El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el lanzamiento de DROP, la primera herramienta gubernamental en Estados Unidos que permite a los residentes bloquear la venta de su información personal por parte de corredores de datos mediante una sola solicitud en línea.
“Hace poco más de dos años, firmé una ley pionera a nivel nacional para dar a los californianos mayor control sobre sus datos y la capacidad de informar a los intermediarios de datos que su información no está a la venta. Sus datos deberían pertenecerle, y DROP lo hará realidad en un solo paso”, afirmó Newsom.
La plataforma —cuyo nombre completo es Data Removal and Opt-Out Platform— fue desarrollada a partir de la Ley de Eliminación (SB 362), firmada en 2023, y permite que, a partir del 1 de enero, los californianos envíen una sola solicitud de eliminación que se replica automáticamente entre los corredores de datos registrados en el estado.
Los intermediarios de datos, que operan de forma discreta recopilando, combinando y vendiendo información personal sin consentimiento explícito, deberán comenzar a procesar estas solicitudes a partir del 1 de agosto de 2026, conforme a la ley.
“DROP es un punto de inflexión para la privacidad del consumidor”, afirmó Tom Kemp, director ejecutivo de la Agencia de Protección de la Privacidad de California. “Es la primera plataforma de su tipo y facilita el ejercicio de los derechos de privacidad de millones de californianos. Ofrece a las personas una forma sencilla de controlar su información personal”.
Hasta el momento, más de 155 mil californianos ya han utilizado la herramienta para limitar el uso y la comercialización de sus datos, de acuerdo con la Oficina del Gobernador.
Para el senador estatal Josh Becker, autor de la legislación, la implementación de DROP confirma el liderazgo del estado en materia de privacidad.
“Con la implementación de DROP, California vuelve a establecer el estándar nacional de privacidad del consumidor”, declaró. “Redacté este proyecto de ley para que las personas tengan un control real sobre su información personal y protegerlas de estafas, robo de identidad y correos electrónicos no deseados”.
La plataforma fue desarrollada por CalPrivacy en colaboración con el Departamento de Tecnología de California, responsable de la infraestructura digital del sistema.
“La privacidad solo funciona si las personas pueden confiar en la tecnología que la respalda”, señaló Liana Bailey-Crimmins, directora de información del estado.
“Nuestra promesa fue ofrecer una plataforma segura y fácil de usar para que todos los californianos decidan si los intermediarios de datos pueden usar o vender su información personal, y eso es precisamente lo que hace DROP”, agregó.
Con esta herramienta, California se convierte en el primer gobierno del mundo en ofrecer un sistema centralizado de exclusión de venta de datos personales.
En medio de las reiteradas acusaciones sin sustento del presidente Donald Trump sobre un supuesto “fraude masivo” en estados gobernados por demócratas, el gobernador de California, Gavin Newsom, endureció su ofensiva política y legal al actualizar el rastreador público Trump Criminals, que documenta a personas condenadas por fraude, corrupción y otros delitos financieros que han recibido indultos o conmutaciones presidenciales.
“Donald Trump es la personificación del fraude. Su hipocresía no tiene límites: indulta a personas condenadas por fraude, corrupción y abuso de la confianza pública, mientras que, a la inversa, usa el ‘fraude’ como trampolín para perseguir a sus rivales políticos”, afirmó Newsom.
El portal actualizado —Gov.ca.gov/TrumpCriminals— expone un patrón de clemencia presidencial otorgada a estafadores convictos, criminales de financiamiento de campañas y operadores políticos corruptos, incluso mientras la administración Trump justifica represalias contra California bajo el argumento genérico de combatir el fraude.
“El estado de derecho no es un arma política, es una promesa, y no permitiremos que se tergiverse para ajustar cuentas”, sostuvo el gobernador.
Newsom también lanzó un desafío público a figuras conservadoras con amplia presencia digital: “La tolerancia hacia el fraude está tan arraigada en el gobierno de Trump que estamos llamando a algunos de los mejores investigadores autoproclamados independientes… para que investiguen el fraude masivo que parece haber sido barrido bajo la alfombra por el presidente”.
La actualización del rastreador se produce semanas después de que California demandara a la administración Trump por congelar ilegalmente más de 10 mil millones de dólares en fondos federales destinados a programas de cuidado infantil y asistencia familiar, mientras que un juez federal ordenó una pausa de emergencia en menos de 24 horas.
De acuerdo con el gobierno estatal, la justificación federal fue una supuesta preocupación nacional por el fraude, aunque los recortes se aplicaron únicamente a estados gobernados por demócratas y sin señalar acusaciones concretas contra California.
