Por Sunita Sohrabji

El presidente Donald Trump ha declarado que el inglés es el idioma oficial de Estados Unidos, lo que genera preocupación sobre la accesibilidad a los servicios gubernamentales esenciales para quienes no hablan inglés.

“Las comunidades inmigrantes ya están bajo ataque”, declaró Marita Etcubanez, directora de Iniciativas Estratégicas de Asian Americans Advancing Justice|AAJC. “Esta orden ejecutiva refuerza el mensaje de que no pertenecemos aquí y que no somos estadounidenses”, declaró en una entrevista con Ethnic Media Services. “Pero también somos contribuyentes. Estos son programas y servicios a los que hemos contribuido y a los que tenemos derecho”.

En una orden ejecutiva firmada el 1 de marzo —que designa el inglés como idioma oficial de Estados Unidos— , Trump declaró que el inglés ha sido el idioma de Estados Unidos desde su fundación. «Una lengua designada a nivel nacional es la base de una sociedad unificada y cohesionada. Estados Unidos se fortalece con una ciudadanía que puede intercambiar ideas libremente en un idioma compartido».

Al dar la bienvenida a los nuevos estadounidenses, una política que fomente el aprendizaje y la adopción de nuestro idioma nacional convertirá a Estados Unidos en un hogar compartido y empoderará a los nuevos ciudadanos para alcanzar el sueño americano.

Hablar inglés no solo abre puertas económicas, sino que también ayuda a los recién llegados a integrarse en sus comunidades, participar en las tradiciones nacionales y contribuir a nuestra sociedad, escribió Trump en la Orden Ejecutiva.

La nueva política deroga una orden ejecutiva anterior de la administración Clinton, que obligaba a las agencias federales a ofrecer sus servicios a personas con dominio limitado del inglés. La orden ejecutiva de Trump deja a discreción de las agencias federales la adopción de políticas de “solo inglés”.

En una entrevista con EMS, Etcubanez explicó la orden ejecutiva de Trump y cómo podría afectar el acceso al idioma. A continuación, algunos extractos:

With his executive order declaring English as the nation's official language, #Trump is sending a chilling message to immigrants: 'you don't belong here,' says Marita Etcubanez of @AAAJ_AAJC #Englishonly #immigrants @maritaetc pic.twitter.com/7DliuJUtq5

— Ethnic Media Services (@EthnicMediaSvc) March 17, 2025

Marita, ¿imaginas que las agencias federales revisen esta orden ejecutiva y digan: ‘Bueno, no tenemos que brindar acceso al idioma, así que no lo vamos a hacer’?

Vamos a abogar ante las agencias clave para que mantengan sus prácticas de acceso lingüístico. Pero también sabemos que el Departamento de Justicia ha liderado el acceso lingüístico. Ahora que se han anulado las directrices sobre la orden ejecutiva de la era Clinton, le corresponde al Departamento de Justicia promulgar nuevas directrices. Seguirán marcando la pauta, y me preocupa cómo se verá esto en el futuro.

36 estados tienen el inglés como único idioma. Pero, ¿cree que más estados adoptarán esta medida, dado el mensaje general?

El mensaje que transmite esta orden ejecutiva es profundamente perjudicial. Me preocupa que los gobiernos estatales y locales sigan el ejemplo descrito en esta orden ejecutiva.

¿Prevé usted una caída en la votación, dado que podría no haber papeletas en su idioma o materiales de apoyo?

El artículo 203 de la Ley de Derecho al Voto establece que las jurisdicciones donde las comunidades lingüísticas alcancen un cierto umbral numérico seguirán estando obligadas a proporcionar materiales electorales multilingües en los idiomas contemplados. Esto no desaparecerá por la promulgación de una nueva orden ejecutiva. Es algo que tendremos que supervisar y por lo que lucharemos.

Dicho esto, no todas las jurisdicciones están cubiertas, y ciertamente no todos los idiomas que necesitamos están incluidos. Por lo tanto, en cuanto a las áreas donde no están exigidas por ley, pero que aún han proporcionado materiales de votación traducidos y apoyo lingüístico adicional en los centros de votación, nos preocupa que pueda haber algún retroceso.

