Por Nigel Duara. CalMatters. Bay City News.
La verdad es que hay muchos camiones blancos en Modesto.
Dodge Rams blancas, GMC Sierra blancas, F-150 blancas, furgonetas Ford Transit blancas, Suburban blancas, Silverado blancas, Chevy Colorado blancas. Tantas camionetas blancas, todas de fabricación estadounidense: una clara señal de peligro para quienes leyeron sobre una redada de inmigración en enero a 209 kilómetros al sur y pasaron los dos meses siguientes atentos a las señales de la siguiente.
Independientemente de quién esté dentro, esos grandes camiones blancos se han convertido en un símbolo de la aplicación de las leyes federales de inmigración en el corazón de la zona agrícola de California.
“Suelen aparecer en camionetas blancas; esa es la primera señal”, señaló Lorena Lara, directora de organización de Valley Watch Network, una coalición de despachadores voluntarios y observadores legales que responden a los reportes de redadas de inmigración en el Valle Central.
“Luego buscamos las placas; dicen DHS, o no hay placa. Las camionetas tienen antenas grandes, enormes, siempre de fabricación estadounidense. A veces se puede ver un divisor entre la parte delantera y trasera”.
Nunca se sabe qué camión será de inmigración. Y nuestros despachadores reciben llamadas diciendo que hay camiones en la zona, incluso si resultan ser de trabajadores de la construcción o algo similar. Las familias tienen demasiado miedo de recoger a sus hijos de la escuela. Tienen demasiado miedo de ir a comprar alimentos.
Los voluntarios de New Valley Watch aprenden a estar atentos a los camiones y furgonetas blancos como parte de su entrenamiento. Estos voluntarios dijeron que el efecto persiste: cuando conducen al supermercado o se estacionan en el cine, no pueden evitar notarlos. Y por un momento, sienten miedo.
Ésta es la intención declarada del plan de la administración Trump para abordar la inmigración ilegal, parte de lo que el presidente promete que será el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos.
“Si estás aquí ilegalmente, te encontraremos y te deportaremos”, declaró la directora de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a principios de este mes. “Nunca regresarás. Pero si te vas ahora, podrías tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”.
Mientras los agentes de control de inmigración continúan deteniendo a personas individuales afuera de sus hogares o en la entrada de un Walmart, la mayor esperanza del programa de deportación es alentar a las personas que están aquí ilegalmente a auto deportarse creando suficiente miedo y desconfianza entre las comunidades inmigrantes en lugares como el Valle Central.
Queda por ver si el plan de auto deportación está funcionando.
En cuanto a si está creando miedo, esa parte está funcionando bien.
“Se siente como si estuvieras en vilo todo el tiempo”, refirió Blanca Ojeda, voluntaria de la Red de Respuesta del Valle y beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un programa de 2012 que permite aplazar la deportación cada dos años a quienes llegaron al país sin documentos siendo niños. “Es constante”.
La asistencia a las misas católicas ha disminuido en la Diócesis de Fresno, que abarca la mayor parte del Valle de San Joaquín. Quienes llaman a la línea directa de Respuesta del Valle han reportado que los trabajadores agrícolas no están yendo a los campos de cítricos. Han escuchado informes de padres que mantienen a sus hijos en casa sin asistir a la escuela, una tendencia documentada en las cifras de asistencia en comunidades similares de California. El mercado de pulgas de Fresno se ha vaciado.
Las misas católicas comenzaron a disminuir después de las redadas de inmigración en Bakersfield en enero, dijo el portavoz de la Diócesis de Fresno, Chandler Márquez, y la caída de la asistencia ha sido especialmente pronunciada “en las parroquias que se encuentran dentro de las áreas rurales de nuestra diócesis”.
Un factor clave para que las personas se auto deporten es facilitarlo, en este caso con una aplicación que permite informar que abandonan el país. Pero igual de importante es que quienes residen ilegalmente en el país se preocupen por lo que sucederá si se quedan.
Ahí es donde entran los rumores. La mayoría se propagan de forma natural, a través de personas honestas pero cautelosas que confunden una camioneta blanca estacionada con un vehículo de inmigración. A veces, dijo Ojeda, los voluntarios acuden a un reporte de redada, solo para descubrir que los rumores eran llamadas de broma.
El efecto es el mismo: el miedo se apodera de las comunidades inmigrantes del Valle Central. Ojeda afirmó que algunas familias se han negado a salir de casa por temor a ser detenidas por agentes de inmigración.
Los voluntarios de Valley Response han estado recopilando sus historias. Un estudiante de primaria se quejó en clase en febrero de no tener comida en casa. Tras la investigación, según Ojeda, los voluntarios de Valley Response descubrieron que los adultos de la familia no habían salido de casa desde la redada de inmigración de enero en el condado de Kern y pedían a los vecinos que recogieran a sus hijos de la escuela.
