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The Governor Gavin Newsom anunció que California ha aumentado los beneficios por licencia familiar remunerada y por discapacidad a niveles históricos en el estado, y que los trabajadores elegibles que ganan menos de 63 mil dólares por año ahora pueden recibir hasta el 90 por ciento de su salario regular mientras están de licencia. 

En tanto, los trabajadores que ganan más de ese umbral recibirán el 70 por ciento de su salario. Ambos representan un aumento importante, y los beneficios comenzaron con las nuevas solicitudes presentadas a partir de este 1 de enero de 2025.

“La ampliación de los beneficios de la licencia familiar remunerada tiene como objetivo facilitar a los californianos el cuidado de sí mismos, el vínculo con un nuevo hijo y el cuidado de sus familias sin preocuparse por cómo pagarán las facturas”, señaló Newsom.

Para la primera socia del estado, Siebel Newsom, ampliar la licencia familiar remunerada y los beneficios por discapacidad no es solo una política, es un reflejo de los californianos.

“En California, defendemos a las madres, padres y cuidadores que trabajan, brindándoles el tiempo que necesitan para establecer vínculos con un recién nacido, cuidar a un ser querido o recuperarse de una enfermedad sin el temor de perder su sustento. Esto es lo que significa poner el cuidado y a las familias en primer lugar”, dijo.

Así, el aumento de los beneficios, promulgado en virtud del Proyecto de Ley Senatorial 951, hará que sea mucho más asequible para los trabajadores tomarse tiempo libre por embarazo, parto, recuperación de una enfermedad o lesión, o para cuidar a familiares gravemente enfermos. 

De igual manera, ayudará a las familias a establecer vínculos con los nuevos hijos o a apoyar a sus seres queridos durante el despliegue militar en el extranjero.

La senadora María Elena Durazo, autora de la SB 951, señaló que el proyecto de ley garantizará que todos los trabajadores de California puedan cuidar de su familia y de sí mismos durante los momentos más importantes de la vida. 

“Aplaudo al gobernador Newsom por convertir en ley mi proyecto de ley, que permitirá que los trabajadores con salarios medios y bajos reciban hasta el 90 por ciento de sus salarios cuando estén de licencia. Este cambio beneficiará a millones de trabajadores que han contribuido al programa durante sus carreras. Este proyecto de ley, que me enorgulleció presentar, es parte del trabajo histórico que California está haciendo para ampliar el acceso equitativo a la licencia paga”, subrayó la funcionaria.

De acuerdo con la directora del Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD), Nancy Farias, este aumento de beneficios hará que sea más asequible tomarse tiempo libre del trabajo para cuidar a un familiar enfermo, establecer vínculos con un hijo o recuperarse de una enfermedad o lesión. 

“Estas inversiones fortalecen la fuerza laboral de California y mejoran las vidas de millones de californianos”.

Cabe destacar que el aumento se aplica a los nuevos reclamos presentados a partir del 1 de enero de 2025, mientras que aquellos presentados en 2024 continuarán con las tasas del año pasado, del 60-70 por ciento de los salarios semanales.

Los programas de licencia familiar remunerada y por discapacidad en California brindarán apoyo a más de 18 millones de trabajadores y sus familias, financiados a través de contribuciones a la nómina. Los trabajadores elegibles pueden recibir hasta 52 semanas de beneficios por discapacidad y hasta 8 semanas de beneficios por licencia familiar remunerada.

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By Cayla Mihalovich. CalMatters via Bay City News.

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Californians charged with certain drug and retail theft offenses could already be facing tougher penalties under an initiative voters approved this year, along with related bills signed into law by Gov. Gavin Newsom.

In November, voters overwhelmingly approved Proposition 36, which amends and adds key changes to California law.  

That includes allowing prosecutors to charge people convicted for a third time of various drug offenses with a so-called mandatory treatment felony, which would send them to substance abuse or mental health treatment instead of up to three years in jail or prison.

Under the new law, courts are also required to warn people convicted of selling or providing certain drugs, such as fentanyl, that they could face murder charges for later distributing illegal drugs that kill someone.

And petty theft and shoplifting offenses can also carry more serious consequences, including the possibility of up to three years in jail or prison if a person has already been convicted twice for certain theft offenses.

Several district attorneys and police departments announced this month arrests they planned to file under the new law, including in San Francisco, Solano and Shasta counties.

The measure partially reversed a different initiative that voters approved a decade ago, which reduced penalties for certain minor drug offenses and petty theft from felonies to misdemeanors. The initiative, Proposition 47, was aimed at developing new public safety strategies and reducing incarceration after the state’s prison population skyrocketed due to tough-on-crime policies dating back to the 1980s.

But prosecutors, law enforcement and major retailers who spoke in favor of Prop. 36 said those sentencing reforms went too far and created a revolving door for people to repeatedly commit crimes without being held accountable.

