«La democracia (en EU) está en peligro. Demasiados ciudadanos en este país no reconocen la urgencia del momento», señaló el presidente interino de la Conferencia de Derechos Civiles y Humanos, Wade Henderson, luego de que el miércoles pasado, el Senado de estadounidense no lograra reunir los 60 votos necesarios para superar la obstrucción republicana que lograría discutir la propuesta Ley de Promoción de los Derechos Electorales de John Lewis.
Ante ello, Henderson lamentó durante una sesión con medios de comunicación realizada por Ethnic Media Services, el que no se aprobara la Ley Lewis, la cual busca restablecer y fortalecer el Acta de Derechos de los Votantes de 1965.
Recordó que entre enero y septiembre de este año, 19 estados han promulgado 33 nuevas leyes que restringen la libertad al voto. «Nunca debemos olvidar que los republicanos votaron a favor de autorizar la Ley de Derecho al Voto, pero 98 no lo hicieron».
«Esta lucha es sobre lo que está en juego para los valores americanos. Y el componente de no reconocer la premisa fundamental de nuestra Constitución que cada voz y cada voto se debe contar. Ahora, la ventana se está cerrando, pero todavía hay tiempo para actuar. Estaré presionando todos y cada uno de los días para protegerlo», destacó.
Reconoció que «la democracia enfrenta retos inéditos en tiempos modernos».
Sean Morales Doyle, director en funciones del programa de Democracia del Centro Brennan para la Justicia, reafirmó que la democracia en el país está en un momento crítico. «Nos enfrentamos a ataques sin precedentes a nuestra democracia. Creo que todos hemos visto eso, como fruto de una manera que fue aterradora el 6 de enero de este año».
«Vimos la amenaza a nuestra democracia como una forma de insurrección motivada por la gran mentira de que nuestras elecciones estaban amañadas y que había una mala conducta desenfrenada», explicó.
En ese sentido, apuntó que dichos comportamientos alimentan «esta ola de leyes restrictivas».
Parte de ello, explicó, se ha visto en el rediseño de distritos, en donde se observa que los estados han diseñado mapas que diluirán y debilitarán el poder de las comunidades de color en las urnas.
En tanto que en algunos estados se ha ampliado la brecha en la participación entre los votantes de color y los votantes blancos, situación que se ha elevado a sus niveles más altos desde hace un cuarto de siglo. «Se está expandiendo rápidamente en algunos estados. Los impactos de todas estas cosas son muy reales».
Dicha brecha, dijo, se ha disparado pese a que en 2020 hubo una participación récord en las urnas, provocado por la realidad política que se está viviendo.
«Estamos enfrentando esta ola al combatir estos ataques con menos herramientas disponibles que las que teníamos en el pasado», debido a la decisión de 2013 del condado de Shelby contra Holder que debilita la Ley de Derechos Electorales aprobada en 1965 para asegurar que los gobiernos locales y estatales no aprueben leyes o políticas que niegan a los estadounidenses un derecho equitativo al voto con base en la raza.
El especialista destacó que existen tribunales federales que a menudo no son amigables con la causa del derecho al voto, en especial para las personas de color y que «no son un buen lugar para librar esta batalla».
Sin embargo, puntualizó, la lucha no se detiene. «Todavía tenemos herramientas disponibles para nosotros. Pero tenemos menos de las que teníamos justo cuando nos enfrentamos a estos impuestos sin precedentes. Y por eso digo que estamos en un momento crítico».
Al respecto, detalló que «todos los ojos están puestos en el Congreso en este momento porque en realidad tenemos dos piezas de legislación que nos ayudarían a superar este movimiento que nos llevaría en la dirección correcta y que nos darían las herramientas necesarias para luchar contra estas leyes restrictivas y los ataques».
Dichas herramientas, dijo, son la Ley de Libertad de Voto y la Ley de Derechos de Voto de John Lewis contra afroamericanos, las cuales establecerían un piso para las elecciones federales en todo el país.
Para Jacqueline de León, abogada del Fondo de Derechos de los Nativos Americanos, el derecho al voto para la comunidad que representa, no va mejor, pues es «irrazonablemente difícil votar a través de reservas en los Estados Unidos», pues a menudo no hay urnas.
Explicó que para acceder a los centros de votación, a menudo, los nativos tienen que viajar más de cien millas a través de caminos de tierra, y al tener bajos recursos carecen de acceso a vehículos que los transporten.
Agregó que en Montana, después de una demanda que se resolvió en 2014, la asistencia a las urnas aumentó de 30 a 70 por ciento. «Los nativos votan si se les proporciona una oportunidad justa, pero, con demasiada frecuencia, no se les da esa posibilidad».
Aunado a ello, precisó que los hogares de las reservas de los nativos americanos no son atendidos. «No reciben el correo residencial y las oficinas de correo también están distantes y con un servicio de baja calidad.
«Esto hace que registrarse para votar y votar por correo sea difícil y, en ocasiones, imposible. Es una situación que sorprende a la mayoría de los estadounidenses».
Más sorprendente, expresó, «es el racismo manifiesto al que se siguen enfrentando los nativos americanos cuando intentan votar», pues señaló que hay un gran problema de racismo en las ciudades fronterizas a las que los estadounidenses tienen que viajar porque no tienen centros de votación en la reserva.
Ante diversos actos de discriminación e incluso de «gerrymandering» ‒ término referido a una manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio, uniéndolas, dividiéndolas o asociándolas, con el objeto de producir un efecto determinado sobre los resultados electorales‒ dijo, «es que necesitamos desesperadamente protecciones federales y una reforma del derecho al voto en la nación india».
«Necesitamos esas protecciones federales históricas, con la misma urgencia que en 1965, para protegernos de los estados y condados que discriminan activamente a los nativos americanos».
Leyes como la John Lewis, dijo, son de importancia crítica que deben ser aprobadas para luchar contra la supresión de votantes en curso.
John C. Yang es el presidente y director ejecutivo de la organización Asiático-Americanos Promotores de Justicia ‒AAJC, por sus siglas en inglés‒, aseguró que la Ley del derecho al voto es de suma importancia para la comunidad que representa luego de que es la población de más alto crecimiento en el país, al aumentar más de 38 por ciento desde el censo de 2010, situación que también se refleja en las urnas.
Recordó que tan solo en las elecciones de 2020, hubo un aumento de más del 20 por ciento de participación en las votaciones, el mayor ascenso respecto a cualquier otra comunidad en comparación con 2016.
«Aunque hemos visto este aumento en las urnas, también hemos enfrentado barreras significativas a nuestra capacidad de votar».
Pero, ¿qué significa todo esto, para la población asiático-americana, cuando estamos hablando de los derechos de voto?, preguntó, «no es una cuestión partidista. Para nosotros se trata de asegurarse de que cada ciudadano que tiene el derecho a votar tenga la oportunidad de hacerlo de la manera más eficiente y efectiva».
Aseguró que la comunidad asiático-americana es muy diversa, y existen personas de todas tendencias políticas, «pero creemos firmemente en que la voz de todos importa y debemos asegurarnos de que tengan esa capacidad de ser escuchados. Es por eso que cualquier intento de suprimir esos votos hace una diferencia para nuestra comunidad».
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