Pamela Cruz. Península 360 Press [P360].
Una medida que habría deshecho un acuerdo legislativo de 2018, donde las empresas de refrescos consiguieron que se prohibiera que las ciudades y condados de California creasen impuestos a las bebidas azucaradas, fue archivada sin una audiencia, pese a vehementes protestas de legisladores.
A pesar de su reputación empañada, la industria refresquera en EE. UU. continúa ejerciendo su influencia política en el estado más poblado de la nación, gastando millones de dólares en cabilderos con conexiones políticas y repartiendo contribuciones de campaña a casi todos los legisladores del estado.
De acuerdo con Kaiser Health News –KHN–, los proyectos de ley a los que se oponen desde hace tiempo Coca-Cola Co., PepsiCo y otras empresas de bebidas, siguen fracasando.
«Las grandes refresqueras son un grupo de presión muy poderoso», dijo Eric Batch, vicepresidente de defensa de la Asociación Americana del Corazón, que ha solicitado a los legisladores de todo el país que tomen medidas contra las bebidas cargadas de azúcar que, según los defensores de la salud, contribuyen a la diabetes, la obesidad y otras condiciones médicas costosas.
«Han gastado mucho dinero en California para impedir que grupos como el nuestro aprueben una buena política. Y lo han estado haciendo durante mucho tiempo», precisó Batch a KHN.
Asimismo, detalló que en los últimos cuatro años, las empresas de refrescos gastaron unos 5.9 millones de dólares en cabildeo con los legisladores de California y en donaciones a sus campañas o a sus organizaciones benéficas favoritas.
De acuerdo con un análisis de California Healthline, en los registros de financiación de campañas desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020, se encontró que la Asociación Americana de Bebidas, Coca-Cola y Pepsi han dado donaciones a casi todos los titulares de cargos estatales, desde el gobernador Gavin Newsom hasta aproximadamente cinco sextas partes de la legislatura de 120 miembros.
KHN explicó que en 2018, la industria gastó 8.9 millones de dólares para impulsar una medida de votación estatal patrocinada por la Mesa Redonda de Negocios de California que habría hecho más difícil para las ciudades y los condados recaudar impuestos –no solo aquellos sobre las bebidas azucaradas– al requerir que sean aprobados por dos tercios de los votantes en lugar de una mayoría simple.
Así, ante el temor de que los gobiernos locales pudieran enfrentarse a un umbral de votación más alto para los impuestos y tasas que financiarían las bibliotecas, la seguridad pública y otros servicios, los legisladores dijeron entonces que no tenían otra opción que negociar con la industria.
En un acuerdo que varios legisladores describieron como una «extorsión» y una «elección de Sophie», la legislatura acordó aprobar un proyecto de ley que prohibía nuevos impuestos locales sobre las bebidas azucaradas hasta el 1 de enero de 2031, si la industria y otros partidarios abandonaban la medida electoral.
El entonces gobernador Jerry Brown, que había cenado con ejecutivos de la industria varias semanas antes, firmó el proyecto de ley.
Así, la legislación que habría impuesto un impuesto estatal sobre las bebidas azucaradas murió un año después, al igual que un proyecto de ley que habría exigido etiquetas de advertencia de salud en las bebidas azucaradas y otro que habría prohibido los refrescos en los pasillos de las cajas de los supermercados.
Y pese a que se luchó, el proyecto de ley de este año, que habría restablecido la capacidad de las ciudades y los condados de presentar impuestos sobre los refrescos a los votantes, quedó prácticamente muerto.
«Están jugando con el sistema político», dijo el miembro de la Asamblea Adrin Nazarian del Distrito North Hollywood, el autor de AB 1163.
Nazarian dijo que espera revivir la medida antes del 30 de abril, la fecha límite para que los comités políticos escuchen la legislación del año.
«Una cosa es que tomemos una mala decisión política una vez, y otra cosa es dar una señal a todas las industrias que luego utilizarán esta laguna jurídica contra nosotros. ¿Cuántas veces más vamos a hacer esto?», sentenció.