“Esto demuestra, una vez más, que a la administración Trump no le importa realmente combatir el fraude, solo castigar a sus supuestos enemigos”, señaló el gobernador en un comunicado.
El rastreador documenta decenas de casos de indultos otorgados a personas condenadas por fraude bancario, evasión fiscal, lavado de dinero, corrupción pública, fraude sanitario y conspiración para defraudar a Estados Unidos, así como a participantes del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Mientras tanto, datos recientes citados por la administración Newsom muestran que los delitos violentos continúan disminuyendo en California, con reducciones significativas en homicidios, robos y agresiones agravadas, contrastando con aumentos registrados en otras ciudades del país.
Con la actualización del rastreador, Newsom busca exponer lo que considera una contradicción central del discurso de Trump: denunciar el fraude como arma política mientras concede clemencia a quienes fueron condenados precisamente por cometerlo.
Los senadores demócratas estadounidenses Alex Padilla y Adam Schiff realizaron el martes una visita de supervisión al centro de detención de inmigrantes más nuevo y más grande del estado, ubicado en California City, a unas 100 millas al norte de Los Ángeles.
En declaraciones a los periodistas, ambos destacaron lo que describieron como atención médica inadecuada en el lugar.
“El comentario más frecuente que recibimos fue sobre la insuficiencia de la atención médica que reciben”, dijo Schiff. Describió haber conocido a una detenida diabética que, según él, no ha recibido tratamiento para su condición en dos meses. “Es aterrador”, señaló.
Más de mil 400 personas se encuentran actualmente recluidas en el Centro de Detención de la Ciudad de California, administrado por la empresa penitenciaria privada con fines de lucro CoreCivic, en pleno desierto de Mojave. Este centro abrió sus puertas a finales de agosto gracias a un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) con capacidad para albergar a 2 mil 560 detenidos.
Anteriormente, CoreCivic operaba el sitio como prisión estatal. La administración Newsom rescindió el contrato en 2024, tras el cierre de varias prisiones estatales debido a la disminución de la población carcelaria en California.
“Tendrán que hacer algo muy diferente si quieren satisfacer las necesidades médicas de la gente de aquí, y mucho menos añadir otras mil personas”, dijo Padilla.
Schiff dijo que habló con personas que describieron agua con mal olor y con un detenido que describió un sándwich mohoso. Tanto Padilla como Schiff enfatizaron que las personas se encontraban recluidas en condiciones similares a las de una prisión, a pesar de que muchas no habían cometido ningún delito y solo habían cometido delitos civiles de inmigración.
“Esto no es una prisión, a pesar del entorno, así que nos preocupamos igualmente por la atención de la salud mental”, dijo Padilla. “Se pueden imaginar la experiencia de estar detenido, ser amenazado con la deportación y el impacto que puede ser traumático tanto para uno mismo como para la familia extendida. Descubrimos que aquí también hay deficiencias en la atención de la salud mental”.
Schiff detalló que muchas de las personas con las que habló en el interior fueron arrestadas en sus citas de inmigración. “Así que estaban haciendo lo que debían para obtener la ciudadanía o establecer una presencia legal, y en esas citas fueron detenidos y separados de sus familias”, dijo.
También describió haber conocido a un hombre de Afganistán que dijo que había ayudado al ejército estadounidense allí y que sería asesinado por los talibanes si regresaba a su país.
“Quieren deportarlo a Afganistán. Le ofrecieron alternativas como Sudán y otros lugares donde no tiene vínculos. Estas son las historias que escuchábamos”, subrayó Schiff.
Antes de ingresar a las instalaciones, Schiff y Padilla dijeron que estaban realizando la inspección para “responder a las quejas y preguntas de los electores sobre las condiciones en las que se encuentran los detenidos” y para “ver de primera mano cómo es esta instalación”.
“En este aniversario del segundo gobierno de Trump, un año después, hay un par de cosas que ya sabemos que definen su mandato: la crueldad y la agresividad excesiva de la agenda de deportación masiva”, detalló Padilla.
“Esta es una parte necesaria de nuestra supervisión”, dijo Schiff. “Todos hemos estado trabajando con electores que han estado o están detenidos aquí y han descrito el deterioro de las condiciones”.
Los demócratas quieren visitar los centros de ICE
Por ley, los miembros del Congreso tienen derecho a realizar inspecciones sin previo aviso a los centros de detención migratoria. Sin embargo, el portavoz de Padilla afirmó que los senadores programaron la visita con antelación.
