 1.

“Por lo general, las jurisdicciones celebran, realizando ceremonias de inauguración con palas especiales y numerosos funcionarios para conmemorar el comienzo del trabajo en el sitio. Y quizás algún día celebremos un evento así. Pero no hoy. No esta semana. En este momento respondemos a las oraciones de quienes esperan un lugar seguro y saludable para vivir con la urgencia de esta acción de la Junta”, señaló el supervisor del Distrito Tres, Ray Mueller.

La acción sigue a la votación de la Junta del 7 de mayo para asignar 5 millones 999 mil 360 dólares para comprar e instalar 47 casas prefabricadas de Bigfoot Homes, con sede en Santa Cruz, para trabajadores agrícolas y sus familias, incluidos 19 hogares desplazados por un tiroteo masivo el 23 de enero de 2023 en dos granjas. 

Con 5 millones de dólares en asistencia del Programa de Subsidios de Vivienda para Trabajadores Agrícolas Joe Serna Jr. de California, se reservarán al menos 28 unidades para hogares de trabajadores agrícolas que deseen ser propietarios de una vivienda.

La propiedad de Stone Pine Cove es propiedad de la ciudad y el proyecto es una colaboración entre el condado de San Mateo y la ciudad de Half Moon Bay, quienes han reconocido desde hace mucho tiempo la necesidad urgente de crear viviendas más seguras y asequibles para los trabajadores agrícolas y sus familias.

“Este proyecto ayudará a abordar las necesidades fundamentales de vivienda de algunos de nuestros residentes más vulnerables”, destacó Joaquín Jiménez, alcalde de Half Moon Bay. 

“A través de esta asociación con el Condado nos sentimos satisfechos de poder seguir adelante. Nuestra esperanza e intención es continuar buscando otros proyectos y socios que puedan brindar viviendas asequibles adicionales a los necesitados en la comunidad de Half Moon Bay”, agregó.

El trabajo inicial en el sitio incluye nivelación, pavimentación de caminos y accesos, adición de infraestructura para servicios públicos y creación de plataformas de construcción sobre las cuales se ubicarán las unidades de viviendas prefabricadas. 

La ciudad ha proporcionado actualizaciones y solicitado comentarios a través de reuniones de extensión comunitaria y continuará compartiendo información a medida que ingresen a la siguiente fase del proyecto.

Está previsto provisionalmente que Stone Pine Cove esté listo para su ocupación en marzo de 2025.

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Por Ruth Dusseault. Bay City News.

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La Junta de Supervisores del Condado de San Mateo aprobó el martes más de 1 millón de dólares en paquetes de financiación del fondo de la Medida K del condado.

La Medida K es un impuesto a las ventas de medio centavo aprobado por los votantes en 2016 que proporciona fondos locales para las necesidades locales.

Planned Parenthood Mar Monte recibirá casi 400 mil dólares para garantizar el acceso a la atención de salud reproductiva local. La iniciativa del PP, aprobada por 5-0, comprará un nuevo sistema de inventario y pagará la formación del personal.

La organización, que atiende a unos 13 mil residentes al año, opera tres clínicas en el condado de San Mateo que brindan atención integral de salud sexual y reproductiva, atención de afirmación de género, salud conductual y servicios de medicina familiar.

Los supervisores también asignaron 190 mil dólares a Sonrisas Dental Health, un centro dental sin fines de lucro que atiende a residentes de bajos ingresos. 

Los fondos se destinarán a la compra de una camioneta con suministros, equipos y un sillón dental que permitirá a Sonrisas llevar atención dental directamente a los pacientes. 

Sonrisas también opera una clínica temporal semanal para trabajadores agrícolas en La Honda en asociación con Puente de la Costa Sur, una organización que promueve el acceso equitativo a la educación, la salud y la seguridad económica para los residentes de las comunidades de la costa sur del condado de San Mateo.

Los supervisores también aprobaron una contribución de 350 mil dólares al programa Baby Bonus, administrado a través de First 5 del condado de San Mateo. El programa piloto de ingresos garantizados realizará pagos incondicionales de 300 dólares al mes durante tres años a 400 padres elegibles que actualmente reciben beneficios de Medi-Cal. El proyecto tiene como objetivo medir el impacto de una mayor seguridad financiera en la salud y el bienestar de los recién nacidos y las madres.

