Pamela Cruz. Península 360 Press [P360P].
La agencia federal de Protección de Aduanas y Fronteras –CBP, por sus siglas en inglés– de EE. UU., del Departamento de Seguridad Nacional –DHS, por sus siglas en inglés–, se ha convertido en el epicentro de algunos de los mayores horrores de los últimos cuatro años, personificados en historias que, hasta el momento, no pueden olvidarse.
Entre estas historias, menciona la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles –ACLU, por sus siglas en inglés–, se encuentra la de niños llorando sin aliento después de ser separados por sus padres en la frontera, o la de pequeños durmiendo en jaulas en la tierra, a pleno aire libre.
Quizá, la más cruel de todas ellas es aquella fotografía en la que aparece una niña aferrándose desesperadamente con su brazo alrededor del cuello de su padre, quienes terminaron ahogados a un costado del Río Bravo cuando intentaban cruzar a EE. UU.
La inquietante imagen ha generado comparaciones con otras fotos, como la de la muerte de Aylan Kurdi, el niño de origen sirio de 3 años que se ahogó en 2015 cuando su familia intentaba llegar a un santuario en Grecia; o la de Omran Daqneesh, de 5 años, cuando fue herido en un ataque aéreo en Alepo.
De la misma forma en que estas imágenes centraron la atención del mundo en la crisis humanitaria en Siria y Turquía, la intensa imagen de la pequeña y su padre ahogados en el Río Bravo fue un crudo recordatorio del costo humano que implica la crisis migratoria.
Cuando el presidente electo Joe Biden asuma el cargo en enero próximo, refiere ACLU, debe asegurarse de que este tipo de abusos nunca vuelvan a ocurrir, así como de erradicar el clima de propagación de miedo en la frontera, que ha excusado la crueldad y ha enfrentado al abuso con impunidad.
Mientras la nueva administración contempla cómo financiar el manejo del Departamento de Seguridad Nacional, en medio de la pandemia por COVID-19, también deberá enfocarse en recortar significativamente el presupuesto de la agencia de Protección de Aduanas y Fronteras.
Y es que, indica, la agencia federal es una de las más grandes del país, con alrededor de 45 mil 600 agentes y oficiales juramentados, junto con un presupuesto de más de 17 mil millones de dólares, tanto para la Patrulla Fronteriza como para las operaciones en los puertos de entrada.
A pesar de su tamaño, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó, en 2019, que 40 por ciento de los recursos del CBP estaban siendo absorbidos por un «aumento sin precedentes» en el número de familias que huían de países centroamericanos, y era incapaz de gestionar otras misiones de seguridad fronteriza.
Por lo que, para ACLU, la CBP no debería tener ningún papel en la detención de personas más allá de un breve período de procesamiento, ya que, en los últimos dos años, al menos siete niños murieron bajo la custodia de la CBP o poco después de ser liberados, por recibir atención médica tardía o no recibir ninguna, siquiera.
La CBP también debe eliminarse del proceso de asilo, pues se ha detectado que ha confiscado documentos personales cruciales o ha mentido en formularios gubernamentales, y tampoco debería tomar decisiones sobre cómo y cuándo separar a las familias que llegan a la frontera.
También, añade ACLU, se necesitan reformas que aborden la cultura de impunidad de CBP por abuso, incluida la muerte de personas a manos de CBP, puesto que, desde enero de 2010, al menos 117 personas, incluidos algunos ciudadanos estadounidenses, han muerto luego de encuentros con la CBP.
A medida que el equipo de transición de Biden contempla un nuevo modelo para recibir a los solicitantes de asilo, también debería desarrollar alternativas para detenerlos.
De igual forma, se necesitan estándares más estrictos para limitar el uso de la fuerza letal por parte de la CBP, exigir a los oficiales de la agencia que mantengan sus credenciales visibles y que usen cámaras corporales. Así como un mecanismo de denuncia que sea accesible en línea, un proceso uniforme para la revisión e investigación de abusos y garantizar que el personal de CBP rinda cuentas por el trato inhumano.
La rendición de cuentas requerirá más que el nombramiento de un nuevo liderazgo, concluye la ACLU, sino que requerirá de un ajuste de cuentas y un nuevo cálculo del papel que juega la CBP.
