Mi Familia Vota: una organización nacional de votantes latinos demócratas en los Estados Unidos, se preocupan por la construcción del poder latino y las voces para avanzar en las políticas que promuevan la salud, seguridad y prosperidad de las comunidades latinas de todo el país.
La llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha preocupado, por la serie de órdenes ejecutivas que restringe severamente la inmigración legal y militarizan la frontera, ante esto, Héctor Sánchez Barba de la organización Mi Familia Vota, ha expresado que es un ataque a los cimientos de la nación y a los valores.
Mi Familia Vota, es una organización nacional de votantes latinos demócratas en los Estados Unidos, se preocupan por la construcción del poder latino y las voces para avanzar en las políticas que promuevan la salud, seguridad y prosperidad de las comunidades latinas de todo el país.
El presidente de la organización, Héctor Sánchez Barba, ha emitido un comunicado, en el que muestra su preocupación ante los cambios de la política migratoria.
“Nuestro país está en su mejor momento cuando somos capaces de aprovechar el poder de quienes vienen aquí para contribuir a construir una sociedad mejor y más equitativa para todos. La singularidad de nuestro país reside en su capacidad para acoger a cualquiera que busque una oportunidad para trabajar y convertirse en una parte vital de nuestra sociedad”.
Además asegura que la agenda antiinmigrante de Trump no es solo un ataque a los inmigrantes, es un ataque a los cimientos de la nación y a los valores, pues Trump quiere que la gente crea que los inmigrantes son malos para el país y que no aportan nada a Estados Unidos, sin embargo es un discurso falso.
Héctor Sánchez, afirmó que las órdenes ejecutivas que ha firmado recientemente perjudicarán a las familias, economía y harán que las personas vivan con miedo, “ya hemos visto esto antes, niños arrancados de los brazos de sus padres y encerrados en jaulas. Seamos claros: estas órdenes ejecutivas se extenderán a millones de personas independientemente de su estatus migratorio”.
En el tema de la revocación a la ciudadanía por derecho de nacimiento, en el comunicado expresó que este acto inconstitucional desgarrará familias y cambiará al país para siempre si se permite que se aplique.
El discurso de Trump muestra una comunidad migrante que no aporta nada, sin embargo, en el comunicado del presidente de Mi Familia Vota, informó que $35 mil millones en impuestos han sido pagados por hogares indocumentados.
“Necesitamos estas contribuciones, y debemos honrar la humanidad de nuestra familia inmigrante. Por eso lucharemos contra estos ataques a nuestra comunidad con todo lo que tenemos, organizándonos, movilizándonos y construyendo el poder político necesario para exigir responsabilidades a quienes están detrás y apoyan estos actos de odio. Estamos en primera línea porque creemos en una democracia que funcione para todos, no sólo para unos pocos privilegiados”, finalizó Sánchez.
Ley antiminera, el mismo día que se aprobó la ley de minería metálica salvadoreña, 23 de diciembre de 2024, el Instituto de Estudios en Política (IPS, por su sigla inglesa) de Estados Unidos publicó un artículo donde advertía amenazas ambientales para el país centroamericano. Foto: Cuenta X @ysuca91siete
Conocíamos la importancia de la solidaridad internacional
y su necesidad,
pero sabíamos que la garantía de nuestra lucha
estaba en nuestras propias fuerzas
Roque Dalton, “Hablan los muertos de Vietnam”
Por Samuel Cortés Hamdan
La polémica gestión de Nayib Bukele al frente de El Salvador volvió a abrir otro frente de disputa social, ahora por la reactivación de la minería metálica.
En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa —que también ha tenido sus relaciones tensas con el presidente, incluso una vez envalentonado para entrar al recinto acompañado de militares— avanzó la ley de minería metálica, que revierte una prohibición de 2017.
En la víspera, Bukele etiquetó de absurda la negativa a explotar el oro salvadoreño y aseveró que “estudios realizados en sólo el 4% del área potencial” hallaron 50 millones de onzas de oro en suelo salvadoreño, que podrían traducirse en más de 131 mil millones de dólares, un 380% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Con 57 de 60 votos posibles, pues, se aprobó explotar el oro salvadoreño al cierre del 2024, con el argumento de que se alcanzará desarrollo económico y se generarán empleos.
El Salvador, defendió el poder parlamentario en la nota informativa correspondiente, “se ubica en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas más ricas en recursos minerales gracias a su actividad volcánica: habría depósito de litio, cobalto, níquel, que sirven para hacer baterías de almacenamiento de energías renovables”.
Amenazas ambientales, de derechos humanos, de violencia
El mismo día que se aprobó la ley de minería metálica salvadoreña, 23 de diciembre de 2024, el Instituto de Estudios en Política (IPS, por su sigla inglesa) de Estados Unidos publicó un artículo donde advertía amenazas ambientales para el país centroamericano.
