Los habitantes de Redwood City decidirán en las elecciones de noviembre si la ciudad adopta un sistema de control de rentas y amplía las protecciones para los inquilinos, luego de que el Concejo Municipal aprobara por unanimidad enviar la iniciativa a las urnas tras validarse las firmas ciudadanas necesarias para incluirla en la boleta electoral.
La propuesta fue impulsada por Faith in Action Bay Area, organización comunitaria que reunió 4 mil 751 firmas válidas, por encima de las aproximadamente 4 mil 500 requeridas por la legislación estatal.
“Estamos legalmente obligados por la ley estatal a promulgar la medida directamente o someterla a votación para que los electores decidan”, explicó el concejal Chris Sturken al medio KQED.
De ser aprobada, la iniciativa limitaría los aumentos anuales de renta al 5 por ciento o al 60 por ciento de la inflación, lo que resulte menor, y restablecería los alquileres a los niveles vigentes en octubre de 2025 para las propiedades sujetas a la Ley Costa-Hawkins.
Esa legislación estatal restringe el control de rentas a edificios multifamiliares construidos antes del 1 de febrero de 1995, lo que representa alrededor del 40 por ciento del parque de viviendas de alquiler de Redwood City.
Sin embargo, la propuesta también contempla una amplia serie de medidas de protección para los inquilinos. Entre ellas, extender las restricciones a los desalojos sin causa justificada a casi todas las viviendas en renta, incluidas casas unifamiliares y unidades accesorias (ADU); elevar a un mínimo de 12 mil dólares las compensaciones por reubicación en desalojos sin culpa del arrendatario; garantizar el derecho de regresar a la vivienda tras ciertas remodelaciones; impedir que algunos costos de servicios públicos sean transferidos a los inquilinos de propiedades reguladas y crear un programa municipal para administrar un registro de alquileres, resolver disputas y ofrecer asistencia legal gratuita a residentes de bajos ingresos.
Como parte del proceso, la ciudad encargó un estudio independiente a la firma Economic & Planning Systems (EPS) para evaluar el impacto de la medida.
El análisis concluyó que la iniciativa va mucho más allá del control de rentas y advirtió que las disposiciones relacionadas con desalojos, reubicaciones y nuevas obligaciones administrativas implicarían “costos y riesgos importantes para los propietarios e inversionistas”, según explicó Jason Moody, director gerente de la consultora.
De acuerdo con EPS, implementar el nuevo programa costaría entre 5 y 11 millones de dólares anuales, mientras que las cuotas contempladas originalmente apenas cubrirían entre el 13 y el 32 por ciento de ese monto.
La consultora también señaló que, ajustados por inflación, los alquileres en Redwood City han disminuido gradualmente durante la última década y advirtió que algunas disposiciones podrían dificultar, con el tiempo, la construcción y preservación de vivienda asequible.
Para los promotores de la iniciativa, la situación responde a una crisis de accesibilidad.
William Gómez, trabajador social escolar y dirigente de Faith in Action Bay Area, aseguró que casi el 60 por ciento de los estudiantes del distrito escolar de Redwood City provienen de hogares socioeconómicamente desfavorecidos y que muchas familias destinan prácticamente todos sus ingresos al pago de la renta.
Según la campaña, los alquileres en los edificios más antiguos de la ciudad han aumentado 57 por ciento en los últimos 15 años, mientras que el 87 por ciento de los complejos de departamentos pertenece a corporaciones o fideicomisos de inversión inmobiliaria.
Los opositores, encabezados por organizaciones inmobiliarias y asociaciones de propietarios, sostienen que la medida provocará el efecto contrario al que busca.
Fernando Peña, director de Asuntos Gubernamentales de la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Condado de San Mateo, afirmó que la propuesta “no añade ni una sola vivienda” y advirtió que podría desalentar nuevas inversiones y afectar principalmente a pequeños propietarios y jubilados.
En la misma línea, la Asociación de Apartamentos de California aseguró que Redwood City ya cuenta con sólidas protecciones para los inquilinos bajo la legislación estatal y calificó la iniciativa como una nueva estructura burocrática costosa para la ciudad.
El concejal Chris Sturken reconoció que el debate rumbo a noviembre será intenso y exhortó a los ciudadanos a analizar cuidadosamente el contenido de la medida y los estudios financieros antes de emitir su voto.
Actualmente, Redwood City se rige por la Ley de Protección del Inquilino de California de 2019, que establece límites a los incrementos de renta y diversas garantías para los arrendatarios, pero nunca ha contado con un sistema local de control de rentas.
Si la iniciativa es aprobada por el electorado en noviembre, la ciudad adoptará uno de los esquemas más amplios de regulación de alquileres y protección a inquilinos en el condado de San Mateo.
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