En julio, los demócratas de la Cámara de Representantes demandaron a la administración por una política que exigía un aviso de siete días para las visitas, argumentando que violaba la ley federal. En diciembre de 2025, la jueza federal Jia Cobb en Washington, D. C., bloqueó temporalmente la política de aviso de siete días mientras el caso se resuelve en los tribunales.
Tras un tiroteo mortal en el que estuvo involucrado un agente de inmigración en Minneapolis, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, emitió un nuevo memorando el 8 de enero, reinstaurando el requisito de preaviso de siete días. El 19 de enero, Cobb no bloqueó de inmediato esta nueva política, ya reinstaurada, concluyendo que la directiva del 8 de enero constituía una “nueva medida de la agencia” que requería una impugnación legal diferente a la previamente decidida.
Cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo hace un año, aproximadamente 40 mil personas se encontraban en centros de detención migratoria en todo el país. A principios de diciembre, esa cifra había aumentado casi un 75 por ciento, con casi 66 mil personas detenidas en centros de detención migratoria en todo Estados Unidos, y el sistema, según se informa, tenía capacidad para albergar a 70 mil personas en un día cualquiera, el nivel más alto en la historia de Estados Unidos, según datos del gobierno.
La supervisión de California
El mes pasado, la Fiscalía General de California advirtió sobre las “condiciones peligrosas” en las instalaciones de California City. En una carta del 19 de diciembre dirigida a Noem, el abogado Michael Newman escribió que el Departamento de Justicia de California “tiene serias preocupaciones sobre las condiciones en las instalaciones y la falta de atención médica adecuada”, tras inspeccionarlas.
El Fiscal General Rob Bonta dijo que la instalación “había abierto prematuramente y no estaba preparada para manejar las necesidades de la población entrante”.
Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic, declaró previamente a Calmatters que el centro cuenta con una sólida atención médica y de salud mental, incluyendo acceso a estos servicios las 24 horas. Añadió que estos servicios cumplen con los estándares establecidos por nuestros socios gubernamentales.
“No hay demoras para que las personas reciban sus medicamentos recetados”, dijo Gustin.
En noviembre, los detenidos en la instalación presentaron una demanda, alegando que la instalación está contaminada por fugas de aguas residuales e infestaciones de insectos, y que los detenidos no pueden obtener atención médica adecuada para afecciones que amenazan su vida.
A un año del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, San Francisco ha logrado preservar miles de millones de dólares en financiamiento federal en medio de un escenario que autoridades locales califican como “oscuro y aterrador” para el país.
Foto: Manuel Ortiz P360P
Durante los últimos doce meses, la Fiscalía de la Ciudad, encabezada por el fiscal municipal David Chiu, ha presentado 14 demandas contra la Administración Federal, además de participar como amicus curiae en 20 litigios adicionales y registrar 19 comentarios formales en procesos de elaboración de normas federales.
“El último año ha sido un momento oscuro y aterrador para muchos estadounidenses, pero San Francisco mantiene su compromiso con sus valores y defenderá el estado de derecho en los tribunales”, afirmó Chiu al tiempo que destacó que las acciones legales han permitido preservar miles de millones de dólares destinados a programas clave para la ciudad.
Entre los frentes legales se encuentran la defensa de la ciudadanía por nacimiento, las políticas de ciudades santuario, la protección de datos de salud pública, así como el bloqueo de condiciones ilegales impuestas a subvenciones federales en áreas como vivienda, seguridad pública, preparación ante emergencias y programas sociales.
Uno de los litigios centrales impugnó órdenes ejecutivas que buscaban retirar fondos federales a jurisdicciones que no colaboraran con la aplicación de la ley migratoria civil.
San Francisco, que recibe cerca de 3 mil 700 millones de dólares anuales en recursos federales, encabezó una coalición de 50 gobiernos locales que obtuvo órdenes judiciales para frenar esas medidas.
La Fiscalía también logró la restauración de bases de datos y sitios web de salud pública eliminados por la Administración Federal, recursos de los que dependen profesionales médicos y autoridades sanitarias para proteger a la población.
En otros casos, los tribunales emitieron medidas cautelares para impedir la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión, así como la imposición de requisitos ideológicos a fondos federales de vivienda, transporte y salud, que en conjunto representan más de 2 mil 700 millones de dólares para la ciudad.
Además de litigar, San Francisco ha colaborado con 96 estados y jurisdicciones locales para enfrentar lo que considera acciones ilegales del gobierno federal, incluidas amenazas a comunidades inmigrantes, personas LGBTQ+, programas de asistencia social y proyectos de energía limpia.
