El condado de Santa Clara, junto con San Francisco y una coalición de jurisdicciones locales de todo el país, presentaron una demanda contra la Administración Trump por las órdenes ejecutivas y las acciones de la administración federal que dañan ilegalmente a las jurisdicciones que tienen las llamadas políticas de “santuario”.
Y es que, dijeron, estas prohíben el uso de recursos locales para ayudar a los funcionarios federales de inmigración a llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración civil.
En un comunicado conjunto, destacaron que las políticas locales de no cooperación enfocan los recursos locales en prioridades locales, como brindar servicios a poblaciones vulnerables y llevar a cabo actividades tradicionales de aplicación de la ley para proteger la seguridad pública local.
Asimismo, señalaron que estas prohíben que el gobierno federal se apropie de los recursos del gobierno local para llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración civil, que es una responsabilidad federal.
En ese sentido, apuntaron que los tribunales han confirmado repetidamente el derecho constitucional de los gobiernos locales a elegir una política de no cooperación, por lo que estas políticas de ninguna manera impiden que el gobierno federal use sus propios recursos para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
“El gobierno federal no tiene la autoridad legal para obligar a las jurisdicciones locales a usar sus propios recursos para servir a las prioridades de inmigración del gobierno federal”, dijo el abogado del condado de Santa Clara, Tony LoPresti.
“La administración Trump no tiene derecho a apoderarse de nuestros recursos locales y reclutar efectivamente a nuestros propios agentes de la ley para que sean agentes federales de control de inmigración”, agregó.
Desde que asumió el cargo el 20 de enero, el presidente Donald Trump y su administración han intentado congelar la financiación federal a los estados y gobiernos locales con políticas de no cooperación, y han intentado apoderarse de los recursos locales y de los agentes de la ley para que asuman el papel de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Las órdenes caóticas de retener fondos federales aprobados por el Congreso para ciudades y condados no solo son ilegales, sino que dañarán la seguridad pública y la salud de todos, incluidos los 2 millones de personas aquí mismo en el condado de Santa Clara”, señaló el presidente de la junta del condado de Santa Clara, Otto Lee.
Cabe destacar que la Orden Ejecutiva 14159, titulada “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”, ordena a las agencias federales que corten ilegalmente la financiación federal a las jurisdicciones que no utilicen recursos locales para ayudar en la aplicación de las leyes de inmigración.
Ante ello, expusieron que la administración federal ha ido aún más lejos con las amenazas de procesamiento. Dos memorandos del Departamento de Justicia de los EE. UU. (USDOJ) enviados el 22 de enero y el 5 de febrero han ordenado al personal del USDOJ que investigue y procese civil y penalmente a los funcionarios estatales y locales en jurisdicciones que no ayuden activamente en la aplicación de las leyes de inmigración.
Hace unos días, el USDOJ presentó una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois impugnando sus leyes de no cooperación, lo que hace realidad el procesamiento de los funcionarios estatales y locales por seguir sus leyes locales.
“Las órdenes que vienen de esta administración federal son amenazas flagrantes e inconstitucionales contra los gobiernos estatales y locales en todo el país”, destacó el ejecutivo del condado de Santa Clara, James R. Williams.
Agregó que “Este es el siguiente capítulo del mismo manual que se utilizó hace ocho años. El condado litigó contra los esfuerzos inconstitucionales de la administración Trump en 2017 y prevaleció en la corte; lo haremos nuevamente hoy”.
En conferencia de prensa, la supervisora Betty Duong dijo que el condado de Santa Clara “siempre ha sido una comunidad acogedora”, desde la década de 1970, cuando sus padres llegaron como refugiados de la guerra de Vietnam como parte del Programa de Reubicación de Refugiados del condado.
“Estoy muy orgullosa de que el condado de Santa Clara siga siendo un líder en la lucha contra las acciones desmesuradas de la administración Trump, en particular las que dañan a nuestras comunidades inmigrantes”, subrayó Duong.
Durante la primera administración Trump, el condado de Santa Clara y San Francisco demandaron al gobierno federal después de que la administración federal intentara retener fondos federales del condado con base en sus políticas de no cooperación.
En ese asunto y en casos posteriores, los tribunales federales de distrito y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos dictaminaron que las condiciones que la administración Trump intentó imponer a la financiación federal eran inconstitucionales y que las políticas del condado cumplían con las leyes federales.
“Este es un mensaje claro de que nos mantendremos firmes como lo hemos hecho antes, en solidaridad con nuestras comunidades inmigrantes, para enfrentar las tácticas de intimidación y acoso de la Administración Trump para retener fondos federales para servicios críticos del Condado”, aseguró la vicepresidenta de la Junta, Sylvia Arenas.
“Nuestra región y nuestro país se construyeron sobre las espaldas de los inmigrantes, y debemos tener el coraje de seguir manteniéndonos firmes. Seguiremos unidos y defenderemos la justicia, si eso significa no cooperar con las deportaciones masivas que tienen como objetivo separar a nuestras familias”, puntualizó.
La supervisora Susan Ellenberg dijo que atacar a los inmigrantes no hace nada para mejorar la seguridad pública.
“Tiene un efecto paralizante en la comunidad, haciendo que las personas teman denunciar delitos u obtener la atención médica necesaria y otros servicios del condado”, dijo Ellenberg. “Hace que los niños tengan miedo de ir a la escuela, la biblioteca o el patio de recreo. No queremos que los residentes del condado de Santa Clara, ni de ningún otro lugar de la nación, se vean obligados a vivir con ese tipo de miedo”.
Liderada por el condado de Santa Clara y la ciudad y el condado de San Francisco, la demanda también fue presentada por la ciudad de Portland, Oregon; la ciudad de New Haven, Connecticut; y el condado de King, Washington. El asunto se presentará en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.
“El condado sirve para ayudar a todos los residentes sin tener en cuenta el estado migratorio y sin recopilar información sobre el estado migratorio”, detalló la supervisora Margaret Abe-Koga.
“Nuestros agentes del orden público no ayudan, y no deberían ayudar, en las redadas de inmigración. Simplemente no es el trabajo de los gobiernos locales, y esta demanda coloca al condado de Santa Clara a la vanguardia del esfuerzo para resistir el impulso de la administración Trump para obligar ilegalmente a las jurisdicciones a cumplir sus órdenes”, abundó.
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