Por Pamela Cruz con colaboración de Manuel Ortiz. Península 360 Press.
Adriana tiene 20 semanas de embarazo. Vive en el Área de la Bahía, tiene tres hijos y, como miles de madres migrantes en Estados Unidos, atraviesa su embarazo con una angustia que hace apenas unos años parecía impensable: no saber si el bebé que espera será reconocido como ciudadano estadounidense.
“Sí he escuchado y es muy preocupante el saber de lo que nos espera nosotros como las mamás… tengo otros pequeños más y es allí donde me pongo a pensar qué va a pasar en este caso con mis demás hijos y con el o la que viene”, dice.
Su miedo tiene un origen concreto. En enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, una medida que busca negar automáticamente la ciudadanía a hijos de personas indocumentadas o con ciertos estatus migratorios temporales.
La orden desafía directamente la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense, vigente desde 1868, que establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana.
La disputa llegó ya a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde varios magistrados expresaron escepticismo frente a los argumentos de la administración Trump durante las audiencias orales realizadas el 1 de abril de 2026.
Sin embargo, mientras los jueces deliberan, el efecto de la política ya se siente en la vida cotidiana de familias migrantes.
La infancia bajo vigilancia
En casa de Adriana (a quién cambiamos el nombre por seguridad), el miedo cambió la rutina familiar. Los parques, las fiestas infantiles y hasta los viajes familiares dejaron de ser espacios seguros.
“Pues hemos limitado en algunas cosas… no asistir a parques que mis niños quieren ir y no se puede”, relata.
La razón detrás de esas decisiones es el temor a operativos migratorios o encuentros con autoridades. Incluso actividades simples, como visitar Disneyland o Universal Studios, se han convertido en riesgos que la familia ya no quiere tomar.
“Mi niña desde el año pasado me ha pedido que la llevemos a Disney… y pues con la tristeza del mundo solo le digo después”, cuenta.
Su hijo pequeño sueña con conocer Toy Story Land. Ella intenta compensarlo comprándole juguetes.
“Es muy triste… el no poder sacarlos con libertad”, dice.
El impacto emocional ya es visible en sus hijos. Su hija mayor desarrolló ansiedad y miedo a la policía.
“Mami, ¿no va a llegar la policía?”, recuerda Adriana que le pregunta constantemente.
“Me parte el corazón que le está afectando eso también a mi niña”, añade.
Especialistas en salud mental han advertido en años recientes que el miedo constante a la deportación y la incertidumbre migratoria generan estrés tóxico en menores de edad, afectando sueño, desempeño escolar y bienestar emocional, particularmente en familias mixtas donde algunos integrantes son ciudadanos y otros no.
Un embarazo atravesado por el estrés
Para Adriana, el embarazo transcurre entre el agotamiento cotidiano y la presión psicológica.
“Diariamente se vive el estrés con los pequeños, pero ahorita aumentándole todo eso de qué va a pasar… sí afecta demasiado”, afirma.
El estrés prenatal asociado al miedo migratorio se ha convertido en una preocupación creciente entre organizaciones comunitarias y especialistas, quienes advierten que la ansiedad crónica durante el embarazo puede afectar tanto la salud física como emocional de las madres.
La incertidumbre legal también está empujando a muchas familias a contemplar decisiones extremas.
“Sí he querido tomar a veces la decisión de regresarme a mi país… pero mi esposo me dice ¿y los niños?”, relata.
La posibilidad de separarse de su pareja o abandonar la vida construida en Estados Unidos aparece constantemente en las conversaciones familiares.
“Es muy triste… romper una familia”, dice.
El debate que redefine quién pertenece
Durante una sesión informativa organizada por American Community Media (ACoM), académicos, abogados y activistas advirtieron que el debate sobre ciudadanía por nacimiento no es solo migratorio, sino identitario.
“Fundamentalmente, estamos debatiendo qué tipo de país debería ser Estados Unidos”, señaló Hiroshi Motomura, profesor de Derecho en UCLA y experto en inmigración.
El catedrático advirtió que la administración Trump no solo busca restringir derechos a personas indocumentadas, sino redefinir quién puede ser considerado estadounidense.
“La Administración ha anunciado que tratan de redefinir qué significa ser un ciudadano estadounidense”, dijo previamente durante otra conferencia de ACoM.
La preocupación se amplía porque las medidas migratorias recientes han afectado también a personas con protecciones legales reconocidas, incluidos beneficiarios de DACA, TPS, parole humanitario y algunos residentes permanentes.
“Un día nos dan la bienvenida a los Estados Unidos, pero al otro somos desechados”, resumió la activista venezolana Adelys Ferro.
Consecuencias económicas y sociales
Más allá del impacto humano inmediato, expertos advierten que restringir la ciudadanía por nacimiento tendría consecuencias económicas profundas.
Un estudio citado durante la sesión de ACoM estima que los beneficiarios de este derecho habrán aportado 7.7 billones de dólares a la economía estadounidense entre 1975 y 2074.
El investigador Phillip Connor, de Princeton University, explicó que aproximadamente dos tercios de quienes obtienen ciudadanía por nacimiento trabajan o trabajarán en profesiones que requieren estudios universitarios.
Eliminar este derecho podría provocar un déficit proyectado de 400 mil trabajadores calificados en las próximas décadas.
Sectores como salud serían particularmente golpeados de acuerdo con Xiao Wang, director ejecutivo de Boundless Immigration, quien advirtió que médicos y enfermeras internacionales podrían optar por otros países si el futuro legal de sus hijos permanece incierto.
“¿Quiere Estados Unidos seguir siendo el lugar donde las personas más brillantes del mundo vienen a construir, descubrir, sanar y quedarse?”, cuestionó.
El riesgo de crear una nueva población sin derechos
La doctora Julia Gelatt, del Migration Policy Institute (Instituto de Políticas Migratorias), advirtió que abolir la ciudadanía por nacimiento podría aumentar, no reducir, la población indocumentada.
“La población de inmigrantes indocumentados crecería significativamente en 2.7 millones más durante los próximos 20 años”, señaló al tiempo que precisó que alrededor de 255 mil niños podrían nacer cada año sin estatus legal.
Expertos advierten que esto podría derivar en generaciones enteras excluidas de beneficios públicos, acceso limitado a educación superior y sin posibilidad de trabajar legalmente.
“Esto significa que los niños crecerían en Estados Unidos sin acceso a Medicaid, asistencia alimentaria ni otros beneficios públicos”, explicó Gelatt.
El temor no es abstracto. Para Adriana, tiene rostro: el de sus hijos.
“Yo estoy muy agradecida con este país principalmente porque me regaló a mis niños… aquí formé mi familia”, dice.
Por eso, el miedo resulta aún más doloroso.
“Lo único que queremos es el bien de nuestros hijos”, afirma.
Mientras la Corte Suprema se prepara para emitir un fallo que podría redefinir el significado mismo de ciudadanía en Estados Unidos, miles de madres migrantes viven sus embarazos entre consultas médicas, noches de ansiedad y preguntas que todavía no tienen respuesta.
This story was produced as part of “Aquí Estamos/Here We Stand,” a collaborative reporting project of American Community Media exploring the impact of Trump Administration’s war on immigrants in communities across California.
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Esta historia fue producida como parte de «Aquí Estamos/Here We Stand», un proyecto de reportaje colaborativo de American Community Media que explora el impacto de la guerra de la Administración Trump contra los inmigrantes en comunidades de toda California.
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