A un año de haber regresado a la Casa Blanca, el segundo mandato de Donald Trump ha estado marcado por la confrontación, la volatilidad económica y una política de fuerza que ha tensado tanto a Estados Unidos como al escenario internacional.
“Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz”, dijo al primer ministro de Noruega tras no recibir el Premio Nobel. La frase terminó por condensar el tono de un gobierno que, más que reconciliar, ha profundizado divisiones.
Trump asumió nuevamente la presidencia en 2025 en una ceremonia dentro del Capitolio, cuatro años después de su derrota electoral. En apenas doce meses, su administración emitió 221 órdenes ejecutivas —la mayoría controvertidas—, desplegó operaciones militares dentro y fuera del país y adoptó medidas unilaterales que han erosionado normas democráticas y de derecho internacional.
En el terreno económico, el segundo mandato de Donald Trump dejó en evidencia la distancia entre el discurso de fortaleza y los indicadores reales. En 2025, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se desaceleró a 1.8 por ciento, frente al 2.8 por ciento de 2024, e incluso registró una contracción anualizada de –0.3 por ciento en el primer trimestre.
Lejos de ser un episodio aislado, el dato reflejó un entorno marcado por la incertidumbre política, la volatilidad comercial y una estrategia económica basada más en la presión que en la estabilidad.
Las amenazas recurrentes de nuevos aranceles elevaron los costos de importación, distorsionaron cadenas de suministro y presionaron el déficit comercial. A ello se sumó un cierre de gobierno de 43 días —el más prolongado en la historia del país— que afectó directamente el consumo, paralizó servicios públicos y debilitó la confianza de inversionistas, sin generar beneficios estructurales visibles.
La fragilidad económica se expresó con claridad en la vida cotidiana. El automóvil, pilar del modelo urbano estadounidense, se convirtió en un factor de precarización: la deuda por créditos automotrices superó los 1.6 billones de dólares y los pagos mensuales alcanzaron o rebasaron los 700 dólares, incluso entre hogares de ingresos medios.
La morosidad en créditos subprime escaló por encima del 6.5 por ciento, el nivel más alto jamás registrado, una señal inequívoca de que millones de personas dependen del endeudamiento para sostener su movilidad básica y ya no pueden cumplir con esas obligaciones.
Aunque la inflación descendió respecto a picos previos, se mantuvo en un rango de entre 3.5 y 4 por ciento, erosionando de forma persistente el poder adquisitivo.
El dólar, por su parte, se debilitó en un contexto de alta volatilidad política y comercial. En contraste, los beneficios del modelo se concentraron en la cúspide: de acuerdo con Oxfam, en 2025 la riqueza de los 3 mil multimillonarios creció 16.2 por ciento, impulsada por recortes fiscales a los más ricos y por un auge bursátil vinculado a la inteligencia artificial, sin un correlato proporcional en empleo o bienestar general.
En materia migratoria, el segundo mandato de Trump profundizó una política punitiva sustentada en la criminalización. En los primeros nueve meses de gobierno, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a casi 220 mil personas; 85 mil eran mexicanas, cerca del 39 por ciento del total, seguidas por guatemaltecos y hondureños.
Al menos 75 mil detenidos no tenían antecedentes penales, pese a que los operativos fueron presentados públicamente como acciones contra criminales, según datos de la Universidad de California en Berkeley.
Durante ese mismo periodo, el ICE realizó en promedio 824 arrestos diarios, más del doble que en 2024. Actualmente, más de 65 mil migrantes permanecen en centros de detención y otros 182 mil están sujetos a distintos esquemas de vigilancia.
Organizaciones de derechos humanos han documentado decenas de muertes bajo custodia migratoria, entre ellas la de Nicole Good, ocurrida en enero de 2026 durante un operativo en Minneapolis, un caso que detonó protestas y volvió a colocar en el centro del debate el uso letal de la fuerza en contextos administrativos.
En el plano internacional, Trump combinó proteccionismo económico con una escalada de amenazas y acciones militares.
En Venezuela, esta estrategia se concretó el 3 de enero con un operativo unilateral que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro, dejó alrededor de 100 personas muertas y violó principios básicos del derecho internacional. Desde septiembre, al menos 33 embarcaciones han sido atacadas, con un saldo de 115 personas fallecidas, sin procesos judiciales ni investigaciones transparentes.
La etiqueta de “narcoterrorismo” se convirtió en el marco discursivo para justificar presiones e injerencias en América Latina, dirigidas contra países como México y Colombia y ejecutadas en Venezuela. Analistas han coincidido en que el objetivo ha sido reinstalar una hegemonía regional mediante una reinterpretación de la Doctrina Monroe, sintetizada en la consigna de “América para los americanos”, incorporada de forma explícita en la Estrategia de Seguridad Nacional.
Pese a presumir avances en la contención de conflictos y una salida negociada en Ucrania, la administración Trump elevó la tensión global a niveles no observados desde la Segunda Guerra Mundial. En junio de 2025 ordenó ataques contra instalaciones nucleares iraníes, profundizó la guerra comercial con China, aplicó aranceles a más de 80 países y, ya en 2026, anunció gravámenes del 25 por ciento contra naciones que comercien con Irán y, posteriormente, contra la Unión Europea.
Mientras sostiene avances en la pacificación de Gaza —incluso tras especular abiertamente con el control del territorio palestino—, abrió nuevos frentes geopolíticos, como Groenlandia, al presentar su control como una prioridad estratégica en la disputa por el Ártico.
A este escenario se suman las controversias mediáticas derivadas del caso Jeffrey Epstein y la publicación de archivos relacionados, que han profundizado el desgaste de su figura pública. Encuestas como las de Reuters indican que seis de cada diez estadounidenses desaprueban su gestión.
En conjunto, el primer año del segundo mandato de Donald Trump revela un ejercicio de poder sustentado en la confrontación, la desigualdad y el unilateralismo. A las puertas del 250 aniversario de la Declaración de Independencia, Estados Unidos aparece menos como referente democrático y más como un actor dispuesto a imponer orden mediante coerción, excepcionalismo y revancha política.
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