Integrantes de la Misión internacional de Observación y Defensa de los Derechos Humanos, compuesta por 10 organizaciones civiles sin fines de lucro, urgieron a las autoridades peruanas a detener la criminalización contra movilizaciones y protestas sociales en Perú.
A través de una carta firmada por el conglomerado de la Misión, se destacó que la crisis política e institucional que atraviesa Perú es una de las más severas de su historia republicana, todo ello derivado de la detención del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, cuando dio inicio el gobierno de Dina Boluarte y su Gabinete.
Detallaron que, ante la falta de reconocimiento de la voluntad ciudadana, el gobierno decidió, a través de «Estados de Emergencia» sin garantías de derechos básicos, utilizar la violencia como mecanismo de represión contra pueblos indígenas y originarios del sur andino, Lima y norte.
Lo anterior, dejando un saldo de más de 72 muertos, 900 heridos y cientos de personas detenidas.
«La impunidad ante estos crímenes de estado ha sido gravísima y además ha creado dificultades para la persecución penal a través de la centralización de las carpetas de las fiscalías regionales», subrayó la misión internacional.
En ese sentido, las organizaciones precisaron que las demandas del pueblo peruano están centradas en: cierre del congreso, asamblea constituyente para una nueva constitución, nuevas elecciones y renuncia de Dina Boluarte y su Gabinete y la libertad del expresidente Pedro Castillo.
Y es que, dijeron, a pesar de la violencia y represión, así como la lentitud en el esclarecimiento de las autoridades responsables de las personas fallecidas, heridas, arbitrariamente detenidas y desaparecidas, a la fecha persiste la impunidad sin que exista una sola sentencia pese a los informes y recomendaciones de la ONU, CIDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y misiones internacionales.
Así, informaron que el próximo 19 de julio se llevará a cabo la tercera «TOMA DE LIMA», que concentrará nuevamente a los familiares de las víctimas, ciudadanos, estudiantes, activistas de derechos humanos ejerciendo su legítimo derecho de movilización y protesta social
«No se puede estigmatizar ni criminalizar el derecho humano a la movilización y protesta social que ha sido reconocido internacionalmente, así como por el derecho constitucional jurisprudencia nacional de Perú. Esto se ha dado a través de un proceso propio de criminalización, que se conoce históricamente como “terruqueo”», recordaron.
Ante ello, las organizaciones denunciaron las decisiones del gobierno contra el pueblo peruano manifestante.
«Denunciamos y rechazamos decisiones y actitudes autoritarias y represivas del gobierno peruano liderado por Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, que ponen en condiciones de mayor vulnerabilidad al pueblo peruano y especialmente a los pueblos indígenas y originarios».
A las denuncias, la misión sumó el rechazo a la presencia en territorio peruano de las tropas de Estados Unidos, destinadas a proteger los intereses económicos de las compañías extractivistas, como las mineras y petroleras, situación que ha intensificado el clima generalizado de intimidación social y represión.
«Exigimos el cese de la campaña de intimidación, desinformación y pánico social, asociando la “TOMA DE LIMA” a organizaciones denominadas terroristas, como Sendero Luminoso», puntualizaron. «Hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilante para evitar nuevos crímenes de lesa humanidad e impunidad en el Perú».
La carta fue firmada por TICPM ‒Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento – México‒; CESJUL ‒Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos – Colombia‒; Grupo de Trabajo ‒GT‒ «Fronteras, Regionalización y Globalización» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales ‒CLACSO‒; National Lawyers Guild San Francisco Bay Area ‒Estados Unidos‒; Global Exchange ‒Estados Unidos‒; y el Instituto Ambientalista Natura ‒Perú‒.
Así como el Comité de Solidaridad con Perú ‒México‒; la Asociación Americana de Juristas ‒AAJ‒; International Association of Democratic Lawyers ‒IADL‒, incluyendo sus filiales nacionales en la India, Turquía, Reino Unido, e Italia; y el International Association of People’s Lawyers ‒IAPL‒.
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