Por Ruth Dusseault. Bay City News.

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La Junta de Supervisores del Condado de San Mateo aprobó el martes más de 1 millón de dólares en paquetes de financiación del fondo de la Medida K del condado.

La Medida K es un impuesto a las ventas de medio centavo aprobado por los votantes en 2016 que proporciona fondos locales para las necesidades locales.

Planned Parenthood Mar Monte recibirá casi 400 mil dólares para garantizar el acceso a la atención de salud reproductiva local. La iniciativa del PP, aprobada por 5-0, comprará un nuevo sistema de inventario y pagará la formación del personal.

La organización, que atiende a unos 13 mil residentes al año, opera tres clínicas en el condado de San Mateo que brindan atención integral de salud sexual y reproductiva, atención de afirmación de género, salud conductual y servicios de medicina familiar.

Los supervisores también asignaron 190 mil dólares a Sonrisas Dental Health, un centro dental sin fines de lucro que atiende a residentes de bajos ingresos. 

Los fondos se destinarán a la compra de una camioneta con suministros, equipos y un sillón dental que permitirá a Sonrisas llevar atención dental directamente a los pacientes. 

Sonrisas también opera una clínica temporal semanal para trabajadores agrícolas en La Honda en asociación con Puente de la Costa Sur, una organización que promueve el acceso equitativo a la educación, la salud y la seguridad económica para los residentes de las comunidades de la costa sur del condado de San Mateo.

Los supervisores también aprobaron una contribución de 350 mil dólares al programa Baby Bonus, administrado a través de First 5 del condado de San Mateo. El programa piloto de ingresos garantizados realizará pagos incondicionales de 300 dólares al mes durante tres años a 400 padres elegibles que actualmente reciben beneficios de Medi-Cal. El proyecto tiene como objetivo medir el impacto de una mayor seguridad financiera en la salud y el bienestar de los recién nacidos y las madres.

Los Servicios del Ombudsman recibirán una subvención de 100 mil dólares que proporciona monitoreo in situ, investigación de quejas y servicios de resolución para personas mayores en los centros de atención a largo plazo y de enfermería especializada del condado. Los fondos se destinarán a la capacitación y colocación de defensores del pueblo, personal y voluntarios sobre el terreno.

Por último, en respuesta al riesgo costero de San Mateo por incendios forestales, tormentas y aumento del nivel del mar, los supervisores asignaron 150 mil dólares para apoyar el Plan Estratégico de Infraestructura Costera Resiliente. 

El objetivo del plan es analizar y evaluar la infraestructura costera (carreteras, rutas de evacuación, suministros de energía, servicios de agua y más) e identificar áreas que deben ser objeto de mejora. También contratarán a un redactor de subvenciones para buscar los medios para realizar cambios en la infraestructura a través de fuentes federales, estatales y de otro tipo.

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Por Ryan Sabalow. Bay City News.

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¿Debería la ley exigir a los médicos que notifiquen a la policía inmediatamente si sospechan que un paciente es víctima de violencia doméstica?

Esa pregunta dividió a tres médicos que ocupaban escaños en la Asamblea de California cuando se sometió a votación esta semana.

Según la ley actual, los proveedores de atención médica enfrentan cargos por delitos menores si no denuncian sospechas de abuso a la policía, incluso si los pacientes no quieren que la policía se involucre.

En los últimos años, algunos defensores de los sobrevivientes de violencia doméstica dicen que los requisitos obligatorios de presentación de informes han impedido que las víctimas busquen tratamiento. 

Los defensores dicen que las víctimas temen que, si llaman a la policía, las acusarán, les quitarán a sus hijos o, en el caso de inmigrantes indocumentados, sus familias correrán el riesgo de ser deportadas.

“Hemos visto las formas en que los requisitos médicos obligatorios de presentación de informes para todas las lesiones violentas han impedido a los sobrevivientes buscar la atención médica necesaria en primer lugar, han hecho que los sobrevivientes sientan que nunca podrían volver a recibir atención médica después de enterarse de los requisitos, o han hecho sienten que no pueden compartir el motivo o el alcance de ciertas lesiones o problemas de salud con su proveedor”, dijo el mes pasado la autora del proyecto de ley, la asambleísta demócrata Tina McKinnor de Inglewood, al Comité de Seguridad Pública de la Asamblea.

El proyecto de ley de McKinnor requeriría que los médicos y otros proveedores de atención médica denuncien a la policía sólo los actos de violencia que requieran tratamiento para salvar la vida del paciente. 

