Pamela Cruz. Península 360 Press [P360P].
El ayuntamiento de Palo Alto ha dado un respiro a las organizaciones sin fines de lucro que alquilan un espacio en el Centro Comunitario de Cubberley, pues decidió otorgarles tres meses de alivio de alquiler con el fin de apoyarlos a reiniciar sus operaciones, las cuales habían sido frenadas debido a la pandemia por COVID-19.
Durante una discusión celebrada el lunes pasado, el consejo de la ciudad también ordenó a su Comité de Políticas y Servicios que explorara más medidas que pudieran apoyar a empresas que otorgan servicios como cuidado infantil o clases de música.
Cabe destacar que Palo Alto prevé un déficit presupuestario de alrededor de 7 millones de dólares en el año fiscal 2022, que comienza el 1º de julio; mientras que, actualmente ya sufre de un endeudamiento por 4.8 millones de dólares.
La brecha entre ambos años fiscales pretende reducirse, en gran parte, extrayendo recursos de una reserva especial que había establecido la ciudad el año pasado para hacer frente a los impactos imprevistos de la pandemia, así como eliminando el presupuesto de viajes para el personal de la ciudad y reduciendo los gastos de administración.
Durante la misma sesión, el concejo ratificó eliminar decenas de puestos en el ayuntamiento debido a la caída de los ingresos, de tal manera que 83 puestos de tiempo completo y 107 de tiempo parcial en toda la organización no regresaran pronto.
Sin embargo, y a pesar del déficit, los miembros del concejo acordaron renunciar a cerca de 203 mil dólares en pagos de alquiler de los 19 inquilinos que califican para el alivio según las reglas aprobadas.
La exención se aplicará solo a las «pequeñas organizaciones», aquellos que tuvieron ingresos de menos de 2.5 millones de dólares en 2019, y a esos que se vieron obligados a detener sus operaciones debido a la pandemia.
«Hemos pedido a otros propietarios que sean flexibles; creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo nosotros mismos», dijo en su momento la concejala Alison Cormack.
Ante opiniones dividas por la elegibilidad de las empresas que pueden acceder al poyo, el concejal Greg Lin Tanaka sugirió que la ciudad postergue la aprobación del programa de ayuda y dedique más tiempo a determinar quién debería calificar.
Durante la reunión señaló que el tope de ingresos es solo un criterio para tomarse en cuanta, ya que la ciudad también debería considerar es el alcance de estas organizaciones, los servicios y las necesidades que cubren y son usadas por los residentes.
Cabe señalar que cualquier medida adicional que tome el ayuntamiento se sumaría al déficit presupuestario de la ciudad, por lo que aprobar tres meses de condonación de alquiler para los 68 inquilinos, le costaría a la ciudad alrededor de 875 mil dólares, según el personal.
Mientras que limitar la ayuda a los 58 inquilinos que han tenido que detener sus operaciones durante la pandemia agregaría 751 mil al déficit de ingresos.
Las medidas para que se logre el apoyo a dichas organizaciones sin fines de lucro, incluyen el aplazar proyectos de infraestructura para diversos parques de la ciudad, así como la reparación de algunas calles. La solicitud se produjo exactamente un mes después de que el concejo aprobara el contrato de construcción para un edificio de seguridad pública cuyo costo se prevé sea de 118 millones de dólares.
