«Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar», dice un viejo refrán. Y es que podría parecer hasta cabalístico el hecho de que Honduras, junto con otros seis países, se abstuvo de emitir su voto en la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la resolución que declarara como ilegítimas las elecciones del pasado 7 de noviembre en Nicaragua, ello a tan solo unos cuantos días de que los hondureños elijan a su próximo presidente, entre otros funcionarios.
Faltan exactamente 13 días para que «La» elección que podría marcar el destino de Honduras se realice. Sin embargo, la violencia política no ha cesado. Apenas este domingo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su «preocupación» por las muertes violentas registradas en las últimas horas en el país centroamericano.
«Observamos con preocupación las muertes violentas en el contexto electoral del actual alcalde y candidato del municipio de Cantarranas, Francisco Gaitán; el líder local de San Luis, Santa Bárbara, Elvir Casaña; y Luis Gustavo Castellanos, de San Jerónimo, Copán», destacó el organismo a través de su cuenta de Twitter.
Agregó que desde el llamado a elecciones primarias, se han registrado al menos 28 muertos en el contexto de la violencia política.
La OACNUDH condenó los actos de violencia electoral que afectan el derecho a la participación política y llamaron a los actores involucrados a llevar a cabo elecciones pacíficas con respeto a los derechos humanos.
«Nos solidarizamos con las víctimas y sus familiares y llamamos a las autoridades a llevar a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales que permitan identificar y sancionar a los responsables», puntualizó.
Honduras sabe de fraude electoral. En 2014 Juan Orlando Hernández llegó al poder, y tan solo un año después puso en marcha una reforma constitucional para hacer posible su reelección.
Para 2017, se celebraron nuevamente las elecciones generales para escoger a quién estaría en el poder por 4 años (tiempo establecido por la constitución hondureña), sin embargo, estas quedaron marcadas por tres puntos clave: la primera, que opositores a Hernández, lo acusaron de moldear las instituciones para mantenerse en el cargo; el segundo, que el día de las elecciones los resultados cambiaron de tendencia tras un «apagón», dando como ganador nuevamente a Juan Orlando; y el tercero, que 33 manifestantes murieron en las protestas posteriores.
Todo ello, luego de que el país viviera uno de sus momentos más oscuros, pues apenas en 2009, sufrió un golpe de Estado. De ahí en adelante, la suerte estaba echada. El país ha sufrido estragos graves en su economía, generación de empleos, salud ‒que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19‒, educación, migración, y un sinfín de otros problemas que van de punta a punta en el país, el cual, de acuerdo con diversos rankings en el mundo, tiene dos de las ciudades más peligrosas en el mundo: Tegucigalpa y San Pedro Sula.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de la Violencia-IUDPAS/UNAH-Honduras, los homicidios han sido «la forma de violencia más utilizada contra los actores políticos en Honduras».
De acuerdo con el Centro de Estudio para la Democracia de Honduras (CESPAD?, desde el llamado a las elecciones primarias hasta el 25 de octubre se han registrado 27 víctimas mortales, 18 casos de coacción, 11 atentados, seis amenazas, un rapto y una coerción.
De los hechos señalados, apuntó en un comunicado, 36 fueron cometidos con armas de fuego.
Resaltaron también que, hasta la fecha, y de acuerdo con datos del IUDPAS, el 36.0 por ciento de las víctimas han sido militantes: 13 dirigentes y 10 y simpatizantes.
Ante ello, el CESPAD ha hecho un llamado urgente a la imperiosa necesidad de que «la institucionalidad electoral trabaje en, al menos, intentar evitar que la violencia siga amenazando el proceso electoral».
Ello, precisaron, haciendo que el Consejo Nacional Electoral ‒CNE‒, haga uso de la normativa que le permite establecer sanciones administrativas a los provocadores de la violencia y expresiones verbales de odio y ofensa.
Además de que, la iniciativa del CNE de un Pacto por la Paz, suscrito por todos los partidos políticos participantes en la contienda electoral, se concrete de manera expresa, con el propósito de desestimular y neutralizar la violencia política.
El organismo también refirió que el sistema de justicia debería actuar con independencia y eficiencia en la investigación y procesamiento de los actos de violencia política, pues la impunidad, es decir, la falta de castigo, es el principal estímulo para dicho fenómeno.
«El CESPAD expresa su alta preocupación por el actual clima de violencia política, porque no abona al proceso democrático y, muy al contrario, desanima a la participación ciudadana, y debilita de esa forma el derecho ciudadano a ejercer el sufragio en un ambiente pacífico y confiable», destacaron.
La tormenta que viene
El Consejo Nacional Electoral de Honduras ha considerado que todo va en tiempo para que las elecciones generales se lleven de manera adecuada, sin embargo, y «en teoría» garantiza que los comicios serán limpios y sin contratiempos.
Así lo dijo a este medio la consejera Rixi Moncada, del CNE, institución creada en 2019 y que estará a cargo por primera vez de estas elecciones.
Al ser cuestionada sobre si estas serán unas elecciones limpias, la consejera subrayó que «formalmente sí», ya que «el pleno de consejeros ha trabajado con cientos de obstáculos estos dos años y un mes, para tener un proceso electoral diferente al de 2013 y 2017».
Precisó, además, que para llegar a unas elecciones de cambio verdadero, el Consejo administra, organiza y garantiza poder llegar al día de los comicios con el material electoral en cada una de las juntas receptoras de votos, pese a que las condiciones en el país son «bastante complejas».
Sin embargo, la funcionaria dijo que los momentos clave y más difíciles de las elecciones, se darán luego de que las casillas cierren, pues se iniciará el conteo, y para la noche de ese mismo 28 de noviembre, Rixi será quien salga a dar los resultados preliminares, y de ahí, todo podría pasar.
Violencia, narco, y elecciones: juntos y de la mano
Nada es sencillo en estas elecciones, a inicios de este mes, las autoridades de Honduras arrestaron este al candidato presidencial, Santos Rodríguez Orellana, un capitán retirado del ejército señalado por lavar dinero del narcotráfico y participar en homicidios, entre los que se encuentra un informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Este no es el único caso, pues hace apenas unas semanas, autoridades allanaron inmuebles pertenecientes al alcalde del municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán, Roosevelt Eduardo Avilez López, por parte de la Dirección de la lucha contra el Narcotráfico ‒DLCN‒ por supuesto lavado de activos.
Y es que Avilez no pudo justificar más de 160 millones de lempiras ‒poco más de 6.5 millones de dólares‒, en relación con el monto que obtiene como ingresos; en tanto que, a su esposa, Nancy Mareyil Santos Ríos ‒también detenida‒, se le encontraron otros 150 millones de lempiras ‒6.1 millones de dólares‒ que tampoco pudieron ser acreditados.
La moneda está en el aire, y mientras sólo queda esperar que, con todo y los escenarios, no se genere la «tormenta perfecta» y desencadene en terror post electoral.
Te puede interesar: Las elecciones en Honduras, una prueba para la democracia en un Estado fallido
