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Por Jeanne Kuang. CalMatters
El gobernador Gavin Newsom anunció el sábado que vetó un proyecto de ley que ordenaba al estado explorar la posibilidad de extender los beneficios de desempleo a los trabajadores indocumentados, frustrando las esperanzas de los defensores que han hecho campaña desde la pandemia de COVID por la expansión.
El veto al Proyecto de Ley 227 del Senado marca la segunda vez que bloquea la idea, y la tercera vez este mes que niega la apertura de programas estatales a inmigrantes indocumentados.
El fin de semana pasado, Newsom rechazó un proyecto de ley que permitía a los estudiantes indocumentados acceder a puestos de trabajo en los campus de los sistemas de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California, alegando problemas legales. Y a principios de este mes, vetó una ampliación que permitía a los californianos indocumentados solicitar asistencia estatal para compradores de vivienda por primera vez, un programa que no contaba con fondos.
En su mensaje de veto al proyecto de ley de desempleo, Newsom escribió que “establece plazos poco prácticos, tiene problemas operativos y requiere fondos que no estaban incluidos en el presupuesto”.
Verónica Alvarado, defensora de los trabajadores que hizo campaña a favor del proyecto de ley, calificó la decisión de “vergonzosa”.
“California es la quinta economía más grande del mundo, impulsada en gran parte por la mano de obra inmigrante”, dijo Alvarado en un comunicado de prensa. “Es vergonzoso que el gobernador Newsom no haya liderado a nuestro estado hacia un sistema justo para todos los trabajadores”.
Los vetos se producen en medio de una retórica cada vez más hostil sobre la inmigración durante las elecciones presidenciales.
Después de que los legisladores republicanos criticaran el proyecto de ley de compra de viviendas durante la sesión, se volvió viral en los medios de comunicación conservadores y atrajo la atención del multimillonario Elon Musk, quien escribió en su plataforma de redes sociales X que el estado estaba incentivando la inmigración con la promesa de beneficios estatales. Musk respalda al expresidente Donald Trump, quien ha hecho de la inmigración ilegal su tema principal.
Newsom escribió que el proyecto de ley sobre empleos en el campus era demasiado arriesgado, dado que la ley federal prohíbe contratar inmigrantes indocumentados. Su mensaje de veto sugirió que los defensores buscaran protección legal en los tribunales antes de impulsar la legislación.
Ahilan Arulanantham, profesor de derecho de la UCLA y uno de los arquitectos de una novedosa teoría que defiende por qué la UC puede contratar legalmente a estudiantes indocumentados, dijo que “no podía recordar la última vez que había visto a un demócrata importante con perfil nacional bloquear alguna oportunidad para jóvenes indocumentados”.
Mike Madrid, consultor republicano, dijo que vetar esos proyectos de ley es una maniobra política segura para Newsom cuando se percibe que los demócratas a nivel nacional son débiles en materia de seguridad fronteriza. La inclinación hacia la derecha de la vicepresidenta Kamala Harris en materia de inmigración ha ayudado a reducir esa brecha en las encuestas en los estados clave, dijo Madrid, pero describió cualquier proyecto de ley relacionado con la inmigración como demasiado volátil para que Newsom lo toque.
“Que una gobernadora de California firme algo que no sería popular en esos estados en un área en la que recién ha comenzado a cerrar la brecha sería muy problemático políticamente”, refirió. “Sospecho que la mayor consideración es: ‘¿Esto podría afectar la carrera por la Casa Blanca?'”
La oficina de Newsom se negó a hacer comentarios. “Los mensajes de veto hablan por sí solos”, señaló el portavoz Brandon Richards a principios de esta semana.
Pero en su mensaje de veto, el gobernador buscó evitar las críticas, señalando en su carta de veto al proyecto de ley de desempleo que el estado “ha tomado medidas importantes para promover la inclusión y la equidad para los trabajadores indocumentados y las familias de estatus mixto que contribuyen significativamente a la economía de California y las comunidades locales”.
Pidió al Congreso crear caminos hacia la ciudadanía para los residentes de larga data y subrayó que quería tanto un “sistema de inmigración justo” como una “frontera segura”.
No todos los observadores políticos están convencidos de que la elección haya influido en sus decisiones. Andrew Acosta, estratega demócrata, explicó que había otros “problemas” con los proyectos de ley, como los costos, y dijo que el Partido Republicano ya utiliza California para atacar a los demócratas en materia de inmigración.
