Hoy amanecimos con la noticia de que la Suprema Corte de Estados Unidos anuló el derecho constitucional federal al aborto, lo que quiere decir que cada estado determinará si las mujeres pueden decidir libremente sobre su cuerpo o no.
A excepción de los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, el resto de los doce miembros que conforman el órgano legislativo supremo en este país decidió que las mujeres deberán parir un hijo, aunque no tengan las mínimas condiciones económicas y emocionales para criarlo.
Y si el argumento anterior no fuera suficiente, ¿por qué no pensar en los miles de mujeres que mueren todos los días en el mundo por practicarse abortos clandestinos? Quizás haya quien opine que estoy exagerando, que Estados Unidos no es todo el mundo, que incluso dentro del país hay estados en los que todavía se respeta este derecho fundamental, pero es preocupante que esto genere una ola expansiva de retrocesos en otras partes del mundo.
El derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos es un tema de salud pública que no tendría porqué legislarse con base en argumentos de “conciencia”. Es un asunto que tiene un impacto importante en el bienestar físico, económico y emocional no solo de las mujeres, sino de toda la comunidad.
Hace un mes escribí en este espacio cómo la literatura se ha ocupado del aborto, tanto en el género de la ficción como en el de la autoficción, como en el caso de Annie Ernaux.
El año pasado, la editorial regiomontana An-Alfa-Beta, en coedición con la Universidad Autónoma de Nuevo León, publicó el libro Los cuerpos que habitamos. Ficción y no ficción sobre nuestro derecho a decidir, compilado y prólogo por Olivia Teroba.
Dahlia de la Cerda, quien fundó la Colectiva Morras Help Morras para ayudar a mujeres de todas las edades y condiciones sociales a abortar, se centra en la situación en un barrio marginal de Aguascalientes donde niñas de 12 años de edad se hacen abortos con o sin permiso, con o sin ayuda. En ese estado mexicano la interrupción del embarazo está penada por la ley: “Si la mujer embarazada provoca su aborto o consiente que otro lo realice, se le aplicarán de 6 meses a 1 año de prisión y de 40 a 80 días multa, siempre y cuando no tenga mala fama, haya logrado ocultar su embarazo y que éste sea fruto de una unión ilegítima”.
Las excepciones para imponer la pena de prisión son: que el aborto haya sido espontáneo, que el embarazo haya sido producto de una violación o cuando la mujer corra grave peligro de muerte.
La cárcel es otra posibilidad que enfrentan las mujeres que toman esta decisión. Excepto en los estados que defienden la libertad de elegir, esto va a ocurrir en este país, y es muy probable que las más castigadas sean, como siempre, las más marginales: las negras, las latinas, las pobres.
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