Defensores comunitarios, organizaciones sin fines de lucro y líderes locales de California intensificaron esta semana sus esfuerzos en Sacramento para exigir recursos públicos destinados a programas sociales, salud mental y participación comunitaria, en medio de crecientes tensiones presupuestarias en el estado.
La organización Thrive Alliance informó que decenas de activistas y representantes comunitarios viajaron al Capitolio estatal para respaldar la solicitud del condado de San Mateo relacionada con fondos del Vehicle License Fee (VLF), un mecanismo de financiamiento considerado clave para servicios locales y programas comunitarios.
Según la coalición, más de 100 personas se congregaron frente al Capitolio estatal cuando el senador estatal Josh Becker presentó el tema ante el Subcomité de Presupuesto del Senado.
La campaña ha ganado fuerza rápidamente. Thrive Alliance aseguró que más de 600 personas y organizaciones se han sumado desde abril para apoyar la recuperación de aproximadamente 157 millones de dólares que, según autoridades locales, corresponden al condado de San Mateo.
La asambleísta estatal Diane Papan y el senador Becker han llevado el tema a audiencias presupuestarias estatales, mientras organizaciones civiles enviaron cartas de respaldo a la Legislatura.
Sin embargo, el Departamento de Finanzas de California notificó recientemente que por ahora no contempla una solución permanente al problema de financiamiento, situación que organizaciones consideran preocupante.
“El condado está trabajando en dos frentes: recuperar los 157 millones de dólares adeudados y aprobar legislación permanente para que este tipo de brechas de financiamiento no vuelva a ocurrir en ningún condado de California”, señalaron los organizadores.
Como parte de la estrategia, la Oficina Ejecutiva del Condado de San Mateo realizará un cabildo virtual este 21 de mayo para informar a la comunidad sobre las negociaciones presupuestarias con la oficina del gobernador Gavin Newsom, así como posibles rutas legislativas y legales.
La presión social ocurre además en un momento delicado para organizaciones juveniles y de salud mental.
El Youth Leadership Council y diversos grupos de defensa denunciaron que la propuesta presupuestaria revisada del gobernador contempla recortes por 6.7 millones de dólares a contratos de defensa comunitaria relacionados con salud mental conductual en escuelas y comunidades vulnerables.
Las organizaciones advirtieron que estos fondos permiten que jóvenes, comunidades LGBTQ+, inmigrantes y otros grupos históricamente marginados participen en la creación de políticas públicas relacionadas con salud mental.
“Intentar resolver la crisis de salud mental sin colocar en el centro la voz de las comunidades no es una solución real”, señalaron activistas en sus llamados a legisladores estatales.
Las audiencias presupuestarias sobre salud y servicios humanos se realizan esta semana en Sacramento, mientras organizaciones buscan movilizar testimonios y presión pública para evitar los recortes.
En paralelo, grupos comunitarios también impulsan campañas de participación cívica rumbo a las elecciones primarias del 2 de junio.
La organización Daly City Partnership anunció jornadas de voluntariado en barrios históricamente subrepresentados de Daly City para promover el registro electoral y la participación ciudadana.
Los voluntarios ayudarán a distribuir información sobre registro electoral y orientación básica no partidista sobre cómo y dónde votar.
Las organizaciones participantes aseguran que el objetivo común detrás de todas estas acciones es evitar que las comunidades pierdan representación y acceso a recursos públicos en un contexto de creciente incertidumbre presupuestaria y política en California.
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