Pamela Cruz. Península 360 Press [P360P].

Si bien es cierto que el presidente Joseph Biden podría tomar acciones ejecutivas para apoyar a los migrantes que se encuentran bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA, no es suficiente, pues se necesita una legislación que consolide a la política migratoria, por lo que aún quedan desafíos judiciales que superar para que el programa sea la luz de millones de inmigrantes.

Así lo señalaron expertos durante una sesión informativa realizada por Ethnic Media Services, donde coincidieron que en términos de inmigración, muchas veces es difícil que los partidos encuentren terreno en común.

«La única manera de dar realmente protección a la gente indocumentada es que el Congreso apruebe un camino a la ciudadanía y lo debe hacer cuanto antes», señaló el director de políticas y abogacía de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes –CHIRLA–, Joseph Villeda.

El experto agregó que los demócratas que están a cargo de la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca «deben hacer todo lo que se requiera, que esté en su poder y no permitir que los republicanos obstruyan este tema».

Asimismo, explicó que DACA ha sido un beneficio para los jóvenes y sus familias, pero también para la economía.

«Si hay una decisión negativa en la corte contra DACA, dependerá del Congreso que los 600 mil beneficiarios no vuelvan a las sombras. Es momento de ayudar a los indocumentados y a los DACA», sentenció.

«Sistema migratorio no funciona para nadie, está roto, es anticuado e inhumano».

Ante ello, urgió a que «la mayoría demócrata, trate de reformar el filibusterismo u obstruccionismo parlamentario y busquen una reconciliación que pueda ayudar».

Villeda recordó que el 80 por ciento de los votantes en California apoyan una vía a la ciudadanía para todos los inmigrantes, entendiendo que contribuyen a la economía.

«La población indocumentada en nuestro estado está bien establecida, contribuyen a la economía y es hora de que el Congreso realmente proporcione un alivio permanente para las personas documentadas. Pero también para los indocumentados». Dijo.

Y es que, precisó, 50 por ciento de los beneficiarios de DACA que fueron encuestados por CHIRLA, refirió que han podido abrir una cuenta de banco, mientras que 33 por ciento obtuvo su primera tarjeta de crédito, todo bajo la protección de DACA.

«Así que vemos que el cambio y el estatus migratorio no sólo es beneficioso para el individuo, sino también lo es para nuestra economía», abundó.

José Muñoz, gerente nacional de comunicaciones de la organización United We Dream, sabe muy bien la importancia de que el programa DACA avance y permita, al fin, que millones de jóvenes indocumentados vivan libres y con las garantías que un nuevo estatus migratorio puede darles.

Durante sus casi 30 años de vida, Múñoz ha vivido con la angustia de ser detenido y deportado.

No fue hasta 2013 cuando se benefició del programa DACA y al fin logró obtener un permiso de trabajo, una licencia de conducir y terminar la universidad.

Sin embargo, hoy continuar con el programa está en manos de los tribunales, pues a partir de que el presidente Trump canceló DACA, su vida, al igual que la de más de 600 mil jóvenes beneficiados con este programa, de los cuales, dos tercios tienen 25 años o menos, está en la zozobra.

Muñoz, quien llegó a EE. UU. a escasos meses de nacer, aseguró que «hasta ahora. DACA sigue en peligro».

«En 2013 recibí DACA por primera vez, lo que me permitió obtener un permiso de trabajo, una licencia de conducir y terminar la universidad. Ello alivió un poco el miedo de ser potencialmente detenido, encadenado y deportado, pero desafortunadamente, hemos visto en los últimos cuatro años que los receptores de DACA como yo hemos vivido nuestras vidas como un caso de corte, incluso después de que la Corte Suprema frustró los planes de la administración de Trump para terminar con DACA», recordó.

«Un camino a la ciudadanía es un imperativo, y eso no es todo, hay cientos de miles de jóvenes de 15 y 16 años que han estado esperando para aplicar a DACA desde que Trump trató de terminarlo en 2017. Esperan aplicar por primera vez para obtener algunas de las mismas protecciones que se han otorgado a aquellos de nosotros que hemos estado inscritos en el programa durante años», agregó.

