Por Pamela Cruz. Península 360 Press [P360P]
Colombia recibirá una ayuda de 461 millones de dólares por parte del gobierno de EE. UU. en 2022 luego de que el Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes apruebe un proyecto de ley para ello. Sin embargo, el apoyo estará por primera vez condicionado en cuanto a los recursos que se destinen a la policía colombiana.
El gobierno estadounidense dejó en claro que de ahora en adelante, de llegar a aprobarse esa ley, 30 por ciento de todos los recursos antinarcóticos que llegan a la policía del país sudamericano dependerán de una certificación del Departamento de Estado en la que se confirme que el país está investigando y castigando a uniformados implicados en violaciones de Derechos Humanos (DDHH).
Y es que luego de las manifestaciones que iniciaran en abril de este año en Colombia, organizaciones internacionales reportaron sobre las masivas violaciones a DDHH que se dieron por parte de la policía colombiana en contra de los manifestantes.
De acuerdo con Temblores, una ONG que se ha encargado de registrar y documentar las prácticas de violencia policial a través de su plataforma «GRITA» y en atender a las víctimas y conectarlas con la administración de justicia a través de «Policarpa», hasta el pasado 16 de junio, identificaron 4 mil 285 casos de violencia por parte de la fuerza pública, sin incluir casos de desapariciones.
En tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó este miércoles que encontró «graves violaciones a los derechos humanos» durante las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque.
Cabe destacar que el condicionamiento de los recursos en ayuda a Colombia no es de ahora, pues esa condición ya existía para el ejército, sin embargo las restricciones ahora se extienden al cuerpo policiaco.
La condición que busca imponer el gobierno estadounidense sobre los recursos puntualiza que al menos 65 millones de dólares no podrán ser entregados hasta que se emita la certificación por parte del Departamento de Estado de EE. UU.
Es importante detallar que 80 por ciento de esos recursos ‒52 millones de dólares‒serían para la policía y 20 por ciento para el ejército.
De acuerdo con el medio El Tiempo, casi desde los inicios del Plan Colombia en el año 2000, los recursos para el Ejército habían sido sujetos a evaluaciones en Derechos Humanos. Requerimientos que crecieron con el escándalo de los falsos positivos y las interceptaciones ilegales de periodistas, defensores de derechos humanos, miembros de las altas cortes y congresistas.
En una audiencia celebrada el jueves pasado en el Congreso, José Miguel Vivanco, director para las Américas en Human Rights Watch, solicitó a los congresistas aprobar la nueva restricción en los fondos para la policía.
Por su parte, la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, quien se encuentra en Nueva York, dijo este jueves que no ve motivos para que la convulsión social y las recientes protestas que desembocaron en violencia en su país perjudiquen la relación con Estados Unidos.
«No vemos razón para que se afecten las relaciones bilaterales», dijo la canciller durante una entrevista telefónica con The Associated Press.
«Este es un Congreso ‒el estadounidense‒ que ha venido haciendo seguimiento permanente a la evolución de Colombia. Gracias a toda esta ayuda y a la confianza del Congreso y a las distintas administraciones de Estados Unidos pues nuestro país ha logrado enfrentar desafíos muy duros y, entre otras cosas, también ha logrado trabajar por los más pobres, reducir el nivel de pobreza…. combatir el narcotráfico, y fortalecer la institucionalidad», dijo Ramírez.
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