“Mi oficina no cejará y seguirá acudiendo a los tribunales para proteger a San Francisco”, sostuvo Chiu, al subrayar que, frente a un gobierno federal marcado por la confrontación, la ciudad ha optado por la vía legal para defender sus políticas, su financiamiento y a sus residentes.
En un país que atraviesa un periodo de fuerte polarización y desgaste institucional, San Francisco se ha posicionado como uno de los principales contrapesos legales frente a la administración Trump, apostando por los tribunales como última línea de defensa del estado de derecho.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, lanzó en el Foro Económico Mundial una de las advertencias más severas pronunciadas por un jefe de gobierno occidental en los últimos años: el orden internacional basado en normas “ya no funciona” y el mundo ha entrado en una etapa de poder sin frenos, coerción económica y rivalidad abierta entre grandes potencias.
Carney declara roto el orden mundial y advierte: las potencias medias deben dejar de fingir o serán subordinadas
“Permítanme ser directo: estamos en medio de una ruptura, no de una transición”, afirmó Carney, al señalar que la geopolítica actual ha abandonado incluso la pretensión de reglas compartidas. “Los fuertes hacen lo que pueden, y los débiles sufren lo que deben”.
El mandatario canadiense sostuvo que durante décadas países como Canadá aceptaron una “ficción útil” al beneficio de un sistema que sabían imperfecto. “Sabíamos que la historia del orden internacional basada en normas era parcialmente falsa”, reconoció. Aun así, dijo, participó en sus rituales y se evitó confrontar la distancia entre la retórica y la realidad.
Ese pacto, subrayó, “ya no funciona”.
Carney denunció que la integración económica dejó de ser un motor de beneficio mutuo para convertirse en un instrumento de dominación.
“Aranceles como palanca. Infraestructura financiera como coerción. Cadenas de suministro como vulnerabilidades a explotar”, enumeró. En ese contexto, advirtió, “no se puede vivir dentro de la mentira del beneficio mutuo cuando la integración se convierte en la fuente de tu subordinación”.
El primer ministro alertó que las instituciones multilaterales —la OMC, la ONU y las COP— están “muy debilitadas”, dejando a las potencias medias sin los mecanismos que antes amortiguaban el abuso de poder. Cuando las normas ya no protegen, dijo, “debes protegerte tú”.
Sin embargo, Carney rechazó la idea de un repliegue global hacia un mundo de fortalezas.
“Un mundo de fortalezas será más pobre, más frágil y menos sostenible”, advirtió, al señalar que la soberanía basada únicamente en la resistencia a la presión tiene costos elevados.
Frente a ese escenario, planteó que las potencias medias deben actuar de forma coordinada o aceptar la subordinación.
“Si no estás en la mesa, estás en el menú”, sentenció. Negociar de manera aislada con un hegemón, añadió, “no es soberanía”, sino “la representación de la soberanía mientras se acepta la subordinación”.
Carney afirmó que Canadá ha abandonado la comodidad estratégica que durante décadas le otorgaron su geografía y sus alianzas.
“Ya no dependemos solo de la fuerza de nuestros valores, sino también del valor de nuestra fuerza”, dijo, al detallar recortes fiscales, eliminación de barreras internas al comercio, inversiones masivas en energía, inteligencia artificial y minerales críticos, así como el compromiso de duplicar el gasto en defensa para 2030.
Definió esta nueva postura como un “realismo basado en valores”: compromiso con la soberanía, la integridad territorial y los derechos humanos, combinado con una lectura cruda del mundo.
“Afrontamos activamente el mundo tal como es, no esperamos al mundo tal como quisiéramos que fuera”, sentenció.
En política exterior, destacó la diversificación acelerada de alianzas, nuevas asociaciones estratégicas con la Unión Europea, China y Catar, negociaciones comerciales en Asia y América Latina, y un papel activo en Ucrania, el Ártico y la OTAN. Todo ello, dijo, bajo una lógica de “geometría variable”: coaliciones distintas para problemas distintos.
El primer ministro cerró su discurso con un llamado explícito a abandonar la simulación.
“Vivir en la verdad significa nombrar la realidad”, afirmó. Dejar de invocar un orden que ya no existe, aplicar los mismos estándares a aliados y rivales, y construir economías menos vulnerables a la coerción.
“El viejo orden no va a volver. No deberíamos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia”, concluyó. “A partir de la fractura, podemos construir algo mejor, más fuerte y más justo”.
El alcalde Daniel Lurie anunció el regreso de la Semana de la Música de San Francisco, una celebración que se llevará a cabo del 23 de febrero al 1 de marzo, con eventos gratuitos abiertos al público para destacar a los artistas locales y a la industria musical como piezas clave en la recuperación económica de la ciudad.
