El abogado del condado de Santa Clara, James R. Williams, y el de la ciudad de San Francisco, David Chiu, anunciaron este jueves que voluntariamente terminaron su demanda que impugnaba la regla de «carga pública» de la Administración Trump, luego de que esta ya no existe y no se puede resucitar.
Fue durante 2019 que el condado de Santa Clara y la ciudad y el condado de San Francisco presentaron la primera demanda en la nación para bloquear la regla de la era Trump, que habría instituido una prueba de riqueza para los inmigrantes que ingresan a Estados Unidos o pasan por el proceso de naturalización, y que al mismo tiempo infundió miedo en las comunidades inmigrantes que los disuadió de participar en la vida cívica o programas de beneficio público.
La acción, marca la conclusión exitosa de una batalla legal de cuatro años a través de la cual el condado de Santa Clara y San Francisco bloquearon la regla de carga pública de la Administración Trump.
Desde que el Condado de Santa Clara y San Francisco presentaron su demanda en 2019, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló a su favor al bloquear la entrada en vigencia de la regla.
La Administración Biden rescindió la regla cuando asumió el cargo; mientras que la Corte Suprema de Estados Unidos negó el intento de una coalición liderada por Arizona de defender la regla; y, en un litigio separado pero similar, la Corte Suprema se negó a revisar una decisión del Séptimo Circuito que bloqueaba la entrada en vigor de la regla en todo el país.
«Fuimos los primeros en levantarnos en la corte y decir que la regla de carga pública de la Administración Trump no solo era profundamente dañina para nuestras comunidades de inmigrantes, sino que también era rotundamente ilegal. Y hemos sido reivindicados en cada paso», dijo el abogado del condado de Santa Clara, James R. Williams.
A su vez, apuntó que mantendrán su atención y recursos a proteger a los residentes de los ataques racistas y xenófobos.
«Estamos y siempre estaremos comprometidos con el avance de la salud, el bienestar, la dignidad y la equidad en todas nuestras comunidades, incluidas nuestras comunidades de inmigrantes. El gobierno en todos los niveles debe apoyar y proteger a las familias, no marginarlas ni villanizarlas», subrayó.
Por su parte, el abogado de la ciudad de San Francisco, David Chiu, aseguró que «las comunidades de inmigrantes pueden estar seguras de que la regla de carga pública ha sido derrotada en los tribunales y rescindida por la Administración Biden».
«Nadie debe temer buscar la asistencia y los programas que necesita. En San Francisco, el condado de Santa Clara y en todo California, continuaremos honrando nuestro legado de dar la bienvenida a inmigrantes de todos los orígenes y luchar contra cualquier intento de instituir una prueba de riqueza para la ciudadanía», dijo Chiu. «Llevamos esta lucha hasta la Corte Suprema y estoy encantado de decir que ganamos».
Y es que, bajo la administración Trump, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anunció en 2019 una regla sobre «Inadmisibilidad por motivos de carga pública» que habría cambiado casi 140 años de precedentes legales.
La Administración Trump buscó expandir radicalmente los motivos por los cuales se podría considerar que una persona podría convertirse en una «carga pública» y, por lo tanto, negarle una tarjeta verde ‒green card‒ o la entrada a Estados Unidos. Por diseño, la regla habría obligado a las personas a renunciar o retirarse de los beneficios y la atención públicos críticos.
Así, el condado de Santa Clara y la ciudad y el condado de San Francisco presentaron conjuntamente el primer caso en la nación que desafió la regla de la era Trump.
Posteriormente, a los condados se unieron varias coaliciones que también desafiaron la regla, incluidos grupos encabezados por los estados de California, Washington y Nueva York; Condado de Cook, Illinois; Baltimore, Maryland; la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados; y Haz el Camino Nueva York.
En octubre de 2019, el condado de Santa Clara y San Francisco obtuvieron una orden judicial preliminar que impidió que la Administración Trump implementara su regla. Los tribunales de todo el país, incluidos los de Apelaciones de Estados Unidos para los Circuitos Noveno, Séptimo y Segundo, acordaron unánimemente que la regla de la era Trump era ilegal y prohibió su implementación.
Cabe destacar que se solicitó a la Corte Suprema en tres ocasiones distintas que reconsiderara estas victorias legales, y en cada ocasión la Corte las dejó en su lugar.
La Administración Trump solicitó la revisión de la decisión del Noveno Circuito en la Corte Suprema de EE. UU., pero en marzo de 2021 el Departamento de Justicia de la Administración Biden abandonó el caso y anunció que la administración no implementaría la regla de Trump.
Luego, la Corte Suprema consideró si se debería haber permitido que una coalición de estados encabezada por Arizona interviniera para defender el gobierno de la era Trump después de la toma de posesión del presidente Biden.
Pero en junio de 2022, el condado de Santa Clara, San Francisco y los estados encabezados por California y Washington persuadieron a la Corte Suprema de que desestimara su auto de certiorari por haber sido otorgado sin previsión, lo que nuevamente dejó intacta la decisión del Noveno Circuito.
Finalmente, mientras que el condado de Santa Clara, San Francisco y los demás demandantes prevalecían en los tribunales, la Administración Biden eliminó la regla de la era Trump del Código de Regulaciones Federales y adoptó una nueva regla de carga pública que cumple con la ley federal de inmigración y los condados.
This publication was supported in whole or part by funding provided by the State of California, administered by the California State Library.
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