El joven Muñoz, quien pertenece a la comunidad LGBTTTIQ+ precisó que, aunque DACA ha ayudado a cientos de miles de jóvenes, no protege a todos los indocumentados.

«Hay millones de inmigrantes que nunca han calificado para DACA en primer lugar. Y así, la única manera de proporcionar realmente la protección de los indocumentados es que el Congreso apruebe una vía a la ciudadanía tan rápido como sea posible».

«En United We Dream sabemos que no hay tiempo para excusas. Nuestras comunidades necesitan alivio y lo necesitan ahora. Los demócratas controlan la casa, el Senado y la Casa Blanca, y deben hacer todo en su poder para cumplir con nuestras comunidades», apuntó.

Y es que, refirió que los políticos «están más interesados en jugar a la política con nuestras vidas, manteniendo la legislación como rehén para utilizar a los jóvenes inmigrantes como peones en las próximas elecciones».

«No dejaremos que utilicen el obstruccionismo republicano como excusa. Los demócratas no deben permitir que los republicanos obstruyan», finalizó.

Pero, ¿de qué va el obstruccionismo?

De acuerdo con el abogado en migración Brent Renison de la organización Global Immigration Counsel, el filibusterismo u obstruccionismo parlamentario fue creado en 1806 y ha sido usado por los dos partidos cuando son minoría en el Senado.

El experto en materia migratoria detalló que entre 1950 y 1970, senadores del sur de Estados Unidos usaron el obstruccionismo para oponerse a propuestas que pretendían establecer derechos civiles, en ese entonces, para dar igualdad a la comunidad afroamericana.

Sin embargo, fue a partir de 2006 cuando senadores comenzaron a emplearlo para oponerse a las propuestas de migración.

«Entre 2010 y 2013, los republicanos lo usaron mucho para rechazar propuestas de senadores demócratas. A su vez, los senadores demócratas se valieron de esta estrategia para oponerse a una cantidad menor de proyectos republicanos entre 2015 y 2020», abundó.

Hoy, el partido Demócrata tiene 50 escaños en el Senado, por lo que para avanzar con la legislación en materia migratoria se tendrán que unir al menos 10 representantes del partido Republicano, una tarea nada fácil a un tema que lleva muchos años en la mesa.

«Tendrán que lidiar con el requisito que exige que los proyectos de ley deben recibir 60 votos en el Senado para aprobarse. El obstruccionismo obligaría a los demócratas a obtener el apoyo de al menos 10 republicanos para aprobar la mayoría de las leyes migratorias».

Soñar… con una ley migratoria efectiva e inclusiva

Para Theresa Cardinal Brown, directora de políticas de migración y cruces de frontera del Bipartisan Policy Center, la legislación HR 6 dará un estatus de residente permanente a los dreamers y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y a los niños dependientes de los trabajadores extranjeros altamente calificados quienes suelen quedarse sin estatus cuando cumplen los 18 años.

«Se estima que más de 3 millones de personas podrán ser elegibles bajo este proyecto de ley», señaló.

En el caso de la H.R. 1603 que también fue aprobada por los representantes, puntualizó que ésta da una vía para obtener la residencia y solicitar la ciudadanía a los trabajadores agrícolas que cumplan ciertos requisitos, además de ampliar el programa de visado H-2A para los trabajadores agrícolas temporales.

Cardinal Brown dijo que hay más de un millón de trabajadores indocumentados que podrían convertirse en ciudadanos, gracias a este proyecto de ley.

«El proyecto de ley proporcionaría un visado de trabajador agrícola certificado a las personas indocumentadas que tengan al menos mil treinta y cinco horas de trabajo agrícola durante los dos años anteriores al 8 de marzo de 2021».

En ese sentido, apuntó que algunos defensores de la migración quieren que los visados H2-A sean totalmente portátiles para que el trabajador pueda ir de un trabajo a otro, sin estar vinculados a un empleador para que los auspicie.

Al ser cuestionada por periodistas sobre si Biden podría aprobar una acción ejecutiva para pasar estos proyectos de ley si se atoran en el Congreso, la especialista respondió que “el presidente puede hacerlo, pero no como lo haría la legislación propuesta”.