En contrasentido a las promesas oficiales de desarrollo sustentable, el organismo aseveró que el avance de este modelo extractivo agrava los riesgos ambientales que actualmente desafían a El Salvador, además que probablemente conllevarán violaciones a los derechos humanos, contaminación y amenazas a la salud pública.
“Y tendrán un impacto económico adverso en industrias importantes, como la agricultura y el turismo. El Salvador no puede socavar su ruta hacia el cuidado del agua, comunidades saludables y barrios sustentables. Es una contradicción en los términos”, apuntaron los autores del análisis, Robin Broad, John Cavanagh, Jan Morrill y Manuel Pérez-Rocha.
En su desarrollo de argumentos, los evaluadores consideraron que, según una encuesta de opinión elaborada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 59% de los salvadoreños consideran que el país no es apto para la minería industrial.
A su vez, subrayan que el oro salvadoreño es extremadamente fino, no se presenta en pepitas macizas, por lo que se requieren enormes cantidades de agua para su filtrado, con un gasto de hasta 18 mil litros por cada onza diferenciada del metal.
“El Salvador tiene el menor índice de recursos hídricos per cápita de Centroamérica y se encuentra entre los menores en todo el hemisferio. La minería de oro amenaza tanto la cantidad como la calidad del suministro de agua”, subrayan.
Además, apuntaron riesgos en torno a la violencia y la seguridad, que ha sido una de las banderas más visibles de la gestión de Bukele. Su combate al pandillerismo, flagelo social en El Salvador desde los años de la guerra civil, le ha ganado altos índices de popularidad ciudadana y el ejecutivo suele recurrir al argumento de la pacificación para avanzar su agenda política.
En contrasentido, no obstante, los analistas del IPS advirtieron que los intereses en torno a la minería tienden a aumentar casos de corrupción, a través de la compra local de autoridades a cambio de favores financieros.
Recordaron, además, que en 2009 fueron asesinados tres defensores del agua, mientras que en 2023 a nivel mundial la minería fue el ámbito más vinculado al asesinato de los activistas ambientales.
“Honduras, Guatemala y Nicaragua suelen estar entre los diez países con más violaciones contra los defensores ambientales”, distinguieron.
La movilización ciudadana
Este domingo 19 de enero de 2025 diferentes organizaciones civiles, estudiantes y la diputada Claudia Ortiz, adscrita al partido Vamos, se manifestaron en el centro histórico de El Salvador para exigirles al presidente Bukele y a la Asamblea Legislativa la derogación de la ley de minería metálica.
Agrupados en torno al lema “Sí a la vida, no a la minería”, los inconformes procuraron la recolección de firmas contra la medida extractiva.
“El Salvador no es un país apropiado para la minería, pone en grave riesgo los ecosistemas y la salud. Quien lo ignore va en contra de la voluntad de la mayoría de la población. Aquí elegimos la vida, por eso decimos no a la minería”, apuntó la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
En tanto, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (Acafremin) argumentó que la contaminación minera de los ríos puede ser irreversible, lo que golpea tanto a la diversidad como el derecho humano de acceso al agua.
“La contaminación que deja en las cuencas también afecta con enfermedades crónicas a la población, como la insuficiencia renal y cáncer”, apuntó.
“El agua vale más que el oro”, “Los ríos no gritan, pero yo sí”, “Bukele, que tu oro sea el bitcóin, nuestro oro son los bosques y ríos”, “El oro de El Salvador es verde” fueron algunas de las proclamas expresadas por los manifestantes en pancartas.
“Algo está despertándose en los salvadoreños, los creyentes recogen firmas, los jóvenes se movilizan, más gente alza la voz con valentía. El pueblo no quiere que nos regresen al pasado, por eso hay esperanza de futuro. ¡Avanzemos!”, escribió la parlamentaria Ortiz en su cuenta de X.
Proclamación para cerrar la frontera sur, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite el cierre de la frontera sur a inmigrantes indocumentados por lo que ha instruido a todas las autoridades a tomar las medidas necesarias para repeler, detener y deportar a todos aquellos con estatus migratorio irregular.
Este miércoles, el presidente Donald Trump emitió una proclamación y firmó una orden ejecutiva que permite el cierre de la frontera sur a inmigrantes indocumentados, por lo que ha instruido a todas las autoridades a tomar las medidas necesarias para repeler, detener y deportar a todos aquellos con estatus migratorio irregular.
El decreto “suspende el ingreso físico de extranjeros que participen en una invasión de los Estados Unidos a través de la frontera sur”.
Con esta orden ejecutiva y bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como la Constitución de los Estados Unidos, el presidente Trump está autorizando y ordenando al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado a tomar todas las medidas necesarias para “repeler, repatriar y expulsar de inmediato a los extranjeros” indocumentados a través de la frontera sur de país.
Así, Trump ha dado luz verde y apoyo para que se puedan realizar redadas masivas que terminen en deportaciones.
A su vez, el decreto precisa que el presidente Trump ha restringido aún más el acceso a las disposiciones de las leyes de inmigración que permitirían a cualquier “extranjero ilegal involucrado en una invasión” a través de la frontera sur de los Estados Unidos permanecer en el país, como el asilo.