Los Servicios del Ombudsman recibirán una subvención de 100 mil dólares que proporciona monitoreo in situ, investigación de quejas y servicios de resolución para personas mayores en los centros de atención a largo plazo y de enfermería especializada del condado. Los fondos se destinarán a la capacitación y colocación de defensores del pueblo, personal y voluntarios sobre el terreno.

Por último, en respuesta al riesgo costero de San Mateo por incendios forestales, tormentas y aumento del nivel del mar, los supervisores asignaron 150 mil dólares para apoyar el Plan Estratégico de Infraestructura Costera Resiliente. 

El objetivo del plan es analizar y evaluar la infraestructura costera (carreteras, rutas de evacuación, suministros de energía, servicios de agua y más) e identificar áreas que deben ser objeto de mejora. También contratarán a un redactor de subvenciones para buscar los medios para realizar cambios en la infraestructura a través de fuentes federales, estatales y de otro tipo.

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Por Ryan Sabalow. Bay City News.

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¿Debería la ley exigir a los médicos que notifiquen a la policía inmediatamente si sospechan que un paciente es víctima de violencia doméstica?

Esa pregunta dividió a tres médicos que ocupaban escaños en la Asamblea de California cuando se sometió a votación esta semana.

Según la ley actual, los proveedores de atención médica enfrentan cargos por delitos menores si no denuncian sospechas de abuso a la policía, incluso si los pacientes no quieren que la policía se involucre.

En los últimos años, algunos defensores de los sobrevivientes de violencia doméstica dicen que los requisitos obligatorios de presentación de informes han impedido que las víctimas busquen tratamiento. 

Los defensores dicen que las víctimas temen que, si llaman a la policía, las acusarán, les quitarán a sus hijos o, en el caso de inmigrantes indocumentados, sus familias correrán el riesgo de ser deportadas.

“Hemos visto las formas en que los requisitos médicos obligatorios de presentación de informes para todas las lesiones violentas han impedido a los sobrevivientes buscar la atención médica necesaria en primer lugar, han hecho que los sobrevivientes sientan que nunca podrían volver a recibir atención médica después de enterarse de los requisitos, o han hecho sienten que no pueden compartir el motivo o el alcance de ciertas lesiones o problemas de salud con su proveedor”, dijo el mes pasado la autora del proyecto de ley, la asambleísta demócrata Tina McKinnor de Inglewood, al Comité de Seguridad Pública de la Asamblea.

El proyecto de ley de McKinnor requeriría que los médicos y otros proveedores de atención médica denuncien a la policía sólo los actos de violencia que requieran tratamiento para salvar la vida del paciente. 

En otros casos sospechosos de abuso, si el paciente no quiere denunciar el delito, el proveedor de atención médica deberá derivarlo a servicios de defensa de víctimas. El proyecto de ley todavía requiere que los médicos informen sobre sospechas de abuso de niños y ancianos.

McKinnor presentó un proyecto de ley similar el año pasado. Murió en el Senado estatal tras pasar por la Asamblea. El lunes, el proyecto de ley de este año apenas logró aprobarse en el pleno de la Asamblea. Un proyecto de ley necesita 41 votos para ser aprobado en el pleno. Éste tenía 42.

El asambleísta demócrata Joaquín Arámbula, ex médico de urgencias de Fresno, fue uno de los 42 legisladores, todos demócratas, que votaron a favor del proyecto de ley.

Le dijo a CalMatters el jueves que votó a favor del último proyecto de ley porque requeriría que los médicos informen sobre lesiones potencialmente mortales. El proyecto de ley anterior, por el que no votó, no incluía ese requisito.

“No quería perder eso, ya que deberíamos centrarnos en aquellos que corren mayor riesgo para la vida”, dijo. “Y creo que este es un enfoque bueno y mesurado”.

El otro médico de la Asamblea que votó a favor del proyecto de ley fue el asambleísta Akilah Weber de La Mesa, obstetra y ginecólogo. Ella no respondió a las solicitudes de entrevista de CalMatters.

La asambleísta Jasmeet Bains, médica de familia de Bakersfield, estuvo entre los tres asambleístas demócratas que votaron “no”, junto con 12 republicanos.

Ella le dijo a CalMatters el jueves que cree que sus compañeros médicos regularmente impiden que continúe el abuso cuando presentan informes policiales. Le preocupa que las familias sufran si los médicos ya no están obligados a informar.

“Me preocupan las estructuras familiares”, dijo. “Me preocupa el entorno en el que crecen los niños si los perpetradores no rinden cuentas, porque a veces es esa pieza la que rompe el círculo de violencia en los hogares”.

