El Condado de San Mateo informó que recibió una demanda del ex jefe de personal de la Oficina de Sheriff, Víctor Aenlle, la cual, dijo, contiene numerosas inexactitudes y parece difundir información falsa, incluyendo información sobre las actividades de las fuerzas de seguridad del condado en respuesta a las condiciones de vivienda en su propiedad.

A través de un comunicado, el condado detalló que Aenlle tergiversa el propósito declarado del Informe Cordell. “Como se aclara en el primer párrafo del informe, la Fiscalía del Condado contrató al Juez Cordell para ‘realizar una investigación independiente sobre las quejas y preocupaciones que miembros actuales y anteriores de la Oficina del Sheriff tienen sobre Victor Aenlle’”.

Agregó que Aenlle también ignora las razones documentadas por las que su propiedad está bajo investigación, razones que no tienen relación con el Ejecutivo del Condado. 

De igual manera, los supervisores explicaron que el Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de las Normas de Vivienda para Trabajadores Agrícolas se reunió a principios de 2023 tras el tiroteo masivo en Half Moon Bay, y que a lo largo de dos años, se inspeccionaron unas 56 propiedades con viviendas para trabajadores agrícolas, incluida la de Aenlle. 

Refirieron que medios de comunicación han detallado extensamente las serias preocupaciones sobre el estado de la propiedad del Aenlle, incluyendo viviendas inseguras y sin permisos, y fuentes de agua contaminadas, lo que resultó en la clasificación de una de las viviendas de la propiedad. 

La demanda de Aenlle incluye una acusación, dijeron, que no tiene fundamento de que hay personas que lo discriminan por ser latino, sin presentar ninguna prueba o justificación.

“Dados los numerosos errores jurídicos y fácticos, esta afirmación no debería considerarse creíble”, sentenció el condado.

Y es que, el pasado 2 de mayo presentó una demanda contra el condado de San Mateo alegando despido injustificado, represalias, difamación y discriminación por motivos de raza; esta se suma a la ya hecha por la sheriff Christina Corpus en contra el propio condado.

En la demanda se pide más de 15 millones de dólares para Aenlle por daños y perjuicios, afirmando que sus derechos fueron violados por el ejecutivo del condado Mike Callagy, los supervisores Noelia Corzo y Ray Mueller, y la directora de Recursos Humanos Rocio Kiryczun.

“Quiero aclarar esto”, dijo Aenlle. “Quiero que se revele quiénes conspiraron contra mí. Quiero que el gobierno de nuestro condado siga sus propias normas y directrices”.

“Quiero restaurar mi reputación”, agregó Aenlle. “Me degradaron y me dejaron en el lodo. Lo único que hice fue mejorar la Oficina del Sheriff”.

Víctor Aenlle niega ser culpable de cualquier disturbio en la Oficina del Sheriff, y cree que él y Corpus están siendo perseguidos injustamente. A su vez, afirmó que el condado ha atacado específicamente su propiedad en la costa, y que ha recibido constantes citaciones por continuar con un desarrollo sin permiso en la propiedad, lo que, según la demanda, constituye una “represalia infundada para la aplicación del código”.

“Me han perseguido desde el primer día”, dijo Aenlle. “Voy a ganar ese caso”.

Con información de The Daily Journal.

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Por B. Sakura Cannestra. San José Spotlight.

Un informe sobre los trabajadores de comida rápida muestra que los inmigrantes a menudo tienen demasiado miedo de denunciar violaciones y en gran medida desconocen sus derechos.

El último informe del Sindicato de Trabajadores de la Comida Rápida de California, elaborado en colaboración con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, documenta las experiencias de los trabajadores. 

Los grupos encuestaron a 405 trabajadores en más de 200 locales de comida rápida en todo el estado y descubrieron que la mayoría de los trabajadores inmigrantes desconocían las protecciones laborales, lo que provocaba abusos generalizados.

La encuesta reveló que 82 por ciento de los trabajadores que temen por su estatus migratorio tienen menos probabilidades de presentar quejas. También reveló que 63 por ciento de los encuestados desconocía su derecho a presentar quejas, reclamos o demandas laborales, independientemente de su estatus migratorio.

