
By Katy St. Clair. Bay City News.
Tres representantes del Área de la Bahía en el Congreso presentaron un proyecto de ley para proteger a los residentes inmigrantes de larga data, según anunció el jueves la oficina del representante estadounidense John Garamendi.
Garamendi, demócrata de Fairfield, junto con la representante Lateefah Simon, demócrata de Oakland, la representante Zoe Lofgren, demócrata de Santa Clara, y el representante Juan Vargas, demócrata de San Diego, presentaron la Ley de Protección de Nuestros Vecinos, que protegería a los residentes inmigrantes de larga data que han vivido en sus comunidades durante más de 10 años.
La legislación establecería un plazo de prescripción de 10 años para las órdenes definitivas de expulsión de las personas que no hayan sido condenadas por ningún delito y crearía una vía para que obtengan la residencia permanente legal.
Esta legislación se inspiró en la historia de Harjit Kaur, una residente de Garamendi, una abuela de 73 años. A pesar de haber vivido en Estados Unidos durante más de 30 años, Kaur fue detenida y posteriormente deportada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, según informó la oficina de Garamendi.
«El presidente Trump prometió perseguir a los “peores de los peores” en su política migratoria. Sin embargo, su administración ha optado repetidamente por deportar cruelmente a residentes que han trabajado, pagado impuestos y criado familias en sus comunidades durante décadas», declaró Garamendi en un comunicado emitido por su oficina. «Esto es precisamente lo que le sucedió a uno de nuestros electores».
Kaur había vivido en Estados Unidos desde principios de la década de 1990. Aunque su solicitud de asilo fue denegada en 2012, había estado cumpliendo con las normas del ICE cada seis meses durante más de 13 años, dijo Garamendi.
En septiembre de 2025, fue detenida durante uno de sus controles y recluida en un centro de detención del ICE en Bakersfield, antes de ser trasladada esposada a Los Ángeles. Desde allí, fue llevada en avión a Georgia sin contactar a su abogado y posteriormente abordada en un vuelo a la India. Fue deportada antes de que su familia pudiera viajar con ella o despedirse, según Garamendi.
«Seguimos traumatizados y horrorizados por el trato cruel que recibió nuestra abuela hace un año», declaró la familia de Kaur en un comunicado difundido por la oficina de Garamendi. «Harjit era un pilar fundamental para nuestra familia y nuestra comunidad. Vivió más de treinta años en Estados Unidos, criando a sus hijos y posteriormente a sus nietos, y se convirtió en una figura maternal para toda nuestra comunidad».
La familia de Kaur dijo que intentaron colaborar con ICE y llevarla a la India por su cuenta, pero en cambio la agencia federal optó por el “camino más violento y cruel” que, según ellos, consistió en retenerle comida y trasladarla de un lugar a otro sin notificarles su paradero.
Garamendi afirmó que Kaur había solicitado documentos de viaje al Consulado de la India, pero que, según se informa, se los negaron en repetidas ocasiones; no se negó a regresar, pero no podía marcharse sin documentos válidos.
Durante su detención, la mantuvieron sin cama, la obligaron a dormir en el suelo, la esposaron durante los traslados, le negaron comidas vegetarianas por sus creencias religiosas y le negaron alimentos, agua y medicamentos adecuados, dijo.
Garamendi también afirmó que, tradicionalmente, en materia de derecho migratorio, una orden final de expulsión no siempre implica la expulsión inmediata y puede retrasarse mediante medidas cautelares, una suspensión, litigios en curso u otras circunstancias.
Aproximadamente 1,19 millones de personas con órdenes de deportación permanecen en Estados Unidos, muchas de las cuales han pasado años construyendo sus vidas, formando familias y trabajando aquí, según el American Immigration Council, una organización sin fines de lucro de investigación y políticas con sede en Washington, D.C., que también brinda asesoría legal a los inmigrantes.
Según Garamendi, bajo la presidencia de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el ICE han perseguido agresivamente a las personas con órdenes de expulsión definitivas, independientemente del tiempo que el caso hubiera estado aplazado, poniendo a los residentes de larga data que han cumplido rutinariamente con los controles en un riesgo renovado de detención y deportación.
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