Cabe señalar que luego de tomar posesión de Trump como el presidente 47 de Estados Unidos, la aplicación de CBP One dejó de funcionar, al tiempo que mandó alertas de cancelación de citas a todo inmigrante que tenía una con autoridades migratorias en la frontera para discutir la posibilidad de asilo. Ello dejó filas migrantes en ocho puestos fronterizos entre México y la unión americana.
La noticia ha sido recibida con tristeza a incertidumbre de miles de migrantes que buscaban entrar legalmente al país.
Con la aparición de la gripe aviar y otras amenazas a la salud pública, la guerra de Trump contra los inmigrantes complicará los esfuerzos para identificar y tratar los brotes e implementar iniciativas de vacunación.
Con la aparición de la gripe aviar y otras amenazas a la salud pública, la guerra de Trump contra los inmigrantes complicará los esfuerzos para identificar y tratar los brotes e implementar iniciativas de vacunación.
El discurso inaugural del presidente Trump el lunes señaló su continuo compromiso de caracterizar a los inmigrantes como invasores criminales y un impedimento para su mantra de campaña de “hacer a Estados Unidos grande otra vez”.
Después de su discurso, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas (declarando una emergencia nacional en la frontera sur y el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento, así como el fin del uso de la aplicación CBP1, entre otras) que no solo infligirán dolor a los inmigrantes y sus vecinos, sino también a miles de empresas y familias estadounidenses.
Peor aún, estas medidas socavarán los esfuerzos por proteger la salud pública justo cuando el país enfrenta una serie de amenazas existentes y emergentes que nos ponen a todos, inmigrantes y no inmigrantes, en riesgo.
Una de las lecciones que nos dejó la COVID-19 es que la mejor respuesta a una pandemia es trabajar duro para evitar que se inicie. Los investigadores de salud pública llevan varias décadas advirtiendo sobre la evidencia de enfermedades zoonóticas (transmisión de animales a humanos) como el VIH, el SARS-1 (el predecesor de la COVID-19), el MERS, el ébola y muchas otras.
La gripe aviar (H5N1) es la más reciente, con 66 casos confirmados y una muerte confirmada hasta la fecha en Estados Unidos, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
La persecución sistemática de los trabajadores agrícolas, la mitad de los cuales son inmigrantes no autorizados , aumentará enormemente el riesgo de que esta epidemia ahora latente se convierta en algo mucho más desastroso.
Las investigaciones muestran que, en los lugares donde la aplicación de las leyes de inmigración es especialmente severa, aproximadamente el 25% de los inmigrantes no autorizados (así como de sus familiares que se encuentran legalmente en el país) no reciben atención médica. Eso por sí solo socavará los esfuerzos para abordar las disparidades generales en el acceso a la salud, y acabará con al menos una década de progreso hacia la equidad en la salud pública.
La campaña antiinmigrante de Trump también socavará las campañas de vacunación infantil contra enfermedades prevenibles como el sarampión, así como las vacunas COVID-19 para los trabajadores agrícolas mayores en riesgo, un cambio de actitud peligroso aumentado por la elección de un cruzado antivacunas para dirigir el HHS y un escéptico de las vacunas para dirigir los CDC.
Más alarmante aún es que las amplias redadas de detención de no ciudadanos por parte de CBP y/o ICE ( como ocurrió a principios de este mes en partes del Valle Central de California , donde hay una orden de emergencia estatal para combatir la gripe aviar) inevitablemente complicarán la ya difícil tarea de identificar y tratar rápidamente los posibles contagios de gripe aviar a la población de trabajadores agrícolas.
En la actualidad, si bien las repercusiones de la gripe aviar siguen siendo principalmente económicas y aún no hay evidencia de transmisión entre humanos, el análisis genómico ha identificado una mutación viral que posiblemente podría aumentar la infección humana y, por ende, incrementar la transmisión.
Dados los riesgos, un objetivo crucial debería ser minimizar la exposición y las infecciones entre los trabajadores agrícolas que están en contacto regular con vacas lecheras o aves de corral infectadas para evitar mutaciones peligrosas.
Un segundo paso sería identificar rápidamente a las personas que han contraído el H5N1 y proporcionarles tratamiento antiviral gratuito para acelerar la recuperación y, al reducir la carga viral, disminuir el riesgo de transmisión.
Otros pasos deberían incluir:
Prohibir las detenciones sin orden judicial de personas sospechosas de estar en Estados Unidos ilegalmente.
Iniciar una vigorosa campaña pública para alentar a los trabajadores agrícolas y sus familias a vacunarse con la vacuna contra la influenza estacional actualmente disponible sin recopilación de información de identificación personal.
Una campaña comunitaria de “sonido envolvente” de 360 grados para asegurar a los trabajadores agrícolas y sus familias la confidencialidad de la información personal proporcionada para garantizar la atención médica.
