California celebra 175 años como estado con una mirada al pasado, reconociendo los sueños y logros que la han convertido en el “Estado Dorado”. Imagen: gov.ca.gov
California cumple 175 años como estado y lo celebra con una mirada al pasado, reconociendo los sueños y logros que la han convertido en el “Estado Dorado”, y con un firme compromiso hacia el futuro, consolidándose como motor cultural, científico y económico, y como un referente mundial de diversidad.
El gobernador de California, Gavin Newsom, encabezó la conmemoración con un discurso desde la Mansión del Gobernador y una carta dirigida a la Legislatura sobre el Estado del Estado, en los que destacó al estado como un motor cultural, líder en innovación y defensor de los valores democráticos, impulsado por la fuerza de su población diversa.
El gobernador de California, Gavin Newsom, encabezó la conmemoración con un discurso desde la Mansión del Gobernador y una carta dirigida a la Legislatura sobre el Estado del Estado.
El mandatario no eludió los desafíos actuales al subrayar que, mientras California celebra este aniversario histórico, enfrenta un panorama nacional incierto y lo que calificó como “amenazas perniciosas” desde la administración federal.
“Han desperdiciado décadas de progreso en aire y agua limpios, han enviado al ejército a las calles de nuestras ciudades y han intentado intimidar a nuestras instituciones públicas. Pero California se mantiene firme”, expresó.
El gobernador recordó los devastadores incendios que iniciaron el año y cómo las comunidades respondieron con unidad y heroísmo, al tiempo que señaló que la rapidez del estado en eliminar trámites y facilitar la reconstrucción demuestra la capacidad de resiliencia de los californianos.
Criticó además los despliegues militares ordenados en Los Ángeles y las redadas contra trabajadores agrícolas y vendedores ambulantes, calificándolos como ataques a los valores de libertad e inclusión que defiende California.
“A través de los tribunales y las voces de la gente, hemos resistido este peligroso y antiamericano ataque”, dijo Newsom.
El mensaje también subrayó el papel de la educación como cimiento del futuro. El gobernador destacó avances como el kínder de transición universal, el programa de comidas gratuitas en escuelas públicas y la gratuidad en los colegios comunitarios.
En ese sentido, resaltó la importancia de vincular la educación con carreras en sectores estratégicos como la salud, la energía limpia y la inteligencia artificial.
En el terreno económico, defendió el papel de California como líder en startups, inteligencia artificial, tecnología espacial y energías limpias, mientras que subrayó que el estado concentra más empresas de IA y más inversión en innovación ecológica que cualquier otro lugar del planeta.
Newsom presumió los avances en transporte y energías limpias: más de dos millones de vehículos de cero emisiones vendidos, la electrificación de vías de trenes y la construcción del tren de alta velocidad en el Valle Central.
“En California, el crecimiento económico y la protección del medio ambiente van de la mano”, afirmó.
El discurso también abordó la lucha contra la desigualdad y la crisis de vivienda, pues destacó programas de créditos fiscales, medicamentos genéricos estatales como la insulina y la naloxona de CalRx, y miles de millones invertidos en vivienda asequible.
“La asequibilidad es la base de la movilidad económica. California debe ser un lugar donde todos puedan vivir, trabajar y prosperar”, sostuvo.
Finalmente, Gavin Newsom concluyó recordando que California, a lo largo de su historia, siempre ha sabido levantarse frente a la oscuridad.
“Durante más de 175 años, hemos atraído a pioneros, a soñadores y a personas dispuestas a arriesgarse. Esta no es la primera vez que enfrentamos la adversidad, y como antes, resurgiremos más fuertes, más inteligentes y más unidos”, afirmó.
Residentes y funcionarios electos del condado de San Mateo se reunieron para apoyar la Proposición 50 de California. Foto: Bay City News.
Por Audrey Tomlin. Bay City News. Peninsula 360 Press.
Los residentes y funcionarios electos del condado de San Mateo se reunieron para apoyar la Proposición 50 de California, que rediseñaría los mapas de los distritos del Congreso del estado hasta 2030.
La medida electoral, conocida como Ley de Respuesta a la Fraude Electoral, es una respuesta a la reciente redistribución de distritos electorales del Congreso de Texas a mediados de la década a favor de los republicanos.
Según la medida, la Comisión de Redistribución de Distritos Ciudadanos de California, la comisión independiente del estado encargada de trazar distritos no partidistas cada 10 años, reanudaría la creación de mapas de distritos del Congreso para el estado en 2031.
El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo, David Canepa, y la supervisora Lisa Gauthier encabezaron la manifestación y anunciaron planes para presentar una resolución que respalde la Proposición 50 en la reunión de la junta del martes.
El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo, David Canepa, y la supervisora Lisa Gauthier encabezaron la manifestación. Foto: Bay City News.
La manifestación sigue a un evento similar en San Francisco la semana pasada, donde el supervisor de San Francisco, Bilal Mahmood, presentó una resolución en apoyo de la medida.
“Esta es una lucha por la democracia, una lucha contra el autoritarismo y una lucha contra el fraude electoral”, dijo Canepa. Foto: Bay City News.