«Biden ya restauró DACA para que los nuevos solicitantes puedan inscribirse, pero hay desafíos judiciales. Y si las cortes dicen que el programa DACA es ilegal, terminaría y se tendría que dar otro tipo de legislación para los dreamers», dijo.

Agregó que el actual mandatario también ha extendido el TPS, pero las provisiones para darles un estado migratorio permanente no podrían ser con una acción ejecutiva presidencial.

Por su parte, Leydy Rangel, vocera de la Fundación de Trabajadores Agrícolas Unidos –UFW–, enfatizó que todos aquellos que están bajo la protección de DACA, y los que se están inscribiendo a ella, necesitan una protección permanente.

Ella, como casi 600 mil jóvenes en el país, está protegida con DACA, lo que le permitió ir a la universidad tras trabajar en el campo, labor que continúan realizando sus padres, hermanos y primos.

«Vivo preocupada por renovar DACA cada dos años y porque no puedo establecer una vida permanente», explicó.

Y es que, dijo, casi un millón de los trabajadores agrícolas en el país son indocumentados, todos llegados de diferentes lugares, pero, principalmente México.

Es por ello, destacó, que se necesita una ley que legalice a los trabajadores agrícolas que permita visitar a sus familias en sus lugares de origen, y no dejar todo atrás, donde solo los recuerdos prevalecen.

«Tendrían el derecho legal de contribuir a la sociedad a través de la agricultura. Con un camino a la ciudadanía podrán mejorar además sus condiciones de trabajo y evitar los abusos y otros problemas relacionados», sentenció.

Bay City News [BCN]. Península 360 Press [P360P].

               Un juez federal se negó el lunes a desestimar una demanda colectiva de derechos civiles contra Social Finance Inc. o SoFi, una plataforma de préstamos en línea con sede en San Francisco, que supuestamente negó préstamos a inmigrantes que residían legalmente en Estados Unidos cuando solicitaron un crédito. 

               SoFi fue fundada en 2011 por un grupo de graduados de la escuela de negocios de Stanford para ayudar a las personas a refinanciar los préstamos estudiantiles a tasas más bajas.  

               En los años transcurridos, SoFi ha ampliado los servicios y productos que ofrece a sus más de 1.6 millones de miembros. La plataforma online de SoFi ofrece a sus miembros préstamos con descuento, asesoramiento financiero y la posibilidad de invertir en acciones (incluidas las OPV) y criptomonedas. Entre las ventajas para los miembros que se describen en su sitio web se encuentran los «tips de dinero» y «premios en mercancía», así como el asesoramiento profesional y los eventos para miembros.

               En la actualidad, la empresa está a punto de salir a bolsa a través de una fusión con una sociedad de adquisición con fines especiales, o SPAC, como forma de evitar el retraso y los gastos de una oferta pública inicial. La fusión valora a SoFi en 8650 millones de dólares, según un comunicado de la compañía.

               La demanda se presentó en mayo de 2020 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

               Los dos demandantes son inmigrantes no ciudadanos que son residentes legales de los Estados Unidos.

               Rubén Juárez es un beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Calin Constantin Segarceanu, de nacionalidad rumana, es titular de una tarjeta verde y tiene el estatus migratorio de «residente permanente condicional», según la demanda. 

               Los demandantes trataron de certificar las demandas colectivas, incluyendo una demanda en nombre de todos «todos los ciudadanos no estadounidenses que residían en los Estados Unidos y tenían DACA en el momento en que solicitaron y se les negó o intentaron sin éxito solicitar cualquier préstamo SoF». 

               También identificaron una demanda por parte de ciudadanos no estadounidenses que eran Residentes Permanentes Condicionales en el momento en que se les negó cualquier préstamo de SoFi. 

               La denuncia señala que Juárez nació en México y ha vivido en los Estados Unidos desde que tenía diez años. Obtuvo el estatus DACA en 2012 y un número de Seguridad Social ese mismo año. 

