Saturday, November 21, 2026

Fiscal general de California defiende límites a la cooperación local con ICE ante tribunal federal

El fiscal general de California, Rob Bonta, se unió a una coalición de otros 19 estados y el Distrito de Columbia para presentar un escrito de apoyo ante la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, en el caso United States v. Colorado que defiende límites a la cooperación local con ICE
El fiscal general de California, Rob Bonta, se unió a una coalición de otros 19 estados y el Distrito de Columbia para presentar un escrito de apoyo ante la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, en el caso United States v. Colorado que defiende límites a la cooperación local con ICE

California respalda las leyes de Colorado que restringen el uso de recursos estatales y locales para aplicar las normas federales de inmigración, mientras la administración Trump busca que esas medidas sean anuladas.

El fiscal general de California, Rob Bonta, se unió a una coalición de otros 19 estados y el Distrito de Columbia para presentar un escrito de apoyo ante la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, en el caso United States v. Colorado.

Las normas de Colorado y las políticas de Denver limitan que las autoridades locales compartan información personal de personas no ciudadanas con agentes migratorios o destinen recursos públicos a la aplicación de leyes civiles de inmigración; también restringen la colaboración en solicitudes relacionadas con la detención y la fecha de liberación de personas bajo custodia.

La administración Trump impugnó cuatro leyes estatales y dos políticas de Denver, con el argumento de que interfieren con la aplicación federal de las leyes migratorias; en marzo de 2026, un tribunal de distrito falló a favor de Colorado y Denver, y el gobierno federal apeló la decisión.

En el escrito, Bonta y la coalición sostienen que las medidas son un ejercicio legal de las facultades estatales y que la legislación federal no las invalida; también argumentan que obligar a los gobiernos estatales y locales a destinar recursos a la aplicación federal plantearía serias dudas bajo la Décima Enmienda.

“Courts have repeatedly upheld states’ abilities to not use their limited resources to aid federal immigration authorities”, dijo Bonta, quien instó al tribunal de apelaciones a mantener ese principio.

El fiscal general añadió que generar confianza entre las comunidades inmigrantes, la ciudadanía y las autoridades locales contribuye a la seguridad pública; según el comunicado, las políticas impugnadas no impiden que el gobierno federal aplique sus propias leyes ni lo tratan de manera desfavorable frente a otros actores.

El caso se suma a otros litigios sobre los límites de la cooperación local con las autoridades migratorias; durante el primer mandato de Trump, su administración también impugnó la Ley de Valores de California, conocida como SB 54, pero el Noveno Circuito la confirmó y la Corte Suprema rechazó revisar esa decisión, por lo que la ley continúa vigente.

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