¿Qué mensaje está enviando Trump a las comunidades inmigrantes?

El mensaje que se envía a las comunidades inmigrantes es que no pertenecemos y que no debemos esperar recibir ayuda del Gobierno, ya sea en los propios servicios o en apoyo lingüístico para acceder a ellos. Y eso representa un grave daño para nuestras comunidades. No queremos que se desanime a la gente a acceder a los servicios necesarios, lo cual, me temo, es uno de los principales mensajes que pretende transmitir esta orden ejecutiva.

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La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará el caso Luisiana v. Callais el 24 de marzo de 2025, un caso histórico de redistribución de distritos que busca adquirir representación justa para los votantes afrodescendientes y minorías raciales; el resultado marca la pauta para futuros casos de redistribución de distritos y luchas sociales. 

Para obtener una representación justa, los legisladores de Luisiana crearon un segundo distrito de mayoría afrodescendiente en respuesta a un litigio anterior en virtud de la Sección 2, por lo que el nuevo mapa está siendo impugnado por manipulación racial de los distritos electorales, llevando el asunto de nuevo ante la Corte Suprema el próximo 24 de marzo.

Este caso tiene su base en la intersección de las protecciones constitucionales (Cláusula de Protección Igualitaria) y las protecciones de la Ley de Derechos Electorales (conocida como VRA, por sus siglas en inglés), en su Sección 2, abordando la manipulación racial de los distritos electorales y la representación justa.

El resultado de este caso determinará el futuro de la redistribución de distritos a nivel nacional y pondrá a prueba la resiliencia de la democracia en Estados Unidos, expresaron expertos durante una sesión informativa realizada por Ethnic Media Services.

Victoria Wagner, asesora del Fondo de Defensa Legal y Educativa de la NAACP (LDF), explicó que tener un segundo distrito de mayoría afrodescendiente es brindarle a los votantes una oportunidad que ha sido negada por años. 

“Un grupo de votantes autoidentificados no afroamericanos presenta una demanda contra este nuevo mapa y los dos distritos mayoritariamente negros afirman que se trata de una manipulación racial de los distritos electorales que viola la Cláusula de Igual Protección de la Enmienda 14”, expresó Wagner. 

Los demandantes son un grupo de votantes no afrodescendientes que intentan afirmar que este mapa se basó únicamente en la raza y olvidan que dicha motivación se sustentaba en diversas demandas que confirman que ahora es necesario considerar la raza para cumplir con la Ley de Derecho al Voto, agregó la abogada. 

“En primer lugar, estamos diciendo que esto no es una manipulación racial de los distritos electorales porque la raza no predominó; sin embargo, la Corte Suprema ha creado otra excepción, incluso si ellos mismos o un tribunal inferior encuentra la solución. Las legislaturas estatales aún pueden priorizar la raza de esa manera si tienen buenas razones para creer que deben hacerlo”, sostuvo la defensora legal. 

Además, precisó que se abordaba una dilución de votos, que en realidad ocurre durante el proceso de elaboración del mapa, así a un votante no se le niega completamente la oportunidad de votar, sino que se diluye el peso de su voto.

“La dilución del voto se ve a través de lo que llamamos empaquetamiento, donde se podría agrupar una población minoritaria en un distrito, por lo que son como el 60 por ciento o 70 por ciento de esa población, cuando si no se hubiera dispersado esa población, tendrían más influencia”, finalizó Wagner.

Alanah Odoms, directora ejecutiva de American Civil Liberties Union-Louisiana, comentó que si bien algunas cosas han cambiado, la lucha por el derecho al voto está lejos de terminar, pues la historia de Luisiana con la votación es un doloroso reflejo de esta verdad, ya que esta marcada por exclusión y discriminación que ha buscado impedir que los afrodescendientes participen plenamente en la democracia. 

“La historia nos enseña que, cuando se avanza, suele haber una reacción negativa. En cuanto los votantes negros empezaron a ejercer una influencia real, los legisladores blancos actuaron con rapidez para despojarlos de ese poder”, expresó Odoms. 

