Por Eulalia Mendoza
Me llamo Eulalia, llevo 10 años trabajando en jornadas de hasta ocho horas en el campo, aquí en Oxnard, en el condado de Ventura. Se acerca la temporada de fresas de invierno –la Pomona y la Rosalía– y, muy pronto, en marzo, comenzará la siguiente temporada de trabajo, con fresas Q46, San Andreas, Camarosa… en realidad, en el condado de Ventura, se producen más de 10 variedades de fresas y todas requieren manos y trabajo específicos que no cualquiera se atreve a hacer.
Sin embargo, como comunidad indígena de origen mexicano –de los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán–, nos enfrentamos, desde el primer momento en que llegamos a los Estados Unidos, a la constante indiferencia de los gobiernos –locales y federales–.
La pandemia por COVID-19 sólo vino a evidenciar que la población indígena no está protegida de la misma forma que el resto de la población migrante porque no hay leyes hechos para nosotros. Nosotros continuamos laborando en los momentos más críticos de la pandemia.
Para nosotros, no existen periodos de cuarentena y es que la mayoría de los trabajadores migrantes no tenemos acceso a un número de seguridad social en EE. UU., eso nos dificulta el acceso a servicios sociales o de salud.
Nuestra comunidad indígena paga los mismos impuestos que cualquier persona con residencia legal; es por ello que creemos que se ignoran nuestros derechos esenciales.
Quienes han caído enfermos por COVID-19 no han podido acceder a programas de apoyo en sus trabajos y el gobierno ignora el problema de vivienda que enfrentamos desde décadas. Quienes se ausentaron en sus trabajos debido a la pandemia no han podido ganar el dinero suficiente para pagar las altas rentas.
Y aquella población indígena que, a pesar de los bajos sueldos, logra juntar dichos los recursos, no puede acceder a rentar o comprar una vivienda digna debido a que no cuenta con un registro de seguridad social en el estado, lo que, a su vez, limita las opciones de las personas migrantes indígenas a los servicios de salud. La burocracia estadounidense nos impide acceder a servicios esenciales.
Se estima que sólo en el condado de Ventura, existen cerca de 20 mil personas migrantes que hablan una lengua indígena; sin embargo, esas son sólo cifras de censos oficiales, por lo que es posible que el conteo llegue a 40 mil.
No sólo enfrentamos dificultades por ser indígenas trabajando como migrante en EE. UU., sino que enfrentamos dificultades por ser mujeres: no nos dejan aspirar a puestos ocupados por hombres porque nos creen incapaces de desempeñarnos como «ponchadoras» o «mayodromas».
La mayoría de las mujeres indígenas provenimos de familias en donde se les ha enseñado a asentir y a obedecer las órdenes, costumbres que no desaparecen cuando se llega a los EE. UU., es por ello que muchas mujeres entienden muy poco del idioma español y ni se diga del inglés.
Las mujeres que deciden hacer valer su derecho a la igualdad son, en la mayoría de las veces, mal vistas por su propia comunidad; sin embargo, yo espero que las nuevas generaciones de mujeres trabajadoras no se sometan, bajo ninguna circunstancia, a la opinión de los hombres. Si las mujeres tenemos ganas de hacer algo, debemos hacerlo. Tenemos el mismo derecho de hacerlo y merecemos el mismo respeto.
Y como comunidad indígena migrante –tanto mujeres como hombres–, pedimos al resto de la comunidad migrante y que nos miren con igualdad y respeto. Queremos terminar con la discriminación por nuestra condición migrante y hacia nuestra cultura –nuestra etnia y nuestra lengua–. Yo me siento orgullosa de lo que soy, y ustedes deben sentirse orgullosos de lo que son.
* Eulalia Mendoza vive en el condado de Ventura. Es campesina indígena originaria de Oaxaca, México. Este texto contó con el apoyo en la redacción de Cristian Carlos.
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