“Los conectamos con servicios, les llevamos cajas de comida, pero ¿cuántos otros niños hay ahí afuera que no dijeron nada?”, dijo.
Ojeda comentó que dio una charla sobre sus derechos en una iglesia católica de Merced y notó que todos los bancos estaban vacíos, incluso después de la misa dominical. Comentó que el sacerdote le comentó que su asistencia ha disminuido entre un 60% y un 70%, especialmente después de que la administración Trump emitiera una orden ejecutiva que permite redadas migratorias en lugares que tenían estatus de protección bajo la administración Biden, como iglesias, escuelas y hospitales.
Han circulado informes entre los voluntarios de que imitadores de Inmigraciones y Control de Aduanas están poniendo luces azules y rojas en sus autos y deteniendo a la gente, algo que está sucediendo en todo el país.
“Le preguntamos al sheriff del condado de Stanislaus qué debíamos hacer”, destacó Ojeda. “Nos dijo que hay que detenerse si se ven luces azules y rojas, pero llamar al 911 inmediatamente. Si la persona se acerca a la ventana, hay que llamar a la central de policía inmediatamente y preguntar su nombre. Les informaremos si es un agente o no”.
La Oficina del Sheriff de Stanislaus no respondió a las llamadas ni a los correos electrónicos de CalMatters. El sheriff ha insistido previamente en un mensaje de video que su oficina no aplica la ley federal de inmigración. Si bien la ley de California sobre el estado santuario dicta lo que la policía puede hacer con las personas indocumentadas, esta ley no influye en las acciones de los agentes federales.
Personas temerosas han recurrido al sistema legal en busca de consuelo, pero incluso ese camino es peligroso. La Fiscalía General de California advirtió que familias han reportado haber entregado miles de dólares a “consultores de inmigración”, solo para descubrir que nunca tuvieron legitimidad legal para argumentar a favor de quedarse en el país o, peor aún, que la persona que les quitó el dinero ni siquiera había derivado su caso a un abogado.
También está notando el silencio. Ojeda dijo que no ha escuchado mucho de sus representantes en Sacramento ni en Washington, D.C.
“Sé que nuestros legisladores estatales han dicho públicamente algunas cosas, pero todavía parece que no es suficiente”, dijo Ojeda.
Eso ha dejado a los grupos de voluntarios y organizaciones religiosas como la protesta más fuerte en el Valle Central contra el programa de deportación de la administración Trump, incluido Valley Watch, que se fundó durante la primera administración Trump.
Normalmente, su trabajo consiste en educar a la gente sobre sus derechos, pero a veces, el juego del gato y el ratón se vuelve completamente inverso. El mes pasado, Ojeda y otro voluntario avistaron una camioneta blanca en la Ruta Estatal 99 de California y la siguieron hacia el norte, desde Modesto hasta Stockton.
Tenía todas las características de un vehículo de control de inmigración: una antena alta, hombres grandes en el vehículo y una especie de divisor que separaba los asientos delanteros de los traseros.
“Creo que se dieron cuenta de que los estábamos grabando, así que empezaron a ir más rápido y finalmente los perdimos, pero vimos por qué salida se bajaron”, subrayó Ojeda.
Era la misma salida de un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas de Stockton.
En el camino de regreso a Modesto, Ojeda todavía estaba observando la carretera en busca de camiones blancos.
Mentiras piadosas a mamá
Cuando la directora de Valley Watch Network, Lorena Lara, le miente a su madre, intenta hacer que las mentiras parezcan creíbles. Claro, la cosa pinta mal, dice, pero pronto mejorará. No pueden seguir atacando a la gente; no hay suficientes agentes. Y aunque los hubiera, este gobierno no tiene un plan para deshacerse de los aproximadamente 11 millones de indocumentados que hay en este país.
Ella no se lo cree. La situación es desalentadora, y es probable que no mejore para quienes están aquí sin documentos. La administración Trump sí tiene un plan; está publicado en el sitio web de la Casa Blanca. Se llama “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”.
La madre de Lara es una inmigrante indocumentada que la trajo a este país desde México. Lara le miente porque, según ella, la verdad sería peor.
“Le digo que, bueno, todo está bien por ahora”, dijo desde su oficina en Fresno. “Estoy mintiendo por omisión”.
Es un cambio de roles para Lara y su madre.
“Recuerdo que, al crecer sin papeles, después de cierto punto, mi mamá decía: ‘Todo va a salir bien, todo va a estar bien, este año algo va a pasar con nuestro estatus migratorio'”, dijo Lara. “En más de 30 años, no ha pasado nada. Nada está bien”.
“Y ahora tenemos esto.”
No le cuenta a su madre que los informes sobre la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se acumulan a diario. Un sitio web público que recopila información sobre redadas de inmigración publica las alertas.