               Estudió en la universidad en Nueva York y obtuvo una licenciatura en contabilidad y una maestría en finanzas globales en Fordham en 2016. Tras graduarse, comenzó a trabajar en finanzas para varias empresas conocidas, entre ellas JPMorgan Chase.

               Para financiar su educación, Juárez contrajo préstamos estudiantiles privados con una tasa de interés del 8.6 por ciento, según la declaración de hechos. Cuando solicitó por primera vez un préstamo de refinanciación a SoFi, a sus miembros les ofrecieron tipos de entre el 3 y el 4 por ciento.

               Hizo la solicitud por Internet, pero al no poder decir que era ciudadano estadounidense, titular de un visado o «residente legal permanente», no se le permitió avanzar. 

               A partir de entonces, SoFi le envió ofertas de financiación de préstamos estudiantiles en 2017, 18 y 19, pero cuando intentó solicitarlos se le denegaron de nuevo, aunque alega que tenía una excelente puntuación de crédito y era solvente.

               Segarceanu llegó a Estados Unidos en 2015 con un visado de estudiante y obtuvo una licenciatura y un máster en informática en el Instituto Tecnológico de Illinois. La denuncia dice que está empleado como ingeniero de software para Amazon Web Services. En 2018, se casó con una ciudadana estadounidense. Luego solicitó la residencia permanente y obtuvo una residencia permanente condicional.

               Intentó solicitar a SoFi un préstamo personal con la esperanza de reducir la tasa de interés de casi el 20 por ciento de su tarjeta de crédito, pero se rechazó debido a su estatus migratorio.  

               En la demanda, Juárez y Segarceanu hicieron valer varias reclamaciones, incluida una de derechos civiles basada en un estatuto de 1866 que establece que «todas las personas dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos tendrán el mismo derecho en cada Estado y Territorio a celebrar y hacer cumplir contratos… y al pleno e igual beneficio de las leyes y procedimientos para la seguridad de las personas y los bienes que disfrutan los ciudadanos blancos».

               El Tribunal Supremo de EE. UU. ha determinado previamente que la ley protege tanto a los no ciudadanos como a los ciudadanos.

               SoFi trató de evitar el alcance de la ley argumentando que no discriminaba a los demandantes en función de su estatus de ciudadanía o extranjería, sino que el proceso de solicitud «tiene en cuenta el estatus de inmigración», señalando que los no ciudadanos con estatus de residencia permanente de larga duración y algunas personas con visa pueden obtener créditos de SoFi.

               El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Haywood S. Gilliam, Jr. señaló que los amplios objetivos de la ley, como prohibir la discriminación racial en la creación y ejecución de contratos, pretendían abarcar a todos los inmigrantes presentes legalmente en el país. Dado que los demandantes se encontraban en situación legal, tenían derecho a presentar reclamaciones por discriminación. 

               SoFi solicitó al juez que enviara el caso a arbitraje basándose en el hecho de que Juárez había marcado una casilla en la solicitud en 2016 que decía que daba su consentimiento al arbitraje. Sin embargo, el juez denegó la solicitud, al considerar que Juárez había presentado su solicitud varias veces después de 2016 y no había dado su consentimiento en esas ocasiones.

               SoFi pidió al tribunal que suprimiera las alegaciones de acción colectiva de la demanda sobre la base de que los demandantes trataron de impugnar las actividades de préstamo más allá de las categorías de préstamos que solicitaron, pero el tribunal determinó que esas impugnaciones eran más apropiadas para hacerlas valer en el futuro cuando el tribunal considerara si debía certificar las demandas solicitadas. 

               Moira Heiges-Goepfert, abogada de los demandantes, dijo que el caso formaba parte de un pequeño grupo de casos «novedosos» que aplican la ley de derechos civiles posterior a la Guerra Civil a la extranjería y a la raza en el contexto de los préstamos.

               En su opinión, el caso pone de relieve el propósito detrás de DACA. «Fue para ayudar… a los inmigrantes que fueron traídos al país cuando eran niños a salir de las sombras y tener la capacidad de participar en la vida estadounidense».

               Los abogados de SoFi no respondieron a una solicitud de comentarios.