Organizaciones, comunidades y líderes de sur y Centroamérica, han exigido, a través de una carta conjunta dirigida a los mandatarios de Estados Unidos y México, el fin de la política migratoria actual, el cual, entre otras tragedias, provocó la reciente muerte de 39 migrantes, mayoritariamente indígenas y de color, tras registrarse un incendio en un centro de detención migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Así, 45 organizaciones, entre las que destacan aquellas de la sociedad civil, educativas, migratorias y de comunicación, se sumaron a la denuncia colectiva a Joseph Biden y Andrés Manuel López Obrador, que exige el cierre de las estancias provisionales y las estaciones migratorias en México, así como, a un cambio de raíz en la política migratoria que apueste por una perspectiva desde los Derechos Humanos y no desde la contención y detención de las personas en contexto de movilidad.
«Vemos con preocupación cómo los gobiernos de México y Estados Unidos se apresuran a deslindarse de toda responsabilidad y a culpar a la población migrante por la tragedia, cuando es claro que las políticas de ambos gobiernos, son las responsables del contexto migratorio del que hoy, somos testigos en toda la región centro y norte del continente», señalan en la misiva.
De igual manera precisaron que, incluso antes del «Programa Quédate en México», múltiples organizaciones de la Sociedad Civil y defensoras de Derechos Humanos, ya habían señalado las condiciones de grave riesgo en que se encuentra la población migrante dentro de las estancias temporales y estaciones migratorias, «que no son otra cosa, sino cárceles».
En ese sentido, recordaron que en la última sesión del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación mexicana, realizada días antes de la tragedia de Ciudad Juárez, organizaciones alzaron la voz y denunciaron las condiciones de las estaciones migratorias, mientras que, el Instituto Nacional de Migración presentó un informe destacando avances en el proceso de «humanizació» de estos lugares.
A lo anterior se ha sumado el que algunos albergues de migrantes han denunciado que el nuevo sistema de solicitud de asilo a Estados Unidos en línea, llamado CBP One, es usado como un pretexto más para devolver a la frontera México-Guatemala a personas que ya tienen una cita, «perpetuando la estrategia de contradicción y confusión durante el proceso de regularización que termina por violentar los derechos humanos de las personas migrantes».
«Lo sucedido en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, es prueba de que se ha hecho caso omiso a las reiteradas denuncias externadas durante años y consecuencia de las dificultades que pone el mismo Instituto para el monitoreo y observación de las condiciones y prácticas dentro de estos centros de detención», señalaron las organizaciones e instituciones en la carta dirigida a los mandatarios.
Entre las denuncias, precisaron que, antes del incendio del centro migratorio de Ciudad Juárez, organizaciones locales denunciaron que personal del Instituto Nacional de Migración ‒INM‒ estaba deteniendo y enviando a estaciones migratorias a personas migrantes, incluyendo a personas con permisos de estancia y tránsito.
«No es sólo el incendio. No es sólo la Estancia Provisional de Ciudad Juárez. Es la política migratoria de México y Estado Unidos. Es la política de los Estados frente a una población que se ve obligada a salir de sus comunidades por las condiciones adversas provocadas por sistemas de gobierno, modelos ambientales y sistemas de justicia fallidos», subrayan.
Ante ello, han hecho un llamado a todas las organizaciones, comunidades y ciudadanía, para que este jueves 6 de Abril, expresen su rechazo a la política migratoria de México y Estados Unidos y a exigir respeto a los derechos de las víctimas y sus familiares, así como, acceso a la verdad y justicia.
Así como la reparación del daño y garantía de no repetición; alto inmediato a las prácticas de detención y deportación de personas migrantes y solicitantes de asilo; y el establecimiento de una mesa de trabajo con participación ciudadana, Sociedad Civil, defensores de derechos humanos, academia y de personas migrantes con la finalidad de rediseñar la política migratoria regional.
«La única vía para honrar a las víctimas de esta tragedia es la transformación plena de dicha política y del modelo de manejo de la movilidad humana», puntualizaron.
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