Actualmente, la población afrodescendiente representa casi 33 por ciento de Luisiana y un tribunal federal dictaminó que los mapas del estado violaban la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, por lo que los votantes afrodescendientes merecen otro distrito donde puedan elegir a un representante de su elección, precisó la también litigante 

“Votar es más que solo papeletas y elecciones, se trata de dignidad. No podemos permitirnos el lujo de quedarnos de brazos cruzados y esperar que los tribunales hagan lo correcto, la justicia no es automática, es algo por lo que debemos luchar generación tras generación”, agregó Odoms. 

Por su parte, Ashley Shelton, directora ejecutiva de Power Coalition for Equity & Justice, dijo que los ciudadanos de Luisiana tuvieron muy claro desde el principio que querían mapas justos y la posibilidad de que los candidatos tuvieran la libertad de elegir. 

“En todo el estado, tuvimos una participación sin precedentes en las audiencias legislativas, así como en cada sesión de redistribución de distritos. Incluso el año pasado, hubo gente que salió a la calle a pesar del hielo y la nieve, es una de esas cosas que demuestran su importancia”, comentó Shelton. 

Davante Lewis, comisionado de Servicios Públicos del Distrito 3 de Los Ángeles, la primera persona abiertamente LGBTQ+ elegida para un puesto a nivel estatal en Luisiana, explicó que los habitantes de este estado solicitaron un segundo distrito utilizando la matemática simple, pues Luisiana el segundo estado afrodescendiente de la nación.

“Vimos una participación significativa de los ciudadanos que observan este proceso y entienden qué está exactamente en juego, lo vimos en el ciclo electoral de 2024, ese trabajo dio frutos, los votantes negros participar en un nivel más alto de lo que habían hecho anteriormente, lo que demuestra que el trabajo en torno a la redistribución de distritos es el trabajo del votante”, detalló Lewis.

Expresó que ese es el camino a seguir para todos, sin importar en qué distrito se encuentren, se debe seguir avanzando y haciendo el trabajo que producirá los resultados esperados. 

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El Gobernador Gavin Newsom se reunió este lunes con una delegación del estado mexicano de Sonora para establecer una nueva alianza subnacional, fomentando la diplomacia y al mismo tiempo basándose en el compromiso de alcanzar sus objetivos nacionales de aire y energía limpia.

En la histórica Mansión Stanford en Sacramento, el gobernador Newsom dio la bienvenida a su homólogo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, donde participaron en una reunión bilateral y después firmaron un memorándum de entendimiento.

“A pesar de la frontera que nos divide, California y Sonora comparten el reto común de adaptarse a un mundo más cálido y seco. Pero también compartimos un esfuerzo común para promover soluciones reales. La alianza de hoy une a nuestros estados para limpiar el aire y ampliar el acceso a más energía limpia”, dijo Gavin Newsom.

El memorándum destaca cuatro años de colaboración entre California y Sonora para impulsar su liderazgo mediante el aumento del desarrollo de energías limpias, el desarrollo de la resiliencia de la cadena de suministro y la expansión del acceso regional a las energías renovables, entre otros aspectos.

“Sonora y California comparten frontera y desafíos. Hoy establecemos un acuerdo con este estado, líder en crecimiento económico y acciones contra el cambio climático, para unir fuerzas y garantizar que las familias vivan en una región próspera, con un mejor medio ambiente y desarrollo tecnológico,” señaló el Gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño. “Sonora aporta todo un desierto y el talento de su gente para hacer posible una región mejor.”

Cabe señalar que el mes pasado, California y un consorcio de 21 estados brasileños se unieron para combatir la contaminación y fomentar el crecimiento económico sostenible.

A su vez, en 2024 Newsom firmó un memorando con Emilia-Romaña durante una visita a Italia para la Cumbre del Clima del Vaticano, y otro memorándum en mayo con la provincia de Gyeonggi en Corea del Sur – la cual es el centro de la economía y la industria de alta tecnología de ese país. El Gobernador Newsom también recibió a delegaciones de Suecia y Noruega y renovó las alianzas climáticas con ambos gobiernos.

En 2023, el Gobernador Newsom encabezó una delegación de California a China, donde California firmó cinco memorandos de entendimiento – con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, las provincias de Guangdong y Jiangsu, y los municipios de Pekín (conocido como Beijing en inglés) y Shanghái.