Los hallazgos no sorprenden a Yunuen Trujillo, directora de derechos laborales y servicios legales laborales de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes. Su organización ofrece apoyo legal a los trabajadores y capacitación para que conozcan sus derechos, de modo que estén informados sobre ellos y tengan acceso a recursos de apoyo.

“Los trabajadores nacidos en el extranjero —y no me refiero a los trabajadores indocumentados—, sino a los nacidos en el extranjero, tienen menos probabilidades de estar familiarizados con el sistema y conocer sus derechos”, declaró Trujillo a San José Spotlight. “Si nos centramos en los trabajadores indocumentados, la mayoría de las veces desconocen que las leyes laborales sí los protegen. Vemos esto reflejado en el informe”.

Trujillo afirmó que los trabajadores inmigrantes temen que sus empleadores amenacen su estatus migratorio, lo cual se ve reforzado por la retórica anti inmigratoria de la administración del presidente Donald Trump. El informe muestra que decenas de encuestados reportaron haber sido amenazados por sus empleadores, ya sea con la posibilidad de que llamen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o despidan a los trabajadores debido a su estatus migratorio. Ambas constituyen violaciones laborales en California.

El informe recomienda que los trabajadores de restaurantes de comida rápida reciban capacitación para asegurarse de que conozcan sus protecciones legales. Trujillo afirmó que estas capacitaciones informan a los trabajadores sobre sus derechos y les brindan las herramientas necesarias para defenderse si sufren intimidación u otras violaciones en el lugar de trabajo.

Armando, un trabajador de comida rápida de San José que solicitó usar un nombre diferente por temor a represalias, dijo que conocer sus derechos lo ayudó a presentar una denuncia contra una serie de abusos en su lugar de trabajo.

“Experimenté muchas violaciones, como robo de salario y acoso sexual, y me hicieron sentir como si no tuviera derechos”, declaró a San José Spotlight. “Cuando me afilié al sindicato y comencé a escuchar las capacitaciones, aprendí sobre los abusos laborales y fue realmente sorprendente y confuso para mí, porque me di cuenta de que todo lo que hacían en el trabajo estaba mal”.

Dijo que conocer las protecciones existentes contra el acoso lo ayudó a hablar contra el abuso y que más trabajadores necesitan conocer sus derechos.

A principios de abril, la Junta de Supervisores del Condado de Santa Clara aprobó un programa voluntario de capacitación sobre los derechos de los trabajadores. Los supervisores revisarán las opciones para cursos de capacitación de jornada completa en agosto, y se ha programado otra audiencia pública antes de esa fecha.

Los trabajadores de comida rápida llevan varios años protestando en todo el estado para exigir mayores derechos y mejores protecciones. El Sindicato de Trabajadores de Comida Rápida de California luchó por la aprobación del Proyecto de Ley 1228 de la Asamblea en 2023, que elevó el salario mínimo de los trabajadores de comida rápida a $20 por hora y estableció el Consejo de Comida Rápida para supervisar la industria, aunque aún no ha iniciado debates sólidos sobre políticas.

Ruth Silver Taube, abogada especializada en derechos laborales y columnista de San José Spotlight, comentó que ayuda a impartir capacitaciones y que a menudo escucha sobre abusos y violaciones laborales en la industria de la comida rápida. También ha escuchado a trabajadores hablar de empleadores que amenazan con llamar a ICE, lo que, según enfatizó, constituye una violación del código penal.

“Una vez que los trabajadores saben que tienen esos derechos, es más probable que aboguen ante sus empleadores y denuncien si hay una violación”, explicó Silver Taube a San José Spotlight.

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Autoridades de salud del condado de San Mateo se han volcado a la prevención, diagnostico y tratamiento de diversas infecciones que afectan en los residentes del Área de la Bahía, por lo que, reuniendo a proveedores de atención médica y profesionales de la salud pública, San Mateo County Health organizará la Conferencia de Enfermedades Infecciosas de la Península 2025.