“Esta es una lucha por la democracia, una lucha contra el autoritarismo y una lucha contra el fraude electoral”, dijo Canepa. “Los votantes de California no serán silenciados por los compinches de Trump en Texas. Sin la Proposición 50, California pierde. Así de simple. Perdemos influencia, nos arriesgamos a perder fondos federales y perdemos nuestra capacidad de liderazgo”.
La Propuesta 50 aparecerá en la boleta de las elecciones especiales de California del 4 de noviembre.
Miembros de la comunidad y líderes cívicos se pronunciaron en contra de las sanciones punitivas que el concejo municipal de East Palo Alto pretende imponer esta noche al concejal Carlos Romero. Foto: East Palo Alto
Miembros de la comunidad y líderes cívicos se pronunciaron en contra de las sanciones punitivas que el concejo municipal de East Palo Alto pretende imponer esta noche al concejal Carlos Romero, señalando que el proceso es inequitativo, apresurado y perjudicial para la ciudad, además de desviar la atención de temas cruciales como la política de vivienda.
En la sesión del Concejo de este miércoles figuran dos puntos de gran trascendencia: las enmiendas a la Ordenanza de Vivienda Inclusiva y la resolución para reprender y despojar a Romero de sus cargos de liderazgo en juntas regionales.
Los defensores del concejal señalan que Romero está siendo señalado de manera desproporcionada por comentarios que él mismo reconoció como inapropiados y de los cuales asumió responsabilidad en la misma reunión donde ocurrieron.
En contraste, acusan al vicealcalde Dinan de comentarios igualmente ofensivos que no han recibido sanción alguna: desde calificar como “no aptos” a colegas sin hijos para opinar sobre programas infantiles, hasta referirse en redes sociales a Romero y al concejal Abrica como “perros que gruñen”.
Para la comunidad, la ausencia de medidas contra Dinan refleja un preocupante doble estándar.
La propuesta de retirar a Romero de juntas regionales hasta 2026 es calificada como punitiva, vengativa y desproporcionada. Según los críticos, la medida silencia a un representante electo de forma legítima y debilita la voz de East Palo Alto en instancias donde Romero ha demostrado liderazgo y eficacia.
La coincidencia de esta moción con la discusión de cambios a la Ordenanza de Vivienda Inclusiva despierta más suspicacias.
En la reunión anterior, el Concejo redujo el número de viviendas asequibles exigidas para el proyecto Four Corners. Bajo la propuesta actual, dicho proyecto incumpliría con la norma de zonificación inclusiva, y en lugar de centrarse en una política que impacta directamente a los residentes, se estaría montando un “espectáculo disciplinario”, acusaron líderes comunitarios.
Las críticas también apuntan al procedimiento, pues la agenda inicial se publicó discretamente en la página web de la ciudad bajo la sección de “Agendas”, sin anunciarse en el calendario oficial ni en el tablero físico del Ayuntamiento, donde la ciudadanía suele informarse.
El tema fue incluido en una reunión especial previa a una sesión de la Comisión de Urbanismo, lo que limitó la oportunidad de la comunidad para revisar los detalles o presentar opiniones.
Tras denuncias de posibles violaciones a la Ley Brown, la reunión fue reagendada, pero ahora se llevará a cabo justo antes de la sesión de la Junta de Estabilización de Rentas, lo que vuelve a restringir la participación ciudadana.
Si bien reconocen que los funcionarios electos deben mantener la compostura, líderes comunitarios insisten en que las sanciones deben ser proporcionales, transparentes y aplicadas de manera pareja.
“East Palo Alto no puede permitirse perder de vista lo esencial: la protección de la vivienda asequible y el servicio a sus residentes”, advirtieron. “Las sanciones contra Romero son apresuradas y vindicativas. Exigimos un proceso justo y el compromiso del Concejo con la equidad y la transparencia”.
La reunión extraordinaria del Ayuntamiento de East Palo Alto de esta noche (10 de septiembre) será llevada a cabo en punto de las 17:30 horas.
La agenda incluye dos puntos importantes: Enmiendas a la Ordenanza de Vivienda Inclusiva de la Ciudad, que determinará cómo East Palo Alto cumple con los mandatos estatales de vivienda y preserva la asequibilidad; y una propuesta de resolución para reprender al concejal Carlos Romero y despojarlo de sus cargos de liderazgo regional hasta 2026.
La reunión se celebrará presencialmente en el Ayuntamiento de East Palo Alto, en el 2415 de University Avenue, y virtualmente a través de Zoom: https://us06web.zoom.us/j/86547293393 con el ID del seminario web: 865 4729 3393.
Supervisores del condado de San Mateo aprobaron este martes un acuerdo laboral con los sindicatos de la construcción que abarcará la mayoría de los proyectos de obras públicas a partir del 1 de julio de 2026.
Supervisors of the the San Mateo County Board of Supervisors aprobaron este martes un acuerdo laboral con los sindicatos de la construcción que abarcará la mayoría de los proyectos de obras públicas a partir del 1 de julio de 2026.
La medida, que se aplicará durante cinco años, busca elevar la seguridad, la calidad del trabajo y garantizar la finalización oportuna y fiscalmente responsable de las obras.
