Casi un tercio de los 3.1 millones de californianos de 12 años o más que sufrieron un acto de odio no recibió el apoyo que necesitaba después del incidente más grave, de acuerdo con un estudio publicado por el Centro de Investigación de Políticas de Salud de UCLA (CHPR), reflejando las brechas profundas en la atención a personas afectadas por discriminación, violencia y abusos motivados por prejuicios.

El estudio se complementa con una investigación cualitativa realizada junto al Instituto de Salud Pública, que recopiló testimonios sobre las barreras para recibir ayuda y el impacto de estos actos en la salud mental, física y económica de las víctimas. 

Los relatos, detalla el documento, describen miedo persistente, cambios en rutinas diarias e incluso afectaciones financieras relacionadas con seguridad y reparaciones.

Las tasas de necesidades de apoyo insatisfechas fueron especialmente altas entre indígenas americanos o nativos de Alaska (44 por ciento) y afroamericanos (42 por ciento), superando el promedio estatal del 31 por ciento. 

La encuesta CHIS 2024 también mostró que el 20 por ciento de los californianos asiáticos y el 30 por ciento de los blancos reportaron no haber recibido la ayuda que requerían.

Los datos revelan la magnitud del problema: más de 17 millones de actos de odio ocurrieron en California en los 12 meses previos a la encuesta. Entre quienes reportaron experiencias de odio, una de cada cinco personas sufrió seis o más actos en ese periodo, lo que evidencia una recurrencia alarmante.

Las mujeres mostraron tasas más altas de necesidades insatisfechas que los hombres (37 por ciento frente a 25 por ciento). Las personas con vivienda inestable tenían casi el doble de probabilidad de no recibir apoyo (50 por ciento) comparado con quienes cuentan con estabilidad habitacional (27 por ciento). 

Además, el 41 por ciento de las personas con discapacidad reportó necesidades no cubiertas, frente al 25 por ciento de quienes no la tienen.

“Los californianos enfrentaron una prevalencia alarmante de actos de odio y algunas de las poblaciones más vulnerables tienen una probabilidad desproporcionadamente mayor de no recibir apoyo”, señaló Alex Bates, analista sénior de CHIS y autor principal del estudio. Sus conclusiones resaltan la urgencia de políticas públicas que cierren estas brechas.

El estudio encontró variaciones regionales importantes. En los condados del Norte y Sierra, las víctimas experimentaron en promedio 11.6 actos por persona, más del doble del promedio estatal de 5.6. 

En contraste, Los Ángeles registró un promedio significativamente menor, con 4.2 actos por persona.

Solo 12 por ciento de los residentes del Norte y Sierra que sufrieron un acto de odio recibió consejería o apoyo en salud mental, en comparación con el 20 por ciento del promedio estatal. El apoyo psicológico fue la ayuda más común, pero también la necesidad más frecuentemente insatisfecha, reportada por el 38 por ciento de quienes enfrentaron barreras para acceder a servicios.

Otras necesidades no cubiertas incluyeron protección física (23 por ciento), apoyo para denunciar ante la policía (22 por ciento), asistencia legal (21 por ciento), ayuda financiera (18 por ciento), permisos laborales (14 por ciento) y validación o rendición de cuentas por parte de autoridades o empleadores (9 por ciento). Además, el 38 por ciento de quienes no recibieron apoyo señaló múltiples necesidades simultáneas.

Para profundizar en los impactos, los investigadores entrevistaron a 53 adultos que vivieron actos de odio. 

Los testimonios revelan cómo el contexto político influye en la percepción del daño y cómo los incidentes transforman la vida cotidiana: personas que dejan de usar transporte público, evitan tiendas cercanas o restringen actividades al aire libre por miedo.

“Combinar datos cuantitativos rigurosos con entrevistas que describen cambios concretos en la vida diaria nos permite entender no solo qué ocurrió, sino cómo se vieron afectadas las personas”, explicó Valerie Steinmetz, autora del estudio cualitativo. Algunas víctimas también reportaron gastos adicionales en cámaras de seguridad, reparaciones o transporte alternativo.

Los encuestados compartieron además estrategias para enfrentar los incidentes. Algunos normalizaron los actos, otros dudaron de la utilidad de denunciar, especialmente en casos verbales, y muchos desconocían los recursos disponibles. Entre quienes sí denunciaron, varios expresaron frustración por respuestas limitadas o insuficientes de las autoridades.

