Luego de que el pasado 5 de enero, mediante un operativo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se lograra la captura de Ovidio Guzmán López, uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos, hijo de Joaquín Guzmán Loera «El Chapo», expertos califican la detención como un mensaje claro al Cártel de Sinaloa.
«El gobierno mexicano calculó bien y resultó a su favor sin la ayuda de la DEA y las autoridades estadounidenses. Creo que las autoridades no pretendían causar demasiados daños violentos, sino enviar un mensaje al cártel de Sinaloa», señaló Ricardo Raphael, escritor, periodista y presentador de radio y televisión mexicano, quien en entrevista con Península 360 Press destacó que es importante señalar que Ovidio no es el miembro más poderoso del Cártel de Sinaloa, pero sí el más visible.
Raphael cree que «aunque detuvieron a Ovidio, los capos del cártel del Mayo Zambada siguen operando en Tijuana».
Sin embargo, «el gobierno mexicano ha aprendido que el crimen organizado es mejor que el crimen desorganizado».
Así lo explicó a Península 360 Press Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, consultora especializada en violencia y mitigación de riesgos.
«Ha habido muchas protestas en Culiacán contra el gobierno mexicano por no proteger a familias inocentes atrapadas en el fuego cruzado durante las operaciones de detención. El cártel bloqueó carreteras, quemó remolques y camiones e incluso incendió negocios locales. Creo que estas reacciones durarán las próximas semanas y se desvanecerán lentamente. Como Ovidio es un ataque aislado, el cártel se estabilizará y el pico de violencia debería bajar», subrayó.
Ovidio Guzmán no ha sido la única detención aislada de los últimos meses, afirma Guerrero,
«Antonio Oseguera fue detenido hace unas semanas como una de las piezas clave del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como Gerardo Treviño, alias “El Huevo”, líder del Cártel del Noreste. Esto significa que ha habido tres ataques selectivos en el último mes. Al gobierno le interesa mantener una apariencia política positiva antes de las elecciones presidenciales».
Paradójicamente, el martes 17 de enero un tribunal de Brooklyn, Nueva York, inició el seguimiento del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, presunto miembro del Cártel de Sinaloa desde 2001, y acusado no sólo de cargos de corrupción, sino de un delito quizá aún más grave.
Durante la guerra contra el narcotráfico declarada por el ex presidente Felipe Calderón ‒2006-2012‒, García Luna posiblemente adoptó una estrategia selectiva de captura y asesinato de capos de la droga y sus lugartenientes, con el fin de debilitar a los cárteles rivales de Sinaloa a cambio de millones de dólares.
Durante su mandato, García Luna estuvo a cargo de los esfuerzos más importantes relacionados con el narcotráfico en México, lo que condujo a la enorme escalada de violencia y homicidios que ha experimentado el país desde entonces.
La Secretaría de García Luna recibió millones de dólares de Estados Unidos a través de la llamada Iniciativa Mérida, en forma de ayuda militar, equipamiento, entrenamiento, así como inteligencia.
En ese sentido, Eduardo Guerrero cree que durante este juicio «habrá muchas sorpresas y revelaciones sin precedentes. Creo que García Luna estaba asociado no sólo con criminales, sino con importantes hombres de negocios y figuras políticas influyentes en ciertos estados. Habrá muchos escándalos después de este juicio».
A su vez, explicó que el gobierno mexicano tiene ahora que elegir si quiere seguir una estrategia de detenciones selectivas para complacer a EE. UU., o un tipo diferente de estrategia que les obligaría a apuntar a muchos narcotraficantes del mismo cártel a la vez, la única manera de debilitar realmente a una organización criminal.
Sin embargo, seguir esta última estrategia ha demostrado ser infructuosa en el pasado, especialmente durante el gobierno de Calderón, cuando se produjo una escalada masiva de la violencia. Las opciones para México no son sencillas.
Como afirma Ricardo Rafael, el gobierno mexicano tiene que jugar un juego delicado: por un lado, complacer a Estados Unidos y dar a entender que el gobierno y las fuerzas armadas siguen siendo capaces de mantener el orden y contener a los cárteles, y por otro transmitir a las organizaciones criminales el mensaje de que el gobierno mexicano no emprenderá una guerra total contra ellas, ya que esta estrategia puede resultar contraproducente.
Ajustes y reajustes
Desde el inicio de la pandemia del COVID19, México se ha visto envuelto en una violencia vinculada con el narcotráfico, muy probablemente relacionada con los cambios y acomodos entre las organizaciones criminales que han estado llenando el vacío dejado por la captura y juicio del capo de la droga más notorio del país, Joaquín «El Chapo» Guzmán, actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado, y el ascenso de una despiadada organización criminal llamada el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los últimos acontecimientos de esta violenta saga, implican un estallido de violencia y terror en la ciudad de Culiacán la primera semana del año, como respuesta a la captura del hijo del Chapo, Ovidio Guzmán López. La detención se produce en el contexto de los renovados esfuerzos por mejorar la relación diplomática entre México y Estados Unidos.
Los disturbios en la capital del estado de Sinaloa incluyeron bloqueos de carreteras, tiroteos y vehículos incendiados. El 6 de enero murieron al menos 29 personas, entre ellas 10 militares.
México cuenta actualmente con la mayoría de las ciudades más violentas del mundo, incluidas Tijuana y Acapulco, con tasas de homicidio superiores a 100 por cada 100 mil habitantes ‒a modo de comparación, Oakland tiene actualmente una tasa de 16 homicidios por cada 100 mil‒.
No es la primera vez que la ciudad de Culiacán es tomada y ocupada por el crimen organizado, al intentar capturar a Ovidio Guzmán. La última vez, en 2019 las organizaciones del narcotráfico fueron tan poderosas que forzaron la mano del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador ‒AMLO‒, y fue el propio ejército mexicano quien liberó al hijo del «Chapo» bajo el discurso de «evitar más derramamiento de sangre en esa ciudad».
En esta ocasión, pocos días antes de la cumbre trilateral de AMLO con el presidente estadounidense Joseph Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, celebrada el pasado 10 de enero, Ovidio Guzmán no fue liberado, sino trasladado enérgicamente a Ciudad de México, y se espera que sea extraditado sin demora para ser juzgado en Estados Unidos.
La cooperación de México con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico ha sido un proceso complejo desde el inicio de la administración de AMLO, quien ha propuesto una nueva política de lo que coloquialmente denomina «abrazos, no balazos». Está claro que la política no ha funcionado.
Te puede interesar: ¿Será la Cumbre de Líderes de América del Norte un cambio sustancial para la política de inmigración?