Ampliar el monitoreo actual que realizan los CDC de los familiares y contactos cercanos de los trabajadores agrícolas que contraen gripe aviar a todas las redes sociales de los trabajadores agrícolas.
Y una vigorosa campaña de salud pública para alentar a los trabajadores agrícolas y sus familias a buscar atención médica inmediata en caso de enfermedades respiratorias similares a la gripe, especialmente conjuntivitis (un síntoma que puede ser más común en la gripe aviar que en la gripe estacional).
A principios de este mes, el secretario saliente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, anunció una inversión de 306 millones de dólares en el seguimiento y la preparación para la gripe aviar . Otros 590 millones de dólares se destinarán a la empresa farmacéutica Moderna, dado su éxito en el rápido desarrollo de la vacuna contra el COVID. Estas inversiones de poco menos de 1.000 millones de dólares son una gota en el océano en comparación con los 88.000 millones de dólares estimados por año para la detención y deportación de inmigrantes no autorizados.
Es asequible, factible y puede reducir drásticamente el riesgo de otra pandemia seguir adelante con mayores esfuerzos para proteger a Estados Unidos de la gripe aviar. La administración Trump, orientada hacia los negocios, tendría que centrarse en el bienestar de los trabajadores de las industrias avícola y láctea, cuyo trabajo es esencial para el funcionamiento de estas industrias multimillonarias.
En un entorno social y político racional, estas medidas de “sentido común” (para usar una frase del discurso inaugural de Trump) serían relativamente sencillas de implementar. Pero no es ese el entorno en el que nos encontramos.
En cambio, cualquier progreso logrado en términos de herramientas tecnológicas para combatir la gripe aviar será ineficaz, ya que la campaña injustificada de Trump contra los inmigrantes hace imposible identificar y tratar los brotes y lanzar iniciativas de vacunación.
Incluso cuando entramos en una era en la que las voces antiinmigrantes son más fuertes que nunca, es importante seguir recordando a los funcionarios electos locales, estatales y federales que estamos todos juntos en esto.
Ed Kissam dirigió varios proyectos nacionales de investigación sobre trabajadores agrícolas de Estados Unidos durante los últimos 30 años. Trabajó como experto en divulgación sobre trabajadores agrícolas en varias iniciativas de COVID-19 durante la pandemia y publicó extensamente sobre medidas para mejorar la estrategia. Actualmente forma parte del Consejo Asesor del programa de divulgación e investigación sobre el virus H5N1 financiado por los CDC del Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que inició el diálogo entre México y Estados Unidos con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente y el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, las cuales fueron “muy cordiales” y en donde se trataron temas de migración y seguridad. Foto: Presidencia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, inició conversaciones con el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, las cuales fueron “muy cordiales” y en donde se trataron temas de migración y seguridad.
En su conferencia de prensa matutina, añadió que a partir de ayer iniciaron las pláticas: “Es muy importante que todos los sepan. La primera llamada que hizo del secretario Rubio a otro país fue a México, y fue una llamada muy cordial, ayer me informó el canciller y a partir de ahí se abre un proceso de pláticas entre ambos gobiernos”.
En ese sentido, expresó que a pesar de que lo diálogos están en una etapa temprana “estoy convencida de que vamos a tener acuerdos en los distintos temas”, los cuales se van a estar informando puntualmente a través de la conferencia de prensa matutina.
Sobre una posible reunión de alto nivel entre ambos gobiernos, aclaró que aún no se tiene contemplada una visita, pero informó que se tienen proyectos en común, como la adquisición de una planta de gas en Texas, lo cual es parte del Plan México.
“Vamos a darle seguimiento cada semana o cada 15 días al Plan México. Hay varios proyectos, particularmente de licuefacción o de compresión de gas que se dejaron desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador y les estamos dando seguimiento”.
Por otra parte, la mandataria de México expresó que los nueve centros de atención en la frontera ya se están instalando, como parte del programa México Te Abraza. “El día de ayer estuvo el secretario Marath y hoy le he pedido a la secretaria Adriana Montiel que pueda ir a supervisar algunos de estos centros, para que estén habilitados lo más pronto posible”.
“Ayer hubo menos recibimiento de mexicanos que en días anteriores. Vamos a apoyar a nuestros hermanos que regresen. Aquí en México siempre serán recibidos con los brazos abiertos, además México está viviendo un momento estelar”.
De igual forma, agradeció un desplegado publicado ayer por parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernadoras (Conago), en defensa de la soberanía y bienestar de las y los mexicanos, en donde los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México se solidarizan con la presidenta para defender a las y los mexicanos en el exterior.
“Es algo muy bueno, muy importante, porque independientemente de los partidos, en el caso de las y los gobernadores, decidimos trabajar juntos para el bienestar de México. Agradezco el desplegado y habla de esta coordinación que tenemos con todas y todos, independientemente del partido político al que pertenezcan”.