“Los estudios señalan deficiencias críticas en el acceso y uso de servicios de apoyo”, afirmó Todd Hughes, director de la Encuesta de Entrevistas de Salud de California. “En conjunto, ilustran el profundo impacto humano que los actos de odio tienen en quienes los sufren”.

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American Community Media (ACoM). Península 360 Press.

SANTIAGO, Chile–En una esquina del centro de Santiago, con el calor de la tarde reflejándose en los rascacielos, se acerca un hombre. Es de mediana edad, con pantalones caqui manchados y una camiseta desgastada. “¿De dónde son?”, pregunta, levantando el pulgar mientras se lo contamos.

México y Estados Unidos. “Bien”, dice en español, y añade: “Venezolanos, mal”. Luego coloca los brazos como si apuntara un rifle al cielo y grita: “Kast se deshará de ellos”.

Los venezolanos, Los Venezolanos, el nombre en sí mismo conlleva un cierto estigma aquí, pronunciado casi como un epíteto para transmitir el desdén y la frustración de los chilenos exasperados por una sensación de creciente inseguridad y disminución de oportunidades.

El 14 de diciembre, los chilenos eligieron al candidato de extrema derecha y exdiputado José Antonio Kast, un reconocido defensor del exdictador chileno Augusto Pinochet. Gracias a una ley recientemente aprobada que obliga a votar en Chile, asume el cargo como el presidente con el mayor número de votos en la historia del país.

Kast, cuyo padre fue miembro del Partido Nazi de Hitler en su Alemania natal y oficial del ejército del Tercer Reich, ha copiado el ejemplo de Trump y ha prometido expulsar del país a millones de inmigrantes recién llegados (muchos de Venezuela, otros de Colombia y Haití) al asumir el cargo.

“El año más exitoso en cuanto a expulsiones será 2026, después de que tomemos el control del gobierno”, prometió Kast en un debate reciente con su rival, Jeanette Jara, del Partido Comunista. Jara fue ministra de Trabajo durante la presidencia saliente de Gabriel Boric.

Chile ha experimentado un flujo masivo de inmigrantes, y la población nacida en el extranjero del país se ha duplicado en los últimos cinco años, desde poco más del 4 a casi el 9 por ciento en 2025. Y aunque las estadísticas de delincuencia se han mantenido relativamente estables (de hecho, Chile es uno de los países más seguros de América Latina), muchos aquí insisten en que se sienten menos seguros.

Una encuesta de Ipsos en octubre encontró que el 63 por ciento de los encuestados citaron la seguridad entre las principales prioridades de los votantes, una cifra más alta que en México y Colombia, a pesar de que las tasas de homicidios en estos países son cuatro veces más altas que en Chile.

“Lo quemaron vivo”, dice nuestro taxista, Rodrigo (quien nos pidió que solo usáramos su nombre de pila), describiendo un ataque reciente contra una familia en un suburbio obrero a las afueras de la capital. “Eso nunca pasaba aquí”, añade. Al preguntarle si los culpables eran venezolanos, admite no saberlo, antes de pasar al Tren del Aragua, el sindicato delictivo venezolano en el centro de la agitación geopolítica desde Washington D. C. hasta Santiago.

El presidente Trump prácticamente le ha declarado la guerra al grupo, alegando su presencia en ciudades estadounidenses como base para políticas de deportación draconianas. También lo ha vinculado con el autócrata venezolano Nicolás Maduro como justificación de lo que cada vez parece más una campaña para un cambio de régimen.

“Hoy en día, los venezolanos representan casi un tercio de todos los extranjeros legalmente registrados que viven en Chile”, afirma el profesor Hugo Fruhling, fundador del Centro de Estudios de Seguridad Pública de la Universidad de Chile. “Se les han atribuido muchos casos de violencia”.

Según Fruhling, experto en seguridad pública en Latinoamérica, las primeras oleadas migratorias de Venezuela y países vecinos, que comenzaron hace una década, eran más adineradas y con mayor nivel educativo. Los recién llegados, afirma, suelen ser más pobres, con menos recursos para su sustento y el de sus familias.

Su llegada, que comenzó en torno a la pandemia de COVID-19, coincidió con un período de débil crecimiento económico en Chile y escasez de viviendas disponibles. Como resultado, muchos quedaron en la sombra.

“No se trata solo de que algunos de ellos puedan estar relacionados con grupos criminales en sus propios países”, explica Fruhling, “sino que el hecho es que para muchos de ellos es difícil vivir legalmente aquí”.

