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El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó este martes una demanda para impugnar la orden ejecutiva inconstitucional de la administración Trump que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Según la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, a todos los niños nacidos en suelo estadounidense se les otorga automáticamente la ciudadanía estadounidense y los derechos y privilegios que conlleva.
En 1898, la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó este derecho en un caso presentado por Wong Kim Ark, un hombre chino-estadounidense nacido en San Francisco a quien se le habían negado sus derechos de reingreso después de un viaje al extranjero.
En la demanda de hoy, 18 fiscales generales estatales, encabezados por California, Nueva Jersey y Massachusetts, argumentan que la orden ejecutiva sin precedentes del presidente Trump viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Sección 1401 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y se debe bloquear de inmediato su entrada en vigor mientras se lleva a cabo el litigio.
“La orden ejecutiva del presidente que intenta rescindir la ciudadanía por derecho de nacimiento es descaradamente inconstitucional y, francamente, antiestadounidense”, dijo el fiscal general Bonta.
“Como hogar de Wong Kim Ark, un nativo de San Francisco que luchó, con éxito, para que se reconociera su ciudadanía estadounidense, California condena los intentos del presidente de borrar la historia e ignorar 125 años de precedentes de la Corte Suprema. Estamos pidiendo a un tribunal que bloquee de inmediato esta orden para que no entre en vigor y garantice que los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos afectados por esta orden sigan vigentes mientras se lleva a cabo el litigio. El presidente ha excedido su autoridad por completo con esta orden y lo haremos responsable”, precisó el funcionario californiano.
La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda promete explícitamente que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
La Corte Suprema de Estados Unidos afirmó este derecho constitucional en 1898, cuando a un hombre chino-estadounidense nacido en San Francisco se le negó la entrada a Estados Unidos después de visitar a sus familiares en China, con el argumento de que no era ciudadano.
En el caso Estados Unidos v. Wong Kim Ark, la Corte Suprema estableció que a los niños nacidos en Estados Unidos, incluidos los hijos de inmigrantes, no se les podía negar la ciudadanía.
A pocas horas de asumir el cargo, el presidente emitió una orden ejecutiva que ignoraba la Constitución de Estados Unidos y este precedente establecido desde hace mucho tiempo.
La orden establece a las agencias federales que denieguen prospectivamente los derechos de ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no sean residentes legales, además ordena a la Administración de Seguridad Social y al Departamento de Estado, respectivamente, que dejen de emitir números de seguridad social y pasaportes estadounidenses a estos niños, y manda a todas las agencias federales que traten a estos niños como si no tuvieran derecho a ningún privilegio, derecho o beneficio que esté reservado por ley a las personas que son ciudadanos estadounidenses.
Si se permite que la orden siga en pie, privaría a decenas de miles de niños que nacen cada año de su capacidad de ser parte plena y justa de la sociedad estadounidense como ciudadanos legítimos, con todos los beneficios y privilegios, destaca la demanda.
A su vez, puntualiza que estos niños perderían sus derechos más básicos y se verían obligados a vivir bajo la amenaza de la deportación, perderían la elegibilidad para una amplia gama de programas de beneficios federales, así como su capacidad de obtener un número de Seguro Social y, a medida que envejezcan, de trabajar legalmente, igualmente perderían su derecho a votar, a formar parte de jurados y a presentarse como candidatos a determinados cargos.
La orden ejecutiva también perjudicaría directamente a California y a otros estados, destacó Bonta, ya que pondrían en riesgo la financiación federal de programas vitales que administran, como Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños; estos programas están condicionados a la ciudadanía y el estatus migratorio de los niños a los que sirven.
Además, dijo, se exigiría a los estados —con poco aviso y a un costo considerable— que comenzaran de inmediato a modificar su funcionamiento y administración de los programas de beneficios para tener en cuenta este cambio antes del 19 de febrero, cuando la orden entre en vigor.
En los documentos presentados hoy, los fiscales generales sostienen que la orden ejecutiva del presidente Trump es una flagrante violación de la Constitución y de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y causaría un daño irreparable a los estados y a sus residentes.
Por ello, los fiscales generales buscan una orden preliminar a nivel nacional para evitar la negación de los derechos constitucionales de decenas de miles de bebés que nacen cada año en los EE. UU. que de otro modo habrían sido, y deberían ser, ciudadanos, incluidos aproximadamente 24 mil 500 niños que nacen en California anualmente, y la interrupción de programas de salud pública y otros beneficios federales de vital importancia.
Al fiscal general Bonta se unen los fiscales generales de Nueva Jersey, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont y Wisconsin, junto con la ciudad de San Francisco.
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