La iniciativa busca fortalecer el ecosistema artístico y cultural de San Francisco y reafirmar su posición como una de las grandes ciudades musicales del mundo.
Así, la Semana de la Música se suma a acciones previas impulsadas por la alcaldía, como el lanzamiento de SF LIVE, conciertos gratuitos en el centro y programas de financiamiento para artistas y organizaciones culturales.
“San Francisco es una ciudad musical. Desde el Verano de la Música en el Parque Golden Gate y los conciertos gratuitos en el Centro Cívico y Union Square hasta los eventos que estamos organizando en torno al Super Bowl LX, celebramos a los artistas y espacios que definen nuestra cultura”, afirmó el alcalde Daniel Lurie, al tiempo que agregó que la Semana de la Música reunirá a músicos, salas y líderes de la industria para apoyar al sector y fortalecer la recuperación de la ciudad.
Organizada en colaboración con SF LIVE, Noise Pop y la Oficina de Desarrollo Económico y Laboral de San Francisco (OEWD), la Semana de la Música de SF 2026 tiene como objetivo visibilizar a la comunidad musical local, convocar a líderes del sector para analizar estrategias de sostenibilidad y conectar a profesionales con recursos y oportunidades de desarrollo.
“Las artes siempre han sido fundamentales para nuestra vitalidad económica y están inextricablemente vinculadas a nuestra evolución como un centro de innovación global”, señaló Anne Taupier, directora ejecutiva de OEWD, al destacar el papel de la música en la identidad cultural de la ciudad y su impacto a nivel internacional.
Jordan Kurland, socio de Noise Pop Industries, subrayó que la Semana de la Música refleja el potencial de la colaboración entre la ciudad y su comunidad creativa.
“Estamos ayudando a crear vías reales para que los artistas, los lugares y los profesionales de la industria se conecten, crezcan y contribuyan a la recuperación cultural y económica de San Francisco”, dijo.
La programación incluye la Cumbre de la Industria, el viernes 27 de febrero, con paneles y conversaciones sobre el estado de la industria musical en el Área de la Bahía, así como el Día del Desarrollo del Artista, el sábado 28 de febrero, enfocado en brindar herramientas prácticas a músicos independientes.
“La creatividad es una de las mayores fortalezas de nuestra ciudad, y SF Music Week ayuda a elevar las diversas voces de nuestras comunidades para que se escuchen”, afirmó Jack Kertzman, gerente de estudio de Hyde Street Studios, al destacar que apoyar la música también implica respaldar empleos, familias y vecindarios.
Durante la Semana de la Música, más de 25 organizaciones asociadas organizarán talleres, clases, visitas guiadas y experiencias musicales en distintos puntos de la ciudad. Las actividades se desarrollarán de forma paralela al Festival Noise Pop 2026, que con más de tres décadas de trayectoria se mantiene como uno de los principales referentes de la música y el arte independiente en el Área de la Bahía.
A un año de haber regresado a la Casa Blanca, el segundo mandato de Donald Trump ha estado marcado por la confrontación, la volatilidad económica y una política de fuerza que ha tensado tanto a Estados Unidos como al escenario internacional.
“Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz”, dijo al primer ministro de Noruega tras no recibir el Premio Nobel. La frase terminó por condensar el tono de un gobierno que, más que reconciliar, ha profundizado divisiones.
Trump asumió nuevamente la presidencia en 2025 en una ceremonia dentro del Capitolio, cuatro años después de su derrota electoral. En apenas doce meses, su administración emitió 221 órdenes ejecutivas —la mayoría controvertidas—, desplegó operaciones militares dentro y fuera del país y adoptó medidas unilaterales que han erosionado normas democráticas y de derecho internacional.
En el terreno económico, el segundo mandato de Donald Trump dejó en evidencia la distancia entre el discurso de fortaleza y los indicadores reales. En 2025, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se desaceleró a 1.8 por ciento, frente al 2.8 por ciento de 2024, e incluso registró una contracción anualizada de –0.3 por ciento en el primer trimestre.
Lejos de ser un episodio aislado, el dato reflejó un entorno marcado por la incertidumbre política, la volatilidad comercial y una estrategia económica basada más en la presión que en la estabilidad.
Las amenazas recurrentes de nuevos aranceles elevaron los costos de importación, distorsionaron cadenas de suministro y presionaron el déficit comercial. A ello se sumó un cierre de gobierno de 43 días —el más prolongado en la historia del país— que afectó directamente el consumo, paralizó servicios públicos y debilitó la confianza de inversionistas, sin generar beneficios estructurales visibles.