Un resultado de todo esto ha sido el surgimiento de campamentos, asentamientos ilegales en Santiago y otras partes del país, comunidades típicamente gobernadas por formas internas de autogobierno y donde la presencia policial es mínima, si no completamente inexistente. Muchos están poblados casi en su totalidad por inmigrantes.

Apenas dos días después de las elecciones, las autoridades de Maipú, ubicada en el extremo suroeste de Santiago, anunciaron el desmantelamiento de un asentamiento que albergaba a casi 400 personas, entre ellas unos 200 niños, niñas y adolescentes. El 94 % de los residentes del campamento son inmigrantes, según informes.

Fruhling afirma que, para muchos chilenos, estos lugares se han convertido en un símbolo visible de las consecuencias de la migración masiva. “Cuando la gente ve todo esto, lo atribuyen a los venezolanos”, explica. “Pero, obviamente, es una exageración”.

Más allá de las expulsiones, otro elemento clave de la plataforma de campaña de Kast —que tuvo gran repercusión entre los votantes chilenos— fue su mano dura contra la delincuencia y, por extensión, contra los inmigrantes. Durante su campaña, Kast visitó El Salvador en dos ocasiones para recorrer la infame prisión CECOT, construida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, adonde Estados Unidos ha enviado a cientos de inmigrantes deportados.

Titulada Plan Implacable, o Puño de Hierro en español, la propuesta de Kast pinta un panorama de pesadilla: criminales extranjeros deambulando por las calles mientras los chilenos permanecen en sus casas, “paralizados por el miedo”. Kast ha prometido sentencias más largas y la construcción de 100 mil nuevas plazas penitenciarias en el país, con celdas sin ventanas, electricidad ni acceso al exterior.

Según Fruhling, varios factores complican las reiteradas promesas de Kast de expulsar masivamente a los migrantes, incluyendo la renuencia de países como Venezuela a aceptarlos. Y si bien Trump pagó a países como El Salvador para que aceptaran a los deportados, Chile carece de los recursos financieros disponibles para Estados Unidos. Esto deja el encarcelamiento como la única opción.

La población carcelaria de Chile ronda actualmente las 60 mil personas. Muchos prevén que esa cifra aumentará significativamente en los próximos años. Algunos, incluidos activistas chilenos locales , temen que la red criminal de Kast pueda eventualmente expandirse y atraparlos también, en un retorno a los días más oscuros de la era de Pinochet.

Fruhling dice que, de todas las promesas de Kast, el encarcelamiento es la más fácil de alcanzar.

“Ese será uno de los objetivos más fáciles de alcanzar para Kast, y donde será más fácil mostrar resultados”, dijo. “Se construye un lugar donde se los coloca a todos, se los captura y, hasta que sean recibidos por su país de origen, se los mantiene allí”.

Manuel Ortiz colaboró ​​con la redacción de este artículo. Se produjo con el apoyo de Global Exchange y Social Focus 

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Por Thomas Hughes. Bay City News. Península 360 Press.

Este domingo continuaron las manifestaciones de dolor y condena por parte de los líderes del Área de la Bahía, el gobierno y la comunidad judía después de que las autoridades de Sydney, Australia, revisaron al alza el número de personas muertas y heridas en un ataque terrorista contra judíos reunidos para celebrar la primera noche de Hanukkah en Bondi Beach.

Hasta el domingo por la tarde en California, dieciséis personas habían muerto en el ataque, perpetrado con armas largas. Entre ellas, se encontraba uno de los dos sospechosos, según el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, quien habló en una conferencia de prensa transmitida por internet.

El comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó que 42 personas fueron hospitalizadas, algunas de ellas con heridas graves. Entre ellas se encontraban dos policías que se encontraban en estado crítico pero estable, así como el otro presunto atacante, añadió Lanyon.

Lanyon declaró durante la conferencia de prensa que los dos fueron identificados como padre e hijo, de 50 y 24 años, pero no reveló sus nombres. El mayor murió durante el ataque y el menor se encontraba en estado crítico, pero estable. Las autoridades no creían que hubiera otras personas involucradas en el ataque.

El tiroteo masivo tuvo como objetivo una ceremonia de encendido de la menorá en un parque del popular destino turístico a la que asistieron “más de mil personas”, dijo Lanyon en una conferencia de prensa anterior.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que la conocida playa solía estar asociada con la alegría, las celebraciones y las reuniones familiares, pero que estaba “manchada para siempre” por lo que llamó “un acto de pura maldad, un acto de antisemitismo” y un “ataque terrorista en nuestras costas”.