El convenio fue firmado entre el Condado y el Consejo de Oficios de la Construcción del Condado de San Mateo, junto con sus sindicatos afiliados. Según lo establecido, todos los contratistas y subcontratistas que participen en proyectos dentro de los umbrales monetarios deberán cumplir con los términos del acuerdo.
Los defensores de los llamados Project Labor Agreements (PLA) destacan que este tipo de convenios promueve el empleo de mano de obra calificada, mejora la seguridad en el lugar de trabajo, estabiliza los salarios y facilita la resolución pacífica de conflictos laborales.
El acuerdo incluye además programas de aprendizaje y pre aprendizaje, así como mecanismos de contratación dirigidos a veteranos militares.
David Canepa, presidente de la Junta de Supervisores, celebró la aprobación y señaló que, cuando el condado de San Mateo construye bajo un PLA, no solo construye infraestructura, sino que también impulsa carreras profesionales, protege a los trabajadores y mantiene el dinero público al servicio del bien común.
Agregó que más allá de los planos y presupuestos, los PLA representan una inversión comunitaria, pues ofrecen vías de acceso a la clase media para veteranos, mujeres, personas de color y otras poblaciones tradicionalmente marginadas por la industria de la construcción.
El acuerdo se aplicará gradualmente a proyectos que cumplan con montos mínimos de licitación. A partir del 1 de julio de 2026, incluirá proyectos de tres millones de dólares o más; desde el 1 de julio de 2027, aplicará a proyectos de 2.5 millones o más; un año después, a los de dos millones de dólares o más, y a partir del 1 de julio de 2029, a los de un millón de dólares o más.
A partir de entonces, el umbral se ajustará cada año de acuerdo con el índice de costos de construcción de California.
Aunque el condado ya había utilizado acuerdos de este tipo en proyectos emblemáticos como el Centro Correccional de Maple Street y el Centro de Salud Mental Cordilleras, esta es la primera vez que se establece un marco más amplio y permanente.
La supervisora Noelia Corzo, copatrocinadora de la resolución, afirmó que la elaboración de un convenio colectivo previo a la contratación genera uniformidad y demuestra el compromiso del condado con un salario y condiciones laborales dignas para los trabajadores de sus proyectos.
Subrayó además que confía en que con este PLA se logrará previsibilidad y rentabilidad para el condado, evitando la necesidad de negociar acuerdos individuales para cada construcción.
La Feria de Empleo del Condado de San Mateo se realizará el viernes 12 de septiembre, de 10:00 a 13:00 horas, en el 500 County Center en Redwood City.
Para Marjan Moshiri, trabajadora social de Servicios Infantiles del Condado de San Mateo, los días suelen estar marcados por largas jornadas, llamadas de emergencia y conversaciones difíciles. Lo que rara vez llega a su escritorio son notas de agradecimiento. Por eso, cuando un padre le envió una carta tras cerrar un caso con una familia en crisis, no pudo contener las lágrimas: “No recibimos cartas. Ese momento me hizo pensar: ‘Sí que he marcado una diferencia’”, contó.
Historias como la de Moshiri son las que el condado espera multiplicar con la Feria Profesional de Servicio Público de Verano 2025, que se realizará el viernes 12 de septiembre, de 10:00 a 13:00 horas, en el 500 County Center en Redwood City.
El evento reunirá a diversos departamentos del Condado y agencias públicas locales que buscan reclutar nuevos talentos en áreas como salud, trabajo social, seguridad pública, oficios especializados e ingeniería.
Entre las vacantes destacan puestos como Científico de Laboratorio Clínico, Aprendiz de Ayudante del Sheriff, Trabajador Social de Servicios Infantiles e Ingeniero de Estacionamiento.
“El Condado se complace en organizar este evento para presentar a quienes buscan empleo las carreras en el servicio público”, señaló Rocio Kiryczun, directora de Recursos Humanos. “Son oportunidades esenciales para tener un impacto significativo en la vida de las personas a las que servimos”.
La asistencia es gratuita, con estacionamiento de cortesía en el 400 Middlefield Road, y los solicitantes podrán registrarse en línea, explorar la lista completa de empleadores y llevar su currículum para hablar directamente con reclutadores.
Los departamentos que estarán contratando incluyen la Agencia de Servicios Humanos, Obras Públicas, Salud, Bibliotecas, Libertad Condicional, Comunicaciones de Seguridad Pública (911), Servicios de Información y otros. El condado ofrece salarios competitivos, beneficios de salud y jubilación, y la oportunidad de servir a una comunidad diversa.
Para Moshiri, quien creció en San Carlos y se formó académicamente en Chapman y Cal State Fullerton, el trabajo es tan exigente como gratificante.
Entre llamadas urgentes y visitas a hogares o salas de emergencia, asegura que son los pequeños gestos los que dan sentido a su labor: “Es difícil, no te voy a mentir. Pero cuando recibes una carta o un niño se siente seguro contigo, te das cuenta de que el trabajo importa”.
Su consejo para los aspirantes es claro: “Hazlo si te apasiona, si quieres ayudar, si quieres brindar recursos y conectar a las familias. Es un trabajo muy gratificante”.
