La segunda administración del presidente Donald Trump ha cancelado o iniciado la cancelación del Estatus de Protección Temporal para 13 países, una medida que afecta a más de un millón de inmigrantes, de acuerdo con un análisis del Pew Research Center.
Los afectados representan cerca del 80 por ciento de los 1.3 millones de beneficiarios que contaban con esta protección en marzo de 2025. Venezolanos, haitianos y hondureños se encuentran entre los grupos más numerosos.
El TPS, por sus siglas en inglés, permite a inmigrantes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos durante periodos de seis, 12 o 18 meses, sin riesgo de deportación.
La protección solamente se concede a quienes ya se encuentran en territorio estadounidense y cumplen requisitos específicos de residencia y permanencia continua. Aunque puede renovarse, no proporciona una vía automática para obtener la residencia permanente.
Según el análisis de Pew, la administración Trump canceló el TPS para Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen.
Las cancelaciones para Etiopía y Somalia, que afectarían a unos 6 mil 100 inmigrantes, permanecen temporalmente suspendidas mientras continúan los litigios en tribunales inferiores.
Los venezolanos constituyen el grupo más numeroso entre quienes perdieron o están por perder la protección, y es que más de 615 mil personas, equivalentes al 59 por ciento de los afectados, estaban amparadas por dos designaciones diferentes otorgadas en 2021 y 2023.
Algunos venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes de agosto de 2023 todavía conservan el TPS, pero su protección expira en octubre de 2026.
Los haitianos representan aproximadamente el 32 por ciento de los beneficiarios perjudicados por las cancelaciones, pues cerca de 334 mil 900 inmigrantes de ese país estaban protegidos por el programa.
En junio de 2026, la Corte Suprema autorizó al gobierno federal a cancelar las designaciones para Haití y Siria, mientras que la terminación entró en vigor el 27 de julio y abrió el camino para que otras revocaciones puedan avanzar.
Desde entonces, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha intensificado la vigilancia en algunas comunidades con una alta presencia haitiana, de acuerdo con los informes citados por Pew.
La administración Trump sostiene que las condiciones en los países afectados han mejorado y permiten el regreso de sus ciudadanos. También argumenta que el TPS fue concebido como una protección temporal y no debe prolongarse durante años o décadas.
Activistas y organizaciones defensoras de los inmigrantes rechazan esa postura y advierten que las condiciones de inseguridad persisten en varios de esos países y aseguran que las cancelaciones están motivadas por discriminación racial.
Algunos beneficiarios han vivido en Estados Unidos durante casi tres décadas. Los inmigrantes de Honduras y Nicaragua cubiertos por el TPS debían demostrar que residían en el país desde 1998.
Ambos países recibieron la protección después del huracán Mitch, que provocó miles de muertes y una extensa destrucción en Centroamérica, y desde entonces, sus designaciones fueron renovadas por distintas administraciones presidenciales.
El caso de El Salvador también refleja la prolongada historia del programa, pues fue el primer país beneficiado por el TPS, en 1990, durante la guerra civil salvadoreña.
Esa designación concluyó en 1992, pero el país recibió una nueva protección en 2001 tras dos terremotos devastadores. Desde entonces, el beneficio ha sido prorrogado en numerosas ocasiones.
El TPS sigue vigente para alrededor de 273 mil 200 inmigrantes de El Salvador, Ucrania, Sudán y Líbano.
Los salvadoreños conforman el grupo más grande, con aproximadamente 170 mil 100 beneficiarios, seguidos por 101 mil 200 ucranianos. Sudán cuenta con unos mil 800 y Líbano con 140.
La mayoría de esas extensiones fueron aprobadas durante la administración de Joe Biden, mientras que la correspondiente a Líbano fue prorrogada bajo el actual gobierno de Trump.
Las cuatro designaciones expirarán antes de que concluya 2026, algunas de ellas desde septiembre. Hasta ahora se desconoce si la administración permitirá nuevas extensiones.
El gobierno también ha ofrecido incentivos económicos a beneficiarios que podrían perder el TPS para que abandonen voluntariamente Estados Unidos; al mismo tiempo, ha restringido en algunos casos sus permisos de trabajo, aun cuando la protección migratoria permanece vigente.
Ante la posibilidad de ser deportados, algunos inmigrantes buscan otras alternativas legales, como solicitar asilo o la residencia permanente.
La decisión del gobierno no cuenta con el respaldo de la mayoría de los estadounidenses, pues una encuesta realizada por Pew Research Center en junio de 2025 encontró que el 59 por ciento desaprobaba la cancelación del TPS para al menos 500 mil inmigrantes, mientras que el 39 por ciento la apoyaba.
Las opiniones mostraron una profunda división partidista. Entre los demócratas y los independientes con inclinación demócrata, el 86 por ciento rechazó la medida y solamente el 13 por ciento la aprobó.
En contraste, el 68 por ciento de los republicanos y sus simpatizantes apoyó la decisión, frente al 31 por ciento que expresó su desacuerdo.
El TPS fue creado por el Congreso mediante la Ley de Inmigración de 1990, promulgada por el entonces presidente George H. W. Bush. Todas las administraciones posteriores han otorgado o extendido designaciones, pero el segundo gobierno de Trump ha cancelado la protección para más países que cualquier otro presidente, según Pew Research Center.
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