“Vi a un oficial vestido de verde y con un chaleco negro que decía ‘POLICÍA'”, se leía en una alerta.
“El FBI y el ICE estaban realizando redadas en Madera. Los vieron detrás de Lowe’s. Hay muchos camiones”, decía otro.
“Camioneta negra con vidrios polarizados y placas del Gobierno, 100% seguro que era un encubierto”, se leía en un tercero.
Además del Valle Central, hay grupos de respuesta a la inmigración que cubren todos los condados, desde Los Ángeles y el Inland Empire hasta el Área de la Bahía y los confines del norte del estado.
Además de responder al teléfono de atención, los grupos están organizando reuniones con funcionarios públicos, realizando seminarios sobre cómo conocer sus derechos en comunidades predominantemente inmigrantes y repartiendo pequeñas tarjetas rojas que explican los derechos de las personas en inglés y español.
Sus esfuerzos por conseguir la atención de los políticos electos, especialmente de los alguaciles, han sido difíciles. E incluso cuando consiguen una reunión, como la que tuvieron con el alguacil del condado de Stanislaus, los resultados han sido insatisfactorios.
Las fuerzas del orden en el Valle Central parecen estar divididas sobre cómo equilibrar su necesidad de cooperación de las comunidades inmigrantes con la presencia de agentes de inmigración en sus ciudades y condados, y permanecer dentro de los límites de la ley del estado santuario de California.
En el condado de Amador, una comunidad al pie de la montaña en el lado este del valle, el sheriff ha proclamado que violará deliberadamente la ley de santuario contactando a las autoridades de inmigración tan pronto como tenga bajo custodia a alguien que crea que está en el país ilegalmente.
Más al sur, en el Departamento de Policía de Fresno, el subjefe Mark Salazar está trabajando para asegurar a los inmigrantes que pueden compartir información y comunicarse con los oficiales de manera segura.
“El departamento de policía se asegura de contar con la cooperación de las comunidades hispanohablantes”, dijo Salazar. “La DEA, (Investigaciones de Seguridad Nacional), todos ellos saben que no nos metemos con la inmigración. No nos metemos con la Patrulla Fronteriza, no estamos aquí para hacer redadas. Así que, cuando sus socios federales hacen cosas así, la comunidad debe saber que no somos nosotros”.
Salazar dijo que el riesgo de violar ese entendimiento es grave.
“No podemos romper eso, porque si lo hacemos, creo que volveremos a tener crímenes sin resolver”, dijo Salazar. “Volveremos a que la comunidad desconfíe de nosotros”.
Para Lara, disolver esa confianza es parte del plan de la administración Trump.
“Oh, mil por ciento, mil por ciento eso es parte de su objetivo”, dijo Lara.
¿Esta funcionando?
“Sí.”
Entonces le dice a su madre cosas que no son del todo ciertas, porque es más fácil.
“Me siento protectora”, dijo. “Siento que es lo correcto en este momento porque estoy tratando de mantener un equilibrio entre educar a mi madre y evitar que entre en una espiral de depresión”.
En una pequeña sala de conferencias en Fresno, ella comienza a llorar.
“Lo que pasa entre ella y yo es que no se habla de ello”, dijo. “Es como: ‘Mamá, las cosas no van bien. Están peor. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quieres quedarte aquí? ¿Quieres volver?’ Y esa es una pregunta que personalmente no me he atrevido a hacerle”.
Una llamada entra a la línea directa.
“Hola, soy Elizabeth. No he tenido noticias de mi esposo”, dijo la voz al teléfono. “Estoy muy preocupada porque ya pasó otro día. El abogado no me ha devuelto la llamada. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo que me dé un poco de esperanza?”
Dentro del centro de detención de ICE
Elizabeth Chávez está sentada en una mesa para cuatro en el Golden State Annex, un centro de detención migratoria a las afueras de Bakersfield. A su derecha está su esposo, Alfredo Naranjo, de 31 años, vestido con un overol rojo. Sus tres hijos esperan en su camioneta en el estacionamiento con los padres de Chávez.
“Les decimos a los niños que está trabajando”, dijo Chávez.
El hijo mayor tiene 5 años. Chávez teme estar empezando a darse cuenta de su artimaña.
Tras el miedo en el Valle Central, tras las clases más reducidas y los bancos vacíos de las iglesias, se esconde la realidad de la detención migratoria. Junto con las alarmas, falsas y reales, sobre camiones blancos estacionados detrás de un supermercado, están las personas sentadas en lugares como este, esperando conocer su destino.
En la entrada del patio del centro de detención, en una fría mañana de fin de semana de marzo, una docena de personas se arremolinaban bajo alambres de púas, esperando a que el empleado de la empresa de prisiones privadas Geo Group, que administra la puerta principal, les permitiera entrar.