La fragilidad económica se expresó con claridad en la vida cotidiana. El automóvil, pilar del modelo urbano estadounidense, se convirtió en un factor de precarización: la deuda por créditos automotrices superó los 1.6 billones de dólares y los pagos mensuales alcanzaron o rebasaron los 700 dólares, incluso entre hogares de ingresos medios.
La morosidad en créditos subprime escaló por encima del 6.5 por ciento, el nivel más alto jamás registrado, una señal inequívoca de que millones de personas dependen del endeudamiento para sostener su movilidad básica y ya no pueden cumplir con esas obligaciones.
Aunque la inflación descendió respecto a picos previos, se mantuvo en un rango de entre 3.5 y 4 por ciento, erosionando de forma persistente el poder adquisitivo.
El dólar, por su parte, se debilitó en un contexto de alta volatilidad política y comercial. En contraste, los beneficios del modelo se concentraron en la cúspide: de acuerdo con Oxfam, en 2025 la riqueza de los 3 mil multimillonarios creció 16.2 por ciento, impulsada por recortes fiscales a los más ricos y por un auge bursátil vinculado a la inteligencia artificial, sin un correlato proporcional en empleo o bienestar general.
En materia migratoria, el segundo mandato de Trump profundizó una política punitiva sustentada en la criminalización. En los primeros nueve meses de gobierno, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a casi 220 mil personas; 85 mil eran mexicanas, cerca del 39 por ciento del total, seguidas por guatemaltecos y hondureños.
Al menos 75 mil detenidos no tenían antecedentes penales, pese a que los operativos fueron presentados públicamente como acciones contra criminales, según datos de la Universidad de California en Berkeley.
Durante ese mismo periodo, el ICE realizó en promedio 824 arrestos diarios, más del doble que en 2024. Actualmente, más de 65 mil migrantes permanecen en centros de detención y otros 182 mil están sujetos a distintos esquemas de vigilancia.
Organizaciones de derechos humanos han documentado decenas de muertes bajo custodia migratoria, entre ellas la de Nicole Good, ocurrida en enero de 2026 durante un operativo en Minneapolis, un caso que detonó protestas y volvió a colocar en el centro del debate el uso letal de la fuerza en contextos administrativos.
En el plano internacional, Trump combinó proteccionismo económico con una escalada de amenazas y acciones militares.
En Venezuela, esta estrategia se concretó el 3 de enero con un operativo unilateral que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro, dejó alrededor de 100 personas muertas y violó principios básicos del derecho internacional. Desde septiembre, al menos 33 embarcaciones han sido atacadas, con un saldo de 115 personas fallecidas, sin procesos judiciales ni investigaciones transparentes.
La etiqueta de “narcoterrorismo” se convirtió en el marco discursivo para justificar presiones e injerencias en América Latina, dirigidas contra países como México y Colombia y ejecutadas en Venezuela. Analistas han coincidido en que el objetivo ha sido reinstalar una hegemonía regional mediante una reinterpretación de la Doctrina Monroe, sintetizada en la consigna de “América para los americanos”, incorporada de forma explícita en la Estrategia de Seguridad Nacional.
Pese a presumir avances en la contención de conflictos y una salida negociada en Ucrania, la administración Trump elevó la tensión global a niveles no observados desde la Segunda Guerra Mundial. En junio de 2025 ordenó ataques contra instalaciones nucleares iraníes, profundizó la guerra comercial con China, aplicó aranceles a más de 80 países y, ya en 2026, anunció gravámenes del 25 por ciento contra naciones que comercien con Irán y, posteriormente, contra la Unión Europea.
Mientras sostiene avances en la pacificación de Gaza —incluso tras especular abiertamente con el control del territorio palestino—, abrió nuevos frentes geopolíticos, como Groenlandia, al presentar su control como una prioridad estratégica en la disputa por el Ártico.
A este escenario se suman las controversias mediáticas derivadas del caso Jeffrey Epstein y la publicación de archivos relacionados, que han profundizado el desgaste de su figura pública. Encuestas como las de Reuters indican que seis de cada diez estadounidenses desaprueban su gestión.
En conjunto, el primer año del segundo mandato de Donald Trump revela un ejercicio de poder sustentado en la confrontación, la desigualdad y el unilateralismo. A las puertas del 250 aniversario de la Declaración de Independencia, Estados Unidos aparece menos como referente democrático y más como un actor dispuesto a imponer orden mediante coerción, excepcionalismo y revancha política.