El viaje también resultó en una declaración pionera de China y California para cooperar en la acción climática, como la reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero, la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles y el desarrollo de energías limpias.

California también lanzó la Alianza Mediterránea para la Acción Climática (MCAP por sus siglas en inglés) en la COP 28, trabajando para apoyar a los miembros en la rápida adaptación a los impactos y emergencias climáticas.

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Por Joe Dworetzky. Bay City News.

Un juez federal de San Francisco ordenó el jueves a la administración Trump que reincorpore a miles de empleados en período de prueba despedidos por orden de la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos.

Los empleados en prueba son trabajadores federales en el primer o segundo año de su empleo, dependiendo del tipo de servicio.

El juez federal de distrito William Alsup dictaminó desde el estrado que los empleados de seis departamentos federales (Asuntos de Veteranos, Agricultura, Interior, Energía, Defensa y Tesoro) fueron despedidos indebidamente y deben ser reincorporados inmediatamente.

El fallo se produjo en una demanda presentada contra la OPM por sindicatos que representan a trabajadores federales y organizaciones no gubernamentales que se vieron afectados por los despidos.

La disputa surge de una directiva del 13 de febrero de la OPM y su nuevo director interino, Charles Ezell, que establecía que las agencias federales de todo el país debían despedir a decenas de miles de empleados federales en período de prueba. Las agencias debían utilizar un formulario estandarizado, supuestamente elaborado por la OPM, para notificar el despido.

La demanda, presentada el 19 de febrero, solicitaba al tribunal que invalidara los despidos alegando que la OPM no tiene autoridad legal para despedir a los empleados de la agencia. Esa facultad corresponde a las agencias.

El 23 de febrero, los demandantes pidieron una orden de restricción temporal para detener los despidos en curso mientras la disputa estuviera pendiente.

Alsup, un juez conocido por su enfoque directo y sensato, escuchó los argumentos de los abogados el 27 de febrero y, con base en dichas presentaciones, emitió una orden de restricción temporal. Concluyó que, si bien la OPM tenía autoridad para contratar y despedir a sus propios empleados, “no tenía la autoridad para ordenar el despido de empleados, en período de prueba o de otro tipo, en ninguna otra agencia federal”.

La OPM alegó que no ordenó los despidos, sino que simplemente solicitó a las agencias que realizaran una revisión exhaustiva de sus empleados en período de prueba. Alsup afirmó que los demandantes habían presentado una gran cantidad de documentación que demostraba lo contrario y, con base en ello, concluyó que los despidos eran probablemente ilegales, inválidos y debían ser detenidos y anulados.

El juez ordenó entonces la audiencia probatoria del jueves. Al término de la audiencia, prorrogó la orden anterior y ordenó la reincorporación inmediata de los empleados despedidos de las seis agencias.

Alsup también ordenó que no se despidieran más empleados en período de prueba y ordenó a la OPM no dar orientación a ninguna agencia federal sobre qué empleados deberían ser despedidos.

El juez aún no ha emitido su opinión por escrito, pero según Erik Molvar, director ejecutivo de Western Watersheds Project, uno de los demandantes en el caso, quien observó la audiencia, al juez le preocupaba que los documentos presentados al tribunal por el gobierno estuvieran “desinfectados” e incompletos.

Molvar dijo que el juez estaba “básicamente acusando al Departamento de Justicia de ocultar documentos que no respaldan su caso”.

Asimismo, estimó que el fallo afecta a miles de empleados de las seis agencias, aunque aún no se conoce el número preciso.

Según Danielle Leonard, una de las abogadas de los demandantes, “la ley es clara: la OPM no tiene autoridad para ordenar a las agencias federales que despidan a sus empleados. El fallo de hoy es un primer paso importante para responsabilizar a esta administración por estos actos ilegales”.

“Estos despidos masivos de empleados federales no fueron solo un ataque a las agencias gubernamentales y su capacidad de funcionar, sino también un ataque directo a las tierras públicas, la vida silvestre y el estado de derecho”, agregó.

Una solicitud de comentarios al abogado que representa al gobierno no fue aceptada de inmediato.

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