“El noventa por ciento de lo que sucede en el estado de California está vinculado al presupuesto”, expuso.
“Si Donald Trump quiere convertir a California en un tema de debate, tiene mucho material para ello. Estos tres proyectos de ley no van a ser decisivos para la campaña”.
El seguro de desempleo fue una de las últimas expansiones que los defensores esperaban que California emprendiera durante una serie de años de presupuesto abundante cuando el estado comprometió miles de millones de dólares para extender importantes programas de red de seguridad a los residentes indocumentados.
El estado alberga a más de 1.8 millones de inmigrantes indocumentados, que han pasado a ser elegibles para obtener licencias de conducir, el crédito fiscal por ingresos laborales y, recientemente, Medi-Cal. Durante la pandemia, el estado creó un programa de ayuda en caso de desastre para inmigrantes y los legisladores permitieron que los inmigrantes recibieran algunos cheques de estímulo estatal.
Pero el déficit presupuestario del estado ha frenado el ritmo. Se había previsto ampliar el programa de asistencia alimentaria estatal para inmigrantes mayores de 55 años para el año próximo, pero se pospondrá hasta 2027.
Yeni Linares, una trabajadora indocumentada de Fontana que hizo campaña a favor de la expansión del desempleo, dijo que cuando su trabajo se agotó durante la pandemia, no hubo salvavidas.
Su trabajo de limpieza de casas y edificios de oficinas, dijo, se redujo de cinco a tres días a la semana, y sólo ganaba 80 dólares al día. Su familia perdió su coche y su apartamento, dijo, por lo que se apiñaron en la casa de un pariente, donde cuatro familias vivían bajo un mismo techo. Durante la mudanza, nunca recibió ningún cheque.
“El gobierno me dejó completamente abandonada”, destacó la mujer de 47 años, que ha trabajado como empleada doméstica durante 19 años. “No es fácil para una familia indocumentada recuperarse de un impacto tan grande. Para nosotros, la pandemia nunca terminó”.
Aunque la propuesta nació a raíz de la pandemia, los defensores dicen que también puede ayudar, ya que el cambio climático agrava la inestabilidad laboral de los trabajadores vulnerables. Los trabajadores agrícolas están perdiendo días de trabajo durante las tormentas y los períodos de calor extremo, y los trabajadores domésticos durante los incendios forestales. Linares dijo que ha perdido el trabajo durante dos semanas seguidas este año cuando los incendios forestales han arrasado las montañas al norte de San Bernardino, donde limpia casas.
El proyecto de ley fue el segundo intento de los activistas para lograr la aprobación de Newsom para los beneficios de desempleo.
En 2022, vetó un proyecto de ley similar, argumentando que no había dinero para el programa. El sistema de seguro de desempleo se financia con impuestos estatales y federales a los empleadores; desde la pandemia, el sistema de California tiene una deuda de 20.000 millones de dólares. Debido a las restricciones federales, probablemente se necesitarían fondos estatales para financiar un programa similar para inmigrantes.
Este tipo de programas son poco comunes, pero otros estados los han establecido en los últimos años. En 2022, Colorado creó un programa de desempleo para trabajadores indocumentados y Nueva York creó uno durante la pandemia que ya terminó.
Los defensores de los derechos de los trabajadores en California lo intentaron de nuevo este año. El proyecto de ley, que originalmente pretendía dar a los trabajadores indocumentados que perdieran su empleo hasta 300 dólares semanales en prestaciones durante un máximo de 20 semanas, fue suavizado al final de la sesión legislativa para ordenar en su lugar al Departamento de Desarrollo del Empleo que estudiara la cuestión y, para finales de marzo próximo, decidiera cómo ampliar el programa, incluida la búsqueda de una fuente de financiación.
La autora del proyecto de ley, la senadora María Elena Durazo, demócrata de Los Ángeles, dijo en agosto que esperaba que esto pudiera impulsar al departamento a considerar a los trabajadores indocumentados mientras emprende una revisión tecnológica del sistema de desempleo.
Antes del veto, Linares criticó a Newsom por demorar su decisión y calificó la retórica política en torno a la inmigración como una “injusticia”.
“Estamos hartos de esto”, dijo. “No pedimos nada gratis. Lo vemos como algo que nos hemos ganado con nuestro trabajo”.
El reportero de educación superior de CalMatters, Mikhail Zinshteyn, contribuyó a esta historia.
Lea la historia original dando clic aquí.
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