Solo 34 por ciento de las personas cuyos casos concluyeron en los tribunales de inmigración durante el año fiscal 2026 contó con un abogado, la proporción más baja registrada desde 2010, informó la oficina del senador demócrata Adam Schiff, de California.
El legislador difundió el dato al presentar nuevamente la Ley de Equidad para la Libertad de 2026 —Fairness to Freedom Act—, una iniciativa que busca garantizar representación legal financiada por el gobierno federal a quienes enfrenten la deportación u otros procedimientos migratorios y no puedan pagarla.
Y es que la diferencia entre comparecer con o sin abogado puede ser determinante, pues de acuerdo con la información publicada por Schiff, 78 por ciento de las personas sin representación recibió una orden de deportación en los casos concluidos entre los años fiscales 2016 y 2025, mientras que entre quienes tuvieron abogado, la proporción fue de 27 por ciento.
Hasta junio de 2026, más de la mitad de los 3.1 millones de casos de deportación abiertos en los tribunales migratorios correspondía a personas sin representación legal, y al menos 1.6 millones enfrentaban solas un sistema que puede determinar su detención, su separación familiar o su expulsión de Estados Unidos.
Actualmente, quienes enfrentan cargos penales tienen derecho a un abogado pagado por el gobierno cuando carecen de recursos. Esa garantía no se extiende a los procedimientos migratorios, considerados asuntos civiles, incluso cuando sus consecuencias pueden incluir la deportación.
“La cruel agenda migratoria del presidente Trump ha causado un daño inimaginable y duradero en nuestras comunidades, dando lugar a deportaciones ilegales que han separado a miles de familias”, declaró Schiff.
“El acceso a asesoría legal durante los procesos migratorios es esencial para obtener resultados justos, pero está fuera del alcance de muchos”, añadió. “Estoy impulsando este proyecto de ley para garantizar que las familias tengan la oportunidad de presentar sus casos y lograr resultados justos en los tribunales”.
El texto de la iniciativa contempla representación temprana, continua y de alcance completo en casos de deportación, audiencias de fianza y expulsiones aceleradas en la frontera.
También abarcaría determinados procedimientos ante tribunales estatales y federales, así como trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos relacionados con el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil, las visas U y el Estatus de Protección Temporal.
La propuesta crearía una Oficina de Representación Migratoria independiente de los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos; esta institución coordinaría su trabajo con los programas estatales y locales que ya ofrecen defensa contra la deportación.
La propuesta de Schiff está respaldada por un estudio publicado en abril de 2026 por el Instituto Vera de Justicia, que examinó el efecto de contar con un abogado entre personas detenidas y sometidas a procesos de deportación.
La investigación evaluó el trabajo de la Midwest Immigrant Defenders Alliance, un programa que ofrece representación a personas detenidas cuyos casos son atendidos por el tribunal de inmigración de Chicago.
El análisis se realizó entre marzo de 2022 y mayo de 2025 y, de acuerdo con Vera, constituye el primer estudio aleatorio sobre un programa de representación legal migratoria. Su diseño permitió comparar a personas en condiciones semejantes y determinar si las diferencias en los resultados podían atribuirse directamente al trabajo de los abogados.
Los investigadores encontraron que las personas representadas por el programa tuvieron 4.7 veces más probabilidades de obtener una protección completa contra la deportación que aquellas que no fueron atendidas por sus abogados. Esto equivale a un aumento de 366 por ciento en la probabilidad de recibir protección.
El acceso al programa también produjo 22 por ciento más resoluciones que permitieron a las personas permanecer en Estados Unidos, al menos temporalmente. Vera aclaró que algunos de esos resultados no otorgaban la residencia permanente ni un camino a la ciudadanía.
La presencia de un abogado incrementó además en 46 por ciento la probabilidad de obtener la libertad bajo fianza cuando la persona tenía derecho legal a ella.
El estudio no encontró que los clientes representados presentaran más solicitudes de protección. La diferencia, según los investigadores, estuvo en la capacidad de los abogados para identificar, preparar y litigar esas solicitudes con mayor eficacia.
También se observaron cambios en el ejercicio del debido proceso, pues por cada 100 clientes del programa se presentaron 48 mociones más que entre 100 personas comparables sin esa representación, incluidas 20 mociones sustantivas adicionales.
“Después de años de estudiar los tribunales de inmigración, algo queda absolutamente claro en los datos: el acceso a representación legal es uno de los factores más importantes para que los inmigrantes que enfrentan la deportación reciban una audiencia justa”, afirmó Austin Kocher, presidente de Relevant Research.
La iniciativa es encabezada en la Cámara de Representantes por Norma Torres, junto con Grace Meng, Pramila Jayapal y Robert Garcia. En el Senado cuenta con el respaldo de Cory Booker, Alex Padilla, Kirsten Gillibrand, Jeff Merkley, Ron Wyden y Bernie Sanders.
“Es evidente que nadie debería enfrentar la detención o la deportación en soledad simplemente porque no puede pagar representación legal”, declaró Torres. “La justicia no debe estar reservada para quienes pueden pagarla”.
La presentación de la iniciativa no modifica las reglas actuales y para convertirse en ley deberá ser aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado, y posteriormente recibir la firma presidencial.
You may be interested in: Familiares y defensores recordaron 8 meses de la detención de un hombre del Área de la Bahía por parte de ICE