“It is a clear mandate from the public that we must take a new approach to public safety issues, specifically hard drugs, retail theft and fentanyl,” said Yolo County District Attorney Jeff Reisig.

Opponents of the measure warned it would worsen homelessness, drug abuse and crime by cutting funding for treatment programs and increasing court and prison costs by hundreds of millions of dollars.

Behavioral health experts across the state have expressed concern about the efficacy of a crime requiring mandatory treatment, given that most California counties lack the resources to provide the “mass treatment” promised by proponents of the measure.

“I think (the proponents) have also been given a mandate to put in place problem-solving measures and support services for people who are struggling,” said Cristine Soto DeBerry, executive director of the California Prosecutors Alliance, a nonprofit that opposed Proposition 36.

“I don’t think the mandate was to put more people in prison. That’s not what people thought they were voting for. I hope that the people with the discretion to enforce this law think very carefully about the communities they serve and what they were asking for at this time,” she said.

Gov. Gavin Newsom tried to keep Proposition 36 off the fall ballot and briefly considered putting an anti-crime measure before voters. Instead, he signed a package of 10 bills in August that will make it easier to prosecute vehicle and retail thefts. Those laws take effect Jan. 1.

Although Gov. Newsom did not spend money fighting Prop. 36, he referred to the initiative as an “unfunded mandate” that will take California back to the War on Drugs. In fact, the measure included no new funding sources. But supporters like Reisig expressed optimism that funding opportunities already exist in the law, pointing to a $6.4 billion mental health bond that voters approved in March.

“I hope legislators and the governor will embrace the mandate and work collaboratively to ensure we are successful in fulfilling the promise of Proposition 36,” Reisig said.

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Luego de intentar estrangular a un reportero de noticias de televisión de KKCO el pasado 18 de diciembre, después de exigirle saber su ciudadanía, diciendo “Esto es ahora el Estados Unidos de Trump”, Patrick Egan, de Colorado, enfrentará cargos por prejuicios, agresión en segundo grado, acoso e intimidación.

De acuerdo con el propio medio de noticias, a Egan le fijaron una fianza por 20 mil dólares y comparecerá ante el tribunal el próximo 2 de enero de 2025 a las 8:15 horas.

Los documentos de la policía, los oficiales se enteraron de que un hombre conducía desde Delta a Grand Junction, Colorado, cuando otro conductor comenzó a seguirlo en otro vehículo. En el área de HWY 6 y 50 y 25 Road, el sospechoso le pidió a la víctima su identificación y si era ciudadano estadounidense. 

El sospechoso siguió a la víctima hasta la cuadra 2500 de Blichmann Avenue, donde se acercó a la víctima, la abordó y la estranguló antes de que varias personas pudieran intervenir y sujetar al sospechoso hasta que la policía llegó al lugar. 

Así, Patrick Egan de 39 años fue detenido sin más incidentes. La víctima fue evaluada en el lugar.

La agencia The Associated Press (AP) refirió que Egan, quien conducía un taxi, se detuvo junto a Alex en un semáforo y, según su declaración, dijo algo como: “¿Eres siquiera ciudadano de Estados Unidos? ¡Esto es ahora el Estados Unidos de Trump! Soy un marine y juré proteger a este país de gente como tú”.

Alex Ja’Ronn fue el reportero de KKCO/KJCT afectado, quien en el momento del incidente cubría una noticia.

Racismo exacerbado 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tomará su cargo oficialmente el 20 de enero, pero tras nuevamente ganar las elecciones el pasado 5 de noviembre, el racismo se ha exacerbado en el país. 

Eso no es nuevo pues, de acuerdo con un análisis de The Nation publicado en 2017, Trump aceleró un realineamiento del electorado en torno al racismo, según varios indicadores diferentes de animosidad racial, y que eso lo ayudó a ganar.

“El sistema político estadounidense se está organizando de tal manera que el progresismo racial y el progresismo económico están alineados en el Partido Demócrata, y el conservadurismo racial y el conservadurismo económico están alineados en el Partido Republicano”, señaló en ese momento el medio.

El documento refiere que el efecto de las actitudes hacia la inmigración en los blancos es incluso más fuerte que el de las actitudes anti-afrodescendientes. Los resultados, en ese entonces, predijeron una probabilidad de aproximadamente el 80 por ciento de votar por Trump para una persona blanca promedio con las actitudes más anti-inmigrantes, en comparación con menos del 20 por ciento para una persona blanca con las actitudes más pro-inmigrantes.

Douglas Brinkley, un historiador presidencial dijo a la agencia AP en 2018: “Lo que Trump está haciendo ha surgido periódicamente, pero en tiempos modernos, ningún presidente ha sido tan insensible racialmente y ha mostrado un desdén tan abierto por las personas que no son blancas”, dijo. 

Brinkley también destacó que Trump fue el presidente más racista desde Woodrow Wilson, quien ocupó el cargo desde 1913 hasta 1921.

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