Cambios en políticas estatales y federales ha generado incertidumbre en el futuro de la financiación y la elegibilidad de la atención médica, la política de inmigración, la inversión en infraestructura y más, por lo que los líderes cívicos de todo el condado de San Mateo se reunieron para prepararse.
Líderes cívicos de todo el condado de San Mateo se reunieron para prepararse ante los inminentes y radicales cambios en las políticas y prioridades estatales y federales.
Y es que, la incertidumbre rodea el futuro de la financiación y la elegibilidad de la atención médica, la política de inmigración, la inversión en infraestructura y más.
“Tienen un impacto real en la gente de nuestro condado y, en muchos casos, en los más vulnerables. Por eso estamos aquí hoy para escucharlos”, señaló el ejecutivo del condado, Mike Callagy, al inaugurar la conferencia que duró todo el día en el Centro de Eventos del Condado de San Mateo el pasado jueves.
“Queremos escuchar”, dijo Callagy a unos 150 representantes de ciudades locales, organizaciones sin fines de lucro y otros grupos. “Queremos entender cuáles podrían ser sus preocupaciones o cómo las políticas podrían afectarlos”.
Los participantes dijeron que les preocupaba que los cambios en los requisitos de elegibilidad para una serie de programas financiados por el gobierno federal pudieran crear un efecto paralizador, impidiendo que las familias soliciten o reciban ciertos beneficios.
“Tienen miedo de que su información se comparta y que se los ponga en el radar de algún grupo”, dijo Laura Bent, directora ejecutiva de Samaritan House, una organización sin fines de lucro con sede en San Mateo que brinda servicios a personas y familias con bajos ingresos. “Tienen miedo de los recortes. Tienen miedo de las reducciones en los servicios y apoyos que tienen y de los que dependen”.
Los debates se centraron en las formas en que los gobiernos locales y los grupos comunitarios pueden unirse para apoyar una amplia gama de servicios de red de seguridad, independientemente de quién preste esos servicios.
“Lo que hemos presenciado es un esfuerzo de equipo total”, expresó David Canepa, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo, quien asistió al evento. “Es el condado, nuestras ciudades, nuestras organizaciones comunitarias y organizaciones sin fines de lucro. A medida que avanzamos, nos damos cuenta de que no es solo una solución del Condado. No es solo una solución de la ciudad. Es una solución colectiva. Ese es el significado y la importancia de lo que está sucediendo hoy”.
Y es que, el presidente Donald Trump, firmó una serie de órdenes ejecutivas que, entre otras muchas cosas, ha puesto fin a programas gubernamentales, entre ellos de diversidad, equidad e inclusión, a los cuales ha tachado de ilegales e inmorales.
El presidente Donald Trump demandó a la obispa Mariann Edgar Budde disculparse ante el público por las declaraciones hechas la mañana de este martes durante un servicio religioso, celebrado en la Catedral Nacional de Washington, luego de pedirle piedad y misericordia “para la gente del país que tiene miedo”, especialmente inmigrantes y miembros de la comunidad LGBTQ+.
El presidente Donald Trump demandó a la obispa Mariann Edgar Budde disculparse ante el público por las declaraciones hechas la mañana de este martes durante un servicio religioso, celebrado en la Catedral Nacional de Washington, luego de pedirle piedad y misericordia “para la gente del país que tiene miedo”, especialmente inmigrantes y miembros de la comunidad LGBTQ+.
“¡No es muy buena en su trabajo! ¡Ella y su iglesia le deben una disculpa al público!”, escribió el recién estrenado mandatario a través de su cuenta en la red social Truth Social.
El presidente de Estados Unidos resaltó que “La llamada Obispa que habló en el Servicio Nacional de Oración el martes por la mañana era una radical de izquierda que odia a Trump”.
Además, dijo que la obispa “llevó a su iglesia al mundo de la política de una manera muy descortés. Su tono era desagradable, y no convincente ni inteligente”.
Donald Trump no desaprovechó y volvió a arremeter contra los inmigrantes, volviéndolos a tachar de delincuentes.
“No mencionó la gran cantidad de inmigrantes ilegales que llegaron a nuestro país y mataron a personas. Muchos fueron sacados de cárceles e instituciones mentales. Es una ola de delincuencia gigante que está teniendo lugar en los EE. UU.”, subrayó en su declaración escrita.
El servicio de la obispa Mariann Edgar Budde dijo haberle parecido aburrido e impropio.
“Aparte de sus declaraciones inapropiadas, el servicio fue muy aburrido y poco inspirador. ¡No es muy buena en su trabajo! ¡Ella y su iglesia le deben una disculpa al público!”, finalizó.
Y es que, durante el sermón, Edgar Budde dijo: “Permítame hacer una última súplica, señor presidente: millones han depositado su confianza en usted y, como le dijo a la nación ayer, usted ha sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En nombre de nuestro señor, le pido que tenga misericordia de la gente de nuestro país que tiene miedo”.
Agregó que había “niños homosexuales, lesbianas y transgénero en familias demócratas, republicanas e independientes, algunos de los cuales temen por sus vidas”.