Veintitrés miembros bipartidistas de la Asamblea no votaron sobre el proyecto de ley de McKinnor. No votar cuenta lo mismo que votar “no”.

Como informó CalMatters, los legisladores regularmente se niegan a votar para evitar declararse en contra de un proyecto de ley controvertido.

El proyecto de ley pasa ahora al Senado. El proyecto de ley del año pasado murió después de ser aprobado por el Comité de Seguridad Pública del Senado.

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Comunidades excluidas en el censo nacional serán representadas e incluidas; por primera vez desde 1997 la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) amplió sus normas sobre raza y etnia, con lo que se busca visibilizar y representar a todas las personas en la recopilación de datos federales.

Durante una sesión informativa realizada por Ethnic Media Services, expertos hablaron sobre cómo se han incluido nuevas normas en materia de raza y etnia, para que la OMB garantice claridad en la recopilación de datos y garantizar que las necesidades sean escuchadas y las comunidades representadas. 

Juan Rosa, director nacional de Compromiso Cívico del Fondo Educativo (NALEO), comentó que estos cambios en la recolección de datos puede beneficiar a las comunidades en un formato a largo plazo, al tiempo que considera que las generaciones han cambiado y tienen más capacidad de reconocer su identidad, sentirse orgullosos de su origen y en busca de una forma de identificarse realmente como son y de dónde vienen.

Un 35 por ciento de los latinos marcaron en el censo del 2020 que eran de otra raza, al no encontrarse identificados, mientras que 8 por ciento no respondieron; se estima que 27 millones de 63 millones que se contaron en el censo no se veían reflejados en las preguntas referentes a la raza, por lo que se generó una necesidad de cambios, dijo.

Tina J. Kauh, oficial superior de Programas de la Unidad de Investigación, Evaluación y Aprendizaje de la Fundación Robert Wood Johnson, explicó que esta organización trabaja con las comunidades, médicos e instituciones para crear un futuro donde la medicina esté al alcance de todos. 

Comentó que el racismo sistémico sigue presente, no solo para la comunidad de asiáticos americanos, sino también para otras comunidades de minorías, por lo que conseguir recursos suficientes para diversos estudios o programas es realmente complicado, y sin datos duros se vuelve casi imposible. 

En ese sentido, refirió que, actualmente se está apoyando a la recolección de datos que llega a sumar mucho a las comunidades, lo que les permitirá conocer sus carencias y necesidades, generando la obtención de información relevante para implementar nuevos y mejores programas de apoyo.

Gail C. Christopher, directora ejecutiva de la National Collaborative for Health Equity y directora de la Comisión Nacional para la Transformación de los Sistemas de Datos de Salud Pública de la Fundación Robert Wood Johnson, explicó que se debe ampliar el sistema de datos para poder incluir a las comunidades más vulnerables dentro de California.

Christopher destacó que es muy importante abordar el racismo estructural que limita a las comunidades de color, y que actualmente se cuenta con diferentes categorías para que la gente se identifique y se sienta realmente escuchada, mostrando que no son invisibles.

“Aún hay que transformar el sistema de datos para que las comunidades, las agencias de salud y las asociaciones logren entender que hacer esto es con la mejor intención, ya que existen distintas narrativas, sin embargo, se busca que los recursos y los resultados ayuden a prosperar a esas comunidades que no se sienten representadas”, subrayó.

“El reto al que nos enfrentamos es que la falta de datos cabe en el marco de discriminación y estereotipos raciales que han sido parte de nuestra nación y ahora mismo estamos en ese momento de aceptar nuestra historia para crear fuerzas, reconciliación y procesos de sanar”, agregó Gail C. Christopher.

Meeta Anand, directora senior de programas del censo y equidad de datos en The Leadership Conference Education Fund, explicó que cuando se ponen los puntos en las cifras, no se están contando las historias de equidad racial y en realidad solo se muestra una parte.

Y es que, aseguró, cuando se habla de recolectar datos, solo se busca tener una mejor versión de las personas a las que se quiere representar, pues los datos jamás podrán encasillar a una persona, ya que existen muchos orígenes y culturas, pero tener más opciones en una encuesta les permite mostrarse cómo son o lo más cercano a lo que son, y eso es lo que se busca.

Con este nuevo formato las personas se pueden identificar y pueden contar su historia a través de las encuestas. Para lograr esto, se contará con un tiempo suficiente para poder codificar los datos recopilados. Las organizaciones estarán al pendiente del proceso para lograr tener los resultados más apegados a la realidad. 

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