La administración Trump ha puesto en la mira a inmigrantes legales con protecciones reconocidas, empujándolos a una categoría de no autorizados, por lo que ahora cualquier ciudadano corre el riesgo de perder su residencia, afectando a más de dos millones de personas.
La administración Trump está quitando ciertos estatus migratorios: los que actualmente son legales, tal vez en un futuro no lo serán, dijo Hiroshi Motomura, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la UCLA, durante una conferencia de prensa realizada por American Community Media (ACoM).
“La Administración ha anunciado que tratan de redefinir qué significa ser un ciudadano estadounidense; podemos hablar de estatus legales que están siendo removidos, inclusive las green card están quitando. La orden ejecutiva excluye cualquier ciudadanía a menos que tengan la tradicional por nacimiento en el país, estos cambios transformarán la residencia para toda la vida”, explicó Motomura.
Con dichas medidas, dijo, los ciudadanos tienen miedo de continuar con sus actividades, salir del país o incluso vivir en Estados Unidos, pues “la intención de esta administración es asustar a la gente, que sientan que no son bienvenidos”.
Entre los grupos afectados se encuentran los beneficiarios del DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), Parole (Permiso de Permanencia Temporal), los titulares del TPS (Estatus de Protección Temporal) de múltiples países y los beneficiarios de la libertad condicional humanitaria que beneficia a cubanos, venezolanos y ucranianos, entre muchos otros.
Laura Flores Perilla, abogada del Centro de Acción por la Justicia, habló sobre Parole (Permiso de Permanencia Temporal), una herramienta que la administración ha utilizado para promover un camino seguro y legal para poder trabajar en los Estados Unidos.
Sin embargo, esta vía legal también ha sido excluida por el presidente Donald Trump, pues ya ha expresado su intención de quitarlo, lo que abriría más espacio a los métodos ilegales para ingresar y permanecer en el país.
“Una beneficiaria de Parole tenía un estatus legal y esta persona hizo todo lo que le pidió el gobierno federal, ser elegible y aplicar, pero ahora le están quitando todos sus derechos y derogando todo, esto no tiene precedentes, esto es cruel”, expresó la abogada.
Por su parte, Adelys Ferro, activista venezolana, mostró su preocupación por los residentes venezolanos que se salen de su país en busca de una mejor vida y ahora se enfrentan a la incertidumbre por miedo a perder su estatus legal.
Comentó que muchas familias cumplen con sus obligaciones como ciudadanos, son familias productivas, pero están en peligro: “un día nos dan la bienvenida a los Estados Unidos, pero al otro somos desechados”.
“Hay un sentimiento de duda y fatiga, pero con determinación de no dejarse vencer y luchar por nuestros derechos”, puntualizó Adelys Ferro.
Jeremiah Johnson, exjuez de inmigración en San Francisco y vicepresidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, comentó que muchos casos de personas con estatus pendiente se están perdiendo por no presentarse, sin embargo, las personas no llegan por miedo a ser detenidos.
Recientemente Johnson fue despedido, lo que ha generado preocupación: “cuando ves que están despidiendo a los jueces, entonces ves que la administración está tratando de evitar la ley”.
“Muchos jueces se han ido, otros se han retirado, aceptaron el plan de retiro que les ofrecieron, creo que 25 se han retirado en la corte de San Francisco. Los tribunales están vacíos porque está todo perdido, ahora hay casos que están esperando 4 años y muchos con estatus pendiente, lo que conduce a detener a más personas”.
Andrea, activista por DACA y que llegó a EE. UU. cuando tenía 5 años, actualmente no cuenta con un estatus legal por las acciones de la Administración de Trump y se encuentra “como muchos soñadores: ni aquí, ni allá, sino en el punto intermedio”.
Esta joven, como muchos otros, teme por su futuro: “hemos vivido con miedo, las políticas no son solo papeles, le dan forma a mi día a día en cosas tan simples que la gente da por sentado”.
Mucha gente se ha graduado o está por graduarse, pero por su estatus migratorio no pueden trabajar y “nos está diciendo la Administración que nos deportemos por nuestra cuenta a un país en el cual crecimos, pero la realidad es que he vivido aquí toda mi vida y quiero contribuir a este país”.
Te puede interesar: California mantendrá cobertura materna completa sin importar estatus migratorio
