Los negocios ubicados en zonas no incorporadas del condado de San Mateo tendrían que obtener un permiso por cada robot autónomo que incorporen a sus operaciones y adoptar medidas para proteger a los trabajadores desplazados, de acuerdo con una nueva propuesta que será presentada ante la Junta de Supervisores.
El supervisor Ray Mueller, creador de la iniciativa que será analizada durante la sesión de este martes 15 de septiembre, sostiene que se trataría del primer sistema de permisos de su tipo en regular ampliamente el uso de robots dentro de establecimientos comerciales.
La ordenanza alcanzaría a restaurantes, hoteles, tiendas y otros negocios que utilicen robots móviles controlados total o parcialmente mediante inteligencia artificial, incluidos aquellos operados a distancia y alimentados por baterías recargables.
Cada robot y cada establecimiento donde sea utilizado necesitarían un permiso independiente.
Para obtenerlo, las empresas tendrían que identificar al fabricante, informar sobre accidentes anteriores y llamados a revisión, acreditar el cumplimiento de normas de seguridad, privacidad y accesibilidad, contar con un seguro y respetar las disposiciones sanitarias cuando los robots manipulen alimentos.
Los negocios también estarían obligados a presentar una evaluación sobre las repercusiones económicas de la automatización y un plan para mitigar sus efectos sobre la fuerza laboral.
Cuando la incorporación de un robot elimine un puesto, el establecimiento tendría que elegir entre reubicar al trabajador con un salario igual o superior, notificarle con al menos 60 días de anticipación y pagarle una indemnización, o cubrir una nueva Cuota del Condado por el Impacto de la Automatización.
Los recursos recaudados mediante esa cuota serían depositados en un fondo destinado a la capacitación laboral de las personas afectadas por la sustitución tecnológica.
“Sabemos que esta tecnología viene y que tiene el potencial de beneficiar a muchos negocios”, declaró Mueller. “Pero no podemos esperar a que algo salga mal antes de decidir cuáles deben ser las reglas y las salvaguardas”.
La propuesta también aborda los riesgos de las baterías de iones de litio, pues cuando estos dispositivos entran en un proceso conocido como fuga térmica pueden provocar incendios que vuelven a encenderse, liberan gases tóxicos y requieren equipo y capacitación especializados.
La ordenanza contempla una cuota para ayudar a las jurisdicciones locales a adquirir equipo de extinción de incendios y preparar a los servicios de emergencia para responder a este tipo de incidentes.
California ya regula los vehículos autónomos y algunas ciudades han establecido reglas para pequeños robots de reparto que circulan por aceras y espacios públicos; sin embargo, la propuesta de San Mateo tendría un alcance más amplio al abarcar máquinas utilizadas dentro de establecimientos comerciales.
El planteamiento surge mientras los robots dejan los laboratorios y las fábricas para asumir tareas cotidianas como entregar alimentos, trasladar mercancías, vigilar edificios, proporcionar información y realizar labores de limpieza.
Casi 200 mil robots de servicio profesional fueron vendidos en el mundo durante 2024, incluidos más de 42 mil destinados a la industria de la hospitalidad, de acuerdo con la Federación Internacional de Robótica.
En tanto, el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025, publicado por el Foro Económico Mundial, encontró que el 58 por ciento de los empleadores consultados espera que la robótica y los sistemas autónomos transformen sus negocios antes de 2030.
Ese cambio ya comienza a tomar forma en el área de la Bahía luego de que Tesla desmanteló las líneas de producción de los modelos S y X en su fábrica de Fremont y comenzó a adaptar el espacio para fabricar sus robots humanoides Optimus.
La Junta de Supervisores ordenó en agosto elaborar un marco regulatorio para los robots comerciales. Posteriormente, Mueller y la Oficina del Abogado del Condado consultaron a académicos y especialistas de la industria para preparar la ordenanza.
Si recibe la aprobación de la Junta, la Sección de Cumplimiento de Códigos del Departamento de Planificación y Construcción administraría los permisos. Los incumplimientos podrían derivar en multas administrativas y en la suspensión o revocación de las autorizaciones.
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