Por Ingrid Sánchez. Península 360 Press [P360P].
Las elecciones generales que se realizarán en noviembre próximo son una oportunidad para restaurar la democracia en Honduras en el contexto de la lucha de la población por la defensa de sus recursos naturales, consideraron Gustavo Iriras, director del Centro de Estudios de Democracia (CESPAD) y Dunia Sánchez, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
“Desde el CESPAD vemos que las elecciones en Honduras representan una oportunidad en el sentido de que se abre la posibilidad de dar fin a este régimen terrible de 12 años, instaurar la democracia, recuperar el estado de derecho, restaurar estos grandes retrocesos democráticos que hemos tenido y avanzar en una serie de reformas básicas y sustantivas que requiere el país”, opinó Gustavo Iriras en un conversatorio organizado por Global Exchange.
De acuerdo con el director del CESPAD el golpe de Estado de 2009 perpetrado por los militares hondureños fue apoyado por Estados Unidos, que veía con recelo el acercamiento del entonces presidente Manuel Zelaya a la política que encabezaba Hugo Chávez, de crítica a EE. UU. y defensa a la soberanía nacional.
El detonante para que se concretara el golpe de Estado de 2009 fue la iniciativa de Zelaya, de promover una consulta con la población para que se convocara a una Asamblea Constituyente que pudiera crear una nueva Constitución en reemplazo de la actual que data de 1982.
El golpe de estado ha significado la re militarización del país centroamericano, la privatización de los recursos naturales, el desmembramiento del Estado en micro estados y la aplicación de una política profundamente extractivista para lo que el gobierno ha elevado los niveles de represión y criminalización de la protesta social, opina Iriras.
Por su parte, Dunia Sánchez recalca que a pesar de los asesinatos políticos que ha sufrido el actual movimiento de defensa del territorio, los movimientos indígenas y populares que defienden el territorio continúan.
La joven activista y dirigente del COPINH recalcó que la participación de Berta Cáceres en el movimiento en defensa del territorio fue fundamental para configurar la organización actual de las comunidades, que sufren la llegada de megaproyectos.
El asesinato de Cáceres, ocurrido el 3 de marzo de 2016, fue una reacción de las empresas para tratar de detener la lucha contra la privatización del territorio, contra los proyectos hidroeléctricos del Río Blanco que se ha visto afectado según han demostrado las organizaciones sociales de la región.
De acuerdo con Sánchez, David Castillo, presidente ejecutivo de la Empresa de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) es la pieza clave por ser coactor y operador del crimen contra Cáceres. Su participación en el asesinato es parte de la demostración de que no se trató de un hecho relacionado con la vida personal de la activista ambientalista ni con la delincuencia que ha florecido en el país durante las últimas décadas.
“Para nosotros como comunidades no íbamos a desconocer o a decir que era un asesinato pasional. Era un crimen hacia nuestra compañera Berta Cáceres y sabíamos de dónde venía, porque pensaban que si asesinaban a nuestra compañera, iban a seguir operando dentro de nuestra zona, de nuestro río pero se equivocaron porque hasta hoy que hemos estado en este proceso, en esta investigación”, explica Sánchez.
En ese contexto, las elecciones de noviembre en Honduras pueden ser una posibilidad de que el país empiece a reconfigurarse en un contexto más democrático aunque, según Gustavo Iriras, las dificultades son muchas debido a que las reglas del juego electoral aún son precarias y existen problemas que la población tendrá que superar como la falta de autonomía del órgano electoral encargado de organizarlas.
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