La obispa también se refirió a “las personas que recogen nuestros productos y limpian nuestras oficinas, que trabajan en granjas avícolas y lavan los platos en sus restaurantes y trabajan en los turnos de noche en los hospitales”.
“Puede que no sean ciudadanos o que no tengan la documentación adecuada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son delincuentes. Pagan impuestos y son buenos vecinos”, explicó viendo al mandatario.
Tras el servicio, Trump declaró a periodistas en La Casa Blanca: “No fue muy emocionante, ¿verdad?”. “No pienso que haya sido un buen servicio, no. Podrían haberlo hecho mucho mejor”.
Mariann Edgar Budde es la obispa de la Diócesis Episcopal de Washington. El sitio web de la iglesia la describe como una “defensora y organizadora en apoyo de las cuestiones de justicia, incluida la equidad racial, la prevención de la violencia con armas de fuego, la reforma migratoria, la plena inclusión de las personas LGBTQ+ y el cuidado de la creación”.
A su vez, destaca que cuando no está trabajando, “a menudo se le encontrará montando en bicicleta, pasando tiempo con su familia o cocinando la cena para sus amigos. La obispa Budde y su esposo, Paul, tienen dos hijos adultos: Amos, casado con Erika, y Patrick. Son abuelos orgullosos y cariñosos”.
Al servicio acudieron Trump y el vicepresidente JD Vance con sus familias, así como con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el nominado a secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento ha generado que fiscales de 18 estados de Estados Unidos y la ciudad de San Francisco demanden a la recién entrante Administración de Donald Trump.
Eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento ha generado que fiscales de 18 estados de Estados Unidos y la ciudad de San Francisco demanden a la recién entrante Administración de Donald Trump.
Luego de que la mañana de este martes, fiscales de 18 estados de Estados Unidos y la ciudad de San Francisco informaran que han demandado a la recién entrante Administración de Donald Trump por querer eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, 4 estados más se han sumado, siendo ya 22 los gobiernos que buscan poner un alto a la orden ejecutiva.
A los 22 estados se suman la ciudad de San Francisco, el Distrito de Columbia y varias organizaciones de derechos civiles y legales en New Hampshire y Massachusetts.
Estas demandas pretenden impugnar la orden ejecutiva inconstitucional que afectaría a decenas de miles de bebés que nacen cada año en la unión americana.
La demanda, encabezada por California, Nueva Jersey y Massachusetts, argumentan que la orden ejecutiva sin precedentes del presidente Trump viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Sección 1401 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y se debe bloquear de inmediato su entrada en vigor mientras se lleva a cabo el litigio.
La orden ejecutiva firmada por Trump lleva por título “Protección del significado y el valor de la ciudadanía americana”, refiere que la Decimocuarta Enmienda nunca ha sido interpretada como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos.
“La Decimocuarta Enmienda siempre ha excluido de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que nacieron en los Estados Unidos, pero no “están sujetas a su jurisdicción”, precisa.
Entre las categorías de personas nacidas en los Estados Unidos y no sujetas a su jurisdicción, detalla la orden ejecutiva, están: “cuando la madre de esa persona estaba presente ilegalmente en los Estados Unidos y el padre no era ciudadano de los Estados Unidos ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona”.
A su vez, dice: cuando la presencia de la madre de esa persona en los Estados Unidos en el momento del nacimiento de dicha persona era legal pero temporal (como, entre otros, visitar los Estados Unidos bajo los auspicios del Programa de Exención de Visas o visitar con una visa de estudiante, trabajo o turista) y el padre no era ciudadano de los Estados Unidos ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona.
Asimismo, precisa que “es política de los Estados Unidos que ningún departamento o agencia del gobierno de los Estados Unidos emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía de los Estados Unidos, o aceptará documentos emitidos por gobiernos o autoridades estatales, locales u otros que pretendan reconocer la ciudadanía de los Estados Unidos, a personas: (1) cuando la madre de esa persona estaba presente ilegalmente en los Estados Unidos y el padre de la persona no era ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona, o (2) cuando la presencia de la madre de esa persona en los Estados Unidos era legal pero temporal, y el padre de la persona no era ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona”.
Esta orden ejecutiva explica, entrará en vigor 30 días después de haber sido firmada.
Bajo dichas características, la demanda de estos 22 estados, puntualiza que estos niños perderían sus derechos más básicos y se verían obligados a vivir bajo la amenaza de la deportación, perderían la elegibilidad para una amplia gama de programas de beneficios federales, así como su capacidad de obtener un número de Seguro Social y, a medida que envejezcan, de trabajar legalmente, igualmente perderían su derecho a votar, a formar parte de jurados y a presentarse como candidatos a determinados cargos.
En los documentos presentados este martes 21 de enero, un día después de firmado el decreto, los fiscales generales sostienen que la orden ejecutiva del presidente Trump es una flagrante violación de la Constitución y de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y causaría un daño irreparable a los estados y a sus residentes.
