La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, abatido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Houston, se convirtió en el caso más reciente de una serie de fallecimientos de ciudadanos mexicanos relacionados con la política migratoria de Estados Unidos.
De acuerdo con el gobierno de México, 17 connacionales han muerto desde el inicio de 2025 en hechos vinculados con ICE: 14 mientras permanecían bajo custodia migratoria y tres durante operativos de detención, una cifra que llevó a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum a anunciar que llevará estos casos ante tribunales estadounidenses.
La mandataria aseguró que su gobierno ya no se limitará al envío de notas diplomáticas, al considerar insuficientes las respuestas obtenidas hasta ahora por parte de las autoridades estadounidenses.
“No podemos cerrar los ojos ante los mexicanos que han muerto”, sostuvo Sheinbaum al anunciar una nueva estrategia jurídica que buscará determinar posibles responsabilidades penales y civiles derivadas de estos casos.
El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, explicó que la estrategia contempla promover acciones legales en Estados Unidos y continuar brindando acompañamiento consular a las familias de las víctimas.
Más allá de las cifras, los expedientes muestran historias similares: trabajadores que durante años construyeron una vida en Estados Unidos y que terminaron perdiendo la vida bajo custodia migratoria o durante operativos de detención.
Uno de los primeros casos registrados este año fue el de Heber Sánchez Domínguez, un jornalero originario de Las Choapas, Veracruz, quien falleció pocos días después de ingresar al centro de detención Robert A. Deyton, en Georgia. Según el reporte oficial del ICE, fue localizado inconsciente dentro de su celda y los intentos por reanimarlo no tuvieron éxito. Su familia ha solicitado que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y si recibió atención médica adecuada durante su detención.
Semanas después murió Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años, quien permanecía recluido en el centro de detención de Adelanto, California. Los registros oficiales indican que recibió atención médica en diversas ocasiones antes de ser trasladado a un hospital, donde finalmente falleció. Su caso ha sido citado por organizaciones defensoras de derechos humanos para cuestionar la calidad de la atención médica en algunos centros migratorios.
Entre los casos más sensibles figura el de Royer Pérez Jiménez, un joven de 19 años, originario de San Juan Chamula, Chiapas, quien emigró siendo menor de edad para reunirse con familiares en Estados Unidos. Tras permanecer bajo custodia migratoria en Florida, fue encontrado inconsciente dentro del centro de detención donde permanecía recluido. Su familia ha rechazado la versión oficial y exige una investigación independiente.
También se encuentra el caso de José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años, quien padecía diversas enfermedades crónicas mientras permanecía detenido en Adelanto. De acuerdo con los registros del ICE, fue encontrado inconsciente sobre su litera y posteriormente declarado muerto. El caso volvió a colocar bajo escrutinio las condiciones médicas dentro de ese complejo migratorio, señalado durante años por organizaciones civiles.
Poco después se confirmó el fallecimiento de Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, mientras permanecía bajo custodia en el centro de detención Winn Correctional Center, en Luisiana. Las autoridades informaron que fue localizado inconsciente y trasladado a un hospital, donde murió. Las circunstancias del caso continúan bajo revisión.
El episodio más reciente es el de Lorenzo Salgado Araujo, trabajador de la construcción que llevaba casi 35 años viviendo en Estados Unidos y que, según su familia, se encontraba en proceso de regularizar su situación migratoria.
Murió este 7 de julio tras recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo en Houston. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Salgado intentó embestir con su camioneta a un agente federal, quien respondió disparando en defensa propia. Su familia rechaza esa versión y sostiene que aquella mañana únicamente salió de casa para recoger a sus compañeros de trabajo.
Su hijo, Ronaldo Salgado, reveló que nadie de las autoridades notificó oficialmente el fallecimiento y que conoció la muerte de su padre al ver videos difundidos en Facebook y otros medios de comunicación.
“Lo reconocí enseguida. No por su apariencia, sino por su voz”, declaró durante una conferencia de prensa junto a la congresista demócrata Sylvia García, quien exigió una investigación independiente y afirmó que la versión del ICE no puede aceptarse sin una revisión exhaustiva de las pruebas.
La muerte de Salgado provocó protestas en Houston y reavivó el debate sobre el uso de la fuerza durante los operativos migratorios. Organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) también solicitaron preservar toda la evidencia y garantizar una investigación transparente.
De acuerdo con los registros públicos del ICE, todas las muertes ocurridas bajo custodia migratoria deben ser investigadas por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, además de hacerse públicas mediante reportes oficiales.
Para el gobierno mexicano, sin embargo, la vía diplomática ha dejado de ser suficiente. La SRE anunció que buscará llevar estos casos ante tribunales estadounidenses cuando existan elementos para ello y promoverá acciones civiles contra empresas privadas responsables de operar algunos centros de detención.
El endurecimiento de la estrategia refleja la creciente preocupación del gobierno mexicano por el aumento de fallecimientos de connacionales relacionados con la política migratoria estadounidense y busca, según las autoridades, garantizar que las investigaciones no queden únicamente en manos de las agencias involucradas.
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