La Feria de Empleo busca justamente eso, personas dispuestas a enfrentar los retos diarios del servicio público y, al mismo tiempo, vivir la satisfacción de marcar una diferencia real. Para el Condado de San Mateo, la clave está en encontrar más profesionales con la dedicación y la entrega de Moshiri.
Vigilancia a inmigrantes se ha ampliado con el pretexto de identificar posibles amenazas; esto podría convertirse rápidamente en vigilancia para todos, erosionando los derechos de privacidad de los residentes.
Existen herramientas de vigilancia con la finalidad de luchar contra el fraude y proteger a los ciudadanos, sin embargo, se ha ampliado la vigilancia tecnológica en los inmigrantes con el pretexto de identificar posibles amenazas; esto podría convertirse rápidamente en vigilancia para todos, erosionando los derechos de privacidad de los residentes.
El Gobierno de los Estados Unidos ha ampliado constantemente el uso de herramientas de vigilancia, desde el acceso a la base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados y el reconocimiento facial hasta el rastreo de teléfonos móviles, creando una infraestructura que va mucho más allá de la aplicación de las leyes de inmigración.
Esta red digital de vigilancia tiene el potencial de someter a todos los estadounidenses a un escrutinio, pues recopila y cruza información personal, aumentando el riesgo de persecución política, robo de identidad y violaciones masivas de datos, situación que preocupa a expertos.
During a briefing held by American Community Media (ACoM), Nicole Álvarez, analista de políticas tecnológicas del Centro para el Progreso Americano, compartió datos del informe titulado: La administración Trump está utilizando datos confidenciales estadounidenses para construir una torre de vigilancia digital.
“El informe se centra en dos grandes avances que impulsan esta vigilancia digital, el primero es lo que llamo abuso secundario de datos. El segundo es la centralización de los sistemas federales de datos. La Ley de Privacidad de 1974 es la principal ley que rige el manejo de nuestros datos personales por parte de las agencias federales, el problema con la Ley de Privacidad es que simplemente no se ha actualizado, se redactó antes de que existiera internet, antes del almacenamiento masivo de datos y antes de que las agencias pudieran conectar bases de datos masivas”.
Álvarez dijo que no solo es un sistema de vigilancia en rápida expansión que amenaza a las comunidades inmigrantes que este gobierno tiene en la mira, sino también el derecho a la privacidad de todos los estadounidenses, pues toman la información del gobierno federal cuando solicitan prestaciones sociales, declaran impuestos, se inscriben en servicios públicos o interactúan con agencias en cualquier función oficial, agregando, “el daño es que estas prácticas van mucho más allá de las simples violaciones de la privacidad, erosionan activamente la confianza en las instituciones públicas”.
Los inmigrantes indocumentados pagan aproximadamente 90 mil millones en impuestos federales, estatales y locales, estos datos corresponden a 2022, además, se estima que incluso una reducción de un punto porcentual en el cumplimiento tributario de la población general reduciría los ingresos federales en 40 mil millones, comentó la analista principal de políticas tecnológicas, pues el uso de datos fiscales también se encuentra en riesgo.
“También es importante señalar que más de un tercio del dinero de los impuestos de los inmigrantes indocumentados se destina a los impuestos sobre la nómina para financiar programas a los que estos trabajadores no pueden acceder, como el Seguro Social y Medicare”.
Por su parte, Emerald Tse, representante del Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown, explicó que ellos se centran en el impacto de la vigilancia digital en las personas y las comunidades, descubriendo el uso del reconocimiento facial por parte de las fuerzas del orden y la relación con la superposición entre el sistema judicial penal y el sistema migratorio.
“Revelamos que utilizan la vigilancia digital para monitorear la vida de la mayoría de las personas en Estados Unidos, el ICE se ha aprovechado de la información necesaria para ofrecer servicios esenciales a cambio de un intercambio, si la persona había cometido un delito o había sido acusada de un delito”.
Tse comentó “en American Dragnet descubrimos que, entre 2008 y 2021, el gasto anual del ICE en tecnología de vigilancia se disparó de 700 mil a 400 millones de dólares al año, desde entonces, la industria de la vigilancia ha seguido creciendo”.
La representante de Georgetown puntualizó que tener datos privados expuestos a los agentes, hace que la gente tenga miedo de ir a trabajar, de enviar a sus hijos a la escuela, de buscar atención médica hasta que sea muy urgente, y reduce la probabilidad de participar en la sociedad, dejando una desconfianza que realmente afecta a todos.
Sophia Cope, abogada de la Electronic Frontier Foundation, habló de la vigilancia de redes sociales durante la primera administración de Trump, pues “se tradujo en una pregunta añadida a la solicitud de visa, que posteriormente se añadió al formulario del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés), pidiendo a los solicitantes sus perfiles de redes sociales utilizados durante los últimos cinco años, el objetivo, obviamente, es que los funcionarios consulares revisen las redes sociales públicas y evalúen si se debe otorgar la visa”.