California demanda a la administración Trump por una orden inconstitucional sobre ciudadanía por nacimiento, anunció el fiscal general Rob Bonta.
Escucha esta nota:
El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó este martes una demanda para impugnar la orden ejecutiva inconstitucional de la administración Trump que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Según la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, a todos los niños nacidos en suelo estadounidense se les otorga automáticamente la ciudadanía estadounidense y los derechos y privilegios que conlleva.
En 1898, la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó este derecho en un caso presentado por Wong Kim Ark, un hombre chino-estadounidense nacido en San Francisco a quien se le habían negado sus derechos de reingreso después de un viaje al extranjero.
En la demanda de hoy, 18 fiscales generales estatales, encabezados por California, Nueva Jersey y Massachusetts, argumentan que la orden ejecutiva sin precedentes del presidente Trump viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Sección 1401 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y se debe bloquear de inmediato su entrada en vigor mientras se lleva a cabo el litigio.
“La orden ejecutiva del presidente que intenta rescindir la ciudadanía por derecho de nacimiento es descaradamente inconstitucional y, francamente, antiestadounidense”, dijo el fiscal general Bonta.
“Como hogar de Wong Kim Ark, un nativo de San Francisco que luchó, con éxito, para que se reconociera su ciudadanía estadounidense, California condena los intentos del presidente de borrar la historia e ignorar 125 años de precedentes de la Corte Suprema. Estamos pidiendo a un tribunal que bloquee de inmediato esta orden para que no entre en vigor y garantice que los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos afectados por esta orden sigan vigentes mientras se lleva a cabo el litigio. El presidente ha excedido su autoridad por completo con esta orden y lo haremos responsable”, precisó el funcionario californiano.
La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda promete explícitamente que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
La Corte Suprema de Estados Unidos afirmó este derecho constitucional en 1898, cuando a un hombre chino-estadounidense nacido en San Francisco se le negó la entrada a Estados Unidos después de visitar a sus familiares en China, con el argumento de que no era ciudadano.
En el caso Estados Unidos v. Wong Kim Ark, la Corte Suprema estableció que a los niños nacidos en Estados Unidos, incluidos los hijos de inmigrantes, no se les podía negar la ciudadanía.
A pocas horas de asumir el cargo, el presidente emitió una orden ejecutiva que ignoraba la Constitución de Estados Unidos y este precedente establecido desde hace mucho tiempo.
La orden establece a las agencias federales que denieguen prospectivamente los derechos de ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no sean residentes legales, además ordena a la Administración de Seguridad Social y al Departamento de Estado, respectivamente, que dejen de emitir números de seguridad social y pasaportes estadounidenses a estos niños, y manda a todas las agencias federales que traten a estos niños como si no tuvieran derecho a ningún privilegio, derecho o beneficio que esté reservado por ley a las personas que son ciudadanos estadounidenses.
Si se permite que la orden siga en pie, privaría a decenas de miles de niños que nacen cada año de su capacidad de ser parte plena y justa de la sociedad estadounidense como ciudadanos legítimos, con todos los beneficios y privilegios, destaca la demanda.
A su vez, puntualiza que estos niños perderían sus derechos más básicos y se verían obligados a vivir bajo la amenaza de la deportación, perderían la elegibilidad para una amplia gama de programas de beneficios federales, así como su capacidad de obtener un número de Seguro Social y, a medida que envejezcan, de trabajar legalmente, igualmente perderían su derecho a votar, a formar parte de jurados y a presentarse como candidatos a determinados cargos.
La orden ejecutiva también perjudicaría directamente a California y a otros estados, destacó Bonta, ya que pondrían en riesgo la financiación federal de programas vitales que administran, como Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños; estos programas están condicionados a la ciudadanía y el estatus migratorio de los niños a los que sirven.
Además, dijo, se exigiría a los estados —con poco aviso y a un costo considerable— que comenzaran de inmediato a modificar su funcionamiento y administración de los programas de beneficios para tener en cuenta este cambio antes del 19 de febrero, cuando la orden entre en vigor.
En los documentos presentados hoy, los fiscales generales sostienen que la orden ejecutiva del presidente Trump es una flagrante violación de la Constitución y de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y causaría un daño irreparable a los estados y a sus residentes.
Por ello, los fiscales generales buscan una orden preliminar a nivel nacional para evitar la negación de los derechos constitucionales de decenas de miles de bebés que nacen cada año en los EE. UU. que de otro modo habrían sido, y deberían ser, ciudadanos, incluidos aproximadamente 24 mil 500 niños que nacen en California anualmente, y la interrupción de programas de salud pública y otros beneficios federales de vital importancia.
Al fiscal general Bonta se unen los fiscales generales de Nueva Jersey, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont y Wisconsin, junto con la ciudad de San Francisco.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México llama a mantener la calma y “cabeza fría” frente a acciones de Donald Trump. Foto: Juan Carlos Ramos Mamahua /Presidencia
Escucha esta nota:
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha llamado a mantener la calma y la “cabeza fría” frente a las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primer día al frente de La Casa Blanca.
