By Brandon Pho. San Jose Spotlight. Peninsula 360 Press.
El auditor policial independiente de San José quiere revisar todos los casos de uso de la fuerza, un nivel de supervisión ya establecido para las fuerzas del orden del condado. Sin embargo, la idea enfrenta resistencia por parte de la policía y los concejales de la ciudad.
De un total de 400 incidentes en los que la policía de San José usó armas o agredió a personas, 13 resultaron en lesiones corporales graves en 2024, según un nuevo informe del Auditor Independiente de la Policía (IPA), Eddie Aubrey.
Este es el primer año que su oficina ha podido revisar estos casos a fondo tras obtener una mayor autoridad de supervisión tras la aprobación de la Medida G por parte de los votantes en 2020.
De ahora en adelante, Aubrey quiere revisar todos los incidentes en los que la policía usó fuerza contra alguien, independientemente de si hubo civiles heridos o no. Sin embargo, el Ayuntamiento de San José y el departamento de policía afirmaron que sería demasiado costoso y abriría cientos de nuevos casos a revisión.
El informe de la IPA indicó que los 13 incidentes se ajustaron a los límites del uso razonable de la fuerza, a pesar de la preocupación por la alta tasa de lesiones causadas por perros policías y los frecuentes golpes policiales en partes sensibles del cuerpo. También indicó que la escasez de personal dificultó la profundidad de estas revisiones y aseguró un informe más detallado a finales de este año.
La policía y los concejales de San José afirman que el modelo actual de la oficina de la IPA equilibra la rendición de cuentas con la eficiencia. Advierten que la idea de ampliar el alcance a usos menores de la fuerza desviaría la atención de incidentes más graves y generaría nuevas tensiones en un presupuesto ya ajustado.
También se oponen a la recomendación de Aubrey de tener el mismo nivel de acceso a las investigaciones de tiroteos en los que participan agentes que la división de Asuntos Internos del departamento.
“El sistema actual de supervisión de San José logra este equilibrio al brindar a la oficina de la IPA acceso oportuno a incidentes graves y garantizar que las quejas de la ciudadanía, independientemente de su gravedad, se revisen a fondo”, se lee en un memorando en respuesta al informe del alcalde Matt Mahan y otros tres concejales. “Compartimos las preocupaciones planteadas por el jefe Paul Joseph y la Oficina del Administrador Municipal de que las Recomendaciones de la OPIA (…) presentarían riesgos operativos y de investigación, e impondrían importantes impactos fiscales y de personal”.
La oficina de Mahan se negó a hacer comentarios más allá del memorando.
Pero los defensores dicen que ampliar el alcance sugerido por el auditor mejoraría la transparencia y la confianza de la comunidad, y pondría la autoridad de la oficina en línea con la oficina que monitorea al Sheriff del Condado de Santa Clara.
“Podemos observar lo que queramos en cuanto al uso de la fuerza. Es importante analizar los usos de fuerza de bajo nivel, aunque las consecuencias no sean tan graves en cuanto a lesiones”, declaró Michael Gennaco, director de la Oficina de Monitoreo Correccional y de Aplicación de la Ley (OCLEM) del Condado de Santa Clara, a San José Spotlight. “Incluso en esos casos, si se hubiera podido desescalar la situación y se hubiera utilizado eficazmente, tal vez no hubiera sido necesario intervenir directamente”.
El presidente de la NAACP de San José/Silicon Valley, Sean Allen, suele discrepar con la oficina de Gennaco sobre la supervisión del sheriff. Pero la propuesta de ampliar la oficina de supervisión policial de San José los pone de acuerdo.
“Puede que esto incomode a la policía, pero la realidad es que el auditor independiente debe proporcionar una precisión independiente. La policía no puede vigilarse a sí misma. No podemos confiar en que lo hagan. Los auditores deben tener acceso a todo”, declaró Allen, sargento retirado de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara, a San José Spotlight.
Cambio de guardia
Aubrey asumió el cargo en abril de 2024 durante una época turbulenta. Reemplazó a Shivaun Nurre, cuyos cinco años como principal organismo de control de la ciudad finalizaron en 2023 tras una discusión en estado de ebriedad con agentes de policía en un festival público. Apenas unos meses después de la salida de Nurre, el asistente del IPA de San José renunció, dejando una carta mordaz en la que criticaba a la ciudad por ignorar la oficina del IPA y sus recomendaciones.
El informe de Aubrey estudió una variedad de componentes de la responsabilidad policial.
Los incidentes de uso de la fuerza que resultan en lesiones corporales graves, así como las quejas de ciudadanos sobre el uso de la fuerza, han disminuido cada año desde 2021, según el informe de la IPA. Sin embargo, los tiroteos con agentes involucrados han aumentado. Las mordeduras de perros policía, con la excepción de 2024, se han convertido en la principal causa de lesiones corporales en civiles, a pesar de que el uso de perros policía ha disminuido cada año desde 2021, según el informe.
Las denuncias formales por mala conducta afectaron a casi 300 agentes en 2024, lo que representa un aumento del 16.5 por ciento con respecto a 2023. Alrededor del 29 por ciento de los agentes recibió al menos una denuncia de un miembro de la comunidad. Los tipos de denuncia más comunes fueron violaciones de procedimiento (33 por ciento), violaciones de la Cuarta Enmienda (27 por ciento), “descortesía” (16 por ciento) y actuación policial sesgada (15 por ciento), según el informe.
Más de 260 denuncias por mala conducta provinieron de la comunidad, y 41 adicionales fueron presentadas por el propio departamento. El departamento admitió 26 de las denuncias presentadas contra agentes y 34 de las denuncias de la comunidad.
La mayoría de las denuncias se presentaron contra agentes durante sus primeros cuatro años de servicio. Varios agentes con al menos 16 años de experiencia recibieron cinco o más denuncias cada uno en 2024. Un solo agente con al menos 16 años de experiencia recibió siete denuncias.
El departamento de policía solo estuvo en desacuerdo con tres de las 12 recomendaciones de la IPA para cambios de políticas, incluida la revisión ampliada del uso de la fuerza, obtener el mismo nivel de acceso que Asuntos Internos y mejorar las políticas en torno al uso de los vehículos del departamento fuera de servicio.
Allen dijo que le gustaría ver que la oficina de Aubrey desglosara las quejas civiles por demografía racial.
“Y cuando las quejas son fundadas, también es necesario mostrar la demografía racial que hay detrás de ellas”, dijo Allen.
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