Cope sugirió que se debe analizar si es necesario salir del país o evitarlo y de ser necesario, “cierra sesión o elimina las aplicaciones de redes sociales en su teléfono, pero ten en cuenta que, como ya tuviste que revelar tus cuentas de redes sociales públicas, es posible que parte de esa información ya se haya revisado con anterioridad”-
“Hemos visto que han ampliado su escrutinio sobre residentes permanentes legales y personas con otros estatus, y recientemente anunciaron que van a analizar una especie de verificación continua, van a realizar una verificación constante de las personas que viven en Estados Unidos, es decir, de todos los titulares de visas y han dicho que eso incluye revisar sus redes sociales”.
Para el año fiscal 2025-2026, el presupuesto en San Mateo es de 5.5 mil millones de dólares, por lo que la Junta de Supervisores analizará el plan de gastos.
The the San Mateo County Board of Supervisors publicó un presupuesto revisado de 5.5 mil millones de dólares para el año fiscal 2025-26, con el objetivo de mantener servicios críticos en medio de la incertidumbre generada por posibles cambios en la política federal y un déficit estatal aún sin resolver.
La Junta de Supervisores analizará el plan de gastos el próximo 23 de septiembre y, de aprobarse, actualizará los niveles de gasto y personal que comenzaron el 1 de julio.
El documento refleja ajustes en transferencias de fin de año, cambios en ingresos estatales y federales, mayores costos de salud para empleados y recursos adicionales para programas de salud y seguridad pública.
En total, el plan aumenta el gasto en 610 millones de dólares y añade 24 nuevos puestos, lo que eleva la plantilla total del condado a 5 mil 889 empleados.
El ejecutivo del condado, Michael Callagy, subrayó que la prioridad es proteger los servicios de los que dependen miles de residentes locales, desde clínicas comunitarias hasta oficinas de apoyo social.
“No controlamos lo que sucede en Sacramento ni en Washington, pero podemos prepararnos responsablemente aquí en casa”, afirmó.
El presupuesto también contempla la continuidad de programas como CalFresh, que beneficia a unos 2 mil residentes gracias a una exención especial que podría modificarse por cambios federales.
Uno de los principales retos es el déficit en el reembolso estatal del Monto de Ajuste de la Tarifa de Licencias de Vehículos (VLF).
En el ejercicio 2023-24, el estado solo cubrió dos tercios de lo adeudado, lo que dejó al condado con un déficit de 22.3 millones de dólares, solventado con reservas. Actualmente, el condado demanda al estado el pago completo de 38 millones de dólares que también corresponden a 20 ciudades locales.
Con 581.6 millones de dólares en reservas del Fondo General, equivalentes al 16.9 por ciento de las asignaciones netas, San Mateo asegura contar con un margen suficiente para absorber presiones a corto plazo sin comprometer sus servicios esenciales.
“Este plan mantiene abiertas nuestras clínicas, apoya a familias vulnerables e invierte en el futuro”, sostuvo Callagy, al destacar el compromiso del personal público con la estabilidad financiera y el servicio comunitario.
No estábamos preparados para la montaña rusa de emociones que René Pérez, también conocido como Residente, desataría la tarde del sábado en el Zócalo. De la euforia a la indignación, de las letras de amor a los llamados de acción, en cuanto el artista boricua tomó el escenario con una sudadera con la leyenda “Palestina libre”, entendimos que no iba a guardar nada en su pecho.
René Pérez Joglar, también conocido como Residente mostrando una sudadera con la leyenda “Palestina libre”, Ciudad de México, 6 de septiembre. Hans Leguízamo / MxPA.
Para iniciar el concierto y encender a los asistentes que nos visitaron de toda el área conurbada (y también de otros lugares), raperas mexicanas hicieron presencia en el escenario dejando bien claro que “es tiempo de mujeres”.
Prania Esponda, cantante y compositora feminista en el micrófono, Ciudad de México, 6 de septiembre. Hans Leguízamo / MxPA.
Llamados de sororidad, denuncias contra la violencia y un llamado general a las mujeres a romper el techo de cristal para atreverse a hacer lo que les gusta, hicieron retumbar el centro de la ciudad.
Azuky (de blanco) y Mena, en un espectáculo de freestyle, Ciudad de México, 6 de septiembre. Hans Leguízamo / MxPA.
Niña Dioz, Ximbomb, Prania Esponda, Azuky y Mena reventaron las bocinas para demostrar, como lo hacen cada día al compartir su arte, que las mujeres no tienen límites ni fronteras para disrumpir espacios de los que en algún tiempo fueron excluidas.
Al caer la noche, La Torre Latinoamericana fue testigo a la distancia de cómo México recibía con los brazos abiertos a René, quién encendió los ánimos inmediatamente al poner pie en el escenario. No solo la Ciudad de México le dió la bienvenida a este artista, también recibió con cantos de “palestina libre” y “no están solos” a unos invitados inesperados, una familia desplazada de Gaza que el puertoriqueño invitó al escenario al mismo tiempo que denunciaba las atrocidades cometidas contra este pueblo.
Residente invita al escenario a una familia desplazada de Gaza, Ciudad de México, 6 de septiembre. Hans Leguízamo / MxPA.
Quien conoce las letras de Residente sabrá que el activismo está íntimamente ligado con su obra, desde la dignificación de la clase trabajadora hasta denuncias contra dictaduras.