El Consejo de Relaciones con la Comunidad Judía, o JCRC, una organización de defensa judía del Área de la Bahía, denunció el ataque en una declaración el domingo y pidió a la comunidad y a los líderes electos que acudan a los encendidos públicos de la menorá como muestra de solidaridad.

“Hoy, mientras nos preparamos para encender la primera vela de Janucá, las comunidades judías de todo el mundo se están recuperando de la noticia de un horrible tiroteo masivo durante un gran encendido público de la Menorá en Bondi Beach en Sídney, Australia”, dijo la organización en un comunicado.

Es fundamental que los líderes de nuestra nación combatan la deshumanización de judíos e israelíes y detengan la normalización del discurso antisemita en el discurso público. Los acontecimientos de hoy son otro recordatorio de adónde puede conducir este odio, declaró el Consejo de Relaciones con la Comunidad Judía.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, expresó su pesar en una declaración el día X.

“Estoy desconsolado por el devastador ataque en Sídney. El odio y el antisemitismo no tienen cabida en nuestro mundo ni en San Francisco”, dijo Lurie.

“Mientras la comunidad judía de San Francisco se reúne para celebrar el inicio de la temporada de Hanukkah, el Departamento de Policía de San Francisco y nuestros socios de seguridad pública están preparados y estarán en estrecha coordinación para garantizar que todos puedan celebrar la festividad de manera segura y pacífica”, dijo.

El Departamento de Policía de San Francisco dijo en un comunicado que no tenía conocimiento de ninguna amenaza en la ciudad, pero que estaba aumentando las patrullas en los lugares de culto y eventos judíos, que están programados durante toda la semana cuando comienza Hanukkah.

El Departamento de Policía de San José dijo de manera similar que sus oficiales estaban aumentando su presencia en la ciudad, pero no estaban al tanto de ninguna amenaza activa.

El alcalde de San José, Matt Mahan, también acudió a X para expresar su dolor e indignación.

“Despertar con noticias de terror, pérdida y angustia en la primera noche de Janucá es devastador”, dijo Mahan. “Esto atenta contra nuestros valores. Rezo por la comunidad judía, en particular por los heridos y por las familias de los fallecidos”.

La alcaldesa de Oakland, Barbara Lee, emitió un comunicado diciendo que ella y la ciudad estaban de luto por la pérdida de vidas y dijo que Oakland apoyaría a su comunidad judía.

“Las familias reunidas para celebrar un festival de luz y esperanza fueron atacadas deliberadamente, un duro recordatorio de que el odio sigue siendo una amenaza global”, dijo Lee.

“Mientras la comunidad judía de Oakland continúa celebrando Hanukkah esta semana, sepan que esta ciudad los apoya. La fortaleza de Oakland siempre ha provenido de nuestra diversidad y nuestro compromiso inquebrantable de proteger a todos los residentes del odio y la violencia”, dijo.

El gobernador Gavin Newsom calificó el tiroteo como un “vil acto de terrorismo” en una declaración en X.

“California está con Australia hoy, al tiempo que nos solidarizamos con la comunidad judía mundial contra la creciente ola de violencia y odio antisemita”, declaró Newsom. “El antisemitismo no tiene cabida en nuestro mundo”. El rabino Moshe Langer, rabino de Chabad San Francisco, afirmó que el 50.º encendido público anual de la Menorá Bill Graham en Union Square se celebrará según lo previsto.

Está previsto que Lurie asista a la ceremonia de encendido de las 5 p. m. junto con el senador estatal Scott Wiener y otros líderes locales.

“Nos solidarizamos y oramos con los heridos y con las familias que perdieron a sus seres queridos”, dijo Langer en un comunicado desde Chabad San Francisco.

“Cuando hay oscuridad, debemos traer luz. No permitiremos que el miedo ni el terror nos silencien ni nos hagan retroceder. Encenderemos la menorá como estaba previsto”, dijo.

Wiener dijo en una declaración que estaba de luto por las vidas perdidas y pidió el fin del antisemitismo.

Se pueden encontrar otros eventos en el Área de la Bahía el domingo y durante la semana patrocinados por el Consejo de Relaciones con la Comunidad Judía en https://mailchi.mp/jcrc/celebrate-hanukkah-with-jcrc-around-the-bay-area. 

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