En un nuevo revés para la política migratoria del presidente Donald Trump, un juez federal de California amplió a todo Estados Unidos la prohibición de realizar arrestos migratorios en tribunales de inmigración, una práctica que se había convertido en una de las herramientas más visibles de la estrategia de deportaciones aceleradas impulsada por la actual administración.
El juez federal P. Casey Pitts, del Tribunal de Distrito para el Norte de California, anuló este martes las políticas implementadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) que permitían a agentes migratorios detener a personas al salir de sus audiencias migratorias.
La decisión también elimina una exención que autorizaba a ICE mantener a migrantes en centros temporales de detención durante hasta 72 horas, en lugar del límite previo de 12 horas.
El fallo se deriva de una demanda presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes después de que numerosos solicitantes de asilo fueran arrestados tras acudir a audiencias obligatorias en cortes migratorias, incluyendo un caso ocurrido en San Francisco que sirvió de base para la acción judicial.
En su resolución de 71 páginas, Pitts concluyó que las agencias federales actuaron de manera “arbitraria y caprichosa” al modificar políticas vigentes durante años sin ofrecer una justificación adecuada ni evaluar las consecuencias sobre el acceso de los inmigrantes a los tribunales.
“Durante 80 años, el Congreso ha ordenado a las agencias federales pensar antes de actuar”, escribió el juez al cuestionar la ausencia de fundamentos para expandir los arrestos civiles dentro de los tribunales migratorios.
La resolución restablece, en los hechos, las directrices vigentes durante la administración de Joe Biden, que limitaban los arrestos en cortes a circunstancias excepcionales relacionadas con amenazas a la seguridad nacional o riesgos para la seguridad pública.
La política impugnada había sido implementada tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025 y permitió que agentes de ICE esperaran en pasillos y áreas comunes de los tribunales para detener a inmigrantes que acudían a cumplir con sus procesos legales.
Diversas organizaciones de derechos civiles argumentaron que esta práctica generó un efecto disuasorio entre miles de migrantes, quienes comenzaron a faltar a sus audiencias por temor a ser arrestados, exponiéndose así a órdenes automáticas de deportación.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía celebraron la decisión y señalaron que garantiza que las personas puedan acudir a los tribunales sin miedo a ser detenidas por cumplir con la ley.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional criticó el fallo. El principal asesor jurídico de la dependencia, James Percival, calificó la resolución como un ejemplo de activismo judicial que, según dijo, favorece una agenda de “fronteras abiertas”.
La decisión representa uno de los mayores obstáculos judiciales que ha enfrentado hasta ahora la estrategia de deportaciones masivas de Trump y podría tener efectos inmediatos en cientos de tribunales migratorios del país. No obstante, el gobierno federal aún tiene la posibilidad de apelar ante tribunales superiores.
La orden de Pitts amplía una medida preliminar emitida en diciembre de 2025 que ya había suspendido estas prácticas en la jurisdicción de la oficina de ICE en San Francisco, que abarca el norte y centro de California, Hawái, Guam y las Islas Marianas del Norte.
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