René también lanzó un grito en contra de las redadas de ICE en Estados Unidos y con la canción de “This is not America” les recordó que: “Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos”.
Sin duda el momento más emotivo de la noche fue en el que el artista se abrió por unos instantes ante el pueblo mexicano para compartir que tuvo un intento de suicidio y de no haber sido por una llamada a su madre, quizás lo habría consumado. En ese momento lanzó un llamado a buscar ayuda, a no sufrir en silencio. El público estalló en una marea de apoyo al boricua mientras él lo recibía al borde del llanto.
René Pérez contiene el llanto mientras comparte momentos difíciles de su vida, Ciudad de México, 6 de septiembre. Hans Leguízamo / MxPA.
La velada fue intensa, los sentimientos arrancaron lágrimas a más de uno entre la multitud y como quien termina agotado después de una comida completa, todos los espectadores regresamos cansados de brincar y llorar, pero con el alma llena y emocionados por un concierto inolvidable.
Este concierto es parte de la política cultural de Clara Brugada y fue posible gracias al Gobierno de la Ciudad de México.
The Midpeninsula Regional Open Space District (Midpen) and the Green Foothills organization announced, as a tribute to Lennie Roberts, a trail that will bear her name. Photo: openspace.org
The Midpeninsula Regional Open Space District and the organization Green Foothills announced this weekend the designation of the future Lennie Roberts Trail in the Miramontes Ridge Open Space Reserve, adjacent to the Johnston House property in Half Moon Bay.
The ceremony brought together community members, public officials, and environmental advocates to recognize the career of Lennie Roberts, considered one of the most influential voices in environmental protection in the region.
“Lennie Roberts defined what environmental stewardship means in our region,” said Julie Hutcheson, executive director of Green Foothills. “This trail is a tribute to her vision, passion, and tireless commitment to protecting the natural world.”
The trail—still under planning and construction—honors Roberts' decades of activism, whose work has saved tens of thousands of acres of open space in San Mateo and Santa Clara counties.
Roberts has been part of the Green Foothills team for years and is considered one of the founders of Midpen, the public agency created after the passage of Measure R in Santa Clara County in 1972.
Her work was instrumental in Midpen's expansion into southern San Mateo County in 1976 and later into the coastal area in 2004. Her leadership has preserved iconic landscapes such as Russian Ridge, Purisima Creek Redwoods, and Bear Creek Redwoods.
She also promoted historic policies such as the California Coastal Act of 1976 and the San Mateo Measure A of 1986, which contained urban sprawl and protected the coastal area's rural character.
With 47 years of experience at Green Foothills, Roberts remains active in the organization and a staunch advocate for Midpen's work.
Participating in the tribute ceremony were Ana María Ruiz, general manager of Midpen, who emphasized that “Lennie's extraordinary leadership and passionate commitment have left an indelible mark on the lands and communities of our region. The Lennie Roberts Trail will ensure that her legacy inspires generations of future environmental advocates.”
Las ciudades de California han reforzado la aplicación de la leyes para personas que viven en autos y autocaravanas en las calles.
Por Marisa Kendall. CalMatters. Peninsula 360 Press.
Durante meses, las ciudades de todo el estado han reforzado la aplicación de la ley contra las personas que duermen en tiendas de campaña en la calle. Ahora, algunas se centran en un nuevo objetivo: las personas que viven en vehículos.
Wayne Gardiner, de 58 años, vio cómo su casa, donde había vivido durante 20 años, rodaba sobre la parte trasera de una grúa en San José una tarde de lunes reciente. Entonces se dio cuenta de que había olvidado algo dentro.
Abrió los compartimentos del fondo de la autocaravana a toda velocidad, buscando las herramientas de hidrolavadora que usa para limpiar y ganar dinero extra. Mientras la autocaravana subía a la camioneta, a punto de irse a un desguace, Gardiner encontró la mochila negra llena de herramientas y la sacó.
Luego se apartó con su rottweiler, Buddy, y algunas de sus pertenencias en bolsas de basura verdes a sus pies, y vio cómo se alejaba el camión. Contuvo sus emociones.
“Si me meto en eso, seré un desastre”, dijo Gardiner. “Tengo que dejarlo ir”.
San José está remolcando vehículos de diferentes zonas de la ciudad en un nuevo esfuerzo por despejar las calles de vehículos habitados. El mes pasado, comenzó a desalojar su mayor campamento de personas sin hogar: una ciudad improvisada en Columbus Park, donde Gardiner y cientos de personas más habían estado durmiendo en autos, casas rodantes y tiendas de campaña.
San Francisco aprobó una nueva política este verano que prohíbe estacionarse a vehículos grandes en cualquier calle de la ciudad por más de dos horas, lo que en la práctica hace ilegal vivir en una casa rodante en la calle.
Incluso ciudades más pequeñas, incluidas Carlsbad en las afueras de San Diego, y San Mateo en el Área de la Bahía, han adoptado nuevas políticas dirigidas a las personas que viven en automóviles y vehículos recreativos.
El asunto también ha llamado la atención de los legisladores estatales. El Proyecto de Ley 630 de la Asamblea, que superó otro obstáculo legislativo el viernes, facilitaría a ciertas ciudades la eliminación de vehículos recreativos estacionados en sus calles.
