El presidente Donald Trump, a través de un decreto, eliminó los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) del Gobierno federal, medida que afecta en gran medida a pequeñas empresas que están en peligro de desaparecer, lo que representaría un fuerte golpe a la economía estadounidense.
Los beneficiarios de estos programas no son sólo las minorías raciales, sino también las mujeres, los veteranos y las personas con discapacidad, entre otros. Por ejemplo, los partidarios de la DEI abogaron por salas de lactancia en el lugar de trabajo, beneficiando a miles de madres trabajadoras.
La DEI tiene sus raíces en el movimiento legislativo contra la discriminación de los años sesenta, estos programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) se crearon para apoyar a las comunidades que históricamente se han enfrentado a barreras laborales.
La administración Trump emitió órdenes ejecutivas para poner fin a todos los programas federales relacionados con la DEI y ordenó a los contratistas federales que dejaran de promover la diversidad en sus empleos, lo que afecta a las pequeñas empresas.
Más de 40 por ciento de los propietarios de pequeñas empresas son mujeres, 4 de cada 10 son nacidos en el extranjero, y 1 de cada 5 son minorías raciales, teniendo en cuenta que los latinos constituyen una parte significativa de ese grupo.
Estas medidas, afectan directamente al motor económico de las pequeñas empresas estadounidenses, que son la gran mayoría del país.
Al eliminar esta medida, se estarían casi acabando los préstamos y apoyos a microempresas, así lo dijo Dilawar Syed, antiguo administrador adjunto de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA), durante una sesión informativa realizada por Ethnic Media Services.
Agregó que, Estados Unidos gasta 700 mil millones de dólares al año en contratos de gobierno federal y tenían que asegurarse que el 15 por ciento de estos fueran a emprendedores minoritarios que quisieran desarrollar un contrato con el gobierno para empezar una microempresa, anteriormente se vio un gran número de apoyos para comunidades asiáticas, afroamericanas e hispanas, logrando un 13 por ciento para este sector.
El economista detalló que actualmente se cuenta con solo 5 por ciento de contratos destinados a comunidades minoritarias, esto significa que cientos de empresas tendrán que cerrar, afectando directamente a la economía del país.
“Cuando se ataca a esos programas se están limitando sus aspiraciones y eso limita el liderazgo estadounidense. Entonces, yo no entiendo cómo esto puede traer una era dorada para Estados Unidos”, dijo.
Syed destacó que la orden ejecutiva por parte del presidente Trump, dónde decretó el inglés como idioma oficial, limita el alcance de los programas y el acceso a apoyos económicos; sumado a esto, se están cerrando puntos de reunión, afectando el acceso a la información.
Elizabeth Barrutia, presidenta y consejera delegada de Barú, una agencia independiente de mujeres dedicada a elevar el marketing y los medios de comunicación multiculturales, comentó que se enfrentan a menos accesos, por lo que buscar apoyos en otros departamentos como salud, educación sería la opción.
“Hablamos de equidad, salarios equitativos, individuos que estaban empoderados para trabajar con sus contratos en varios departamentos para impulsar y representar el porcentaje de DEI, pero ahora a los negocios pequeños ya no los harán responsables de tener un porcentaje de contratos inclusivos, del 15 por ciento están bajando al 5 por ciento”, comentó Barrutia.
Agregó que nuestra nación está creciendo en diversidad, pero las leyes la están negando.
La delegada de Barú afirmó que nos enfrentamos a una disminución de representación de la población, lo que afectará la equidad en otros sectores como salud, por eso es importante hacer contacto con las comunidades y apoyarse entre las asociaciones, así como encontrar oportunidades entre las personas.
La doctora Esther Zeledon, fundadora de BeActChange, una pequeña empresa afectada por los cambios políticos, explicó que esto va más que ponerle un final a DEI, se trata de una creencia de la mala reputación que se ha estado difundiendo entre las comunidades.
“En mi caso, yo perdí el 95 por ciento de mis contratos, por los cuales trabajé muy duro, dejando a un lado la ciencia y los estudios porque cuando invertimos en DEI, las empresas son más fuertes económicamente, les va mejor, pero ahora no nos podemos confiar. Dicen que todos nuestros avances no significan nada, lo que no es cierto” , expresó Zeledon.
Por su parte, Thomas A. Sáenz, presidente y consejero general del Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación, explicó que sí existe un recurso legal para cuidar de las comunidades y su economía.
“Debemos utilizar la ley para desafiar las prácticas que tienen efectos discriminatorios”, expresó el abogado.
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