El gobernador Gavin Newsom rechazó un conjunto de propuestas de la administración de Donald Trump que permitiría completar ciertas compras de armas de fuego a distancia y enviarlas directamente al domicilio del comprador, sin que este tenga que acudir personalmente al establecimiento.
California también se opuso a otras modificaciones que permitirían eliminar registros utilizados para rastrear armas involucradas en delitos y restringirían los criterios de salud mental que actualmente impiden a determinadas personas adquirirlas.
Los departamentos de Salud Pública y Asuntos de Veteranos, así como la Junta de Compensación a las Víctimas de California, presentaron objeciones formales ante las autoridades federales por considerar que las medidas incrementarían los riesgos para la población, los veteranos y las víctimas de delitos.
“La administración Trump sigue adelante con cambios que admite abiertamente que podrían provocar más tiroteos masivos y suicidios de veteranos militares”, declaró Newsom.
“Está orquestando una purga de registros que ayudarían a las fuerzas del orden a resolver crímenes”, agregó. “Trump está poniendo en peligro a nuestras comunidades y parece estar directamente al servicio de los delincuentes”.
Una de las reglas propuestas por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos —ATF— ampliaría las denominadas transacciones sin mostrador, en las que el comprador no se presenta personalmente ante el vendedor.
De acuerdo con el proyecto publicado en el Registro Federal, la operación tendría que realizarse con un distribuidor autorizado ubicado en el mismo estado que el comprador y conservaría la verificación federal de antecedentes.
Sin embargo, la identidad podría comprobarse de manera remota y el arma sería enviada directamente al comprador. También se remitiría una notificación electrónica al jefe de la agencia policial correspondiente.
La ATF argumenta que la propuesta incorporaría los avances tecnológicos desarrollados desde la aprobación de la Ley Brady en 1994 y ofrecería mayor flexibilidad a quienes compran armas legalmente.
El Departamento de Salud Pública de California advirtió, por su parte, que eliminar la entrega presencial impediría que los vendedores detectaran señales de crisis, coacción, intoxicación o circunstancias inseguras antes de entregar un arma.
“Como madre, pediatra y líder en salud pública, me comprometo a garantizar que cada niño y joven tenga la oportunidad de crecer en un entorno seguro y saludable”, señaló Erica Pan, directora del departamento y responsable estatal de Salud Pública.
Pan recordó que las lesiones provocadas por armas de fuego continúan entre las principales causas de muerte de niños y jóvenes, con un impacto desproporcionado entre los varones y las comunidades de color.
Aunque la modificación avanzara a nivel federal, las leyes de California continuarían exigiendo que las transferencias de armas se realicen presencialmente mediante vendedores autorizados.
Otra propuesta de la ATF sustituiría la obligación de conservar indefinidamente determinados registros de adquisición y venta de armas por un periodo de 20 o 30 años. Una vez cumplido ese plazo, los documentos podrían ser destruidos.
La ATF reconoce en el documento que la pérdida de esos registros podría retrasar o dificultar los esfuerzos de las autoridades federales, estatales y locales para identificar y detener a personas involucradas en delitos violentos.
La Junta de Compensación a las Víctimas de California advirtió que los rastreos fallidos pueden prolongar la espera de las víctimas y sus familias para obtener respuestas, justicia e indemnizaciones.
“Un intento fallido de localizar a alguien puede tener un impacto financiero y emocional en las víctimas y sus familias”, declaró Lynda Gledhill, directora ejecutiva de la junta. “También puede dificultarles la posibilidad de obtener una indemnización por las pérdidas sufridas a causa del delito”.
La tercera modificación cuestionada por California cambiaría las definiciones federales utilizadas para determinar cuándo una condición de salud mental impide legalmente poseer o adquirir armas.
El Departamento de Asuntos de Veteranos de California pidió evaluar con mayor profundidad esa consecuencia. La dependencia señaló que los veteranos representan una proporción desmedida de los suicidios y que las armas de fuego intervienen en buena parte de esas muertes.
Newsom enmarcó su rechazo en los resultados recientes de seguridad pública del estado. Según datos del Departamento de Justicia de California, entre 2024 y 2025 la tasa de homicidios disminuyó 18.6 por ciento y la de delitos violentos cayó 10.2 por ciento.
La tasa estatal de homicidios se ubicó en 3.5 por cada 100 mil habitantes, la más baja desde que California comenzó a recopilar estos datos en 1966.
Las modificaciones federales todavía son propuestas regulatorias y no han entrado en vigor. La administración federal deberá revisar los comentarios recibidos antes de determinar si publica versiones definitivas.
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