“Tenemos historias de personas que tienen casas rodantes inoperables estacionadas en sus vecindarios, bajo autopistas, y que saben que son focos de tráfico de drogas, redes de prostitución y otras actividades delictivas”, dijo el autor del proyecto de ley, el asambleísta Mark González, demócrata de Los Ángeles. “Por eso, lo que intentamos hacer es abordar este problema de frente”.
La iniciativa surge en un momento en que filas de autocaravanas y coches habitados abarrotan las calles de ciudades de todo el estado, frustrando a los votantes y creando problemas con la basura, las aguas residuales y la visibilidad del tráfico. El número de vehículos habitados en las calles de San Francisco ha aumentado durante el último año: de 474 en julio de 2024 a 612 en junio de 2025, mientras que el número de tiendas de campaña se redujo de 319 a 165, según el recuento municipal.
La falta de vehículos puede ser más difícil de gestionar para las ciudades que la de los campamentos de tiendas de campaña. Las personas suelen ser reacias a renunciar a la seguridad de su autocaravana o coche a cambio de una cama en un refugio temporal o una vivienda temporal. Además, muchas ciudades no tienen dónde guardar autocaravanas ni dónde aparcarlas legalmente.
Los defensores de los derechos de los californianos sin hogar afirman que imponer sanciones para abordar el problema agravará la crisis de personas sin hogar. Cuando las ciudades remolcan autos y casas rodantes habitados, sus dueños a menudo no pueden recuperarlos porque no pueden pagar las tarifas de remolque y almacenamiento, explicó Eleana Binder, directora de políticas públicas de GLIDE, que atiende a los residentes de San Francisco que viven en la calle y en la pobreza. Al final, no tienen adónde ir.
“Aumenta la indigencia en las calles, porque la gente está al borde de la indigencia”, dijo. “Para muchos, un vehículo es su único activo, el último paso antes de quedarse sin hogar”.
Multas y remolques
Las ordenanzas que regulan los campamentos de personas sin hogar suelen centrarse en las personas que duermen en tiendas de campaña, no en vehículos. Por ello, la policía ha utilizado las ordenanzas de estacionamiento para intentar desalojar los campamentos de vehículos mediante multas y remolcando o amenazando con hacerlo. Sin embargo, este enfoque no tiene en cuenta que los coches y las autocaravanas son los hogares de las personas.
En algunos lugares, las nuevas políticas dirigidas específicamente a las personas que viven en automóviles y vehículos recreativos intentan resolver ese problema proporcionando servicios además de multas y remolques.
Gardiner, quien vio cómo la ciudad de San José remolcaba su casa, tuvo más suerte que muchos. La ciudad le pagó dos mil dólares por su casa rodante, como parte de un programa piloto para convencer a la gente de que dejara sus vehículos y se mudara a un lugar seguro. También recibió una habitación de hotel gratis, donde la ciudad le dijo que podía quedarse hasta un año.
Gardiner era una de los cientos de personas que vivían en el campamento más grande de San José: una extensa colección de casas rodantes, autos y tiendas de campaña esparcidas por un terreno de tierra lleno de baches en el Parque Columbus y extendiéndose hacia las calles circundantes. Los equipos municipales comenzaron a desalojar el campamento en agosto y, según la ciudad, han remolcado 78 vehículos y trasladado a 128 personas al interior.
La ciudad estima que 370 personas vivían en Columbus Park cuando comenzó la operación, pero los defensores afirman que eran más. Y no a todos se les ha ofrecido el programa de recompra de dos mil dólares, una estancia en un motel u otra ayuda.
Valerie Vallejos, quien vive en su camioneta en Columbus Park mientras estudia cosmetología en San Jose City College, dijo que estaba visitando a sus hijos en Stockton cuando los trabajadores sociales llegaron al parque ofreciendo servicios a las personas. Ahora intenta inscribirse en la lista, con la esperanza de conseguir una vivienda o al menos que le eviten las amenazas de remolque. Hasta ahora, no ha tenido suerte.
“Voy a seguir saliendo hasta que consiga algo”, dijo. “Es mi única opción. ¿Qué más puedo hacer?”
San José también está tomando medidas enérgicas en otros lugares. Las autoridades lanzaron un programa piloto a principios de este año que prohíbe los vehículos de gran tamaño y habitados en ciertas zonas de la ciudad. La ciudad primero coloca letreros y folletos advirtiendo a las personas que muevan sus vehículos, y luego remolca los vehículos si no lo hacen. Desde enero, la ciudad ha remolcado 19 casas rodantes y remolques, además de otros 45 vehículos, según su panel de control en línea. Sin embargo, muchos vehículos regresan tras las medidas de control. Hasta la fecha, la ciudad ha completado el control en 38 “zonas de remolque”, donde había un total de mil 175 automóviles y casas rodantes. Noventa días después de dicho control, 671 vehículos habían regresado a esas ubicaciones.