Y es que, los defensores de la salud pública apuntan a estos impuestos como forma de reducir el consumo de refrescos, bebidas deportivas, zumos de frutas y otras bebidas dulces, citando estudios que demuestran que cuanto más cuestan, menos gente los compra.
Por término medio, una lata de refresco contiene 10 cucharaditas de azúcar, casi toda la cantidad diaria recomendada para alguien que ingiere 2 mil calorías al día; sin embargo, algunas bebidas energéticas contienen el doble.
Cuatro ciudades de California -Albany, Berkeley, Oakland y San Francisco– tenían impuestos sobre los refrescos antes del acuerdo legislativo de 2018 que se les permitió permanecer. Boulder, Colorado; Filadelfia; Seattle; y la Nación Navajo también tienen impuestos a las gaseosas, con propuestas en consideración en Rhode Island y Washington, D.C.
El año pasado, San Francisco destinó 1.6 millones de dólares de los ingresos del impuesto sobre los refrescos a programas locales que alimentan a los residentes afectados por el cierre de escuelas y la pérdida de empleos debido al COVID-19, mientras que Seattle aprovechó los ingresos del impuesto sobre los refrescos para dar vales de compra a los residentes más afectados.
Nazarian dijo que esperaba que su intento de deshacer la moratoria del impuesto sobre las bebidas gaseosas fuera una batalla difícil, pero está frustrado porque el proyecto de ley se negó incluso a una audiencia.
Si bien países como Reino Unido, México, Portugal y Sudáfrica han impuesto impuestos nacionales a las bebidas azucaradas, los esfuerzos de EE. UU. Se han estancado en este punto.
Poder político en la industria refresquera
De acuerdo con KHN, en California, las empresas de refrescos gastaron 4.4 millones de dólares en los últimos cuatro años en hacer presión sobre los legisladores y funcionarios estatales, invitándoles a cenas y eventos deportivos. «Contrataron a veteranas empresas políticas dotadas de antiguos empleados del gobierno que conocen el funcionamiento del Capitolio y a menudo ya tienen relaciones con los legisladores y sus ayudantes».
En ese sentido, destacó que hasta principios de este año, la Asociación Americana de Bebidas tenía en nómina a Fredericka McGee como su principal cabildera en California. Había trabajado para cinco portavoces de la Asamblea. Ahora, McGee es jefa de personal del supervisor del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, un ex legislador estatal que en 2018 fue el presidente del poderoso Comité de Presupuesto del Senado, que supervisó el acuerdo que prohíbe los nuevos impuestos locales sobre los refrescos.
Además del cabildeo, la industria gastó algo más de 1.5 millones de dólares en contribuciones a los legisladores, incluyendo grandes cheques escritos a organizaciones benéficas en su nombre.
Las mayores contribuciones se destinaron a los legisladores con mayor influencia.
Pepsi y Coca-Cola dieron un total de 25 mil dólares a organizaciones benéficas en nombre del presidente de la Asamblea, Anthony Rendon, según la Comisión de Prácticas Políticas Justas del estado, que rastrea las donaciones, conocidas como «pagos por encargo». Ello sumado a los 35,900 dólares que Rendon recaudó en su cuenta de campaña de la industria en los últimos cuatro años.
La presidenta Pro-Tempore del Senado, Toni Atkins, cobró 26 mil dólares en cheques de campaña de Coca-Cola y Pepsi, y aceptó una donación de 5 mil dólares para una de sus organizaciones benéficas de la planta embotelladora de Coca-Cola en su distrito de San Diego, precisó el medio.
Los grupos de salud pública no están dispuestos a admitir la derrota y están movilizando un esfuerzo de base para conseguir una audiencia para el proyecto de ley de Nazarian. Dicen que California debe abordar los efectos desproporcionados de las bebidas azucaradas sobre la salud de las comunidades afroamericana y latina, que el COVID-19 no hace más que exacerbar.
