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La deuda estudiantil es la segunda mayor forma de crédito al consumo después de las hipotecas; actualmente, más de 45 millones de personas deben casi 1.7 billones de dólares, lo que significa que la gente puede pasar años pagando esa deuda, dependiendo de sus posibilidades, generando desigualdad económica, de género y racial entre la comunidad.
En los últimos años, la administración de Biden ha intentado suavizar y ampliar los programas de condonación de la deuda estudiantil puestos en marcha bajo la administración Obama, logrando cierto éxito en el proceso, pero enfrentándose continuamente a desafíos legales por parte de estados republicanos que han paralizado un amplio programa presentado en 2021.
Los prestatarios han pagado durante una o dos décadas, o han trabajado en empleos de servicio público para intentar liquidar su deuda, pero el panorama de la administración de préstamos es complejo y está plagado de normativas confusas para muchas personas.
Cada 26 segundos, uno de esos deudores de préstamos estudiantiles deja de pagar su préstamo, así lo dijeron expertos durante una sesión informativa realizada por Ethnic Media Services.
Adam Minsky, abogado de préstamos estudiantiles, explicó el panorama que se vive actualmente con la administración de Biden, que si bien ha impulsado varios programas en apoyo a los pagos, también ha dejado pocas opciones para otros por tener puntos clave poco claros para los estudiantes.
Se han aprobado aproximadamente 53 millones de dólares, llevado a cabo a través de diferentes iniciativas, una de las más grandes fue el programa El ajuste de cuentas y de IR, un documento temporal que permite que los prestamistas ofrezcan un plan de repago a 30 o 35 años, dependiendo de sus ingresos; sin embargo, este programa no ha sido bien organizado ni documentado, comentó Minsky.
Alrededor de 1 millón de prestatarios ya recibieron suficiente crédito para superar esa marca de 20 o 25 años, permitiendo que se perdonen sus préstamos, sin embargo, este programa terminará en los próximos meses.
Otro cambio, es en el programa de condonación de préstamos del servicio público o PSLF, por sus siglas en inglés, un programa que prevé un alivio para los que se comprometen a trabajar en organizaciones sin fines de lucro o gubernamentales a nivel federal, local o estatal; esto reduciría el repago a 10 años, pero el programa tiene reglas muy complejas y no tan buena supervisión, por lo que no ha sido adecuadamente manejado.
La administración de Biden implementó reglamentos nuevos que entraron en efecto en julio del año pasado, que hacen varias cosas para mejorar el PSLF, ofreciendo más flexibilidades en los períodos de repago y eliminar algunas cosas como la consolidación, que paso de 7 mil aprobaciones en 2020 a 900 mil al conteo del mes pasado.
También se cuenta con un programa para gente con discapacidades que no pueden obtener empleo por condiciones médicas, este programa entró en vigor en julio pasado y hace que sea más fácil el acceso para los estudiantes.
Además, agregó Minsky, la administración creó otro programa llamado SAVE, basado en los ingresos, siendo el programa más accesible y donde ya se tiene 8 millones de prestatarios matriculados.
Michele Shepard Zampini, directora senior de asequibilidad universitaria de TICAS, explicó que desde marzo del 2020, los prestatarios no tenían que pagar sus deudas estudiantiles de la manera que ahora lo hacen, pues con la pandemia llego una gran flexibilidad económica que no habían tenido los estudiantes, la administración quería brindarles un poco de alivio ante la crisis que se vivía.
Shepard afirmó que muchas veces los pagos son muy altos y muchas veces las personas tienen que elegir entre pagar lo esencial, como el alquiler, la comida, renta, u otros servicios necesarios antes que pagar su deuda.
A su vez, refirió que una opción viable es bajar el costo de esos pagos para que las familias no tengan que elegir entre una u otra.
Del 92 al 93 por ciento de estudiantes tienen deuda estudiantil federal y el resto es a través de préstamos privados por bancos, cooperativas de crédito o algun otro, mientras que 75 por ciento de los estudiantes asiste a una universidad pública, por lo que implementar un buen programa federal estaría ayudando a la mayoría de la población estudiantil.
Virginia Brown, consejera de salud mental y trabajadora social que acaba de jubilarse, comentó que ella pudo mudarse cerca de su familia al recibir 325 mil dólares en condonación de préstamos estudiantiles el año pasado.
Brown explicó que los fondos públicos suben y bajan, dependiendo del estado.
Expertos resaltan que existe una gran desigualdad entre los estudiantes indocumentados, ya que ellos no pueden acceder a la ayuda de financiamiento estudiantil, lo que incluye los préstamos estudiantiles, mientras que solo aquellos que tienen un número de seguridad social son candidatos.
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