Cada puerta de estas instalaciones es operada a distancia por guardias invisibles. Las familias pasan por el detector de metales y siguen las instrucciones del guardia hasta la zona de reunión. Cada seis metros hay otro pasillo, otra puerta, otro timbre.
Un último giro y la sala de día del centro de detención aparece a la vista: unas veinte mesas repartidas en un espacio del tamaño aproximado de la cafetería de una escuela secundaria pública. En cada mesa hay una persona con un mono naranja o rojo, sentada en pequeños grupos con las personas que vinieron a verla.
Chávez se ha teñido el pelo de un morado oscuro. Es habladora, vivaz y temerosa. Su marido es callado. Juntos, intentan explicar cómo se despertó un martes por la mañana listo para llevar a Chávez a una visita al hospital y, en cambio, llegó aquí.
Todo empezó con el gato.
Al salir de su casa en Patterson, Chávez vio una minivan blanca estacionada afuera. Su esposo vio un pequeño gato blanco en el suelo, poniendo sus patas en las puertas del lado del pasajero.
“Él me dijo: ‘Mira, el gato está intentando entrar en la camioneta’, y yo pensé: ‘Sí, qué gracioso'”, dijo Chávez, de 25 años. “Nunca se nos pasó por la cabeza que hubiera gente ahí dentro”.
Se sentaron en su auto. Entonces vieron que el conductor de la minivan encendía las luces rojas y azules, sin sirena.
“De repente, alguien tocó la ventana, como si la golpearan, muy fuerte”, dijo Chávez. “Entonces dijeron el nombre de Naranjo, lo cual nos desconcertó tanto que ni siquiera se nos pasó por la cabeza que fuera ICE”.
Naranjo salió del auto. Chávez dijo que los agentes empezaron a gritar y luego le pusieron las esposas. Chávez les pidió una orden judicial, pero le dijeron que no la necesitaban.
Los agentes le dijeron a Chávez que México estaba “preguntando” a Naranjo. Ella le preguntó al agente de qué se acusaba a Naranjo y este le indicó que le preguntara a su esposo. Naranjo negó saber de qué hablaban.
Los agentes sabían el nombre de Chávez. Aunque tenía estatus legal en este país, temió de inmediato que también estuvieran a punto de llevársela.
Sus amigos la dirigieron a la línea directa de Valley Response, que la conectó con un abogado de inmigración. Hasta el momento, el gobierno de México no ha proporcionado ninguna documentación que indique que solicitó la detención de Naranjo.
“No sabemos específicamente por qué ICE podría haberlo estado buscando”, dijo la abogada Katie Kavanagh, de la Colaborativa de California para la Justicia de los Inmigrantes. “Esto coincide con lo que hemos estado observando en las acciones de cumplimiento de la ley en el norte y centro de California. Estamos viendo que muchas personas, incluso con poco o ningún historial de arrestos penales, son blanco de ataques simplemente por tener antecedentes migratorios”.
Naranjo afirmó haber cruzado la frontera solo una vez, en 2016, y no tiene otros cargos penales en su contra, pero en una ocasión recibió una multa por exceso de velocidad. CalMatters no pudo encontrar antecedentes penales en México ni determinar si los tenía.
“Cuando hablaba con los niños, se derrumbó”, dijo Chávez sobre la primera llamada de Naranjo tras su detención. “Los niños le preguntaban: ‘¿Cuándo regresas? ¿Cómo vas con la tarea? ¿No vas a volver a casa?'”.
La hija mayor empezó a llorar, dijo, y su hija mediana estaba empezando a sollozar cuando decidió mentir. Por ahora, los niños siguen creyendo que está trabajando.
Ahora, a Chávez le preocupa que Naranjo no coma. A veces, le dijo, las comidas se retrasan varias horas, y si te las pierdes, te quedas con hambre hasta la siguiente. Pero sobre todo, intenta asegurarle que está bien y que todo esto le parecerá una pesadilla.
“Claro que dirá que todo está bien, porque no quiere que me preocupe”, dijo Chávez. “Pero la verdad es que no sé si él está bien”.
Kavanagh, el abogado que ayudó con la respuesta inmediata, no puede hacerse cargo del caso. Por ahora, están solos.
Así que Chávez hace estas peregrinaciones semanales a Bakersfield, un viaje de tres horas de ida y tres de vuelta. En el estacionamiento, los niños no saben que su padre está a solo unos cientos de metros de distancia.
Más allá del estacionamiento está la Ruta Estatal 99, la principal arteria norte-sur que conecta el Valle Central, donde los voluntarios de Valley Response a veces persiguen camiones blancos.
Más al este, apenas visible en un día claro, está la cordillera de Sierra Nevada, azul y cubierta de nieve e inmóvil, y más allá un complejo de apartamentos en Denver, un tribunal federal en Chicago y un lavadero de autos en Filadelfia, donde recién está comenzando el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos.
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