“A cada momento hay que actuar con responsabilidad, con cabeza fría para poder establecer las relaciones que tengamos establecer, porque nuestra prioridad es la no confrontación, la defensa de nuestra soberanía y de las y los mexicanos”, precisó la mandataria durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Sheinbaum dijo que es importante referirse solo a los decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump, actuar con mesura y esperar a que el canciller Juan Ramón de la Fuente se ponga en contacto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; sin embargo, siempre se defenderá al país y a los mexicanos.
Al pueblo de México, señaló Sheinbaum, “tenga la certeza que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia, eso es un principio máximo que la presidenta tiene que cumplir; lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente o un presidente de la República”, subrayó.
A ello, la mandataria sumó que se actuará en el marco de la Constitución de México y sus leyes.
“Ahora, es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados más allá del propio discurso, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firmó el presidente Trump entonces vamos a poner todo en contexto”, precisó al referirse a cinco órdenes ejecutivas signadas por Donald Trump y que tienen que ver con México.
El primero al que se refirió fue el firmado por Trump sobre el decreto de zona de emergencia de la frontera sur, el cual Sheinbaum precisó es muy similar, “prácticamente el mismo”, que el signado en su primer periodo de mandato en 2019.
“Si ustedes comparan los dos decretos tiene sus diferencias, pero es muy similar, digo esto porque ya ocurrió, no es algo nuevo. Ocurrió en el 2019, entonces eso es importante que se conozca, ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México”, destacó la presidenta mexicana.
Y es que, si bien el expresidente Joseph Biden quitó eliminó dicho decreto cuando entro en funciones, Donald Trump lo ha restaurado.
La segunda ordenanza firmada que involucra a México, recordó, es la firmada es aquella sobre el programa “Quédate en México” o MPP, como ellos le llaman, el cual precisó lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo, en diciembre de 2018, y que ordena que las personas que soliciten asilo a los Estados Unidos, no les deja permanezcan en su territorio mientras están solicitando el beneficio
“…Eso es lo que dice en esencia el MPP. Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria pero también somos un gobierno humanitario; si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria, no vamos a dejar a la gente en la intemperie, y se busca la repatriación a sus países en caso de ser necesario entonces”, explicó la presidenta de México.
Además, dijo que debe haber un diálogo con las agencias de Estados Unidos que se dedican a la materia migratoria, para poder encontrar todos los protocolos y mecanismos.
“Esto no tiene nada que ver con un tercer país seguro, es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Actuar de manera humanitaria y, después, de acuerdo a nuestra política exterior, nuestra política migratoria, buscar la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos”.
El tercer tema que tocó la mandataria mexicana, es sobre el cambio de nombre al Golfo de México a Golfo de América, el cual Trump, ha firmado para que suceda. En ese sentido, explicó que, de acuerdo con la orden ejecutiva, ese nuevo título será en la plataforma continental que corresponde a Estados Unidos, no así a todo el cuerpo de agua.
“Es importante que se lea lo que dice el decreto; dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental, o sea lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América, para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México”, puntualizó Sheinbaum.
Sobre catalogar a los carteles de drogas como organizaciones terroristas, dijo, se debe trabajar en colaboración, pero siempre respetuosos de la soberanía y del territorio.
“El decreto establece que ellos tienen dos semanas, por lo menos, para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su Constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía, en nuestra independencia. Por eso, siempre dijimos nos coordinamos, pero somos un país, libre, independiente y soberano, y lo que vamos a buscar es la coordinación”, precisó.
Sheinbaum destacó que el hoy secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio dijo que se buscará coordinación con México, “y eso es lo que vamos a buscar nosotros, la coordinación en materia de seguridad con respeto a nuestra soberanía. Eso es lo que estamos planteando y tiene que abrirse el espacio de comunicación a partir de ahora”.
Finalmente, habló respecto a la firma de la orden ejecutiva que alude al Tratado de Libre Comercio con México y Canadá (TMEC), donde explicó que el decreto señala: “El Representante Comercial de los Estados Unidos iniciará el proceso de consulta pública establecido en la sección 4611(b) del título 19 del Código de los Estados Unidos, con respecto al Tratado Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) en preparación para la revisión del T-MEC en julio de 2026”.
Y refirió que además menciona que el secretario de comercio y la secretaria de seguridad evaluarán la migración ilegal y los flujos de fentanilo desde México y Canadá y recomendarán medidas comerciales y de seguridad nacional apropiadas para resolver, en todo caso, esta emergencia.
“Entonces, nuevamente, vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia; dos, en la protección y apoyo solidaridad a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos; tres, actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes; y cuatro, siempre con la cabeza fría”, subrayó Claudia Sheinbaum.
“Es importante poner calma y leer los decretos como tal para poder hacer una interpretación. Sepan que la presidenta de la República siempre va a defender a México por encima de todo”.