En otros casos sospechosos de abuso, si el paciente no quiere denunciar el delito, el proveedor de atención médica deberá derivarlo a servicios de defensa de víctimas. El proyecto de ley todavía requiere que los médicos informen sobre sospechas de abuso de niños y ancianos.

McKinnor presentó un proyecto de ley similar el año pasado. Murió en el Senado estatal tras pasar por la Asamblea. El lunes, el proyecto de ley de este año apenas logró aprobarse en el pleno de la Asamblea. Un proyecto de ley necesita 41 votos para ser aprobado en el pleno. Éste tenía 42.

El asambleísta demócrata Joaquín Arámbula, ex médico de urgencias de Fresno, fue uno de los 42 legisladores, todos demócratas, que votaron a favor del proyecto de ley.

Le dijo a CalMatters el jueves que votó a favor del último proyecto de ley porque requeriría que los médicos informen sobre lesiones potencialmente mortales. El proyecto de ley anterior, por el que no votó, no incluía ese requisito.

“No quería perder eso, ya que deberíamos centrarnos en aquellos que corren mayor riesgo para la vida”, dijo. “Y creo que este es un enfoque bueno y mesurado”.

El otro médico de la Asamblea que votó a favor del proyecto de ley fue el asambleísta Akilah Weber de La Mesa, obstetra y ginecólogo. Ella no respondió a las solicitudes de entrevista de CalMatters.

La asambleísta Jasmeet Bains, médica de familia de Bakersfield, estuvo entre los tres asambleístas demócratas que votaron “no”, junto con 12 republicanos.

Ella le dijo a CalMatters el jueves que cree que sus compañeros médicos regularmente impiden que continúe el abuso cuando presentan informes policiales. Le preocupa que las familias sufran si los médicos ya no están obligados a informar.

“Me preocupan las estructuras familiares”, dijo. “Me preocupa el entorno en el que crecen los niños si los perpetradores no rinden cuentas, porque a veces es esa pieza la que rompe el círculo de violencia en los hogares”.

Veintitrés miembros bipartidistas de la Asamblea no votaron sobre el proyecto de ley de McKinnor. No votar cuenta lo mismo que votar “no”.

Como informó CalMatters, los legisladores regularmente se niegan a votar para evitar declararse en contra de un proyecto de ley controvertido.

El proyecto de ley pasa ahora al Senado. El proyecto de ley del año pasado murió después de ser aprobado por el Comité de Seguridad Pública del Senado.

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Comunidades excluidas en el censo nacional serán representadas e incluidas; por primera vez desde 1997 la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) amplió sus normas sobre raza y etnia, con lo que se busca visibilizar y representar a todas las personas en la recopilación de datos federales.

Durante una sesión informativa realizada por Ethnic Media Services, expertos hablaron sobre cómo se han incluido nuevas normas en materia de raza y etnia, para que la OMB garantice claridad en la recopilación de datos y garantizar que las necesidades sean escuchadas y las comunidades representadas. 

Juan Rosa, director nacional de Compromiso Cívico del Fondo Educativo (NALEO), comentó que estos cambios en la recolección de datos puede beneficiar a las comunidades en un formato a largo plazo, al tiempo que considera que las generaciones han cambiado y tienen más capacidad de reconocer su identidad, sentirse orgullosos de su origen y en busca de una forma de identificarse realmente como son y de dónde vienen.

Un 35 por ciento de los latinos marcaron en el censo del 2020 que eran de otra raza, al no encontrarse identificados, mientras que 8 por ciento no respondieron; se estima que 27 millones de 63 millones que se contaron en el censo no se veían reflejados en las preguntas referentes a la raza, por lo que se generó una necesidad de cambios, dijo.

Tina J. Kauh, oficial superior de Programas de la Unidad de Investigación, Evaluación y Aprendizaje de la Fundación Robert Wood Johnson, explicó que esta organización trabaja con las comunidades, médicos e instituciones para crear un futuro donde la medicina esté al alcance de todos. 

Comentó que el racismo sistémico sigue presente, no solo para la comunidad de asiáticos americanos, sino también para otras comunidades de minorías, por lo que conseguir recursos suficientes para diversos estudios o programas es realmente complicado, y sin datos duros se vuelve casi imposible. 

En ese sentido, refirió que, actualmente se está apoyando a la recolección de datos que llega a sumar mucho a las comunidades, lo que les permitirá conocer sus carencias y necesidades, generando la obtención de información relevante para implementar nuevos y mejores programas de apoyo.