El evento de carácter gratuito, se llevará a cabo el 9 y 10 de septiembre de 2025, para explorar las últimas pautas clínicas y de salud pública para enfrentar de mejor manera infecciones como el sarampión, COVID prolongado, tuberculosis pediátrica, Candida auris y otras infecciones asociadas a la atención médica.

A ello se sumarán actualizaciones sobre la inmunización materna durante el embarazo, el papel del sistema de laboratorio de salud pública en la gestión de amenazas a la salud pública y el impacto del cambio climático en las enfermedades infecciosas emergentes.

Este evento educativo gratuito y en persona es presentado por el Programa de Control y Prevención de Enfermedades Transmisibles de County Health, con el apoyo de Health Plan of San Mateo, Sequoia Healthcare District, San Mateo County Health Foundation, San Mateo County Medical Association y Stanford Medicine.

Celebrada en el Teatro del Colegio de San Mateo (700 W. Hillsdale Boulevard, San Mateo), la conferencia está abierta a médicos, enfermeros, epidemiólogos y otros profesionales de la salud del Área de la Bahía. 

Bajo el lema “Reduciendo la brecha: Integrando la atención clínica y la salud pública para mejorar los resultados de los pacientes”, la conferencia contará con presentaciones de destacados expertos del Departamento de Salud Pública de California, la Universidad de Stanford, UC Davis, UCSF y el Departamento de Salud del Condado de San Mateo.

El Programa de Control de Enfermedades Transmisibles de Salud del Condado trabaja para proteger la salud comunitaria mediante la vigilancia de enfermedades, el rastreo de contactos, la investigación de brotes, la educación en salud pública y el apoyo a los profesionales de la salud con información y recursos oportunos. 

“Esta conferencia no solo ofrece información actualizada sobre enfermedades infecciosas críticas actuales, sino que también refleja la sólida colaboración entre la atención clínica y la salud pública”, afirmó la doctora Catherine Sallenave, médica de enfermedades infecciosas y controladora de enfermedades transmisibles de County Health. 

“Al fomentar un mejor intercambio de información y colaboración, podemos mejorar la atención al paciente, fortalecer nuestra respuesta de salud pública y, en última instancia, crear comunidades más saludables en toda nuestra región”, agregó.

Los profesionales de la salud pueden obtener más información y registrarse para la Conferencia de Enfermedades Infecciosas de la Península de 2025 visitando: https://www.smchealth.org/post/peninsula-infectious-diseases-conference-2025. 

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Por Alise Maripuu. Bay City News.

La Junta de Supervisores del Condado de San Mateo aprobó este martes las revisiones a los procedimientos propuestos para la destitución de la Sheriff Christina Corpus en un proceso que podría tomar varios meses.

La decisión de la junta del martes no constituyó el inicio oficial del proceso de destitución, que se someterá a votación por separado en el futuro. Los supervisores acordaron modificaciones procesales al proceso de destitución descrito originalmente en abril.

El intento de la junta de destituir a Corpus sigue a la aprobación de los votantes de la Medida A en la elección especial de marzo, otorgando a los supervisores poder temporal para destituir al sheriff por motivos tales como la violación de cualquier ley relacionada con los deberes del sheriff, negligencia en los deberes del sheriff o apropiación indebida de fondos públicos.

La Medida A fue la manera que tuvo la junta de remover a Corpus, quien se mantuvo desafiante ante los pedidos de renuncia después de la publicación de una mordaz investigación de 400 páginas realizada por la jueza jubilada LaDoris Cordell, que alegaba que Corpus tenía una relación inapropiada con su jefe de gabinete y fomentaba una cultura de intimidación y represalias en la Oficina del Sheriff.

Corpus estuvo presente en la reunión del martes, de pie estoicamente en la parte trasera de la sala de la junta junto al subsheriff Dan Perea.

Su abogado, Thomas Mazzucco, habló en nombre de Corpus durante un comentario público, acusando a varios supervisores de tener un sesgo injusto contra Corpus y de tratar de desacreditar los hallazgos del informe de Cordell.

“Todo esto se hizo porque los engañaron. El informe Cordell les vendió una imagen engañosa”, dijo Mazzucco. “Algunos miembros de esta junta han dicho abiertamente que el sheriff debería ser destituido”.