El condado de San Mateo dio a conocer a las cinco mujeres que integrarán la generación 2026 del Women’s Hall of Fame, un reconocimiento que destaca el liderazgo femenino y el impacto social en comunidades del condado, desde el activismo comunitario y la gestión pública hasta la participación juvenil.
Entre las homenajeadas se encuentra Alyson Suzuki, líder comunitaria de primera generación chino-estadounidense, cuyo trabajo ha fortalecido el acceso lingüístico y los sistemas de apoyo para familias asiáticas y otras comunidades históricamente desatendidas.
Criada por una madre inmigrante, Suzuki identificó desde temprana edad las barreras que enfrentan las familias cuando los servicios públicos no consideran el idioma ni el contexto cultural, experiencia que marcó su trayectoria en educación, servicios sociales y liderazgo sin fines de lucro.
Actualmente, Suzuki es fundadora y directora ejecutiva de Unitedly, organización desde la cual ha impulsado programas pioneros como la primera certificación Child Development Associate para educadores de habla china en el condado, así como iniciativas de liderazgo juvenil para estudiantes atletas AANHPI.
Junto a ella serán reconocidas Andrea Jones, especialista en políticas de bienestar infantil y cuidado infantil equitativo, y Terry Nagel, exalcaldesa de Burlingame y referente en sostenibilidad, preparación ante emergencias y participación cívica.
La generación 2026 también incluye a dos jóvenes líderes que representan el relevo generacional. Danika Gonzalez Johnston, estudiante de Half Moon Bay High School, ha impulsado iniciativas de concientización sobre trastornos alimenticios y bienestar juvenil en zonas rurales.
Por su parte, Amani Shroff, alumna de Carlmont High School y presidenta de la Comisión Juvenil del condado, ha promovido la participación cívica, la educación electoral y la salud mental entre jóvenes.
“Este evento emblemático nos permite reconocer el talento, la visión y las contribuciones de mujeres que fortalecen a toda nuestra comunidad”, señaló Ann Girard, presidenta de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer de San Mateo County.
La ceremonia del Women’s Hall of Fame y Young Women of Excellence se llevará a cabo el 6 de marzo a las 16:30 horas en el Farallon Room de Skyline College, en San Bruno. Los boletos están disponibles a través de Eventbrite.
El Women’s Hall of Fame fue creado en 1984 por la San Mateo County Commission on the Status of Women para reconocer a mujeres cuyas contribuciones han mejorado el bienestar del condado. Desde 1993, el programa incluye la categoría Young Women of Excellence, dedicada a destacar liderazgos juveniles.
Servicios médicos son más costosos con la finalización de créditos fiscales para seguros médicos haciendo más caros los planes de servicios de salud.
Se espera que los costos en servicios de salud sigan aumentando debido a la finalización de créditos fiscales para seguros médicos haciendo más caros los planes, lo cual, prevé que cuatro millones de personas abandonen por completo su cobertura, situación que preocupa a expertos.
Al expirar los créditos fiscales mejorados para los seguros médicos bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act o Obamacare), se espera un aumento de hasta el 30 por ciento o más, dejando a familias estadounidenses en condiciones vulnerables.
Se vive un incremento en el seguro médico de mil dólares en promedio para 20 millones de personas que están en el mercado de servicios de salud, comentó Anthony Wright, director ejecutivo de Families USA, durante una sesión informativa realizada por American Community Media.
“Las personas de bajos recursos pagaban cinco y diez dólares al mes, ahora están pagando cientos de dólares, en algunos casos estamos viendo un incremento aún más alto, personas de 50 o 60 años que tienen que pagar 10 mil o 15 mil por su cobertura en este año”, expresó Wright.
Según un nuevo estudio de KFF, uno de cada cinco dólares que se gastan en Estados Unidos está relacionado con la atención médica y los gastos en atención a la salud representan actualmente el 18 % del PIB estadounidense.
Wright explicó que los estadounidenses pagan mucho por sus servicios de salud y es lamentable el impacto por los incrementos, considerando que “el aumento del precio masivo se pudo prevenir”.
“La política que antes existía, que se venció este año, era básicamente poner un límite a cuánto tenía que pagar la persona por porcentaje de su salario, el ocho por ciento para todo el mundo y después para otros salarios más bajos en una escala, esa garantía ha subido en enero y como consecuencia se ha visto que 1.4 millones de personas ya no tienen cobertura médica”.
Respecto a las acciones que se deben tomar, comentó “vamos a continuar con nuestros esfuerzos para poder pasar un proyecto de ley que funcione ya que los estadounidenses están intentando obtener cobertura médica asequible”.