Gail C. Christopher, directora ejecutiva de la National Collaborative for Health Equity y directora de la Comisión Nacional para la Transformación de los Sistemas de Datos de Salud Pública de la Fundación Robert Wood Johnson, explicó que se debe ampliar el sistema de datos para poder incluir a las comunidades más vulnerables dentro de California.

Christopher destacó que es muy importante abordar el racismo estructural que limita a las comunidades de color, y que actualmente se cuenta con diferentes categorías para que la gente se identifique y se sienta realmente escuchada, mostrando que no son invisibles.

“Aún hay que transformar el sistema de datos para que las comunidades, las agencias de salud y las asociaciones logren entender que hacer esto es con la mejor intención, ya que existen distintas narrativas, sin embargo, se busca que los recursos y los resultados ayuden a prosperar a esas comunidades que no se sienten representadas”, subrayó.

“El reto al que nos enfrentamos es que la falta de datos cabe en el marco de discriminación y estereotipos raciales que han sido parte de nuestra nación y ahora mismo estamos en ese momento de aceptar nuestra historia para crear fuerzas, reconciliación y procesos de sanar”, agregó Gail C. Christopher.

Meeta Anand, directora senior de programas del censo y equidad de datos en The Leadership Conference Education Fund, explicó que cuando se ponen los puntos en las cifras, no se están contando las historias de equidad racial y en realidad solo se muestra una parte.

Y es que, aseguró, cuando se habla de recolectar datos, solo se busca tener una mejor versión de las personas a las que se quiere representar, pues los datos jamás podrán encasillar a una persona, ya que existen muchos orígenes y culturas, pero tener más opciones en una encuesta les permite mostrarse cómo son o lo más cercano a lo que son, y eso es lo que se busca.

Con este nuevo formato las personas se pueden identificar y pueden contar su historia a través de las encuestas. Para lograr esto, se contará con un tiempo suficiente para poder codificar los datos recopilados. Las organizaciones estarán al pendiente del proceso para lograr tener los resultados más apegados a la realidad. 

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Los Servicios de Salud Correccionales y la Oficina del Sheriff del condado de San Mateo, han instalado una máquina para dispensar dosis gratuitas de Narcan, el medicamento que revierte los efectos de una sobredosis de opioides, en el vestíbulo público del Centro Correccional de Maguire en Redwood City. 

Lo anterior, con la finalidad de reducir el daño a la comunidad y potencialmente salvar vidas, pues la maquina proporciona una caja de Narcan que contiene dos dosis a cualquiera que la necesite, incluidos los reclusos que están siendo liberados, sus familiares y amigos, así como el público en general.

Un aerosol nasal, Narcan (el nombre comercial del medicamento naloxona) es seguro de usar y fácil de implementar, lo que hace posible que cualquier persona (amigos, transeúntes) brinde ayuda para salvar vidas. 

Y es que, si bien los socorristas llevan naloxona, el medicamento se puede administrar incluso antes de llamar al 911, ya que los segundos cuentan si alguien está experimentando una sobredosis.

El Departamento de Salud Pública de California recomienda que los amigos y familiares que conocen a alguien con mayor riesgo de sufrir una sobredosis de opioides, especialmente aquellos con un trastorno por consumo de opioides, lleven naloxona y la guarden en casa. 

Además, detalló, las personas que toman dosis altas de medicamentos opioides recetados por un médico, así como aquellas que usan opioides y benzodiazepinas juntos y/o que usan drogas, deben llevar consigo naloxona e informar a otros que la tienen en caso de que experimenten una sobredosis de opioides.

Cabe destacar que la ley del Buen Samaritano de California protege a quienes brindan atención médica de emergencia en el lugar de una emergencia médica, incluida la administración de naloxona.

La máquina expendedora también ofrece una pantalla táctil para brindar información sobre otros servicios disponibles, como los de alimentación, alojamiento, tratamiento por consumo de sustancias, salud mental, libertad condicional y libertad condicional.

“Este esfuerzo tomó más de un año y es el resultado de una gran asociación con la Oficina del Sheriff”, dijo el director de Servicios de Salud Correccionales, Michael del Rosario. “Mientras nos esforzamos por mejorar los servicios que brindamos a nuestras personas encarceladas y a la comunidad, esperamos poder ayudar a salvar algunas vidas con este proyecto”.

En mayo de 2023, después de una sesión de estudio público sobre la creciente amenaza para la salud pública que representan los opioides baratos y el fentanilo, la Junta de Supervisores recomendó brindar acceso a naloxona; aumentar la cooperación entre el Departamento de Salud del Condado, los funcionarios de seguridad pública y otras partes interesadas; promover la educación pública y recopilar datos para identificar áreas o poblaciones en riesgo.

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