El condado encargó al abogado Alfonso Estrada del bufete de abogados Hanson Bridgett que desarrollara un plan de destitución para la junta, proponiendo un proceso de varios pasos que incluye una posible audiencia de apelación donde los representantes tanto del condado como de Corpus podrán presentar sus argumentos, citar a testigos y presentar pruebas para sus casos.

Una vez que la junta apruebe el inicio del proceso de destitución por una mayoría de cuatro quintos, se enviará un correo electrónico a Corpus notificándole las presuntas causales que autorizan a los supervisores a destituirla. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del correo electrónico, Corpus podrá comparecer a una “conferencia previa a la destitución” para defenderse de las acusaciones en su contra.

Un oficial de audiencias presidirá la conferencia previa a la destitución y luego recomendará a la junta si se debe emitir una notificación final de destitución. Si la junta decide proceder con la destitución de Corpus, esta podrá apelar la decisión, lo que dará lugar a una audiencia de apelación.

El proyecto de procedimiento proponía que el asistente del ejecutivo del condado fuera el funcionario de audiencia seleccionado para la conferencia previa a la deportación.

Pero en la reunión del mes pasado, cuando la junta escuchó por primera vez el proceso propuesto, el presidente de la junta, David Canepa, quiso considerar a alguien más que no esté en una posición designada por la junta para garantizar la imparcialidad.

John Keene, el oficial jefe de libertad condicional del condado, fue una opción destacada debido a su experiencia en justicia penal y a su cargo de nombramiento judicial. Se sugirió al forense del condado, Robert Foucrault, como sustituto de Keene, considerando que Foucrault es un funcionario electo con experiencia en las fuerzas del orden.

“Hemos podido identificar a dos candidatos que, francamente, son independientes”, dijo el fiscal del condado, John Nibbelin. “Uno es nombrado por el poder judicial y el segundo es un forense elegido directamente. Ambos tienen experiencia en las fuerzas del orden antes de sus cargos aquí en el condado”.

Sin embargo, la supervisora ​​Jackie Speier prefirió firmemente que un juez retirado supervisara la conferencia previa a la deportación.

“Creo firmemente que deberíamos tener un juez retirado en la audiencia de POBR”, señaló Speier.

La Ley de Derechos Procesales de los Agentes de Seguridad Pública (POBR, por sus siglas en inglés) es una ley estatal que busca garantizar el debido proceso para los agentes de paz involucrados en investigaciones disciplinarias. Nibbelin declaró en la reunión del martes que los procedimientos de destitución se desarrollaron de conformidad con las protecciones de la POBR.

Mazzucco también quería que el oficial de audiencia previa a la conferencia fuera un juez jubilado, específicamente de fuera del condado para maximizar la neutralidad.

“Recomendamos que no sea alguien de la familia del condado de San Mateo”, dijo. “Sugerimos un juez jubilado”.

La junta llegó a un acuerdo y aprobó por unanimidad las revisiones del procedimiento, incluyendo que Keene supervise la audiencia previa a la destitución, con la enmienda adicional de que se dé preferencia a un juez jubilado con mayor cualificación, si está disponible. El personal del condado y el abogado Estrada se encargaron de identificar si había jueces jubilados con igual o mayor cualificación que Keene.

“Keene dirigirá las audiencias iniciales y hará una recomendación a la junta en las próximas semanas sobre si se debe iniciar un proceso de destitución del sheriff”, dijo Canepa en un comunicado después de la reunión.

Aunque Estrada esperaba que todo el proceso de destitución pudiera durar unos cuatro meses una vez iniciado, Canepa no quiso hacer esa promesa.

“Para el público en general, hay quienes realmente quieren avanzar con esto”, destacó Canepa en la reunión. “Para ser franco, no me interesan los plazos. Me interesa asegurar un proceso justo, imparcial y equitativo”.

Con las complejidades de un procedimiento de destitución de un sheriff que nunca antes ha sucedido en el estado, Canepa advirtió que el proceso podría no completarse hasta el próximo año.

“Quizás sea hasta el año que viene”, subrayó en una entrevista. “Va a haber que tener paciencia. Es un asunto muy importante”.

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