Por su parte, el doctor Neale Mahoney, profesor de economía en la Universidad de Stanford dijo que el costo promedio en cobertura médica familiar para una persona es de 27 mil dólares por año agregando que para las pequeñas empresas se vuelve muy alto y difícil de cubrir.
Explicó que los costos en servicios médicos en Estados Unidos son altos en comparación con otros países, por lo que no tener apoyos se vuelve desafiante para las familias.
“Vamos a continuar empujando a aquellas personas que necesitan Medicaid, pues incluso las personas que califican para este programa actualmente no podrán obtener su servicio, por eso es importante revertir en torno a los procedimientos”, dijo Mahoney.
Merith Basey, directora ejecutiva de Pacientes por Medicamentos Asequibles, comentó que la realidad es que uno de cada tres americanos no pueden pagar por sus medicamentos y los americanos están pagando de cuatro a ocho veces más en promedio con respecto a otros países.
“El punto clave es que las corporaciones farmacéuticas están fijando los altos precios y están controlando los mercados con su monopolio y el Congreso ha permitido que estas prácticas continúen”, puntualizó Basey.
Los americanos están pagando más porque en otros países se llega a negociaciones con los precios de los medicamentos, pero no es nuevo que “la industria farmacéutica sea conocida por abusar del sistema de los permisos de los patrones para controlar la competencia”, explicó la también especialista en Medicamentos Esenciales.
Basey indicó que el 47 por ciento de las personas de Estados Unidos están preocupadas por no poder pagar sus gastos médicos en 2026, incluyendo sus medicamentos.
Cuando el sueño tiembla: Martin Luther King Jr. y la vigencia de una esperanza amenazada
Martin Luther King Jr. no habló desde la comodidad del consenso, sino desde la incomodidad de la injusticia. Su voz no fue un eco amable, fue una sacudida moral. Por eso, décadas después de su asesinato, sus palabras siguen ardiendo. No envejecieron. No se domesticaron. Hoy, vuelven a doler porque vuelven a ser necesarias.
King soñó con un país donde los derechos no dependieran del color de la piel, del origen, del idioma ni del miedo. Soñó con una democracia viva, no decorativa. Con una justicia que no fuera un privilegio. Con una paz que no se construyera sobre el silencio de los oprimidos. Ese sueño —que Estados Unidos elevó como mito fundacional— hoy parece deshilacharse ante nuestros ojos.
Vivimos tiempos oscuros. Tiempos en los que la democracia se vacía desde dentro, en los que el derecho se convierte en arma y la ley en amenaza. Tiempos en los que votar ya no garantiza representación, protestar implica riesgo y existir —para millones— es un acto de resistencia cotidiana.
El país que alguna vez se pensó como tierra de sueños empieza a parecerse, para muchos, a una pesadilla prolongada.
King advirtió que la injusticia no es solo violencia explícita, sino también indiferencia. Que no basta con no ser racista: hay que ser activamente antirracista. Que la mayor amenaza no es el extremista ruidoso, sino el moderado cómodo que prefiere el orden a la justicia. Esa advertencia resuena hoy con una claridad inquietante.
En un Estados Unidos donde se restringen derechos, se criminaliza la migración, se persigue la disidencia y se normaliza el odio desde el poder, recordar a King no es un ejercicio nostálgico. Es un acto político. Es preguntarnos qué hicimos —y qué dejamos de hacer— mientras el sueño se erosionaba.
King habló de amor, sí, pero no de un amor ingenuo. Habló de un amor radical, incómodo, capaz de confrontar estructuras enteras de poder. Un amor que exige valentía, que exige renunciar a la neutralidad, que entiende que la democracia no se hereda: se defiende todos los días.
Hoy, cuando tantas personas sienten que el país se les escapa, que ya no hay promesa sino amenaza, que el futuro se cerró, las palabras de King regresan como un faro, no para tranquilizar, sino para despertar, para recordarnos que los derechos nunca fueron regalos; fueron conquistas. Y que cada retroceso ocurre cuando la memoria se adormece.
Estados Unidos atraviesa una crisis de sueños, pero incluso en la pesadilla, la historia demuestra algo esencial: los sueños no mueren solos. Los matan la apatía, el miedo y el silencio. Martin Luther King Jr. nos enseñó que hablar —aun cuando tiemble la voz— es una forma de esperanza.
Hoy más que nunca, recordarlo es decidir de qué lado de la historia queremos estar.
Porque cuando la democracia se oscurece, callar no es neutralidad: es complicidad. Y porque, como él entendió antes que muchos, sin justicia no hay paz, y sin sueños compartidos, no hay país que resista.