“Es un comienzo”, dijo el alcalde de San José, Matt Mahan, quien reconoció que el remolque no hará desaparecer por arte de magia la indigencia en las calles. Pero afirmó que incluso obligar a las autocaravanas a trasladarse temporalmente puede ayudar a mitigar los problemas que la ciudad ha visto en los campamentos de larga data, como laboratorios de metanfetamina, incendios y la acumulación de vehículos destartalados y abandonados.
“Se trata de brindar alivio a los vecinos y a las pequeñas empresas que han tenido campamentos permanentes de vehículos recreativos durante años”, dijo Mahan.
Desde principios de año, San José ha implementado tres “zonas de remolque” en las cuadras alrededor de la Avenida Barnard, donde Esmeralda Herrera, de 51 años, vive en una casa rodante estacionada con su perro Kiba, un anciano. Perdió su trabajo como conserje en el distrito escolar del condado de Santa Clara durante la pandemia de COVID-19, y luego un aumento de alquiler la obligó a dejar su apartamento.
Herrera está en lista de espera para una vivienda asequible, pero no ha visto ningún progreso, dijo. Mientras tanto, Herrera comentó que va de un lado a otro de la ciudad, mudándose a una nueva cuadra cada vez que la policía amenaza con remolcar su remolque. Tiene miedo de ir a entrevistas de trabajo porque le preocupa que, al regresar, el remolque y su querido perro ya no estén.
“No sé qué haría”, dijo. “No quiero estar en la calle”.
“La vía pública no es una vivienda permanente”
San Francisco comenzará a aplicar sus nuevas normas de estacionamiento para vehículos recreativos este otoño. Al igual que San José, planea pagar a las personas para que renuncien a sus vehículos recreativos. Además, las personas pueden obtener una exención temporal del remolque si aceptan colaborar con un gestor de casos en un plan de vivienda. Sin embargo, solo las personas que han estado en la mira de la ciudad desde mayo de 2025 son elegibles.
“Me preocupa mucho que la gente termine pasando por alto el programa de permisos, o que pierdan su permiso y sean remolcados”, dijo Binder. “Y para mucha gente, ser remolcado significa terminar en la calle. Ese es mi mayor temor: que veamos a gente sufriendo y a más personas terminando en la calle que antes no lo estaban y que no deberían estarlo”.
En marzo, Carlsbad amplió su prohibición de acampar para incluir dormir en vehículos en propiedad pública. Esta infracción conlleva una multa de 100 dólares la primera vez, 200 la tercera y 500 las siguientes. Desde la modificación, la ciudad ha emitido 34 multas por acampar en vehículos y 77 multas por estacionamiento excesivo, y ha remolcado 12 vehículos, según Mandy Mills, directora de vivienda y servicios para personas sin hogar de la ciudad.
La ciudad recibió una subvención estatal de 3 millones de dólares para ayudar a las personas que viven en vehículos a mudarse a espacios interiores, tanto pagando subsidios de vivienda temporal como financiando los salarios de dos trabajadores de extensión social que conectan a las personas con la vivienda.
En San Mateo, dormir en un vehículo en la vía pública ha sido ilegal desde la década de 1990. Sin embargo, no se ha aplicado. En junio, el Ayuntamiento votó a favor de empezar a multar a las personas que rechazaron dos ofertas de alojamiento.
“La vía pública no es una vivienda permanente”, dijo el administrador de la ciudad, Alex Khojikian.
El proyecto de ley de González pretendía ayudar a ciudades como San Mateo a limpiar sus calles. El proyecto fue aprobado por el Comité de Asignaciones del Senado el viernes con una enmienda de última hora que limita su alcance a los condados de Alameda y Los Ángeles.
El proyecto de ley daría a las ciudades de esos condados mayor libertad para deshacerse de vehículos recreativos abandonados o inoperativos. Según la ley actual, una ciudad puede deshacerse de vehículos recreativos abandonados con un valor de 500 dólares o menos, pero cualquier valor superior se vende en subasta. Alguien más puede comprar ese vehículo recreativo y devolverlo a la calle, dijo González.
El proyecto de ley de González elevaría ese umbral a 4 mil dólares, lo que permitiría a las ciudades desechar más fácilmente los vehículos recreativos y sacarlos de la calle para siempre.
Si bien González afirma que su legislación no afectaría a las casas rodantes en las que viven personas, el proyecto de ley no define qué constituye un vehículo “abandonado”. Los opositores, incluida la Asociación de Defensores Públicos de California, temen que esto permita a las ciudades remolcar de forma excesiva y elimine el refugio tan necesario para la población sin hogar de California.
Una ley independiente, el Proyecto de Ley Senatorial 692, habría reducido el umbral que las ciudades deben cumplir para poder remolcar vehículos abandonados o inoperables. El proyecto de ley, presentado por el senador demócrata de Oakland, Jesse Arreguín, está suspendido este año, pero podría volver a avanzar el próximo, ya que Arreguín afirma que seguirá trabajando con las partes interesadas en las enmiendas.
Mientras tanto, en San José, Herrera seguirá rebotando por las calles de la ciudad con su perro.
“No sé cuál será mi siguiente paso si me dicen que me mude, porque he estado en todas partes”, dijo, “y no estoy llegando a ninguna parte con los programas para personas sin hogar”.
